C. JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO,

P r e s e n t e

 

GUILLERMO MAGAÑA ROSAS, mexicano, mayor de edad, por mi propio y personal derecho, en mi doble calidad,

 

·        por un lado, de trabajador en activo con casi 25 años de antigüedad al servicio del Instituto Tecnológico de Chetumal dependiente de la Secretaría de Educación Pública lo que acredito plenamente con la Constancia de Servicios que en original y copia adjunto a este escrito inicial y,

 

·        por el otro, de derechohabiente afiliado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), lo que también plenamente acredito con las confirmaciones de avisos de baja (15 de septiembre de 2005) y alta (un día después, el 16 de septiembre del mismo 2005) respectivamente, baja y alta operadas sucesivamente con motivo de la desaparición de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica (SEIT) de la SEP, documentales ambas que también adjunto en original y copia,

 

señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones y/o documentos el predio marcado con el número 199 de la Avenida Erick Paolo Martínez, esquina con calle Xtacay, colonia Payo Obispo II de esta ciudad de Chetumal y solicitando se autorice para que en mi nombre pueda oírlas y/o recibirlos, así como para imponerse de autos, a la C. Licenciada en Derecho BELEM ALEJANDRA SANTIAGO MENDOZA, titular de la Cédula Profesional número 3266627 debidamente registrada ante ese H. Juzgado a su digno cargo, Abogada a la que, en términos de lo que dispone el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, constituyo apoderada para que me represente en todo lo relativo al presente Juicio de Garantías, ante Usted, con el debido respeto, comparezco y expongo:

Que por este medio, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1º fracción I, 22 fracción I, 114 fracción I, 116 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, vengo  en tiempo y forma a solicitar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN, en contra de los actos reclamados que más adelante se expresan y que consisten, fundamentalmente, en la aprobación, expedición, promulgación, publicación y posterior puesta en vigor del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 31 de marzo de 2007, mediante el cual se expide la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, cuya vigencia inició a partir del primero de abril de este propio año de 2007. Lo anterior en virtud de que sus disposiciones resultan ser violatorias de las Garantías Individuales y Sociales consagradas en nuestra Carta Magna y mismas que más adelante se detallarán, de conformidad con los argumentos y razonamientos que se exponen en el capítulo de Conceptos de Violación.

 

 

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 116 de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad, me permito manifestar:   

 

I.- Nombre y domicilio del Quejoso.- Han quedado ya precisados en el proemio de este escrito.

 

II.- Nombre y Domicilio del Tercero Perjudicado.- INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, con domicilio en Avenida de la República número 154 onceavo piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06030 en la ciudad de México, D.F.

 

Es del dominio público que el argumento medular esgrimido por los legisladores y el ejecutivo federal para aprobar, sancionar, promulgar y publicar la ley que se impugna, fue precisamente el referente al rescate y salvación económica del ISSSTE, en marcado y significativo detrimento de los derechos legítimos de la clase trabajadora consignados en la abrogada ley de seguridad social de los burócratas y en el artículo 123 constitucional, los cuales se precisarán en los conceptos de violación, por lo que, en elemental lógica, es el ISSSTE quien resulta directamente beneficiado con la normatividad que constituye el Acto Reclamado en el presente Juicio de Garantías, pues tiene interés directo en su subsistencia y en que no sea destruido por la sentencia que tenga a bien dictar Su Señoría.

 

No obsta a lo anterior el hecho de que por tratarse de un amparo contra leyes, en el supuesto de la segura concesión de la protección constitucional, no tenga efectos derogatorios de las normas declaradas inconstitucionales, subsistiendo éstas, siendo su única consecuencia jurídica el que, en su oportunidad, no puedan ser aplicadas al suscrito quejoso, dado que, tal efecto contravendría precisamente el motivo indicado de creación de la ley combatida.

 

Consecuentemente, aún cuando el ISSSTE no hubiera gestionado o promovido en su favor el acto contra el cual se pide amparo, al tener interés directo en que éste quede en pie por las razones ya expuestas, se encuentra en el supuesto previsto por el último párrafo del inciso c) fracción III del artículo 5º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.

 

III.- Autoridades Responsables   

 

       Ordenadoras:

 

a)    H. CONGRESO DE LA UNIÓN, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, con domicilio ubicado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, avenida H. Congreso de la Unión s/n, colonia El Parque, en la Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15690, de la ciudad de México, D.F.

 

b)   C. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, con domicilio ampliamente conocido en Palacio Nacional, Patio de Honor, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06067, de la ciudad de México, D.F.

 

c)    C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, con domicilio en Bucareli número 99, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06069, de la ciudad de México, D.F.

 

d)   C. TITULAR DE LA UNIDAD DE GOBIERNO, dependiente de la SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, con domicilio en Río Amazonas 62, colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.

 

      Ejecutoras:

     

a)         C. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ejecutora en el momento que se concreten los actos de aplicación de la ley impugnada), con domicilio en Avenida de la República número 154 onceavo piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06030 en la ciudad de México, D.F.

 

b)        C. SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (ejecutora al concretarse la aplicación del acto reclamado), con domicilio en Palacio Nacional, Patio Central, Oficina 3025, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06066, de la ciudad de México, D.F.

 

IV.- Actos Reclamados.

 

·        A las autoridades señaladas como ordenadoras, se les reclama la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del Decreto por el que se expide la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO en su texto íntegro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de este año de 2007, la cual resulta violatoria de garantías en perjuicio del suscrito quejoso en términos de los agravios que más adelante se expresarán.

 

·        A las autoridades señaladas como ejecutoras, se les reclama precisamente la ejecución de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de este año de 2007, en el momento en que pretendan concretar a futuro los actos de aplicación conforme a lo señalado en la propia ley y en los conceptos de violación.

 

Es pertinente puntualizar que la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO es de naturaleza autoaplicativa, toda vez que con su simple vigencia me agravia y afecta mi esfera jurídica, ya que su contenido me vincula a su cumplimiento en virtud de que, en mi perjuicio, crea, modifica y extingue situaciones concretas de derecho, puesto que soy trabajador en activo al servicio del Instituto Tecnológico de Chetumal dependiente de la Secretaría de Educación Pública y estoy afiliado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) para efectos del goce y disfrute de todas y cada una de las prestaciones y beneficios que en materia de seguridad social me corresponden, cubro las cuotas respectivas y estoy obligado al cumplimiento de dicha ley puesto que empecé a laborar bajo su vigencia en el ya citado Instituto Tecnológico de Chetumal y, por disposición de la nueva ley, muchos y muy variados aspectos serán transformados.

 

A manera de ejemplo:

 

·        estaba cotizando en esquemas de jubilación y pensiones que fueron extinguidos del texto actual y, de ahora en adelante, pretenderán aplicarse al quejoso suscrito varias y sustanciales modificaciones, según señalan diversos artículos transitorios de la ley combatida;

 

·        se crean nuevas figuras e instituciones que también pretenden aplicarse al quejoso suscrito;

 

·        se crea un nuevo esquema de seguridad social que sustituye al anterior, extinguiendo un modelo establecido en la ley anterior, de beneficios definidos, sustentado en la solidaridad, cuyas pensiones y jubilaciones son pagadas por el ISSSTE;

 

·        la ley combatida crea un nuevo sistema marcadamente neoliberal de contribución definida, de carácter individual y privatista estableciendo cuentas individualizadas en las que el trabajador deberá aportar más dinero que antes, manejando estos recursos el PENSIONISSSTE u otra Administradora de Fondos de Retiro, por lo que, en cuanto se haga reclamable mi derecho a gozar de pensión o jubilación, recibiré dicho fondo con el deber de entregarlo a una aseguradora privada para que lo administre y me entregue, mes a mes, la renta del mismo, previo el muy natural y oneroso cobro de gastos de administración por el manejo de mi cuenta;

 

·        se extingue mi derecho a recibir indemnización global;

 

·        en la práctica, se extingue el Sistema de Ahorro para el Retiro; las aportaciones existentes fueron prácticamente confiscadas para que las administre el PENSIONISSSTE, etc.

 

Consecuentemente, estoy comprendido dentro de las disposiciones de la ley impugnada, cuya inconstitucionalidad reclamo y hago valer mediante el presente Juicio de Garantías. Al efecto, considero aplicable la jurisprudencia que reproduzco a continuación:  

 

No. Registro: 198,200

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, Común

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

VI, Julio de 1997

Tesis: P./J. 55/97

Página: 5

 

LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.- Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.

 

Amparo en revisión 2104/91. Corporación Videocinematográfica México, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.

 

Amparo en revisión 1811/91. Vidriera México, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.

 

Amparo en revisión 1628/88. Vidrio Neutro, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

 

Amparo en revisión 1525/96. Jorge Cortés González. 8 de mayo de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.

 

Amparo en revisión 662/95. Hospital Santa Engracia, S.A. de C.V. 29 de mayo de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López.

 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de julio en curso, aprobó, con el número 55/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de julio de mil novecientos noventa y siete.

 

En virtud de que la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO es autoaplicativa, la concesión del amparo deberá declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones impugnadas y por tanto, quedarán sin efecto alguno para el quejoso, debiéndoseme restituir en el goce de mis garantías respecto de aquellos preceptos que sean declarados inconstitucionales y aplicándome a futuro, por lo que hace a tales supuestos, los artículos relativos de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO que se encontraban vigentes con anterioridad al acto reclamado.

 

Al efecto, considero aplicable en lo que cabe al supuesto que se refiere a las leyes autoaplicativas la siguiente jurisprudencia:

 

No. Registro: 192,846

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional, Común

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

X, Noviembre de 1999

Tesis: P./J. 112/99

Página: 19

 

AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA.- El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro.

 

Amparo en revisión 3912/86. Vidriera Los Reyes, S.A. 23 de febrero de 1989. Mayoría de catorce votos. Ausente: Ángel Suárez Torres. Disidentes: Noé Castañón León, Manuel Gutiérrez de Velasco, Atanasio González Martínez, Fausta Moreno Flores y Carlos del Río Rodríguez. Impedimento legal: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Ulises Schmill Ordóñez. Secretaria: Martha Moyao Núñez.

 

Amparo en revisión 4823/87. Hako Mexicana, S.A. 28 de febrero de 1989. Mayoría de catorce votos. Ausente: Manuel Gutiérrez de Velasco. Disidentes: Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, Fausta Moreno Flores, Ángel Suárez Torres y Carlos del Río Rodríguez. Impedimento legal: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

 

Amparo en revisión 1897/95. Calixto Villamar Jiménez. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Juan Díaz Romero. Encargado del engrose: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Armando Cortés Galván.

 

Amparo en revisión 1404/95. Carlos Alberto Hernández Pineda. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Francisco de Jesús Arreola Chávez.

 

Amparo en revisión 6/97. María Isabel Díaz Ulloa. 13 de abril de 1999. Mayoría de ocho votos; unanimidad de once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.

 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el número 112/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

 

V.- Preceptos constitucionales violados.- Con el acto reclamado, se violan en perjuicio del suscrito quejoso, las disposisiciones contenidas en los artículos 1, 4, 14, 16, 22, 25, 26, 123 y 133 de la Constitución General de la República.

 

VI.- Término para la interposición del Amparo.- Al ser autoaplicativa la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, se agravia y causa al quejoso perjuicios inmediatos y directos, de imposible reparación, con la sola iniciación de su vigencia.

 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción I del artículo 22 y la fracción II del artículo 24, ambos numerales de la Ley de Amparo, procedo en tiempo y forma a reclamar la inconstitucionalidad de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, lo que hago mediante la presente demanda de amparo, misma que se promueve dentro del plazo de treinta días, contados a partir de su entrada en vigor. En virtud de que tal día fue inhábil, el término debe empezar a correr a partir del día hábil siguiente, es decir, del día dos de abril del año 2007, puntualizando además que, al realizar el cómputo respectivo, encontramos también, como días inhábiles, el 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de abril, así como el 1, 5, 6, 12 y 13 de mayo.

