UNIDAD 5  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  DE

EJECUCION.

 

5.1 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

5.1.1 LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.

5.1.3 CONSULTAS Y SOLICITUDES.

5.1.4 NOTIFICACIONES.

5.1.5 PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACION.

5.1.5.1 REQUISITOS.

5.1.5.2 PROCEDIMIENTO.

5.1.6 PROCEDIMIENTOS DE DETERMINACION.

5.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION.

5.2.1 LA FACULTAD ECONOMICO-COACTIVA.

5.2.2 EL EMBARGO.

5.2.3 EL REMATE.

5.2.4 LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO.

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 5  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  DE

EJECUCION.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

 

         Dentro de las normas que integran el derecho tributario encontramos aquellas que tienen por objeto “... Asegurar el cumplimiento de las relaciones sustantivas y de las relaciones entre la administración publica y los particulares, que sirven al desenvolvimiento de esa actividad... “, las cuales forman parte del derecho tributario administrativo. El análisis de estas relaciones así como de las normas que las regulan, constituyen el objeto de estudio de esta unidad. Por lo que el estudio de la forma de proceder de la administración tributaria se realizara a través  de diferentes procedimientos administrativos, los cuales a decir de Gabino Fraga, constituyen un “... conjunto de formalidades y actos que preceden y preparan el acto administrativo... “

 

         Estos actos que se producen en el ámbito interno de la administración tienen diferente naturaleza. Pueden ser preparatorios o de efecto interno, los cuales se integran con diferentes actividades que no trascienden al exterior de la administración; se produce con informes, dictámenes y propuestas entre los órganos que la conforman  para llevar los asuntos a los estados de resolución; pueden ser constitutivos, ya que por su realización  determinan una situación concreta respecto de un asunto en particular, como la verificación de hachos o situaciones, o la valoración de pruebas que constituyen un pronunciamiento de la autoridad, por lo que nace el acto con plena validez, finalmente, encontramos los actos de eficacia, a través de los cuales se exterioriza la voluntad del órgano

 

         Como se puede observar, los actos preparatorios y constitutivos permiten el nacimiento del acto o resolución administrativa, que tendrá plena validez si en su realización se han observado las disposiciones legales que los regulan, pero su eficacia dependerá de la posibilidad de su ejecución, lo cual será posible a través de la notificación, que implica la participación de la voluntad de la autoridad al particular

 

         La legalidad del acto administrativo que produzca efectos de molestia o de privación de la esfera jurídica del particular queda sujeto a los requisitos de audiencia y debido proceso, en los términos del articulo 14 y 16 constitucionales, que exigen, “... se cumplan con las formalidades esenciales  del procedimiento... “ y que la autoridad “... funde y motive la causa legal del procedimiento”

 

5.1.1 La administración Tributaria

 

El tramite administrativo se realiza por y ante los órganos  de la SHCP, dependencia que conforme al articulo 31 de la ley orgánica de la administración publica federal  se encarga del cobro y la administración de las contribuciones que la federación tiene derecho a percibir, y ante los organismos fiscales autónomos, que como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el INFONAVIT perciben las contribuciones denominadas aportaciones de seguridad social

 

La propia Ley Orgánica De La Administración Publica Federal establece en su articulo 14 que al frente de cada secretaria habrá un secretario de estado quien, para el despacho de los asuntos de competencia se auxiliará por subsecretarios, oficial mayor, directores, subdirectores, jefes y subjefes de departamento, oficina, sección y mesa y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales. Por su parte en el Reglamento Interior de la Secretaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación, publicado el día 26 de agosto de 1983, y reformado por decreto el 19 de agosto de 1985, se establecen las facultades del Secretario, subsecretarios de Hacienda y Crédito Publico y de egresos; del Oficial Mayor, del procurador Fiscal de la Federación, del Tesorero de la Federación y del Contralor interno de la Secretaria, así como de los Directores Generales, Directores de área, coordinadores, jefes de unidad, subdirectores, jefes de departamento que auxilian en las funciones y de los diferentes funcionarios de las unidades regionales

 

La política de la administración de la SHCP se ha desarrollado a través del funcionamiento centralizado y regional, toda vez que a partir de 1973 se crearon Unidades Administrativas Regionales, con el propósito de que la mayor parte de la operación administrativa se realice en la región donde radica la mayor cantidad de contribuyentes, a fin de atender a los problemas en forma desconcentrada. Esto dio lugar a la creación de las administraciones fiscales y las subprocuradurías fiscales regionales, que como las jefaturas del Resguardo Aduanal, las aduanas, las oficinas federales de hacienda, subalternas y agencias, y las oficinas federales de muestreo y ensaye funcionan a nivel regional

 

