6. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

 

6.1. Los elementos de los recursos.

 

6.2. Principios de los recursos.

 

6.3. Procedencia y Formalidades.

 

6.3.1. Oportunidad del recurso.

 

6.3.2. Interposición del recurso.

 

6.3.3. Anexo del escrito.

 

6.4. Los recursos del Código Fiscal.

 

6.4.1. Recursos de revocación.

 

6.4.2. Recursos de oposición al procedimiento administrativo de ejecución.

 

6.4.3. Recursos de nulidad de notificaciones.

 

6.5. Otros recursos administrativos en materia fiscal.

 

6.5.1. recursos de inconformidad ante el IMSS.

 

6.5.2. Recursos de Inconformidad de INFONAVIT.

 

 

 

 

 

 

 

 


6.  LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

 

La sujeción de la Administración Publica a las disposiciones legales la obliga a realizar sus actos de acuerdo a los dispuesto en la ley, de los que se deriva, como contrapartida, el derecho de los administrados a la legalidad de los actos de la administración y, por lo tanto, la posibilidad de exigirle que observe en su funcionamiento las disposiciones legales que la regulan. Como se indicó, nuestra Constitución consagra en sus artículos 14 y 16, las garantías de legalidad y debido proceso.

 

Estos derechos de los administrados plantean la necesidad de que existan los procedimientos adecuados a fin de que, en la esfera administrativa los actos de la autoridad sean revisados para asegurarse de que se realicen conforme a las formalidades, motivos, contenido y fines que la propia leyes establecen. Por lo tanto, cuando la autoridad viola las disposiciones jurídicas en su actuación lesionados los derechos de los administrados, es necesario que en ella misma cuente con un control para asegurarse que sus actos que realicen conforme al orden legal vigente.

 

En resumen, los recursos administrativos es un medio de defensa que la ley establece para deducir ante un órgano administrativo una pretensión de modificación o revocación de un acto dictado por ese mismo órgano, o por su inferior jerárquico.

 

6.1.         Elementos de los recursos.

 

La necesidad de que la administración cuente con un control adecuado de sus actos, a través de un examen que le permita recorrer nuevamente el camino de su resolución para verificar que se ajusten al orden legal vigente a fin de asegurar la legalidad administrativa, dio lugar al establecimiento de los recursos, que con base en el concepto expuesto, presentan los siguientes elementos:

 

                                     1.           Un acto administrativo previo: presupone la existencia de un acto emanado de la Administración Publica que lesiona al particular.

                                     2.           Un interés jurídico lesionado: debe de existir un sujeto con interés jurídico derivado de un derecho subjetivo que la ley reconoce a su favor, que al ser desconocido por la autoridad le causa un agravio directo, personal, y actual.

                                     3.           Previsión en la ley: debe de existir una vía legal que prevea la procedenci9a del recurso, ya que las “inconformidades” resultan improcedentes.

                                     4.           Instancia de parte: su inicio solo se puede producir a través de la instancia de parte, con lo cual se delimita el objeto de la pretensión.

                                     5.           Procedimiento administrativo: se trata de un procedimiento administrativo, ya que se desenvuelve ante la propia administración que resolverá la instancia.

                                     6.           Mantenimiento de la legalidad: tiene como finalidad el mantenimiento de la legalidad de la actividad administrativa para garantizar los derechos de los administrados.  

 

6.2.         Principios de los recursos.

 

La existencia y tramitación de setos medios de defensa esta sujeta a una serie de principios que informan su procedimiento, y que de una u otra forma el legislador debe de incluir al establecer los recursos.

 

                                     1.           Principio de legalidad objetiva: además de procurar la protección de los intereses de los administrados, se pretende mantener el empleo de la legalidad y justicia en el funcionamiento de la administración.

                                     2.           Principio de oficialidad: independientemente de que el procedimiento solo se puede iniciar  a petición de parte, su impulsión es de oficio, ya que no solo es pretende satisfacer un interés individual sino también un interés colectivo, consistente en la actuación legal de la administración. Así tenemos que la autoridad debe de realizar todos los actos necesarios para integrar el expediente a fin de dictar resolución.

                                     3.           Principio de la verdad material: la autoridad debe de tomar en cuenta todos los elementos posibles, no solo lo alegado por el particular por lo que, para resolver los que legalmente proceda debe de allegarse de todos los elementos que considere necesarios con el fin de tomar una decisión justa.

                                     4.           Principio de informalidad: conforme a este principio, se deben establecer el mínimo de requisitos para que el recurrente acredite los presupuestos de sus agravios, y en el caso de alguna omisión, debe dársele la oportunidad para que aclare, corrija o complete el escrito en que interponga su recurso.