 

Para no dejar lugar a malentendidos o duda alguna, se precisa y aclara que el suscrito quejoso no combate el acto reclamado por causa de algún acto de aplicación, toda vez que al tratarse de una ley autoaplicativa, por la propia y especial naturaleza de las disposiciones que contiene, con la simple iniciación de su vigencia genera al quejoso afectaciones en su esfera jurídica en general y a sus garantìas en particular, en los distintos supuestos que en los propios conceptos de violación se precisan, vinculándome a su cumplimiento en virtud de que crea, modifica y extingue situaciones jurídicas concretas.

 

En la especie, con respecto al término, considero aplicables los criterios orientadores manifiestos en las tesis que me permito transcribir a continuación:

 

No. Registro: 193,923

Tesis aislada

Materia(s): Común

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

IX, Mayo de 1999

Tesis: 2a. LXI/99

Página: 506

 

LEYES AUTOAPLICATIVAS. CUANDO EL PLAZO PARA IMPUGNARLAS INICIA EN DÍA INHÁBIL, NO DEBE CONTARSE ÉSTE.- La actual integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis número P. CIX/98, publicada en la página 251, Tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR.", ha establecido que tratándose de leyes autoaplicativas el plazo de treinta días para promover el amparo inicia desde las cero horas del mismo día que entran en vigor; ese criterio no tiene aplicación cuando el plazo indicado inicia en día inhábil, pues en ese caso, el día inhábil no debe contarse en el plazo concedido para la presentación de la demanda de garantías, pues aunque la ley surte efectos incluso en día inhábil, la entrada en vigor no se identifica con el plazo de treinta días para reclamarla en la vía de amparo, en atención a que éste no se refiere al momento en que surte efectos una ley autoaplicativa, sino al lapso en el cual puede impugnarse oportunamente en el juicio de amparo, de otra manera se obligaría al quejoso a impugnar una ley autoaplicativa incluso en día inhábil.

 

Amparo en revisión 1719/98. Isidro Rendón Bello. 16 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.

 

No. Registro: 180,124

Tesis aislada

Materia(s): Común

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XX, Noviembre de 2004

Tesis: IV.2o.A.22 K

Página: 1980

 

LEYES AUTOAPLICATIVAS. LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE INTENTA FUERA DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS, POSTERIORES A AQUEL EN QUE SE SUSCITÓ EL ACTO DE APLICACIÓN, PERO DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS POSTERIORES AL EN QUE COBRÓ VIGENCIA LA LEY QUE SE RECLAMA, ES PROCEDENTE.- De una correcta interpretación de los antecedentes legislativos del segundo párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se advierte que la intención del legislador al establecer dicha porción normativa, fue dar oportunidad al gobernado de defenderse contra una ley que lo vincula a hacer, no hacer, dejar de hacer o estarse a cierta condición jurídica, no sólo desde su entrada en vigor, sino durante todo el tiempo que se encuentre vigente, incluso sin necesidad de un acto específico de aplicación, como una temperancia de la intención de que no exista plazo alguno para impugnar ese tipo de leyes en amparo. Por ello, es inconcuso que de ninguna manera el establecimiento de esa segunda oportunidad tuvo la finalidad de limitar el ejercicio de la acción de amparo contra leyes autoaplicativas, ni modificar la naturaleza de las leyes de esa índole, con el objeto de que en la técnica del amparo en que se combatan con motivo del primer acto de aplicación, se sigan las reglas del amparo contra leyes heteroaplicativas y se proscriba la posibilidad de que se invoque como coexistente el plazo de treinta días para interponer la demanda, a que se refiere la fracción I del artículo 22 de la Ley de Amparo, incluso cuando la demanda se interponga cuando ya haya fenecido el plazo de quince días posteriores al primer acto de aplicación. Ahora bien, es trascendental observar que el orden de esas oportunidades será siempre tal que indefectiblemente, cuando se esté en presencia de una ley autoaplicativa, se ponderará como plazo para la interposición de la demanda de amparo, el de los treinta días contados a partir de la fecha en que cobre vigencia la ley, pues es ese el plazo que explícitamente se señala en la Ley de Amparo para la impugnación de leyes que por su sola vigencia ocasionan perjuicio a los gobernados, mientras que el plazo de quince días contados a partir del primer acto de aplicación de la norma, constituye una excepción a la regla general, un caso especial que sólo se estableció por el legislador para evitar que los gobernados quedaran en estado de indefensión ante una ley que los afecta durante toda su vigencia y no en un plazo determinado; por consiguiente, no debe darse preeminencia a ese caso especial o de excepción, menos aún en orden a sostener la improcedencia de la acción constitucional contra una ley autoaplicativa, cuando aún no transcurre el plazo de treinta días posteriores a la fecha en que cobró vigencia la ley a reclamar, pues conforme a lo planteado, ese caso de excepción, más que una limitante, constituye una prerrogativa para los gobernados; lo que debe sostenerse, incluso cuando el juzgador advierta que la demanda se intenta como si lo reclamado fuera una ley heteroaplicativa, pues es al Juez a quien corresponde fijar los conceptos jurídicos, entre éstos, la naturaleza de la disposición que se reclama.

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

 

Amparo en revisión (improcedencia) 179/2004. Alicia Berenice Dávila Leal. 27 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

 

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, mayo de 1998, página 461, tesis 2a./J. 26/98, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS. EL PLAZO DE TREINTA DÍAS PARA PROMOVER EL AMPARO INICIA DESDE LAS CERO HORAS DEL MISMO DÍA EN QUE ENTRAN EN VIGOR."

 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad,  manifiesto que los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados y sirven de fundamento a los conceptos de violación, son los siguientes

 

 

A  N  T  E  C  E  D  E  N  T  E  S  :

 

1 – Con fecha 28 de diciembre de 1959 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, misma que fue abrogada por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1983.

 

2 – Con fecha 27 de diciembre de 1983 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ley anterior), misma que entró en vigor el 1 de enero de 1984 y que fue abrogada por la ley que hoy se combate e impugna en la presente demanda de amparo.

 

3 – El suscrito quejoso soy trabajador en activo al servicio del Instituto Tecnológico de Chetumal dependiente de la Secretaría de Educación Pública, desde muchísimo antes del 1º de abril del 2007 y, desde que empecé a laborar estoy incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en virtud de mi carácter de trabajador de la mencionada institución educativa.

 

4 – El suscrito quejoso, en mi carácter de trabajador incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1983, venía cotizando con las cuotas y aportaciones correspondientes, en el porcentaje e integración salarial que establecía dicha ley.

 

5 - El suscrito quejoso, en mi carácter de trabajador incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1983, venía gozando de los derechos, beneficios y prestaciones que establecía la misma para los trabajadores en activo que estaban afiliados.

 

6 - El suscrito quejoso, en mi carácter de trabajador incorporado al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1983, venía aportando mis cuotas correspondientes a las reservas actuariales que garantizaban por parte del ISSSTE, el puntual cumplimiento del compromiso de pago  generado, entre otros, por concepto de jubilaciones, pensiones, indemnizaciones globales, amortizaciones de créditos otorgados y entrega de depósitos.

 

7 – El 15 de marzo de 2007, se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la expedición de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

 

8 – Con fecha 28 de marzo de 2007, el Ejecutivo Federal emitió el Decreto que contenía la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para los efectos constitucionales y ordenó su publicación en el Diario Oficial de la Federación, misma que se llevó a cabo el sábado 31 de marzo de 2007.

 

9 – El artículo PRIMERO transitorio de la ley combatida, señala que la misma entra en vigor al día siguiente de su publicación, a excepción de lo previsto en sus artículos 42, 75, 101, 140, 193 y 199, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2008.

 

10 – Por su parte, el artículo SEGUNDO transitorio establece que se abroga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de fecha 27 de diciembre de 1983 con todas sus reformas y adiciones, con excepción de sus artículos 16, 21, 25 y 90 Bis-B, que mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007.

 

11 – El suscrito quejoso sigo afiliado al sistema de seguridad social administrado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al cual estoy incorporado desde veinticuatro años y medio antes de que iniciara su vigencia la ley reclamada, carácter que plenamente acredito con las confirmaciones de avisos de baja (15 de septiembre de 2005) y alta (un día después, el 16 de septiembre del mismo 2005) respectivamente, confirmaciones que exhibo en original y copia y a las que me refiero desde el proemio, desprendiéndose de todo ello la evidente y notoria afectación que me causa la ley que ahora se combate.

 

12 – En virtud de su contenido, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 31 de marzo de 2007 es autoaplicativa, sin que a la fecha haya el suscrito tenido conocimiento de la pretensión de realizar acto alguno de ejecución, siendo notoriamente evidente su inconstitucionalidad, por lo que el hoy quejoso formulo, en tiempo y forma, la presente demanda de amparo, misma que apoyo en los siguientes

 

 

C  O  N  C  E  P  T  O  S    D  E    V  I  O  L  A  C  I  Ó  N  :

 

PRIMERO

 

Los artículos transitorios CUARTO, SEXTO y SÉPTIMO de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de marzo del año en curso, establecen:

 

CUARTO. A los Trabajadores que se encuentren cotizando al régimen del Instituto a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, se les reconocen los periodos cotizados con anterioridad.

 

SEXTO. Para los efectos señalados en el artículo anterior, dentro de un plazo que no excederá del treinta y uno de diciembre de dos mil siete, se realizará lo siguiente:

 

I. El Instituto acreditará el tiempo de cotización de cada Trabajador de acuerdo con la información disponible en sus registros y bases de datos, así como con la que se recabe para este fin, de conformidad con los programas y criterios que estime pertinentes;

 

II. Con base en la información relativa al tiempo de cotización acreditado de cada Trabajador, el Instituto entregará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cálculo preliminar de los importes de los Bonos de Pensión del ISSSTE que les correspondan;

 

III. A través de los mecanismos que estimen pertinentes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto harán del conocimiento de los Trabajadores el cálculo preliminar de sus Bonos de Pensión, así como la información sobre las opciones a que tengan derecho conforme a lo dispuesto en este ordenamiento, y

 

IV. Las Dependencias y Entidades deberán colaborar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto en todo lo necesario para integrar la documentación e información requeridas para la acreditación del tiempo de cotización, el Sueldo Básico y el cálculo del Bono de Pensión de los Trabajadores, así como para informar a éstos sobre las opciones y derechos correlativos.

 

SÉPTIMO. A partir del día primero de enero de dos mil ocho, los Trabajadores tendrán seis meses para optar por el régimen previsto en el artículo décimo transitorio o por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE.

 

Dentro de ese plazo, en caso de que el Trabajador considere que su Sueldo Básico o tiempo de cotización son diferentes a los que le sean acreditados como base para el cálculo preliminar de su Bono de Pensión, tendrá derecho a entregar al Instituto, para que realice la revisión y ajuste que en su caso correspondan, las hojas únicas de servicio que para este efecto le expidan las Dependencias y Entidades en que haya laborado, con el propósito de que los ajustes procedentes le sean reconocidos en el cálculo del Bono de Pensión, como parte de los elementos necesarios para sustentar su decisión.

 

La opción adoptada por el Trabajador deberá comunicarla por escrito al Instituto a través de las Dependencias y Entidades, en los términos que se establezcan y se le hayan dado a conocer, y será definitiva, irrenunciable y no podrá modificarse. El formato que se apruebe para ejercer este derecho deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.

 

Cuando el Trabajador no manifieste la opción que elige dentro del plazo previsto, se le deberá hacer saber en los términos que establezca el reglamento respectivo conforme al cual se respetará lo conducente a los Trabajadores que no manifiesten su elección.