Por el tramite administrativo que realizan, resultan de gran importancia las administraciones fiscales regionales adscritas a la subsecretaria de ingresos, que en once diferentes regiones desarrollan sus actividades de control del cumplimiento de obligaciones formales de contribuyentes, solicitudes de devolución, resolución de consultas, visitas domiciliarias, revisión de declaraciones, determinación de créditos y liquidación de actas de auditoria, imposición de sanciones, condonación de multas, otorgamiento de prorrogas y de pagos en parcialidades, resolución de recursos administrativos, etc.  es decir, casi todas las operaciones de administración

 

La competencia de las autoridades a nivel regional se determina por territorio, ya que cada Administración Fiscal Regional conoce de los asuntos de contribuyentes ubicados dentro de su circunscripción territorial, siempre que no se trate de entes públicos, instituciones de crédito, casas de bolsa, sociedades de inversión y controladoras

 

Por su parte las subprocuradorias fiscales regionales, ubicadas con el mismo criterio de regionalización que las administraciones, tienen delegadas facultades para la imposición de sanciones y la defensa de los intereses del fisco ante las salas regionales del Tribunal Fiscal de la Federación, así como en juzgados de distrito y tribunales de circuito( articulo 140 de del reglamento Interior de la SHCP)

5.1.2 Registro De Contribuyentes

 

Quizás el primer contacto entre la administración y los contribuyentes, particularmente tratándose de impuestos directos, es el registro federal de contribuyentes, a partir del cual la autoridad puede tener un a relación de todas aquellas personas que normalmente causan contribuciones, lo que permite un control adecuado de la población que participa en las relaciones fiscales y del cumplimiento de sus obligaciones

 

El Código Fiscal De La Federación establece en su articulo 27 que “ las personas morales, así como las personas físicas que deben presentar declaraciones periódicas, deberán solicitar su inscripción en el registro federal de contribuyentes de la secretaria de Hacienda y Crédito Publico y dar los avisos que establezca el reglamento de este código

 

Por su parte el reglamento del código dedica la sección segunda de su capitulo primero a regular esta obligación, la cual se deberá cumplir dentro del mes siguiente a la fecha de inicio de las actividades, en los términos previstos por la norma, con la presentación de la solicitud de inscripción ante la autoridad recaudadora. Igualmente se deberá presentar aviso ante el registro cuando ocurra un cambio de nombre, denominación o razón social, cambio de domicilio fiscal, alta, aumento, disminución o baja de obligaciones fiscales, liquidación o apertura de sucesión, cancelación en el registro federal de contribuyentes, y cuando se produzca un cambio en la actividad preponderante, y de apertura o cierre de establecimiento o locales.

 

5.1.3 Consultas y Solicitudes

 

Los particulares tienen derecho de promover diferentes tipos de instancias ante la autoridad, la cual deberá emitir su resolución dentro de un plazo determinado.

 

Toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales deberá constar por escrito y estará firmada por el interesado o por su representante legal. Estas promociones pueden ser de dos tipos:

 

a)     Aquellas que se deben presentar expresamente en formas aprobadas por la autoridad y,

 

b)     Las que no requieren un formato especial

 

En todo caso las promociones deberán costar por escrito, de un apartado en el que se precise el nombre, denominación o razón social, numero de registro federal de contribuyentes y el domicilio fiscal y, en su caso, del domicilio para recibir notificaciones, en particular respecto de asunto de la promoción. Es indudable que además se requiere señalar la autoridad a la que se dirige, y el propósito de la promoción

Las autoridades fiscales tienen la obligación de recibir los escritos en todo caso, sea cual fuere la forma de presentación y, cuando se encuentren diferencias en el escrito se deberá requerir al promovente a fin que en un plazo no mayor de 10 días subsane el requisito omitido: en caso en que la omisión consista en no haber utilizado la forma oficial, con el requerimiento deberá anexarse dicha forma con el número de copias necesarias a fin de que se presente adecuadamente. Cuando la omisión subsista, se tendrá por no presentada la promoción( articulo 18)

 

En materia de representación se admite el mandato en escritura pública  o en carta poder, o la autorización otorgada en la propia promoción para recibir notificaciones, presentar promociones, ofrecer y rendir pruebas. La gestión de negocios como figura de representación no es admisible en materia fiscal, por lo que toda persona que promueva debe demostrar que tiene interés jurídico en la actuación o representación legal correspondiente (artículo 19 )

 

Las autoridades fiscales tienen la obligación de atender todas las promociones que se les presenten y resolverlas en un plazo no mayor de cuatro meses (articulo 37). Las consultas se deben formular con base en situaciones reales y concretas, por lo que aquellas que planteen situaciones hipotéticas o imaginarias serán desechadas(artículo 34). Las resoluciones favorables a los particulares crean derechos en su favor y, por lo tanto, la autoridad fiscal no podrá modificarlas unilateralmente, toda vez que por seguridad jurídica no puede afectarse la esfera jurídica de un particular que tiene derechos adquiridos, por lo que esta resolución solo podrá modificarla el Tribunal Fiscal mediante juicio en el que la autoridad demande su nulidad(artículo 36)