                                     5.           Principio de debido proceso: consagrado en los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, se ha interpretado como una garantía de los gobernados, lo cual se traduce en:

 

a.      Que sea tramitado y resuelto por autoridad competente.

b.     Que se otorgue al particular la oportunidad de formular agravios, los cuales deben de ser analizados y valorados por la autoridad.

c.      Que se le permita ofrecer y rendir pruebas.

d.     Que se le deje constancia por escrito de todas las actuaciones.

e.      Que sea ágil, sin tramite que dificulte su desarrollo.

f.       Que el particular conozca todas las actuaciones administrativas.

g.     Que se funde y motive la resolución.

 

 

 

6.3.         Procedencia y formalidades.

 

El análisis de la procedencia de los recursos, así como las formalidades que aunque mínimas se exigen, se puede realizar con base en tres aspectos fundamentales: Oportunidad del recurso, Escrito de interposición y Anexos del escrito.

 

En virtud de que en presente capitulo se estudian los recursos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, así como los que proceden ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y el INFONAVIT, los cuales presentan características diferentes, separemos estos dos últimos para su exposición en él ultimo apartado del presente capitulo de tal manera que ahora se tratara exclusivamente lo relativo a el recurso regulados por el Código Fiscal de la Federación.

 

6.3.1.   Oportunidad del recurso.

 

En el artículo 121 del Código Fiscal establece que el escrito en el que se promueva el recurso deberá ser presentado ante la autoridad que emitió o ejecuto el acto impugnado, dentro de los 45 días siguientes a que surta efectos. También se podrá presentar en la Oficina Federal de Hacienda más cercana al domicilio del recurrente o enviarse por correo certificado con acuse de recibido, siempre que la pieza se deposite en la oficina de correos del lugar en donde resida el promovente. Si se presenta ante alguna autoridad incompetente, esta la turnara  ala que debe conocerlo.

 

La presentación extemporánea del escrito dará lugar a su desecamiento por improcedente, toda vez que conforme a la ley se considerará un acto consentido por falta de impugnación.

 

6.3.2     Interposición por escrito.

 

Conforme a los artículos 121 y 122 de mencionado código, el recurso se deberá de interponer por escrito. Si existen formas aprobadas por la Secretaria de Hacienda para este efecto, la interposición deberá ser precisamente en ellas, con él numero de ejemplares que se requieran y con los anexos que correspondan. En todo caso escrito deberá contener los siguientes datos:

 

                                     1.           Nombre, denominación o razón social del promovente.

                                     2.           Numero de registro federal de contribuyente.

                                     3.           Domicilio fiscal.

                                     4.           Domicilio para recibir notificaciones, en su caso.

                                     5.           Nombre del Licenciado en Derecho que autorice para recibir notificaciones, en su caso.

                                     6.           Autoridad a quien se dirige.

                                     7.           Acto que se impugna.

                                     8.           Agravios que le cause el acto impugnado.

                                     9.           Hechos que se controviertan.

                                 10.           Pruebas relacionadas con los hechos.

                                 11.           Firma del promovente.

 

Cuando se omita alguno de los requisito anteriores, a la autoridad requerirá al promovente para que un plazo de cinco días subsane la omisión, yen el caso de que no cumpla, se tendrá por no presentado el recurso.

 

6.3.3.  Anexos del escrito.

 

También resulta indispensable acompañar con el escrito del recurso la siguiente documentación:

 

                                     1.           Escrito en que consiste el acto impugnado.

                                     2.           Constancia de notificación, cuando la haya habido.

                                     3.           Documentos que acrediten la personalidad.

                                     4.           Pruebas documentales que ofrezca. Si no las puede anexar deberá identificarlas con toda precisión y señalar o lugar en que se encuentre.

                                     5.           Dictamen parcial, en caso de haber ofrecido esta prueba.

 

El código establece en su artículo 124 la posibilidad de que la instancia que se presente sea improcedente, por lo que la autoridad no entrara al fondo del asunto, y solo emitirá una resolución de desecamiento cuando el recurso se intente en contra de actos:

 

                                                         a)            Que no afecten el interés jurídico del promovente.

                                                         b)            Que se trate de resoluciones que resuelvan un recurso o se dicten en cumplimiento de estas o de una sentencia.

                                                         c)            Que ya hayan sido impugnados ante el tribunal Fiscal de la Federación.

                                                         d)            Que no se hayan impugnado oportunamente.