 

Tales preceptos son violatorios de mis garantías de audiencia y seguridad jurídica, tuteladas expresamente por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que al establecer el procedimiento de acreditación del tiempo y monto de cotizaciones realizadas con anterioridad al 1º de abril de 2007 que tenemos cada trabajador incorporado en el régimen de seguridad social del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), es decir, aquellas cuotas y aportaciones realizadas antes del inicio de vigencia de la norma impugnada, se limita única y exclusivamente a reconocer tal derecho para los trabajadores que se encuentren cotizando en el ISSSTE, lo que permite que de manera arbitraria y unilateral, tanto las autoridades ejecutoras, ISSSTE y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como la propia institución pública en la que presto mis servicios, sean quienes establezcan y cuantifiquen el monto de mis cotizaciones realizadas a esa fecha, sin darme la oportunidad de intervenir en dicho procedimiento ni de impugnar libremente su monto, aportando las pruebas que el suscrito considere convenientes, ya que estos preceptos únicamente contemplan la participación de ISSSTE y SHCP en la elaboración de dicho cálculo, mismo que se debe hacer de mi conocimiento conforme a los mecanismos que las propias autoridades decidan sin darme certeza ni seguridad jurídica alguna sobre éstos, pues se omite señalar el medio o forma en que se materializará dicho comunicado, así como los elementos mínimos necesarios que debe reunir éste, pudiendo el hoy quejoso únicamente solicitar después de hecho el cálculo, su revisión y ajuste, mediante la entrega de las hojas únicas de servicios que mi propio patrón me proporcione, es decir, con los mismos datos que sirvieron de base al ISSSTE y SHCP para realizar su cálculo, de conformidad con la fracción IV del artículo 6º transitorio, sin permitirme que pueda aportar otros elementos probatorios de mi antigüedad y monto del sueldo básico de cotización, tales como talones de cheque, recibos de pago, constancias de servicios o nombramientos. Asimismo, tampoco se establece medio o recurso alguno de impugnación en contra del cálculo final que se haga, ni se establece la aportación de los elementos necesarios que puedan facilitar mi defensa frente a estos actos arbitrarios, dejándome la ley reclamada en el más absoluto, lamentable y completo estado de indefensión. Dicho cálculo sirve de base para que, en términos de lo dispuesto por el artículo QUINTO transitorio tenga los elementos necesarios para ejercer mi derecho a optar entre el régimen que establece el artículo DÉCIMO transitorio y el de Bono de Pensiones del ISSSTE en Cuentas Individuales, en un plazo que contempla el artículo SÉPTIMO transitorio y que vence el 30 de junio de 2008.

 

En efecto, el suscrito quejoso, al estar afiliado al ISSSTE con anterioridad al inicio de vigencia de la ley reclamada, hice aportaciones conforme al esquema establecido en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente en ese entonces, que determinaba en su artículo 15 la integración del sueldo básico con el que hice dichas cotizaciones, el cual constaba del sueldo presupuestal, sobresueldo y compensación que percibía al momento. Asimismo, el artículo 16 de dicha ley señalaba el monto de las cuotas descontadas de mi salario, que en ese entonces equivalía al 8% de mi sueldo básico. Por su parte, el artículo 21 fijaba las aportaciones a cargo de la dependencia en que laboraba, equivalentes al 17.75% de mi sueldo básico. Dichos artículos establecían:

Artículo 15.- El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley se integrará solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación de que más adelante se habla, excluyéndose cualquiera otra prestación que el trabajador percibiera con motivo de su trabajo.

Sueldo presupuestal es la remuneración ordinaria señalada en la designación o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña.

"Sobresueldo" es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del lugar en que presta sus servicios.

"Compensación" es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo que se otorga discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe y que se cubra con cargo a la partida específica denominada "Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales".

Las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta Ley, se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, que se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que otorga esta Ley.

El sueldo básico de los trabajadores de los organismos públicos se determinará con sujeción a los lineamientos que fija el presente artículo.

Artículo 16.- Todo trabajador incorporado al régimen de este ordenamiento, deberá cubrir al Instituto una cuota fija del ocho por ciento del sueldo básico de cotización que disfrute, definido en el articulo anterior.

Dicha cuota se aplicará en la siguiente reforma:

I. 2.75% pra cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad y los servicios de rehabilitación física y mental;

II. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo.

III. 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil; integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios turísticos; promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios;

IV. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones actuariales para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de esta Ley;

V. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de administración del Instituto exceptuando los correspondientes al Fondo de la Vivienda.

Los porcentajes señalados en las fracciones I a III incluyen gastos específicos de administración.

Artículo 21.- Las dependencias y entidades públicas sujetas al régimen de esta Ley cubrirán al Instituto, como aportaciones el equivalente al 17.75% del sueldo básico de cotización de los trabajadores.

Dicho porcentaje se aplicará en la siguiente forma:

I. 6.75% para cubrir los seguros de medicina preventiva, enfermedades, maternidad y los servicios de rehabilitación física y mental;

II. 0.50% para cubrir las prestaciones relativas a préstamos a mediano y corto plazo;

III. 0.50% para cubrir los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil; integrales de retiro a jubilados y pensionistas; servicios turísticos; promociones culturales, de preparación técnica, fomento deportivo y de recreación y servicios funerarios;

IV. 0.25% para cubrir íntegramente el seguro de riesgos del trabajo;

V. 3.50% para la prima que se establezca anualmente, conforme a las valuaciones actuariales, para el pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, así como para integrar las reservas correspondientes conforme a lo dispuesto en el artículo 182 de esta Ley;

VI. 5.00% para constituir el Fondo de la Vivienda;

VII. El porcentaje restante se aplicará para cubrir los gastos generales de administración del instituto, exceptuando los correspondientes al Fondo de la Vivienda.

Los porcentajes señalados en las fracciones I a IV incluyen gastos específicos de administración.

Además, para los servicios de atención para el bienestar y desarrollo infantil, las dependencias y entidades cubrirán el 50% del costo unitario por cada uno de los hijos de sus trabajadores que haga uso del servicio en las estancias de bienestar infantil del instituto. Dicho costo será determinado anualmente por la Junta Directiva.

En consecuencia, todas mis cotizaciones a lo largo de estos casi 25 años de servicio, se han hecho sobre esas bases, es decir con una cuota propia a razón del 8% de mi sueldo básico más el porcentaje de la aportación patronal por un 17.75% de dicho sueldo básico, las cuales, sumadas, ascienden a un 25.75%. De estas cotizaciones, el 7% de mi sueldo básico de entonces era para la prima del pago de jubilaciones, pensiones e indemnizaciones globales, integrada por el 3.50% del sueldo básico que aportaba el suscrito y el restante 3.50% lo pagaba el patrón. Dicho 7% debería integrar las reservas correspondientes conforme al artículo 182 de la ley vigente en ese momento, las cuales eran invertidas para generar intereses de conformidad al numeral 183 del mismo ordenamiento. Transcribo ambos artículos:

 

Artículo 182.- La constitución de las reservas actuariales será prioritaria sobre las financieras, con el fin de garantizar el pago de los compromisos de pensiones, indemnizaciones globales, amortizaciones de créditos otorgados a los trabajadores en los términos de las fracciones I y II del artículo 103 de esta Ley, y entrega de depósitos prevista en el artículo 90 BIS-S de este propio ordenamiento.

Las reservas actuariales serán invertidas en las condiciones generales que proponga el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda Crédito Público.

Artículo 183.- La inversión de las reservas financieras del Instituto deberá hacerse en las mejores condiciones posibles de seguridad, rendimiento y liquidez, prefiriéndose en igualdad de circunstancias, las que además garanticen mayor utilidad social.

La garantía constitucional de seguridad jurídica contemplada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna establece el derecho fundamental del gobernado a la protección contra cualquier acto de autoridad, incluyendo obviamente leyes, que causen molestia o perjuicio en sus intereses jurídicos, sea en su persona, domicilio, familia, documentos, propiedades, posesiones o derechos. De ahí que, en el caso de las leyes, sea indispensable contemplar que, en su articulado, existan los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado a que la autoridad no incurra en arbitrariedades, se facilite la defensa de sus intereses y se aporten condiciones que proporcionen certeza y seguridad jurídica a los actos del Estado frente a los particulares.

 

Por su parte, la garantía de audiencia contemplada por el artículo 14 constitucional, establece la obligación de toda autoridad de escuchar al gobernado antes de privarlo de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, a través de un procedimientos jurisdiccional o administrativo en el que se cubran las formalidades esenciales y durante el cual pueda tener la oportunidad de ser escuchado y de hacer valer sus defensas ofreciendo las pruebas que considere convenientes.

 

El artículo QUINTO transitorio de la ley reclamada determina que los trabajadores que estábamos cotizando al ISSSTE en el momento de la entrada en vigor de la misma, podemos optar por el régimen establecido en el artículo DÉCIMO transitorio de dicho ordenamiento o por el de la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE en Cuentas Individuales. Dicha norma señala:

 

QUINTO. Los Trabajadores tienen derecho a optar por el régimen que se establece en el artículo décimo transitorio, o por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE en sus Cuentas Individuales.

 

Para ello, el artículo SEXTO transitorio de la ley reclamada establece un procedimiento para efectuar los cálculos relativos a antigüedad y monto de nuestras cotizaciones al ISSSTE realizadas con anterioridad al 1º de abril de 2007, procedimiento del que estoy totalmente excluido, ya que solamente intervienen el ISSSTE y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en los datos aportados por la dependencia para la cual trabajo. Con lo anterior, se permite que dichas autoridades puedan obrar de manera unilateral y arbitraria, sin que el suscrito quejoso pueda tener intervención alguna para establecer límites a la actuación de dichas autoridades ejecutoras, conculcando flagrantemente mi garantía de seguridad jurídica.

 

Asimismo, como consta en la fracción III del artículo SEXTO transitorio en comento, el legislador conculca también mi garantía de seguridad jurídica contemplada por el artículo 16 constitucional, toda vez que no establece el medio o forma a través del cual el ISSSTE y la SHCP deben hacer de mi conocimiento el multicitado cálculo, al igual que también omite precisar los elementos mínimos que debe contener dicho comunicado, los cuales son indispensables para que exista certeza, tanto en la actuación de las autoridades responsables como en el hecho de que efectivamente se hizo de mi conocimiento la información señalada por dicho transitorio, lo que en este último caso resulta esencial, ya que ésta puede darse de manera verbal  o escrita, personalmente o a través de terceros, mediante edictos, comunicado de prensa, por estrados, etc. Por lo tanto, es necesario que existan las garantías necesarias que den certidumbre sobre la materialización del comunicado y su contenido.

 

También se violenta mi garantía de seguridad jurídica en cuanto a que del texto de los artículos SEXTO y SÉPTIMO transitorios de la ley reclamada, al igual que de todo su articulado, se desprende que el legislador omitió establecer un recurso o medio de defensa para el cálculo de las cotizaciones realizadas antes del 1º de abril de 2007 en caso de que exista discrepancia entre lo calculado por las autoridades y lo considerado por el trabajador. El inexistente recurso o medio de defensa habría debido de respetar también mi garantía de audiencia tutelada por el artículo 14 constitucional, conteniendo elementos mínimos; entre ellos, la posibilidad de que libremente pueda exponer argumentos o alegatos en mi defensa y ofrecer las pruebas que estime necesarias para acreditar mi dicho.

 

En el artículo SÉPTIMO transitorio de la ley impugnada se contempla la posibilidad de solicitar la revisión y ajuste del cálculo en comento, sin que dicho acto constituya un recurso o medio de defensa, en razón de que del propio texto legal impugnado se deduce que no es posible hacer valer argumento o alegato alguno sobre la eventual discrepancia, sino que únicamente se deben presentar ante el ISSSTE las hojas únicas de servicio que, a su vez, constituyen la única prueba que puede aportarse según el texto de ley citado, impidiendo en consecuencia que se rectifique dicho cálculo a través de otros documentos, como recibos de pago, talones de cheque, nombramientos, constancias de trabajo, etc., con lo que se me deja en marcado y evidente estado de indefensión, pues el único documento válido que puedo exhibir es elaborado por mi patrón y es precisamente el que sirvió de base para el cálculo de cotizaciones con el que se tienen discrepancias, por lo que es evidente que ambos coincidirán.