 

Si transcurrido el tiempo que la ley otorga para dictar resolución, la autoridad no resuelve la instancia, se considerará una resolución definitiva en sentido negativo, que en la doctrina se conoce como negativa ficta contra la cual se puede interponer los medios de defensa que establece la legislación

 

En cuanto a la forma, deben constar por escrito, señalar la autoridad que las emite y a quien van dirigidas, y deben estar firmadas por el funcionario que las emitió

 

En cuanto al fondo, deben reunir los requisitos de legalidad, es decir, deben estar fundadas y motivadas, y expresar el objeto o propósito de que se trate

 

Las resoluciones de carácter interno, a través de las cuales las autoridades fiscales dan a conocer a sus dependencias los criterios a seguir en cuanto a la observación y aplicación de las disposiciones fiscales, generalmente conocidas como “circulares”, no generan obligaciones a cargo de los particulares, ya que su naturaleza interna solo les confiere obligatoriedad para los subalternos de la autoridad que las emitió y, como ha quedado establecido, conforme al principio de legalidad las obligaciones fiscales solo pueden ser impuestas por la ley(artículo 35)

 

5.1.4 Notificaciones

 

La exteriorización de la voluntad del órgano, es decir, la notificación que va a dar plena eficacia al acto administrativo, se puede realizar personalmente o por correo certificado, por correo ordinario o por telegrama, y por estrados y por edictos, en los términos de los artículos 134-140 del Código Fiscal de  la Federación

 

Cuando se trata de actos administrativos que puedan ser recurridos, como en el caso de las resoluciones definitivas, requerimientos, solicitudes de informes o de documentos, citatorios etcétera; las notificaciones se deben hacer personalmente o por correo certificado, pero siempre procurando que exista una legal y efectiva participación de la voluntad de decisión de la autoridad, toda vez que cualquier a deficiencia en el procedimiento respectivo producirá la nulidad de dicha notificación, por lo que el notificador deberá asegurarse de que el acto se realice precisamente con el destinatario, y en el caso de no encontrarlo deberá dejarle citatorio en su domicilio a fin de que lo espere en una hora determinada del día hábil siguiente, y si en este día y hora no lo espera, hará la notificación con quien se encuentre, o con un vecino. También puede dejar citatorio para que dentro del plazo de seis días acuda a notificarse en las oficinas de las autoridades fiscales

 

Las notificaciones deben realizarse en el domicilio fiscal del contribuyente o en las oficinas de la autoridad fiscal, pero también se pueden realizar en cualquier lugar o entenderse por legalmente hecha a partir de  la fecha  en que el interesado o su representante legal manifieste que conoce el acto administrativo de que se trate

 

Las notificaciones surten su efecto el día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas y se deberá proporcionar a interesado copia del documento en que coste el acto administrativo

 

Es importante reiterar que para efectos fiscales el cómputo de los términos se debe efectuar a partir de la forma en que se fijan los plazos, que puede ser por número de días o por periodos

 

Tratándose de plazos fijados en días, solo se computan los hábiles. En los casos en que se fijan por periodos de semana, mes o año, o se señala una fecha determinada, el termino concluye precisamente en el mismo día fijado o el día hábil siguiente si aquel cae en inhábil. Si se fijan por mes o año, el termino será precisamente el mismo día del mes o año siguiente a aquel en que inicio el plazo(artículo 12)

 

Las diligencias deberán realizarse en días y horas hábiles, que para efectos fiscales se considerarán las comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas, pero una diligencia iniciada en hora hábil puede concluirse en una hora inhábil. La autoridad también esta facultada para  habilitar los días que sean necesarios previa notificación de ello al interesado( artículo 13)

Las notificaciones por estrados se harán cuando expresamente lo señalen los ordenamientos fiscales, fijando durante cinco días el documento a notificar en un lugar abierto al público del local fiscal, y la notificación se entenderá por realizada al sexto día siguiente

 

Tratándose de las notificaciones por edictos, estas proceden cuando se ignora el domicilio del interesado, o hubiere desaparecido o fallecido y no se conozca al representante de la sucesión, para lo cual se publicará un resumen del acto a notificar durante tres días consecutivos en el diario oficial de la federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la republica.