                                                         e)            Que sean conexos a otro ya impugnado en otros recursos o medio de defensa diferente.

 

La resolución que se ponga fin al recurso deberá, como todo acto de autoridad estar fundada y motivada, y examinar todos los agravios que se hicieron valer, excepto cuando uno de ellos sea suficiente para desvirtuar la validez del acto. Además la autoridad puede invocar hachos notorios y corregir los errores que advierta en la cita de disposiciones legales, a la legalidad de acuerdo con los principios de legalidad objetiva y de verdad material antes expuestos, pero solo respecto de los que haya sido materia del recurso.

 

La resolución que se dicte, precisando su alcance podrá en los términos del artículo 133:

 

                                                                a)            Desechar el recurso.

                                                                b)            Confirmar el acto impugnado.

                                                                c)            Mandar responder el procedimiento.

                                                                d)            Dejar sin efectos el acto impugnado.

                                                                e)            Modificar el acto impugnado o dictar uno nuevo que lo sustituya.

 

La autoridad dispone de cuatro meses para dictar la resolución y notificarla al promovente, ya que en caso de no hacerlo se presenta la figura de la Negativa Ficta. Por lo que transcurrido este plazo sin que el particular reciba la notificación de la resolución a su recurso, puede interponer el juicio ante el tribunal Fiscal de la Federación.

 

6.4.         Los recursos de el código fiscal.

 

En materia fiscal solo proceden los recursos establecidos en el Código Fiscal de la Federación, a los cuales son aplicables los principios y el procedimiento expuestos en los puntos anteriores. Ahora procedemos al análisis de cada uno de ellos.

 

6.4.1.              Recursos de revocación.

 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 117 y 125 este recurso procede contra resoluciones definitivas en las que se determinen contribuciones o sus accesorios, nieguen la devolución conforme a la ley sea procedente y contra cualquier otra resolución definitiva por las autoridades aduaneras.

 

Es importante destacar que la resolución es optativa para el interesado ya que puede, en todo caso, escoger entre esta vía y el juicio ante el tribunal Fiscal de la Federación. Si obta por interponer el recurso administrativo, contra la resolución que se dicte en este puede promover el juicio de referencia.

 

Cuando exista conexidad entre la resolución que se pretende impugnar y otra que se encuentre pendiente de resolver, el interesado deberá seguir la vía intentada en primer termino, por ejemplo: cuando se requiere impugnar una multa impuesta por haber omitido contribuciones y ya se haya impugnado ante el Tribunal Fiscal de la Federación la resolución en la que se determino dicha omisión, solamente procederá combatir dicha multa ante el propio Tribunal.

 

6.4.2.              Recursos de oposición al procedimiento administrativo de ejecución.

 

Es conveniente aclarar que este procede solamente contra actos y resoluciones que se produzcan precisamente dentro de la fase fiscal denominada “Procedimiento Administrativo de Ejecución” por lo que en este caso no es posible impugnar la ilegalidad de la resolución que dio origen a este procedimiento ya que esta resolución es plenamente valida y ha quedado firme.

 

El artículo 118 del Código Fiscal establece cuatro supuestos de procedencia para este recurso.

 

1o.- Que se exija el pago de un crédito extinguido, o que la ejecutora pretenda cobrar una cantidad mayor a la que realmente corresponda.

 

En este caso  encontramos la posibilidad de que la exactora quiera hacer efectivo un crédito que ya no existe, ya sea por haberse pagado, compensado, prescrito o condonado. Excluimos en este caso apartado a la caducidad puesto que, como se indico, la caducidad puede darse antes de que nazca un crédito, precisamente para evitar que surja, por lo que, si la autoridad pretende cobrar un crédito que determino aun habiendo caducado sus facultades, se debe impugnar a través de Recursos de Revocación desde el momento en que la autoridad lo notifique al particular.

 

2º.-  Cuando se realice de manera ilegal algún acto en el procedimiento administrativo de Ejecución.

 

Se puede impugnar cualquier violación que se presente dentro del procedimiento, pero debe diferenciarse entre dos etapas de este: tratándose de actos realizados antes de que se inicie el remate, la interposición del recurso se hará valer a partir de que se publique la primera convocatoria, si las violaciones se producen después de la publicación de la primera convocatoria, el recurso deberá interponerse en contra de la resolución que finque el remate o de la que autorice la vente fuera de subasta.

 

3º.- Cuando un tercero ajeno a la realización jurídica se vea afectado por el procedimiento por haberle embargado bienes de su propiedad o por tener un crédito preferente al del fisco.