 

Este mismo estado de indefensión se actualiza para aquellos trabajadores que disfruten de licencia sin goce de sueldo o que, por cualquier motivo, no se encuentren cotizando al ISSSTE al momento de la entrada en vigor de la ley combatida.

 

Este derecho se limita con lo estipulado en el último párrafo del artículo SÉPTIMO transitorio, que obliga al trabajador a manifestar por escrito, en un formato que se publicará en el Diario Oficial de la Federación en alguna fecha, no especificada, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2008 ya que, de no hacerlo así, se entenderá que optó por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE.

 

Me deja igualmente en estado de indefensión el artículo CUARTO transitorio de la ley del ISSSTE, dado que indebidamente hace referencia únicamente a los trabajadores que se encuentren cotizando al régimen del ISSSTE en la fecha de entrada en vigor de la misma, pues a ellos y sólo a ellos se les reconocerán los períodos cotizados con anterioridad, excluyendo en consecuencia a los trabajadores que no se encuentren estrictamente en esta hipótesis; entre otros, aquéllos que disfruten de licencia sin goce de sueldo, quienes sufran alguna incapacidad médica o tengan suspendida su relación laboral por alguna enfermedad y aquéllos que, por causas no imputables a ellos, no se encontraban cotizando al ISSSTE el pasado 1 de abril.

 

 

SEGUNDO

 

Los artículos SEXTO y DÉCIMO CUARTO transitorios de la Ley del ISSSTE publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de marzo de 2007, son violatorios del artículo 14 constitucional, en virtud de que son retroactivos en perjuicio del suscrito quejoso, al establecer que el procedimiento de acreditación del tiempo y monto de cotizaciones realizadas con anterioridad al 1 de abril de 2007 se hará con base al sueldo básico definido por la propia ley reclamada en sus artículos 6 fracción XXVIII y 17, el cual se forma exclusivamente con el sueldo del tabulador regional correspondiente a mi puesto, a pesar de que dichas cotizaciones fueron realizadas con base en el sueldo básico que, en ese entonces, se conformaba por el sueldo tabular, sobresueldo y compensaciones que percibía por mi trabajo, de conformidad con el artículo 16 de la entonces vigente Ley del ISSSTE.

 

El artículo 14 constitucional establece como garantía el principio de la irretroactividad perjuiciosa de las leyes, el cual parte de la idea de que las leyes se expiden para regular situaciones futuras, nunca pasadas. Por lo tanto, establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. De ahí que entonces los actos realizados o cometidos durante la vigencia de una ley, no pueden ser juzgados, considerados ni regulados por una ley posterior, sino que lo deben de ser por la ley vigente y aplicable al momento en que sucedieron.

 

El artículo SEXTO transitorio de la ley combatida en el presente Juicio de Garantías señala que las dependencias y entidades en las que laboramos deberán de dar al ISSSTE y a SHCP el monto del sueldo básico de nuestras aportaciones al ISSSTE, a efecto de que hagan el cálculo del Bono que menciona dicho numeral, a fin de que se nos comunique su monto y, posteriormente, nosotros decidamos que opción elegimos: si el Sistema establecido por el artículo DÉCIMO transitorio de dicha ley reclamada o el del multicitado Bono. Dicho precepto establece:

 

SEXTO. Para los efectos señalados en el artículo anterior, dentro de un plazo que no excederá del treinta y uno de diciembre de dos mil siete, se realizará lo siguiente:

 

I. El Instituto acreditará el tiempo de cotización de cada Trabajador de acuerdo con la información disponible en sus registros y bases de datos, así como con la que se recabe para este fin, de conformidad con los programas y criterios que estime pertinentes;

 

II. Con base en la información relativa al tiempo de cotización acreditado de cada Trabajador, el Instituto entregará a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cálculo preliminar de los importes de los Bonos de Pensión del ISSSTE que les correspondan;

 

III. A través de los mecanismos que estimen pertinentes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto harán del conocimiento de los Trabajadores el cálculo preliminar de sus Bonos de Pensión, así como la información sobre las opciones a que tengan derecho conforme a lo dispuesto en este ordenamiento, y

 

IV. Las Dependencias y Entidades deberán colaborar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto en todo lo necesario para integrar la documentación e información requeridas para la acreditación del tiempo de cotización, el Sueldo Básico y el cálculo del Bono de Pensión de los Trabajadores, así como para informar a éstos sobre las opciones y derechos correlativos.

 

En mi caso, el suscrito quejoso realicé mis cotizaciones anteriores al 1 de abril del 2007, en términos de lo que en ese entonces señalaba el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que era sueldo básico definido en los siguientes términos:

Artículo 15.- El sueldo básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley se integrará solamente con el sueldo presupuestal, el sobresueldo y la compensación de que más adelante se habla, excluyéndose cualquiera otra prestación que el trabajador percibiera con motivo de su trabajo.

Sueldo presupuestal es la remuneración ordinaria señalada en la designación o nombramiento del trabajador en relación con la plaza o cargo que desempeña.

"Sobresueldo" es la remuneración adicional concedida al trabajador en atención a circunstancias de insalubridad o carestía de la vida del lugar en que presta sus servicios.

"Compensación" es la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al sobresueldo que se otorga discrecionalmente en cuanto a su monto y duración a un trabajador en atención a las responsabilidades o trabajos extraordinarios relacionados con su cargo o por servicios especiales que desempeñe y que se cubra con cargo a la partida específica denominada "Compensaciones Adicionales por Servicios Especiales".

Las cotizaciones establecidas en los artículos 16 y 21 de esta Ley, se efectuarán sobre el sueldo básico, hasta por una cantidad que no rebase diez veces el salario mínimo general que dictamine la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, y será el propio sueldo básico, hasta por la suma cotizable, que se tomará en cuenta para determinar el monto de los seguros, pensiones, subsidios y préstamos que otorga esta Ley.

El sueldo básico de los trabajadores de los organismos públicos se determinará con sujeción a los lineamientos que fija el presente artículo.

En la ley combatida, se modifica la definición e integración del sueldo básico, para quedar actualmente conformado única y exclusivamente por el salario del tabulador regional correspondiente al puesto, según lo establecen el artículo 6, fracción XXVIII, que lo define, y el artículo 17, que lo integra, en los siguientes términos:

 

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

 

XXVIII. Sueldo Básico, el definido en el artículo 17 de esta Ley

 

Artículo 17. El Sueldo Básico que se tomará en cuenta para los efectos de esta Ley, será el sueldo del tabulador regional que para cada puesto se haya señalado.

 

Las Cuotas y Aportaciones establecidas en esta Ley se efectuarán sobre el Sueldo Básico, estableciéndose como límite inferior un Salario Mínimo y como límite superior, el equivalente a diez veces dicho Salario Mínimo.

 

Será el propio Sueldo Básico, hasta el límite superior equivalente a diez veces el Salario Mínimo del Distrito Federal, el que se tomará en cuenta para determinar el monto de los beneficios en los seguros de riesgos del trabajo e invalidez y vida establecidos por esta Ley.

 

Las Dependencias y Entidades deberán informar al Instituto anualmente, en el mes de enero de cada año, los conceptos de pago sujetos a las Cuotas y Aportaciones que esta Ley prevé. De igual manera deberán comunicar al Instituto cualquier modificación de los conceptos de pago, dentro del mes siguiente a que haya ocurrido dicha modificación.

 

En consecuencia, a partir de la entrada en vigor de la ley combatida, el concepto “sueldo básico” ha sufrido modificaciones para quedar actualmente formado única y exclusivamente por el salario del tabulador regional, por lo que en toda la ley citada, cuando se contiene la expresión “sueldo básico”, se debe entender que se hace referencia al salario tabular. Por esa circunstancia, el artículo SEXTO transitorio, al ordenar en su fracción IV que para efectos de la elaboración por parte de las autoridades ejecutoras del cálculo que señala y al cual se ha hecho mención en el concepto de violación que antecede, la dependencia en la que trabajo deberá colaborar para acreditar el sueldo básico con el que se hicieron las cotizaciones al ISSSTE, a partir de la fecha de mi afiliación y hasta el 31 de marzo de 2007. En virtud de la nueva definición del concepto “sueldo básico”, la cual debe ser aplicada en congruencia con el texto de la ley reclamada, se tendrá una norma retroactiva, pues dichas cotizaciones se contabilizarán en términos del salario tabular regional actual y no del salario tabular, sobresueldo y compensaciones, como se entendía hasta el pasado 31 de marzo y como en verdad fueron hechas las cotizaciones hasta ese entonces, generándome notorios y evidentes perjuicios, de imposible reparación, pues dichas cantidades reconocidas en el mencionado cálculo serán menores a las que efectivamente aporté, de conformidad con lo que establecía el entonces vigente artículo 15 de la recientemente abrogada ley del ISSSTE al señalar qué elementos conformaban el sueldo básico sobre el que se debieron hacer las cotizaciones al ISSSTE que correspondieron al período en que dicho ordenamiento legal estuvo vigente.

 

El artículo DÉCIMO CUARTO transitorio de la ley del ISSSTE en vigor, afecta también el valor de los Bonos de Pensión al calcularlos en Unidades de Inversión (UDIS), tomando en cuenta que no se considera su valor real al momento del depósito, sino el que arbitrariamente se ha ubicado al 31 de diciembre de 2007, generando un significativo diferencial en perjuicio del suscrito quejoso. Asimismo, se omite considerar la actualización salarial de la fecha señalada, al momento en el que culmine el plazo para escoger entre las dos opciones a que hace referencia la nueva ley. Dicho precepto establece:

 

DÉCIMO CUARTO. Los Trabajadores que a la fecha de entrada en vigor de esta Ley tengan derecho a pensionarse conforme a la Ley que se abroga y hubieren elegido los beneficios de la presente Ley, pero que deseen seguir laborando, recibirán, en lugar de Bonos de Pensión del ISSSTE, un depósito a la vista denominado en unidades de inversión en el Banco de México, con la misma tasa de interés real anual utilizada para el cálculo de los mencionados Bonos de Pensión del ISSSTE prevista en el artículo vigésimo primero transitorio, el cual pagará intereses mensualmente.

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará la forma y términos en que los recursos de dicho depósito podrán ser utilizados por el PENSIONISSSTE o, en su caso, las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que elija el Trabajador para la inversión de los recursos de su Cuenta Individual.

 

El monto del depósito a que se refiere este artículo se determinará de conformidad con la tabla prevista en el artículo noveno transitorio.

 

Las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR deberán llevar el registro individual de estos depósitos hasta que sea entregada la información al PENSIONISSSTE.

 

En consecuencia, el Bono de Pensión del ISSSTE, en los términos planteados, lisa y llanamente hace perder ocho meses del 2007 y todo el año de 2008.

 

 

TERCERO

 

Los artículos QUINTO, OCTAVO y DÉCIMO transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de marzo de 2007, son violatorios de los artículos 1º, 4º, 13, 14, 16, 22, 123 apartado B, fracción XI, incisos a), c) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los artículos transitorios en comento, establecen:

 

QUINTO. Los Trabajadores tienen derecho a optar por el régimen que se establece en el artículo décimo transitorio, o por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE en sus Cuentas Individuales.

 

OCTAVO. Los Trabajadores que hubieran optado por el régimen del artículo décimo transitorio, en ningún caso tendrán derecho a la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE.