 

Es importante precisar que la notificación legalmente formulada trae como consecuencia la eficacia del acto notificado, así como la determinación del  momento en que empiezan a correr los plazos para su cumplimiento o para la prescripción

 

Al respecto es conveniente reiterar que el cómputo de los plazos trascurre a partir del día siguiente a aquel en que surte sus efectos la notificación, por lo que se debe tener en cuenta tres fechas importantes: 1)La notificación; 2)La del surgimiento de efectos, y 3)La del inicio del plazo. Si en materia de procedimiento administrativo tributario las notificaciones surten sus efectos al día siguiente a su realización, el primer día del plazo se cumple al día siguiente que surtió efecto la notificación. Estos principios también se aplican en el procedimiento contencioso ante el Tribunal Fiscal de la Federación

 

5.1.5 Procedimientos De Fiscalización

 

La actividad fiscalizadora de las autoridades se puede realizar tanto en el domicilio de los contribuyentes como a través de revisiones de toda clase de bienes en los lugares de producción o en transito, según lo establece el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, sin embargo, por la importancia y trascendencia de las visitas domiciliarias, nos referimos principalmente a esta actividad

 

La autoridad administrativa, obligada a ejecutar las leyes, esta facultada por la propia Constitución para practicar visitas domiciliarias, a fin de comprobar que se han acatado todas las disposiciones fiscales, sujetándose a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos

 

Los actos de fiscalización que realiza la autoridad administrativa a través de las visitas domiciliarias, se traduce en actos de molestia a los particulares, por lo que el procedimiento deberá estar debidamente fundado y motivado; como lo establece el articulo 16 constitucional y, en especial, deberá reunir las formalidades de las ordenes de cateo, es decir, que la orden escrita señale: a)EL lugar en donde debe realizarse; b)Las personas que deben atender la visita, y c)El objeto de la misma, así como los libros y documentos que se van a inspeccionar para conocer si se ha cumplido con las disposiciones fiscales

 

Al respecto, Luis Matinés López(Derecho Fiscal Mexicano. Editorial ECASA; México, 1979.) nos dice que estas visitas son “... el medio mas eficaz con lo que la autoridad cuenta para conocer la situación fiscal de las personas o empresas y poder determinar el impuesto a su cargo, verificar si se da cumplimiento a las formalidades que establecen las leyes tributarias y descubrir o comprobar la infracción a las mismas”

 

La base legal de las visitas domiciliarias se encuadra en la Fracción III del citado articulo 42, donde se establece la facultad de la Secretaria de Hacienda para practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías, a fin de comprobar el cumplimiento de las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como  para  comprobar la comisión de  delitos fiscales y el cumplimiento de obligaciones en materia de control de cambios

 

5.1.5.1 Requisitos

 

Los artículos 38 y 43 establecen los requisitos que debe cumplir una orden de visita. Debe ser por escrito, fundado y motivado, señalar la autoridad que lo emite, contener firma autógrafa del funcionario competente y expresar el objeto o propósito de la visita, así como el nombre o nombres de la persona o personas a quienes va dirigida y el de los visitadores, así como también el lugar o lugares donde se deba efectuar la visita

 

5.1.5.2 Procedimiento

 

La visita se debe realizare precisamente en el domicilio señalado en la orden, con la persona que se visita o su representante legal, excepto si previo citatorio entregado el día anterior el visitado no se presenta. Los visitadores deberán identificarse y requerir al visitado para que designe dos testigos, que en caso de negativa del visitado o de los nombrados, serán designados por los visitadores

 

Una vez iniciada la visita se procede a revisar y seleccionar la documentación o a poner marcas en los documentos para asegurar dicha información

 

De toda visita deberá levantarse un acta en la que se asienten todos los hechos y circunstancias particulares acaecidos durante su realización. Estas actas pueden ser totales o parciales. También se pueden se pueden efectuar compulsas con terceros relacionados con el visitado a fin de conocer con mayor certeza su situación fiscal, y en todo caso deberán levantarse actas para hacer constar los hechos que conozcan los visitadores

 

Al concluir la visita se levantará el acta final, para lo cual se citará al visitado a una hora determinada con el fin de que firme dicha acta en compañía de cualquiera de los visitadores y de los testigos. Si el visitado no se presenta previo citatorio, o se niega a firmarla, se asentará en esta acta esta situación, lo cual no afecta su validez

 

Las visitas pueden visitas pueden concluir anticipadamente cuando el solicitante haya solicitado antes de su inicio, autorización para presentar sus estados financieros dictaminados; cuando durante  la visita el contribuyente corrija las anomalías fiscales que existan, o cuando por no encontrar elementos suficientes para conocer su situación fiscal, se vaya a determinar presuntivamente su situación fiscal

 

Las revisiones de escritorio que son otra forma de fiscalización, se realizan en el domicilio de las autoridades fiscales revisando la documentación que se haya recogido al contribuyente, los informes de terceros y la información de que dispongan las autoridades fiscales. Al concluirlas se notificarán los resultados encontrados a fin de que el contribuyente corrija su situación fiscal

 

Los particulares pueden inconformarse ante la autoridad contra los hechos asentados en las actas, mediante escroto que deberán presentar dentro de los 45 días posteriores al cierre del acta final o de la complementaria, acompañando las pruebas documentales necesarias para desvirtuar los hechos objetados. Es importante señalar que esta inconformidad establecida en el artículo 54 del Código Fiscal de la federación no constituye un recurso mediante el cual se pueden combatir resultados de la visita domiciliaria, sino solamente es un medio para aclarar o desvirtuar hechos consignados en actas, por lo que las autoridades no tienen la obligación de emitir una resolución particular respecto de la inconformidad presentada, la cual solo se tomará en cuenta en el momento en que se califiquen los resultados de la visita. Sin embargo, es importante presentar la inconformidad y las pruebas para desvirtuar los hechos que no correspondan a la realidad, toda vez que aquellos que no han sido combatidos o que no hubieren sido desvirtuados durante la revisión, se tendrán por consentidos