 

Este tercer supuesto, conocido como terciarias, se regulo en los códigos fiscales anteriores con los recurso de oposición de terceros y de reclamación de preferencia. El Código vigente establece en su artículo 128 que los interesados a quienes se les hayan embargado indebidamente bienes de su propiedad, podrán interponer este recurso en cualquier tiempo entes de que se finque el remate, se enajenen bienes fuera de subasta o se adjudiquen a favor del fisco federal. Si se trata de una acreedor preferente, el recurso procederá en cualquier tiempo antes de que se hayan aplicado el importe del remate.

 

4º.- Cuando el deudor embargado no este de acuerdo con el valor que se ha determinado a sus bienes para el remate.

 

 

6.4.3.  Recursos de nulidad de noficaciones.

 

En contra de las noficaciones efectuadas sin cumplir con las disposiciones legales, el Código Fiscal de la Federación establece este recurso en sus artículos 121 y 129 cuya interposición sus pende los plazos para el ejercicio de las facultades de las autoridades y de los derechos de los particulares, así como él termino legal par impugnar la resolución de fondo.

 

Si la notificación que se pretende impugnar se realizo cuando ya se hubiere interpuesto juicio ante el tribunal Fiscal de la Federación, el recurso será improcedente por lo que la notificación se deberá combatir la ampliación de la demanda.

 

Si se resuelve que la notificación es nula, automáticamente quedan anuladas la actuaciones hechas a partir de la notificación combatida.

 

6.5.         Otros recursos administrativos en materia fiscal.

 

Finalmente se expondrá dos recursos mas, que por su especialidad no se encuentran regulados en el Código Fiscal, pero por su naturaleza es necesario conocer. Estos recursos, llamados de inconformidad son los establecidos, uno en el artículo 274 de la Ley  orgánica de Seguro Social y el reglamento de este artículo y el otro en el artículo 52 de la ley de INFONAVIT y el reglamento del propio artículo.

 

6.5.1.              Recursos de inconformidad ante el IMSS.

 

Este recurso procede contra las resoluciones definitivas que emitan los órganos del IMSS y deberá interponerse ante el consejo Técnico del Instituto o el Consejo Consultivo de la Delegación correspondiente dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en surta sus efectos la resolución impugnada.

 

La presentación del escrito en que conste el recurso se podrá efectuar personalmente o por correo certificado  con acuse de recibido. Los requisitos de formalidad que se deberán observar en el escrito correspondiente se reducen a expresar  el nombre  y domicilio del promovente y él numero de su registro como patrón o asegurado, señalar la oficina responsable y el cato que se reclama; exponer los motivos y fundamentos de la inconformidad en que se apoye para justificar sus afirmaciones.

 

En caso de existir diferencias en el escrito, se prevendrá al recurrente para que en el termine de 5 días lo aclare, corrija o complete, pues en caso de no hacerlo se desechara su promoción.

 

La resolución procederá se deberá emitir en un termino no mayor de cuatro meses, ya que procede el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación. En el caso de que la resolución que se dicte sea contraria a los intereses del particular, procede el juicio de referencia.

 

6.5.2.              Recursos de inconformidad ante el INFONAVIT.

 

El artículo 52 de la Ley del INFONAVIT establece sete recurso a favor de las empresas, de los trabajadores y de sus beneficiarios, en contra de resoluciones del Instituto sobre suscripción, crédito, cuantía de aportaciones y descuentos, y cualquier otro acto que lesione sus derechos.

 

En el reglamento de este artículo se establece el procedimiento para el tramite y resolución del recurso, que deberá interponerse en un plazo de 15 días a partir de que surta efectos la notificación del acto reclamado, en el caso de el patrón y de 30 días para el trabajador o su beneficiario.

 

En el escrito en le que se interponga el recurso se deberá señalar el nombre de le promovente y en su caso el de su representante, su numero de Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes y el domicilio de los terceros interesados; el acto reclamado y las rezones por las que a su juicio se lesionan sus derechos. También se deberá anexar las pruebas que ofrezca.

 

Si el escrito del recurso presenta irregularidades como no haber acreditado la personalidad del promovente, o existe falta de claridad o precisión en el co9ntenido del escrito, se deberá apercibir al promovente para que en el termino de 10 días lo subsane, ya que de no hacerlo seria desechado.

 

Una vez integrado el expediente correspondiente y se hayan desahogado las pruebas ofrecidas, se elaborará el proyecto de resolución, misma que deberá emitirse dentro de los 15 días posteriores a la elaboración del proyecto.