 

DÉCIMO. A los Trabajadores que no opten por la acreditación de Bonos de Pensión del ISSSTE, se les aplicarán las siguientes modalidades:

 

I. A partir de la entrada en vigor de esta Ley hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil nueve:

 

a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que hubieran cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por Jubilación equivalente al cien por ciento del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja;

 

b) Los Trabajadores que cumplan cincuenta y cinco años de edad o más y quince años o más de cotización al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios equivalente a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio que se define en la fracción IV, de conformidad con la siguiente Tabla:

 

15 años de servicio........................ 50 %

16 años de servicio........................ 52.5 %

17 años de servicio........................ 55 %

18 años de servicio........................ 57.5 %

19 años de servicio........................ 60 %

20 años de servicio........................ 62.5 %

21 años de servicio........................ 65 %

22 años de servicio........................ 67.5 %

23 años de servicio........................ 70 %

24 años de servicio........................ 72.5 %

25 años de servicio........................ 75 %

26 años de servicio........................ 80 %

27 años de servicio........................ 85 %

28 años de servicio........................ 90 %

29 años de servicio........................ 95 %

 

c) Los Trabajadores que se separen voluntariamente del servicio o que queden privados de trabajo después de los sesenta años de edad y que hayan cotizado por un mínimo de diez años al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de cesantía en edad avanzada, equivalente a un porcentaje del promedio del Sueldo Básico de su último año de servicio, de conformidad con la siguiente Tabla:

 

60 años de edad 10 años de servicios 40%

61 años de edad 10 años de servicios 42%

62 años de edad 10 años de servicios 44%

63 años de edad 10 años de servicios 46%

64 años de edad 10 años de servicios 48%

65 o más años de edad 10 años de servicios 50%

El otorgamiento de la Pensión por cesantía en edad avanzada se determinará conforme a la tabla anterior, incrementándose anualmente conforme a los porcentajes fijados hasta los sesenta y cinco años, a partir de los cuales disfrutará del cincuenta por ciento fijado;

 

II. A partir del primero de enero de dos mil diez:

 

a) Los Trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las Trabajadoras que hubieran cotizado veintiocho años o más, tendrán derecho a Pensión por jubilación conforme a la siguiente tabla:

 

Años   Edad Mínima de Jubilación Trabajadores           Edad Mínima de Jubilación Trabajadoras

2010 y 2011  51       49

2012 y 2013  52       50

2014 y 2015  53       51

2016 y 2017  54       52

2018 y 2019  55       53

2020 y 2021  56       54

2022 y 2023  57       55

2024 y 2025  58       56

2026 y 2027  59       57

2028 en adelante     60       58

 

La Pensión por jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al cien por ciento del sueldo que se define en la fracción IV y su percepción comenzará a partir del día siguiente a aquél en que el Trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de causar baja;

 

b) Los Trabajadores que cumplan 55 años de edad o más y quince años de cotización o más al Instituto, tendrán derecho a una Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios.

 

El monto de la Pensión de retiro por edad y tiempo de servicios será equivalente a un porcentaje del sueldo que se define en la fracción IV, de conformidad con los porcentajes de la tabla siguiente:

 

15 años de servicio.......................... 50 %

16 años de servicio.......................... 52.5 %

17 años de servicio.......................... 55 %

18 años de servicio.......................... 57.5 %

19 años de servicio.......................... 60 %

20 años de servicio.......................... 62.5 %

21 años de servicio.......................... 65 %

22 años de servicio.......................... 67.5 %

23 años de servicio.......................... 70 %

24 años de servicio.......................... 72.5 %

25 años de servicio.......................... 75 %

26 años de servicio.......................... 80 %

27 años de servicio.......................... 85 %

28 años de servicio.......................... 90 %

29 años de servicio.......................... 95 %

 

La edad a que se refiere este inciso, se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente:

 

Años   Edad para pensión por edad y tiempo de servicios

2010 y 2011  56

2012 y 2013  57

2014 y 2015  58

2016 y 2017  59

2018 en adelante     60

 

c) Tendrán derecho a Pensión por cesantía en edad avanzada, los Trabajadores que se separen voluntariamente del servicio o que queden privados de trabajo después de los sesenta años de edad y que hayan cotizado por un mínimo de diez años al Instituto.

 

La Pensión a que se refiere esta fracción será equivalente a un porcentaje del sueldo que se define en la fracción IV, aplicando los porcentajes que se especifican en la tabla siguiente:

 

60 años de edad 10 años de servicios 40%

61 años de edad 10 años de servicios 42%

62 años de edad 10 años de servicios 44%

63 años de edad 10 años de servicios 46%

64 años de edad 10 años de servicios 48%

65 o más años de edad 10 años de servicios 50%

 

El otorgamiento de la Pensión por cesantía en edad avanzada se determinará conforme a la tabla anterior, incrementándose anualmente conforme a los porcentajes fijados hasta los sesenta y cinco años, a partir de los cuales disfrutará del cincuenta por ciento fijado.

 

La edad mínima para pensionarse por cesantía en edad avanzada se incrementará de manera gradual conforme a la tabla siguiente:

 

Años   Edad para pensión por cesantía en edad avanzada

 

2010 y 2011  61

2012 y 2013  62

2014 y 2015  63

2016 y 2017  64

2018 en adelante     65

 

Las Pensiones a que tengan derecho las personas a que se refiere la tabla anterior iniciarán en cuarenta por ciento en cada renglón y se incrementarán en dos por ciento cada año de edad hasta llegar a la Pensión máxima de cincuenta por ciento;

 

III. El cómputo de los años de servicio se hará considerando uno solo de los empleos, aun cuando el Trabajador hubiese desempeñado simultáneamente varios empleos cotizando al Instituto, cualesquiera que fuesen; en consecuencia, para dicho cómputo se considerará, por una sola vez, el tiempo durante el cual haya tenido o tenga el interesado el carácter de Trabajador;

 

IV. Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en cuenta el promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior a la fecha de la baja del Trabajador, siempre y cuando el Trabajador tenga una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de tres años. Si el Trabajador tuviere menos de tres años ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido el Trabajador, sin importar su antigüedad en el mismo;

 

V. Los Trabajadores a que se refiere este artículo, en caso de sufrir un riesgo del trabajo, y sus Familiares Derechohabientes, en caso de su fallecimiento a consecuencia de un riesgo del trabajo, tendrán derecho a una Pensión en los términos de lo dispuesto por el seguro de riesgos del trabajo previsto en esta Ley. Para tal efecto, el Instituto, con cargo a los recursos que a tal efecto le transfiera el Gobierno Federal, contratará una Renta vitalicia a favor del Trabajador, o en caso de fallecimiento, el Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes;

 

VI. Los Trabajadores a que se refiere este artículo, en caso de invalidez, estarán sujetos a un periodo mínimo de cotización de quince años para tener derecho a Pensión, misma que se otorgará por un porcentaje del promedio del Sueldo Básico disfrutado en el último año inmediato anterior, conforme a lo siguiente:

 

15 años de servicio.......................... 50 %

16 años de servicio.......................... 52.5 %

17 años de servicio.......................... 55 %

18 años de servicio.......................... 57.5 %

19 años de servicio.......................... 60 %

20 años de servicio.......................... 62.5 %

21 años de servicio.......................... 65 %

22 años de servicio.......................... 67.5 %

23 años de servicio.......................... 70 %

24 años de servicio.......................... 72.5 %

25 años de servicio.......................... 75 %

26 años de servicio.......................... 80 %

27 años de servicio.......................... 85 %

28 años de servicio.......................... 90 %

29 años de servicio.......................... 95 %

 

Los Familiares Derechohabientes del Trabajador fallecido, en el orden que establece la sección de Pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida, tienen derecho a una Pensión equivalente al cien por ciento de la que hubiese correspondido al Trabajador, aplicándose el periodo mínimo de quince años de cotización para tener derecho a la Pensión.

 

Los transitorios aquí transcritos vulneran y conculcan las garantías individuales del suscrito quejoso, entre otras, por las siguientes razones:

 

a)     En lo que respecta a la jubilación, se estipula en la fracción I del artículo DÊCIMO transitorio que los trabajadores varones que a partir de la entrada en vigor de la normatividad combatida hasta el 31 de diciembre de 2009 tuvieren 30 años o más de cotizaciones al ISSSTE y las trabajadoras 28 años o más, tendrán derecho a la pensión por jubilación equivalente al 100% del promedio del sueldo básico de su último año de servicios, sin que se precise que el sueldo básico se calculará conforme al definido como tal en el artículo 15 de la derogada legislación de seguridad social transcrita anteriormente, que es el que legalmente corresponde aplicar al suscrito quejoso, porque, se insiste y reitera, comencé a trabajar bajo su vigencia. Por el contrario, se indica que el salario que se tomará como base para el cálculo de la pensión jubilatoria, será el preceptuado en la fracción IV del referido transitorio, al establecer que ”Para calcular el monto de las cantidades que correspondan por Pensión, se tomará en cuenta el promedio del Sueldo Básico…” lo que nos remite al artículo 17 de la ley impugnada y en este caso, como ya se vio con antelación, el sueldo básico se conformaba de distinta manera, irrogándome con tal disposición perjuicio a mis intereses económicos jurídicamente protegidos, ya que al aplicárseme el nuevo orden jurídico y no el vigente a mi ingreso, se viola flagrantemente la garantía de no retroactividad de la ley consagrada en el artículo 14 constitucional.

 

b)    Igualmente, el cálculo de la pensión jubilatoria para los trabajadores que se sitúen en las hipótesis de los incisos b) y c) de la fracción I del transitorio en análisis, se calculará sobre el mismo concepto de salario básico, es decir, el que estipula la nueva ley, lo que conlleva la misma violación de aplicación retroactiva de la ley en perjuicio del impetrante de garantías.

 

c)     La violación a tal garantía también se actualiza al establecerse en la fracción II del mismo transitorio (DÉCIMO) que, a partir del primero de enero de dos mil diez, los trabajadores que hubieren cotizado treinta años o más y las trabajadoras veintiocho años o más, se jubilarán conforme a una tabla que establece como requisitos para la jubilación, dos rubros: años de servicio y edad mínima para unos y otras, edad que se va aumentando al paso del tiempo y conforme al año en que se jubilen, siendo que el artículo 60 de la ley del ISSSTE recientemente derogada únicamente exigía los años de servicio.

 

Además, en el segundo párrafo de la fracción IV del transitorio en comento, se introduce otra modalidad para la jubilación, consistente en que, para que se tome en cuenta el promedio del último sueldo básico disfrutado en el año inmediato anterior a la fecha de baja del trabajador, éste deberá tener ”::: una antigüedad mínima en el mismo puesto y nivel de tres años. Si el Trabajador tuviere menos de tres años ocupando el mismo puesto y nivel, se tomará en cuenta el sueldo inmediato anterior a dicho puesto que hubiere percibido el Trabajador, sin importar su antigüedad en el mismo.”  Lo anteriormente expuesto entraña una flagrante violación al referido artículo 14 constitucional que establece categóricamente que A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho…”

 

Pues bien. Tales violaciones se perpetran en razón de que, en principio, el transitorio DÉCIMO, que es la norma aplicable a quienes no opten por el nuevo esquema de Bonos de Pensión,  establece una diferencia sustancial de trato entre quienes teniendo los años de servicio requeridos para la jubilación decidan retirarse hasta el año dos mil nueve y los que nos jubilemos a partir del dos mil diez, pues a éstos últimos nos impone un requisito: además del tiempo de servicio, una edad mínima, y también la modalidad del término de tres años en el último puesto, para que se nos tome en cuenta el salario devengado en éste, a más de que, como ya se puntualizó anteriormente, el salario básico se computa conforme a la legislación vigente desde el 1 de abril del presente año y no como lo estipulaba la abrogada legislación, todo lo cual implica que al suscrito quejoso se le sujeta ilegal y arbitrariamente a un nuevo sistema jurídico (aplicación retroactiva de la ley) carente de igualdad y, por ende, discriminatorio puesto que, se reitera e insiste, a los que se jubilen de aquí al dos mil nueve, solamente se les exige el presupuesto de los años de servicio, en tanto que, a los que nos jubilemos a partir del dos mil diez, además de ese supuesto nos exige el de la edad mínima y la modalidad del término mínimo de tres años en el puesto para el cómputo del sueldo básico del último año de servicios y eso, conforme a la nueva ley, lo cual implica una monstruosa vulneración de garantías individuales en perjuicio evidente y nunca reparable del suscrito quejoso; en especial, del principio de NO RETROACTIVIDAD de la ley. Aplicable al caso, transcribo la siguiente tesis:

 

No. Registro: 181,024

Jurisprudencia

Materia(s): Común

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XX, Julio de 2004

Tesis: 2a./J. 87/2004

Página: 415

 

RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA.- El análisis de la retroactividad de las leyes requiere el estudio de los efectos que una norma tiene sobre situaciones jurídicas definidas al amparo de una ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificando si la nueva norma los desconoce, es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de control de la constitucionalidad se pronuncia sobre si una determinada disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo tales situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo a lo dispuesto por el artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas. En cambio, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley implica verificar si el acto concreto se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez sin afectar situaciones jurídicas definidas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a su entrada en vigor.