 

Independientemente de las visitas domiciliarias, las facultades fiscalizadoras de la administración de pueden efectuar, como lo mencionamos al principio de este apartado, en transito de bienes y en las oficinas de la autoridad administradora

 

Tratándose de revisiones en las oficinas fiscales, pueden realizarse respecto de declaraciones e informes que presentan los contribuyentes en cumplimiento a disposiciones legales o a requerimiento de las autoridades conocidas con el nombre de “Revisiones De Escritorio”, o se revisan los “Dictámenes de Estados Financieros” emitidos por contador público autorizado por la Secretaría de Hacienda, en cuyo caso se denominan “Pruebas Selectivas”

 

Estos dictámenes de estados financieros tienen un valor semejante a la de las visitas domiciliarias, por lo que la autorización para realizarlos se otorga a un profesional y esta a sujeta a requisitos especiales y a un control estricto por parte de la autoridad fiscal. Estos requisitos de acuerdo con el artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, son los siguientes:

 

a)     Que sea contador Publico titulado

 

b)     De nacionalidad mexicana

 

c)      Miembro de un colegio de Contadores

 

Las omisiones que detecten las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras  deberán notificarse mediante oficio al contribuyente, para que dentro del plazo legal manifieste lo que a su derecho convenga en la inconformidad  a que se ha hecho referencia, con lo cual se cumple la garantía de audiencia que establece nuestra Constitución

 

5.1.6 Procedimientos de Determinación

 

Como se explicó en el capitulo referente a la relación jurídico tributaria, las autoridades pueden llevar acabo la determinación de las contribuciones que el causante no haya cubierto en su oportunidad. Esta determinación la efectúa la autoridad fiscal sobre base cierta o sobre base presunta, en los términos de los artículos 55 al 64 del Código Fiscal de la Federación

 

En el presente caso partimos del supuesto de que la administración fiscal en ejercicio de las facultades de fiscalización, descubrió que el particular no cumplió con sus obligaciones de determinación y pago de las contribuciones que le corresponden, por lo que procede que la autoridad cuantifique la base de las contribuciones  que adeuda y aplique las tasas correspondientes a fin de cuantificar las obligaciones fiscales, es decir, la determinación estará a cargo de la autoridad

 

A efecto de realizar esta determinación, la autoridad necesita precisar la base del impuesto a través de la información que, de acuerdo con sus facultades de fiscalización, pueda obtener respecto de las utilidades del contribuyente o del valor de los actos o actividades por las que se deben pagar contribuciones

 

Cuando como resultado del ejercicio de sus facultades de fiscalización, la autoridad pueda conocer con certeza la totalidad de las operaciones realizadas por el contribuyente a partir de la información contable y administrativa que haya obtenido, o de la que obre en poder de la autoridad fiscal, la determinación será sobre base cierta, auque en la mayoría de los casos de incumplimiento se encuentran irregularidades que hacen necesario determinar las contribuciones sobre base presunta o estimada.

 

 

Al respecto el artículo 52 del Código Fiscal prevé que esta procede cuando:

 

1.     Se opongan u obstaculicen la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales; u omitan presenta la declaración del ejercicio de cualquier contribución hasta el momento en que se inicie el ejercicio de dichas facultades y siempre que haya transcurrido mas de un mes desde el día en que venció el plazo para la presentación de la declaración de que se trate. Lo dispuesto en esta fracción no es aplicable a aportaciones de seguridad social

 

2.     No presenten libros y registros de contabilidad la documentación comprobatoria de mas del 3% de los conceptos de las declaraciones, o no proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones fiscales

 

3.     Se de alguna de las siguientes irregularidades

 

a)     Omisión de registro de operaciones, ingresos o compras, así como la alteración del costo, por mas de 3% sobre los declarados en el ejercicio

 

b)     Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos

 

c)      Omisión o alteración en el registro de existencia que deben figurar en los inventarios, o registren dichas existencias a precios distintos de los de costo, siempre que en ambos casos, el importe exceda el 3% del costo de los inventarios

 

4.     No cumplan con las obligaciones sobre  valuación de inventarios o no lleven el procedimiento de control de los mismos, que establezcan las disposiciones fiscales

 

5.     No utilicen, destruyan, alteren o impidan el debido funcionamiento de maquinas registradoras de comprobación fiscal, proporcionadas por la Secretaria De Hacienda

 

6.     Por otras irregularidades en la contabilidad, que imposibiliten el conocimiento de sus operaciones

 

A efecto de estimar los ingresos omitidos la autoridad puede utilizar los datos que obtenga del propio contribuyente, de su contabilidad, registros administrativos, cuentas bancarias, informes de producción, entradas y salidas de bodegas, o, en su caso, de la intervención en sus operaciones por30 días

 

También puede utilizar la información que obtenga por medio de compulsas o proveedores y clientes con quienes el contribuyente realice operaciones, ya que estos informes en muchas ocasiones permiten el conocimiento de datos que el contribuyente no registró

 

     Finalmente, la autoridad puede estimar la utilidad del contribuyente con base en las declaraciones que obren en su poder respecto de otros ejercicios fiscales, con las que calculará la base del impuesto que corresponda determinar presuntivamente

 

     Estas tres fuentes de información  se pueden utilizar de manera conjunta o separada

 

La determinación por parte de la autoridad, ya sea sobre base cierta o sobre base presunta, se deberá iniciar con el último ejercicio de doce meses con lo que se hubiera presentado o debió presentarse la declaración, y si se comprueba que en ese periodo se cometieron irregularidades, se procederá a la determinación de contribuciones omitidas en ejercicios anteriores

 

5.2 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN

 

Como parte del proceso fiscal se encuentra la fase relativa al cobro de las contribuciones que se adeudan al fisco, la cual supone el agotamiento previo de los procedimientos para la determinación del crédito fiscal.

 

Como lo establece el articulo 6º.  Del código fiscal, las contribuciones se causan conforme se realizan los hechos generados correspondientes y deberán determinarse,  por los particulares de acuerdo con las disposiciones vigentes en el momento de su  causación, y pagarse en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. En caso del que el contribuyente no pague dentro del plazo indicado, las autoridades fiscales ejercerán sus facultades (prevista en el artículo 42 para determinar el monto de las contribuciones omitida, que deberán ser pagadas o garantizadas junto con sus accesorios, dentro del mes siguiente a la fecha en que surjan los efectos su notificación, tal como lo previene el articulo 65 del Código Fiscal de la Federación.

 

Por lo tanto, si el contribuyente determinó y pagó sus contribuciones dentro de los plazos de la ley o dentro del mes siguiente a la fecha de notificación de los créditos que la autoridad determinó, el proceso fiscal llega a su fin, pero en caso de que el crédito subsista por falta de pagó, la autoridad fiscal deberá aplicar el Procedimiento Administrativo de Ejecución en uso de su facultad económico - coactiva.

 

Este procedimiento se inicia y desarrolla a partir del presupuesto de que la resolución que se va a ejecutar es legal y definitiva. Su legalidad se presume por disposiciones del articulo 68 del Código de la materia y la definitiva se deriva de que en la esfera administrativa no puede ser modificada, por no existir pendiente ningún procedimiento de revisión o por no haber intentado  algún medio de defensa.

 

5.2.1 La Facultad Económica – Coactiva

 

 La existencia de la facultad a favor de la autoridad administrativa ha sido objeto de argumentaciones aisladas en su contra que le califican de anticonstitucional, en especial por considerarla violatoria de las garantías consagradas en los artículos 14 y 17  de nuestra constitución. Toda vez que con base en ella la autoridad administrativa priva de bienes, propiedades, posesiones o derechos a los contribuyentes sin juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos por lo que el fisco se hace justicia por sí mismo.

 

Estas  argumentaciones no han tenido la aceptación suficiente como para formar una corriente significativa puesto que desde el siglo pasado las tesis de Vallarta les restaron toda fuerza por lo contundente de su exposición, que va de la necesidad de juicio previo para que la autoridad pueda ejecutar su resolución, nos dice que:

 

“Del mismo modo que no es de la competencia judicial apreciar al ciudadano a tomar las armas, formando su resistencia una cuestión contenciosa tampoco lo es hacer efectivo el pago del impuesto, ni aun en el caso que el deudor se oponga a verificarlo para convertir así en judicial, negocio que por su esencia es administrativo”

 

En el mismo sentido se pronunció la Suprema Corte al fijar jurisprudencia en la que estableció que: “ El uso de la facultad económica – coactiva  por las autoridades, no están en pugna con el articulo 14 constitucional.”

 

Respecto de la opinión de que al ejercer la facultad económico- coactiva la administración se esta haciendo justicia violando el mandato constitucional, el propio Vallarta expuso:

 

...”Si a ese poder le estuviese prohibido obligar al Particular aún por la fuerza a que se presten los servicios públicos que le toca, el seria imposible, y estaría de sobra aquel de los tres poderes a quien la constitución encarga que provea en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes puesto que para cada uno de sus actos..... necesitaría el auxilio de un juez que legitimara estas violaciones.

 

  

En particular el criterio utilizado narra justificar la facultad económico- coactiva de la administración se apoya en la naturaleza del crédito fiscal, que corresponde a necesidades de carácter público que el Estado debe atender ya que frente al interés público no puede prevalecer el interés particular.