 

Amparo directo en revisión 479/2000. Amelia Oceguera Vázquez. 19 de mayo de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.

 

Amparo directo en revisión 1026/2000. Luis Felipe Cruz Carranco. 11 de octubre de 2000. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Andrea Zambrana Castañeda.

 

Amparo en revisión 607/2000. Héctor Adalberto García Noriega. 11 de mayo de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Minerva Cifuentes Bazán.

 

Amparo directo en revisión 1537/2001. Mireya Elisa Morales Villegas y otros. 11 de enero de 2002. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.

 

Amparo directo en revisión 898/2003. José Francisco Macías Rosales. 19 de septiembre de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Javier Arnaud Viñas.

 

Tesis de jurisprudencia 87/2004. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintitrés de junio de dos mil cuatro.

 

 

CUARTO

 

Por  otra parte, el artículo DÉCIMO transitorio fracción V, preceptúa: Los Trabajadores a que se refiere este artículo, en caso de sufrir un riesgo del trabajo, y sus Familiares Derechohabientes, en caso de su fallecimiento a consecuencia de un riesgo del trabajo, tendrán derecho a una Pensión en los términos de lo dispuesto por el seguro de riesgos del trabajo previsto en esta Ley. Para tal efecto, el Instituto, con cargo a los recursos que a tal efecto le transfiera el Gobierno Federal, contratará una Renta vitalicia a favor del Trabajador, o en caso de fallecimiento, el Seguro de Sobrevivencia para sus Familiares Derechohabientes”, infringiendo también, con tal disposición, el espíritu y contenido del artículo 14 constitucional, en cuanto a la aplicación de una ley a situaciones que se originaron bajo la vigencia de una anterior.

 

También se lesiona gravemente la condición de los trabajadores sujetos a un riesgo de trabajo o invalidez y muerte al establecer nuevos requisitos sensiblemente distintos a los señalados en la anterior ley. En efecto, en el caso de la pensión por invalidez regulados en la sección II del capítulo VII, ubicada entre los artículos del 118 al 128 de la ley combatida, en donde se establece como límite para el disfrute de la prestación, es violatoria de garantías la fórmula compuesta de sesenta y cinco años de edad y veinticinco años de servicio, señalando que la ·…pensión se cubrirá mediante la contratación de un seguro de pensión con una aseguradora”.  En el artículo 119 del propio ordenamiento se señala que la pensión tendrá un carácter provisional, sin tomar en cuenta que pueden existir condiciones físicas o mentales para que las mismas tuviesen un carácter definitivo; sin embargo, la nueva ley, a partir de un denominado “período de adaptación” a un proceso de revisión que no sólo afecta sus derechos por obligarlo a contratar un seguro posterior al momento de adquirir carácter definitivo en la prestación, sino que afecta la posibilidad de seguros complementarios de carácter particular que están diseñados sobre la premisa de un estado de invalidez del trabajador declarado por el ISSSTE. En consecuencia, la nueva regulación, además de incrementar requisitos, provoca un estado de inseguridad jurídica, amén de las graves consecuencias de tener que enfrentar, de manera obligada, una negociación futura de carácter privado, con todos sus inconvenientes y, seguramente, leonina. Debe tomarse en cuenta que el trabajador, al tener que contratar con una aseguradora privada deberá convenir modalidades que podrían incluir el agotamiento de fondos; en estos seguros, además de la afectación derivada de un cálculo con el sueldo tabular, se viola el derecho a recibir una pensión hasta el fallecimiento del trabajador, ya que por su naturaleza, la invalidez total y permanente, en tratándose de riesgos de trabajo, debe contar con los recursos suficientes para garantizar una pensión de por vida con el mismo nivel de riesgo.

 

Por otra parte, el hecho de que se modifiquen las reglas al momento en que la invalidez se considere definitiva, genera una reducción de beneficios, en virtud de que, frente a la compañía aseguradora, deberán restarse los márgenes de costo o ganancia de la misma, amén de los requisitos adicionales que ésta imponga.

 

 

QUINTO

 

En materia de servicios de salud existe también una afectación constitucional, ya que la ley combatida comprende la atención médica preventiva, la atención médica curativa y de maternidad, así como la rehabilitación física y mental, que establece el propio artículo 3, según lo disponen los artículos 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37 y demás relativos y aplicables. Tales disposiciones son violatorias de las garantías de seguridad jurídica reconocidas en el Artículo 16 constitucional, toda vez que en los dispositivos que se mencionan, por una parte se establece (artículos 28, segundo párrafo y 29, segundo párrafo) que la prestación condicional de todos estos servicios y prestaciones, dependerá y será determinada por las “reservas financieras y actuariales del seguro de salud y los demás que considere pertinentes, con base en un sistema de evaluación y seguimiento que calificará (y) propondrá asignaciones presupuestarias por resultados y procurará su equilibrio financiero”. Precisa enfatizar que se trata de prestaciones y servicios fundamentales para la salud de los trabajadores y sus familias, obligatorios para el Estado y de rango constitucional, establecidos en los incisos a) y d) de la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional, que no pueden quedar sujetos para su aplicación garantizada, regular y eficiente, a estimaciones o criterios de índole mercantil como si se tratara de la administración de un negocio privado, sujeto a principios de especulación y lucro y a las leyes del mercado. Esta regulación hace nugatorias las garantías, derechos y principios, constitucionalmente protegidos e incide claramente por aplicación retroactiva de la nueva ley, en violación al artículo 14 constitucional, al afectar derechos adquiridos a los servicios de salud que en mi favor establecieron los numerales 3, 23, 24, 27, 28, 30, 31 y demás relativos de la ley del ISSSTE hoy abrogada, en reglamentación de los mencionados dispositivos constitucionales. Por consecuencia, además, resulta violatorio del principio de supremacía constitucional del artículo 133 de nuestra Carta Magna.   

 

Asimismo, el artículo 3 de la ley del ISSSTE, así como los numerales vinculados a éste, correspondientes a los capítulos regulatorios de los seguros obligatorios establecidos en dicho numeral 3, violan mis garantías por omisión, porque no contemplan ni regulan el derecho a la indemnización global, que en mi favor establecieron los artículos 3, fracción X, 87, 88 y demás relativos de la anterior ley del ISSSTE.

 

El referido artículo 3 y sus correlativos violan mis garantías por omisión, porque al no considerar ese derecho, conculcan por aplicación retroactiva, la garantía de no retroactividad de las leyes en perjuicio de los gobernados, contenida en el artículo 14 de la propia ley fundamental, así como las garantías de seguridad jurídica consagradas en el artículo 16 de nuestro máximo ordenamiento, al haber derogado ese derecho de indemnización global que en mi favor estableció la ley hoy abrogada en sus mencionados artículos, los numerales 3, 60, 73 y demás relativos de la anterior ley del ISSSTE.

 

En relación al Seguro de Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previsto por el ordenamiento legal que se impugna y regulado en sus artículos 76 al 113, en el primero de los cuales, se sustituye el Sistema de fondos para cada trabajador, de reparto social y a cargo de las dependencias u organismos sujetos a la ley del ISSSTE, con rendimientos garantizados y comisiones limitadas, cuyos saldos individuales podían recuperarse por los trabajadores en los casos previstos por la ley, que regulaba lo establecido en la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional y que estuvo reglamentado en los artículos 49, 57, 82 y del 90 BIS-A al 90 BIS-T, por un sistema que privatiza las cuentas individuales del ahorro para el retiro, técnicamente confiscatorio y contrario al espíritu y la letra de la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional.

 

Por tanto, el nuevo sistema de cuentas individuales, operado por un órgano desconcentrado también de nueva creación denominado PENSIONISSSTE, sistema que eventualmente podrá operarse por administradoras del fondo de retiro privadas (AFORES), regulado de conformidad con lo previsto en los artículos 76 al 91 de la ley que se impugna, es violatorio de las garantías sociales consagradas en la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional, conculca las garantías individuales de no aplicación retroactiva de las leyes, y de seguridad jurídica previstas en mi favor en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna y violan lo previsto en el artículo 22 de la propia Constitución, que prohíbe los actos confiscatorios, porque al privatizarse el sistema del fondo para el retiro, se afectan mis derechos patrimoniales adquiridos sobre la propiedad del fondo del retiro, que la ley abrogada estableció en mi favor, confiscándolo con grave afectación también de la garantía de respeto a la propiedad de mis fondos, prevista en el artículo 14 constitucional. Por consecuencia, además, resulta violado el principio de supremacía constitucional prevista en el numeral 133 de nuestra Carta Fundamental.

 

El efecto confiscatorio y de afectación sin fundamento ni motivación a mi derecho de propiedad, se produce en la nueva ley también en otras de sus disposiciones, como en el caso del segundo y tercer párrafos del artículo 76 en relación con el 148, que impiden la acumulación de las cotizaciones cuando se esté afiliando simultáneamente al ISSSTE y al IMSS, impidiendo el incremento en el monto de las pensiones, lo que significa que las aportaciones a uno u otro de los Institutos se pierde para el trabajador, incurriéndose así, desde la ley, en la confiscación inmotivada de una parte de mis aportaciones, con la consecuente afectación de mi derecho de propiedad sobre los fondos constituidos con las cuotas de referencia. Por consecuencia, además, resulta violado el principio de supremacía constitucional prevista en el numeral 133 de nuestra Carta Fundamental.

 

En lo que se refiere al seguro de invalidez y vida, establecido en la fracción IV del numeral 3 del ordenamiento que se impugna, regulado por los correlativos artículos del 114 al 140 de la propia ley, asimismo en el artículo 76 de la misma, que aplica a este seguro conforme a los artículos 114 y 122, también se sustituye el sistema de fondos para cada trabajador, de reparto social y a cargo de las dependencias u organismos sujetos a la ley del ISSSTE, en rendimientos garantizados y comisiones limitadas, cuyos saldos individuales podían recuperarse por los trabajadores en los casos previstos por esa ley, que regulaba lo establecido en la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional y que estuvo reglamentado en los artículos 48, 49, 57, 67, 73 y del 90 BIS-A al 90 BIS-T, por un sistema que privatiza las cuentas individuales del ahorro para el retiro, técnicamente confiscatorio y contrario al espíritu y la letra de la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional.

 

El nuevo sistema de cuentas individuales operado por un órgano desconcentrado también de nueva creación denominado PENSIONISSSTE, sistema que eventualmente podrá operarse por administradoras del fondo de retiro privadas (AFORES), regulado de conformidad con lo previsto en los artículos 76 al 91 de la ley que impugno, es violatorio de las garantías sociales consagradas en la fracción XI del apartado B del artículo 123 constitucional y conculca las garantías individuales de no aplicación retroactiva de las leyes y de seguridad jurídica previstas en mi favor por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna y viola lo previsto en el artículo 22 de la propia constitución, que prohíbe los actos confiscatorios.

 

En efecto, al privatizarse el sistema del fondo para el retiro, se afectan mis derechos patrimoniales adquiridos sobre la propiedad del fondo de retiro que la ley hoy abrogada estableció en mi favor, confiscándolo y con grave afectación también de la garantía de respeto a la propiedad prevista en el artículo 14 constitucional. Por consecuencia, además, resulta violado el principio de supremacía constitucional prevista en el numeral 133 de nuestra Carta Fundamental.