 

La doctrina del Derecho Administrativo resulta la más adecuada para explicar el procedimiento administrativo de ejecución a partir de la “ Ejecutoriedad del Acto Administrativo.” En efecto si partimos del hecho de que a través de este procedimiento se va a ejecutar un acto administrativo, que es la resolución en la que se determina un crédito fiscal la explicación de la procedencia y legalidad de esta ejecución deriva de la naturaleza del propio acto, que al ser válido en razón de legalidad que la ley le atribuye por haber contemplado su ciclo de formación con todos los elementos que lo integran y ser eficaz como consecuencia de su notificación al particular, debe producir sus efectos en este caso consiste en que el fisco obtenga el ingreso que se le adeuda. Si no se cumple voluntariamente con su contenido, la administración puede ejecutarlo en los términos que la ley le confiere; es decir, hará efectiva la característica de ejecutoriedad del acto

 

5.2.2 El Embargo

 

La falta de pago de un crédito fiscal en el momento en que el deudor es requerido por el ejecutor de Hacienda, da lugar a que en el acto se lleve a cabo el aseguramiento de bienes del omiso en cantidad suficiente para garantizar la suerte principal y sus accesorios, e impedir que pueda disponer de ellos. Este aseguramiento es el embargo, y para que proceda se requiere la existencia de un crédito, definitivo y exigible, y que la orden para realizar esta diligencia sea notificada  personalmente con las formalidades que el Código Fiscal contempla  para este tipo de notificaciones.

 

Al efectuar la diligencia se podrá nombrar dos testigos y se levantara una acta pormenorizada de los hechos: la persona con quien se realice la diligencia tendrá derecho a señalar de entre sus bienes, aquellos sobre los que se trabará el embargo, pero siguiendo un orden que el Código Fiscal señala en sus articulo 155, y que comprende:

 

1.     Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios.

 

2.     Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y  en general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias públicas y de instituciones o empresas particulares de reconocida solvencia.

 

3.     Bienes muebles, no comprendidos en las fracciones anteriores.

 

4.     Bienes inmuebles.

 

Si el embargo no se sujeta al orden establecido, los bienes que señale no son suficientes o se encuentran fuera de la circunscripción de  la oficina ejecutora, ya  tienen otros gravámenes o son bienes de fácil descomposición o deterioro, o se trata de materias  inflamable, el ejecutor trabará el embargo sobre los que a su juicio garanticen mejor el interés de  hacienda, pero siempre respetando aquellos bienes que conforme al Derecho Común y al propio  Código Fiscal, son inembargables como los personalizados, los de uso indispensable, el material  y equipo de trabajo y el patrimonio de familia.

 

Las objeciones de terceros a la traba del embargo s e deberá de  resolver con carácter  provisional en el mismo acto, y quedaran sujetas a la  ratificación del jefe de la oficina que en caso de lesionar los derechos de terceros serán susceptibles de impugnación a través del Recurso de Oposición al Procedimiento Administrativo de Ejecución.

 

La oposición a la realización de  la diligencia también deberá resolver el ejecutor, previo  acuerdo del jefe de la oficina ejecutora, procediendo a facturar cerraduras ante testigos, sellando cajas de seguridad o muebles, embargando inmuebles, secuestrando bienes, y solicitando el auxilio de la fuerza en su caso.

 

El embargo puede trabarse  sobre los bienes muebles, inmuebles y negociaciones. Tratándose de bienes muebles como dinero, metales preciosos, alhajas y valores mobiliarios, el depositario deberá entregarlos en las siguientes 24 horas  a la oficina ejecutora: Tratándose de créditos deberá notificarse al deudor, en caso de bienes raíces, derechos y negociaciones, deberán ser inscritos en el Registro Público de la Propiedad o en el de Comercio, según corresponda. En todo caso se nombrara depositario que podrá ser removido libremente por el jefe de la oficina ejecutora.

 

Independientemente del embargo a que hemos hecho referencia, pueden darse otros en los siguientes casos:

 

a)     Embargo Administrativo a solicitud del deudor a efecto de garantizar un crédito fiscal, previsto en el articulo 141 fracción 5 del Código Fiscal de la Federación.

 

b)     Embargo precautorio, cuando la autoridad considere que existe el peligro de que el contribuyente se ausente, oculte bienes, o realice maniobras para quedar en estado de insolvencia. Este embargo, no puede subsistir más de un año puesto que se realiza sin que exista un crédito, por lo que en ese plazo la autoridad deberá de terminarlo a fin de que el embargo precautorio se convierta en definitivo y se continué el procedimiento.

 

c)      Embargo de bienes ilegalmente introducidos al país, que en sentido escrito de debe denominar secuestro, ya que se sustraen al particular para asegurar su controlo. Se encuentra regulado en los articulos141, fracción 3 y 152, párrafo 3 del Código Fiscal.

 

Respecto al embargo de negociaciones, el procedimiento presenta dos características peculiares que se describen a continuación:

 

1.     Con relación al depositario, este actúa como interventor con cargo a al caja como interventor administrativo. El interventor con cargo a al caja participa ene el control de los egresos e ingresos de la negociación y dicta medidas con carácter urgentes y provisionales cuando conoce de irregularidades en la administración del negocio, que pongan en peligro los intereses del fisco. El interventor administrativo actúa con todas las facultades de administrador de una sociedad mercantil o como dueño, cuando la negociación no es una sociedad.

 

2.     Respecto de la extinción del crédito, no se procede vía remate sino a través de amortizaciones del 10% de los ingresos de la negociación, que el interventor va recaudando diariamente. La enajenación sólo procedería en caso de que existieran graves irregularidades que la justificaran.

 

5.2.3 El Remate

 

Con el propósito de obtener el mejor precio de los bienes embargados, su enajenación deberá realizarse en subasta pública o almoneda ( auque se utilizan sinónimos, en estricto sentido de la almoneda, se refiere a la venta pública de bienes muebles) que generalmente se realiza en el local de oficina ejecutora, mediante convocatoria pública cuando menos diez días antes del remate.

 

Podrán ejecutarse hasta dos subastas con 15 días de diferencia cada una y si el remate no se realiza o no se presenta los postores en la primera se podrán enajenar directamente o por terceras personas, o adquirirlos el fisco.

 

También procede la enajenación fuera de subasta cuando el embargado proponga comprar hasta 15 antes de que se finque el remate cuando el adquiriente sea el fisco debido a falta de postores, a falta de pujas o en caso de empate, y cuando los bienes sean  de fácil descomposición o deterioro, o se trate de materiales inflamables.

 

El día y hora señalados para el remate, el jefe de oficina ejecutora informara a quienes hayan concurrido a él los nombres de las personas que podrán participar en las almonedas, por haber presentado los siguientes documentos:

 

a)     Escritos con los datos del oferente.

 

b)     Postura no menor de las dos terceras partes de la base fijada para el remate, la cual se determina por el valor del avaluó y el embargo.

 

c)      Certificado de deposito, cuando menos del 10% de la base fijada para el remate.

 

Los participantes harán los ofrecimientos, o pujas, para mejorara sus posturas y el jefe de la oficina ejecutora fincará el remate a quienes sostengan la más alta. Tratándose de bienes muebles, el vencedor dispondrá de tres días para enterara de la cantidad ofrecida de contado, ya que una parte  de la postura puede haber sido a plazos.  El adquiriente de bienes inmuebles o negociaciones tendrá 10 días para cubrir la diferencia del precio ofrecido de contado, y dentro de los diez días posteriores se deberá firmar la escritura y entregar el adquiriente los bienes adjudicados libres de todo gravamen. En todo caso, cuando los adquirientes no enteran la diferencia del precio dentro del plazo señalado, perderán su deposito a favor del fisco.

 

El producto del remate, de la venta fuera de subasta, o de la  adjudicación del fisco, deberá  aplicarse a cubrir el crédito fiscal, de acuerdo con la prelación de pagos expuesta en el capitulo de Extinción de las Obligaciones, y el excedente se entregarla embargado.

 

5.2.4 La Suspensión Del Procedimiento

 

Como se explicó la Ejecutoriedad del acto administrativo trae como consecuencia que el cobró del crédito fiscal se realice en  contra de la voluntad del deudor y sin orden judicial, por lo que la suspensión del procedimiento este sujeta al principio  solve et repete, lo que implica el previo aseguramiento del interés fiscal.

 

La suspensión del procedimiento se establece en el artículo 144 del Código Fiscal como medio para evitar la ejecución cuando los créditos tributarios, a pesar de ser definitivos en la esfera administrativa, no han sido consentidos ya que no pueden ser impugnados y revocados y anulados por lo que, mientras no queden firmes, pueden suspenderse su ejecución, previa solicitud del interesado ante la oficina ejecutora y aseguramiento del interés fiscal.

 

En este sentido se establece que independientemente de la solicitud del particular y el aseguramiento del interés fiscal dentro de los 45 días siguientes a la fecha en que surta sus efectos la notificación de la resolución se suspende, se deberá comprobar que sea promovido recurso administrativo o juicio, ya en caso contrario,  se entenderá que se consintió la resolución y deberá continuar el procedimiento. Si se comprueba la interposición del recurso o juicio, la suspensión procederá hasta que se dicte la resolución definitiva.

 

La suspensión podrá ser ordenada por el superior jerárquico de la ejecutora o por el Tribunal Fiscal de la Federación, cuando la ejecutora la niegue o viole la otorgada.

También se puede dar el caso de una suspensión parcial cuando el particular sólo haya impugnado una parte de la resolución, en cuyo caso se deberá continuar con el procedimiento respecto de la parte sentida.