 

 

SEXTO

 

El artículo 251 de la ley del ISSSTE vigente a partir del 1 de abril del 2007 es violatorio de mi garantía de seguridad jurídica y contrario al principio de congruencia que debe existir en todo cuerpo normativo, toda vez que al establecer que mis derechos como trabajador y/o de mis beneficiarios, a recibir los recursos de mi cuenta individual del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, prescriben a favor del ISSSTE a los diez años de ser exigibles, cuando debieran ser imprescriptibles, pues precisamente atendiendo a la nueva conformación del sistema de seguridad social contenido en la ley, el derecho de la jubilación se materializa a través de la cuenta individual que he ido formando durante el tiempo que he estado inscrito en el ISSSTE.

 

Asimismo, dicha norma es incongruente con lo señalado en el artículo 51 de la anterior ley del ISSSTE y el numeral 55 de la ley combatida, los cuales establecen que el derecho a percibir la pensión es inembargable y no puede ser afectado, en virtud de que la cuenta individual del seguro de retiro es la que respalda precisamente la percepción y monto de la pensión que corresponda, tal y como se contempla en el nuevo esquema pensionario que se contiene en la ley combatida.

 

 

SÉPTIMO

 

La ley del ISSSTE vigente a partir del 1 de abril de 2007 es violatoria de mis garantías de irretroactividad de la ley contemplada en el artículo 14 constitucional así como de los derechos adquiridos derivados de la anterior ley del ISSSTE, en virtud de que omite en su articulado contemplar la obligación que tiene mi patrón de depositar en las AFORES el 2% de mi sueldo básico de cotización por concepto de sistema de ahorro para el retiro (SAR), respetando los términos y condiciones establecidas al respecto en los artículos del 90 BIS-A al 90 BIS-T de la anterior ley, ya que en el artículo DÉCIMO PRIMERO transitorio de la nueva ley únicamente señala que se continuará cotizando, sin establecer sus términos ni condiciones; asimismo, los artículos VIGÉSIMO SEXTO y VIGÉSIMO SÉPTIMO transitorios de la ley reclamada, son violatorios de los artículos 14, 16 y 22 constitucionales, al confiscar los recursos acumulados en mi cuenta del sistema de ahorro para el retiro con el fin de transladarlos al PENSIONISSSTE, para que sean administrados por éste, privándome de los mismos.

 

En efecto, de acuerdo al contenido de los artículos 90 BIS-A al 90 BIS-T de la anterior ley, como trabajador del ISSSTE incorporado al régimen del mismo, el suscrito quejoso tenía el derecho de que se me aportara el equivalente del 2% de mi sueldo básico de cotización por concepto de sistema de ahorro para el retiro (SAR). Sin embargo, tal derecho desaparece en los términos y condiciones que se regulaba en los citados artículos, pues en la ley impugnada únicamente se menciona en su artículo DÉCIMO PRIMERO transitorio que se continuará depositando tal concepto, generándome perjuicios en cuanto a que se me priva del goce de esta prestación como la venía percibiendo, a pesar de que constituye también un derecho adquirido que venía gozando, aplicándoseme de manera retroactiva la citada ley. Los referidos artículos establecían lo siguiente:

Artículo 90BIS-A.- Las dependencias y entidades están obligadas a enterar al Instituto, el importe de las aportaciones correspondientes al sistema de ahorro para el retiro, mediante la constitución de depósitos en favor de cada trabajador, en la forma y términos señalados en el presente Capítulo.

Artículo 90BIS-B.- Las aportaciones a que se refiere el artículo anterior, serán por el importe equivalente al dos por ciento del sueldo básico de cotización del trabajador. Tratándose del ahorro para el retiro, el límite a que se refiere el artículo 15 de esta Ley, será el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal.

Artículo 90BIS-C.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a cubrir las aportaciones establecidas en este Capítulo, así como las relativas al Fondo de la Vivienda, mediante la entrega simultánea de los recursos correspondientes en instituciones de crédito u otras entidades financieras autorizadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, para su abono en las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro abiertas a nombre de los trabajadores. A fin de que las instituciones o entidades mencionadas puedan individualizar dichas aportaciones, las dependencias y entidades deberán proporcionarles, directamente o a través del Instituto o de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro según lo determine ésta, información relativa a cada trabajador, en la forma y con la periodicidad que al efecto establezca la citada Comisión. Asimismo, las dependencias y entidades deberán hacer del conocimiento de las representaciones sindicales la relación de las aportaciones hechas a favor de sus agremiados.

Las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro tendrán dos subcuentas: la de ahorro para el retiro y la del Fondo de la Vivienda. La documentación y demás características de estas cuentas, no previstas en esta Ley, se sujetarán a las disposiciones de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Las dependencias y entidades deberán llevar a cabo la apertura de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro del trabajador en la o las instituciones de crédito o entidad financiera autorizada que ellas elijan, dentro de las que tengan oficina en la plaza o, de no haberla, en la población más cercana.

El trabajador que sea titular de una cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro y tuviera una nueva relación de trabajo, habrá de proporcionar a la dependencia o entidad respectiva su número de cuenta, así como la denominación de la institución o entidad financiera operadora de la misma.

El trabajador no deberá tener más de una cuenta del sistema de ahorro para el retiro, independientemente de que se encuentre sujeto al régimen previsto en esta Ley o en la Ley del Seguro Social, o a ambos.

Artículo 90BIS-D.- En caso de terminación de la relación laboral, la dependencia o entidad deberá entregar a la institución de crédito o entidad financiera respectiva en favor del trabajador, la aportación correspondiente al bimestre de que se trate o, en su caso, la parte proporcional de dicha aportación en la fecha en que deba efectuar el pago de las aportaciones correspondientes a dicho bimestre.

Artículo 90BIS-E.- El entero de las aportaciones se acreditará mediante la entrega que las dependencias y entidades habrán de efectuar a cada uno de sus trabajadores, del comprobante expedido por la institución de crédito o entidad financiera en la que la dependencia o entidad haya enterado las aportaciones citadas, el que tendrá las características que señale la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, mediante la expedición de disposiciones de carácter general.

Las instituciones de crédito o entidades financieras que reciban las aportaciones de las dependencias y entidades, deberán proporcionar a éstas, comprobantes individuales a nombre de cada trabajador dentro de un plazo de 30 días naturales, contado a partir de la fecha en que reciban las aportaciones citadas. Las dependencias y entidades estarán obligadas a entregarles a sus trabajadores dichos comprobantes junto con el último pago de sueldo de los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año.

Artículo 90BIS-F.- La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro atendiendo a consideraciones técnicas y asegurando los intereses de los trabajadores, mediante la expedición de disposiciones de carácter general podrá autorizar formas y términos distintos a los establecidos en los artículos 90 Bis-C párrafos tercero y cuarto y 90 Bis-E, relativos a la apertura de cuentas, los casos de una nueva relación laboral del trabajador y el entero y la comprobación de las aportaciones.

Artículo 90BIS-G.- El trabajador podrá notificar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, directamente o a través de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, por sí mismo o por medio de sus representantes sindicales, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo a cargo de las dependencias y entidades.

Los trabajadores titulares de las cuentas del sistema de ahorro para el retiro y, en su caso sus beneficiarios, podrán a su elección, presentar directamente o a través de sus representantes sindicales sus reclamaciones contra las instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas ante la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro o hacer valer sus derechos en la forma que establecen las leyes. El procedimiento correspondiente ante la Comisión se sujetará a lo dispuesto en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Artículo 90BIS-H.- Las instituciones de banca múltiple y las entidades financieras autorizadas, estarán obligadas a llevar las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro en los términos de esta ley, actuando por cuenta y orden del Instituto. Dichas cuentas deberán contener para su identificación el número o clave que determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Las instituciones de crédito y las entidades financieras autorizadas informarán al público mediante publicaciones en periódicos de amplia circulación en la plaza de que se trate, la ubicación de aquellas de sus sucursales en las que se proporcionarán a los trabajadores todos los servicios relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro, en la inteligencia de que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro establecerá la proporción de las sucursales que las instituciones o entidades mencionadas deberán habilitar para este propósito de las que tengan establecidas en un mismo estado de la República o en el Distrito Federal.

Artículo 90BIS-I.- Las aportaciones que reciban las instituciones de crédito u otras entidades financieras autorizadas operadoras de las cuentas individuales, deberán ser depositadas a más tardar el cuarto día hábil bancario inmediato siguiente al de su recepción, en la cuenta que el Banco de México le lleve al Instituto. El propio Banco de México, actuando por cuenta del mencionado Instituto, deberá invertir dichos recursos en créditos a cargo del Gobierno Federal.

El saldo de dichos créditos al fin de cada mes, se ajustará en una cantidad igual a la resultante de aplicar al saldo promedio diario mensual de los propios créditos la variación porcentual del "Indice Nacional de Precios al Consumidor" publicado por el Banco de México, correspondiente al mes inmediato anterior al del ajuste.

Los créditos a que se refiere el presente artículo causarán intereses a una tasa no inferior al dos por ciento anual, pagaderos mensualmente mediante su reinversión en las respectivas cuentas. El cálculo de estos intereses se hará sobre el saldo promedio diario mensual de los propios créditos, ajustado siguiendo el mismo procedimiento previsto en el párrafo anterior.

La tasa citada será determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando menos trimestralmente, en función de los rendimientos en términos reales de los valores a largo plazo que circulen en el mercado, emitidos por el Gobierno Federal o, en su defecto, por emisores de la más alta calidad crediticia. Esta determinación será dada a conocer mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación y en periódicos de amplia circulación en el país.

Cuando la institución de crédito o entidad financiera receptora de las aportaciones no sea la que lleva la cuenta individual de que se trate, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro mediante disposiciones de carácter general, podrá distribuir entre la institución o entidad receptora y la operadora los beneficios que se deriven de manejar dichas aportaciones durante el período previsto en el primer párrafo de este artículo.

Artículo 90BIS-J.- El saldo de las subcuentas de ahorro para el retiro se ajustará y devengará intereses en los mismos términos y condiciones previstos para los créditos a que se refiere el artículo anterior. Dichos intereses se causarán a más tardar a partir del cuarto día hábil bancario inmediato siguiente a aquél en que las instituciones de crédito u otras entidades financieras que lleven las cuentas individuales reciban las aportaciones, para abono de las cuentas respectivas, y serán pagaderos mediante su reinversión en las propias cuentas. Las instituciones o entidades financieras que lleven las cuentas podrán cargar mensualmente a las subcuentas de ahorro para el retiro, la comisión máxima que por manejo de cuenta determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. La tasa de interés pagadera al trabajador, una vez descontada la mencionada comisión no deberá ser inferior a la mínima señalada en el tercer párrafo del artículo 90 Bis-I.

El saldo de la subcuenta del Fondo de la Vivienda de las cuentas individuales devengará intereses en los términos del artículo 106.

Artículo 90BIS-K.- Las instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas, deberán informar al trabajador a quien le lleven su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, el estado de la misma, con la periodicidad y en la forma que al efecto determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Artículo 90BIS-L.- El trabajador podrá, en cualquier tiempo, solicitar directamente a la institución o entidad financiera depositaria el traspaso a otra institución de crédito o entidad financiera autorizada, de los fondos de su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, a fin de invertirlos en los términos establecidos en el presente Capítulo.

Ello, sin perjuicio de que la dependencia o entidad pueda continuar enterando las aportaciones en la institución o entidad financiera de su elección, la cual extenderá los comprobantes respectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 90 Bis-E, o bien de conformidad con lo señalado en las disposiciones de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Los trabajadores que decidan traspasar los fondos de su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro de una institución de crédito o entidad financiera autorizada a otra, pagarán, en su caso, como máximo, la comisión que determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Dicha comisión será descontada a los trabajadores del importe de los fondos objeto del traspaso, o bien, pagada por las instituciones o entidades financieras mencionadas según lo determine la Comisión.

Artículo 90BIS-M.- El trabajador tendrá derecho a solicitar a la institución de crédito o entidad financiera autorizada la transferencia de parte o la totalidad de los fondos de la subcuenta de ahorro para el retiro de su cuenta individual, a sociedades de inversión administradas por instituciones de crédito, casas de bolsa, instituciones de seguros o sociedades operadoras.

Sin perjuicio de lo anterior, la dependencia o entidad deberá continuar entregando las aportaciones respectivas en la institución de crédito o entidad financiera autorizada de su elección, para abono en la subcuenta de ahorro para el retiro del trabajador.

Para la organización y el funcionamiento de las sociedades de inversión que administren los recursos provenientes de las mencionadas subcuentas, se requiere previa autorización de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, quien la otorgará o denegará discrecionalmente. Estas sociedades de inversión se sujetarán en cuanto a: su organización, la recepción de recursos, los tipos de instrumentos en los que puedan invertirlos, la expedición de estados de cuenta y demás características de sus operaciones, a las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

En lo no expresamente previsto en este artículo y en las reglas a que se refiere el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Inversión.

El trabajador tendrá derecho a solicitar a la sociedad de inversión, la transferencia de parte o la totalidad de los fondos que hubiere invertido en términos del presente artículo a otra de las sociedades de inversión referidas o a la institución de crédito o entidad financiera autorizada que le lleve su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. El trabajador que se encuentre en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 90 Bis-O deberá solicitar a la sociedad de inversión de que se trate, la transferencia de los fondos respectivos a la institución de crédito o entidad financiera citada.

En caso de que el trabajador solicite la transferencia de fondos a sociedades de inversión, en los términos de este artículo, sólo responderán de los mismos y de sus rendimientos dichas sociedades de inversión.

Artículo 90BIS-N.- El trabajador podrá retirar el saldo de la subcuenta de ahorro para el retiro de su cuenta individual, siempre y cuando por razones de una nueva relación laboral, deje de ser sujeto de aseguramiento obligatorio del Instituto y dicho saldo se abone en otra cuenta a su nombre en algún otro mecanismo de ahorro para el retiro de los que al efecto señale la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Artículo 90BIS-Ñ.- El trabajador tendrá derecho a solicitar la contratación de un seguro de vida o invalidez, con cargo a los recursos de la subcuenta de ahorro para el retiro, en los términos que al efecto determine la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Las instituciones de seguros no podrán otorgar préstamos o créditos con cargo a dichos seguros.

Artículo 90BIS-O.- El trabajador que cumpla sesenta y cinco años de edad, o adquiera el derecho a disfrutar una pensión por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada, invalidez, incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial del 50% o más, en los términos de esta Ley o de algún plan de pensiones establecido por la dependencia o entidad de que se trate, tendrá derecho a que la institución de crédito o entidad financiera autorizada que lleve su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, le entregue por cuenta del Instituto, los fondos de la misma, situándoselos en la entidad financiera que el trabajador designe, a fin de adquirir una pensión vitalicia, o bien, entregándoselos al propio trabajador en una sola exhibición.

El trabajador deberá solicitar por escrito a la institución de crédito o a la entidad financiera autorizada la entrega de los fondos de su cuenta individual, acompañando los documentos que al efecto señale la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Los planes de pensiones a que se refiere el primer párrafo, serán sólo los que cumplan los requisitos que establezca la citada Comisión.

Artículo 90BIS-P.-Tratándose de incapacidades temporales del trabajador, si éstas se prolongan por más tiempo que los períodos de prestaciones fijados por esta Ley, éste tendrá derecho a que la institución de crédito o entidad financiera le entregue, por cuenta del Instituto, una cantidad no mayor al 10 por ciento del saldo de la subcuenta de ahorro para el retiro de su cuenta individual. Para tal efecto, el trabajador deberá proceder en los términos a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 90 Bis-O.

Artículo 90BIS-Q.- Durante el tiempo en que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral tendrá derecho a:

I. Realizar aportaciones a su cuenta individual siempre y cuando las mismas sean por un importe no inferior al equivalente a cinco días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Lo anterior, sin perjuicio de que las instituciones de crédito o entidades financieras autorizadas puedan recibir aportaciones por montos menores. Estas cuentas quedarán sujetas, en lo conducente, a las disposiciones establecidas en este Capítulo; y

II. Retirar de la subcuenta de ahorro para el retiro de su cuenta individual una cantidad no mayor al 10 por ciento del saldo de la propia subcuenta.

El derecho consignado en esta fracción, sólo podrán ejercerlo los trabajadores cuyo saldo de la subcuenta de ahorro para el retiro, registre a la fecha de la solicitud respectiva una cantidad no inferior equivalente al resultado de multiplicar por dieciocho el monto de la última aportación invertida en la subcuenta de que se trate, y siempre que acredite con los estados de cuenta correspondientes, no haber efectuado retiros durante los cinco años inmediatos anteriores a la fecha citada. El trabajador deberá presentar la solicitud respectiva de conformidad con lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 90 Bis-O.

Artículo 90BIS-R.- Los trabajadores tendrán en todo tiempo el derecho de hacer aportaciones adicionales a su cuenta individual, ya sea por conducto de la dependencia o entidad al efectuarse el entero de las aportaciones, o mediante la entrega de efectivo o documentos aceptables para la institución o entidad financiera que los reciba.

Artículo 90BIS-S.- El trabajador titular de una cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, deberá a la apertura de la misma, designar beneficiarios. Lo anterior, sin perjuicio de que el cualquier tiempo el trabajador pueda sustituir a las personas que hubiere designado, así como modificar, en su caso, la proporción correspondiente a cada una de ellas.

En caso de fallecimiento del trabajador, la institución de crédito o entidad financiera respectiva entregará el saldo de la cuenta individual a los beneficiarios que el titular haya señalado por escrito para tal efecto, en la forma elegida por el beneficiario de entre las señaladas en el artículo 90 Bis-O. La designación de beneficiarios queda sin efecto si el o los designados mueren antes que el titular de la cuenta.

A falta de los beneficiarios a que se refiere el párrafo anterior, dicha entrega se hará conforme a lo dispuesto en el artículo 501 fracciones I a IV de la Ley Federal del Trabajo. A falta de las personas a que se refieren estas fracciones, el instituto será el beneficiario.

Los beneficiarios deberán presentar solicitud por escrito a las instituciones de crédito o entidades financieras, en los términos señalados en el penúltimo párrafo del artículo 90 Bis-O de esta Ley.

Artículo 90BIS-T.- Las cantidades que corresponda a los trabajadores y a sus beneficiarios conforme al presente Capítulo. Son inembargables. Sólo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo pueden embargarse por la autoridad judicial los recursos a que se refieren los artículos 90 BIS-O, 90 BIS-P, 90-BIS-Q fracción II y 90 BIS-S, hasta el 50 por ciento de su monto.

Lo señalado en el párrafo anterior, no autorizan bajo ningún concepto el retiro de los recursos en plazos y condiciones distintos a los establecidos en este Capitulo.

La nueva ley del ISSSTE, al aplicárseme en forma retroactiva, borra de un plumazo todos los derechos adquiridos de que venía disfrutando en términos de los numerales transcritos, generándome los consiguientes perjuicios.

 

En otro orden de ideas, la anterior ley del ISSSTE establecía en sus artículos 3º fracción X, 87 y 88, lo siguiente:

Artículo 3o.- Se establecen con carácter obligatorio los siguientes seguros, prestaciones y servicios:

X. Indemnización global;

Artículo 87.- Al trabajador que sin tener derecho a pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicio, cesantía en edad avanzada o invalidez, se separe definitivamente del servicio, se le otorgará en sus respectivos casos, una indemnización global equivalente a:

I. El monto total de las cuotas con que hubiese contribuido de acuerdo con las fracciones de la II a la V del artículo 16, si tuviese de uno a cuatro años de servicios;

II. El monto total de las cuotas que hubiese enterado en los términos de las fracciones de la II a la V del artículo 16, más 45 días de su último sueldo básico según lo define el artículo 15, si tuviese de cinco a nueve años de servicios; y

III. El monto total de las cuotas que hubiera pagado conforme al mismo precepto, más 90 días de su último sueldo básico, si hubiera permanecido en el servicio de diez a catorce años.

Si el trabajador falleciere sin tener derecho a las pensiones mencionadas, el Instituto entregará a sus beneficiarios, en el orden establecido por el artículo 75, el importe de la indemnización global.

Artículo 88.- Sólo podrá afectarse la indemnización a que se refiere el artículo anterior en los siguientes casos:

I. Si el trabajador tuviese algún adeudo con el Instituto; y

II. Previa orden de las autoridades competentes y cuando al trabajador se le impute algún delito con motivo del desempeño de su cargo y que entrañe responsabilidad con la dependencia o entidad correspondiente. En este caso se retendrá el total de la indemnización hasta que los Tribunales dicten fallo absolutorio y, en caso contrario, sólo se entregará el sobrante, si lo hubiere, después de cubrir dicha responsabilidad. Si el trabajador estuviere protegido por algún fondo de garantía, operará éste en primer término. En el caso del último párrafo del artículo anterior, la indemnización global sólo podrá afectarse para cubrir los adeudos que tuviese para con el Instituto hasta la fecha de su muerte.

 

OCTAVO

 

Los artículos CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO SEXTO y VIGÉSIMO SÉPTIMO transitorios de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente a partir del 1 de abril de 2007, son violatorios de mis garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que, transgrediendo su naturaleza misma de norma instrumental con carácter accesorio y temporal, pretenden regular cuestiones que están fuera de su alcance material y de lo que debe ser su contenido, al

 

·        desconocer derechos adquiridos,

·        establecer excepciones arbitrarias al principio de no retroactividad, y

·        crear y extinguir instituciones.

 

En efecto, conforme a la doctrina existente sobre la naturaleza de los artículos transitorios, este tipo de normas

 

·        son accesorias del articulado de la ley en la que se incorporan;

·        su objetivo es únicamente ser instrumentos para aplicar dicha norma;

·        constituyen un accesorio de la ley misma y, por eso:

·        no pueden tener vida independiente;

·        su contenido no puede ni debe desconocer derechos adquiridos,

·        su contenido no puede ni debe establecer excepciones al principio de no retroactividad,

·        su contenido no puede ni debe crear o extinguir instituciones

·        su contenido no puede ni debe contemplar excepciones de aplicación de la norma con carácter definitivo o permanente pues, de lo contrario,

·        resultan ser inconstitucionales al estar desvirtuada de su objeto.

 

Como se puede advertir de una simple lectura, los artículos CUARTO, QUINTO, SEXTO, SÉPTIMO, OCTAVO, NOVENO, DÉCIMO, DÉCIMO SEGUNDO, VIGÉSIMO SEXTO y VIGÉSIMO SÉPTIMO transitorios de la ley del ISSSTE vigente a partir del 1 de abril de 2007, los mismos son inconstitucionales, además de las razones antes aducidas, porque contemplan aspectos que solo pueden ser considerados en el contenido de la propia ley y no en una norma transitoria porque, como se dijo con antelación, no se nos respetan los derechos de los trabajadores que iniciamos a laborar bajo la vigencia de la ley hoy abrogada, sino que se crea un nuevo orden jurídico, al que constitucionalmente se le pretende someter. Un aspecto importante de esta violación lo constituye el artículo DÉCIMO transitorio, en el que se contemplan aspectos sobre pensiones, que no pueden ser tratados en dichos transitorios en virtud de que se desconocen derechos adquiridos que se regulaban en la anterior ley del ISSSTE; plantean la aplicación retroactiva de la nueva ley y, sobretodo, se crea un nuevo sistema pensionario, mezcla de la anterior con algunas modificaciones en relación a la edad y tiempo de cotización que se debe reunir; los artículos SEXTO y VIGÉSIMO SÉPTIMO transitorios establecen un nuevo esquema para los recursos del sistema de ahorro para el retiro que he venido gozando. Los artículos CUARTO y QUINTO transitorios contemplan la posibilidad de optar por alguno de los dos esquemas para la jubilación, los cuales son diferentes al contemplado en la ley anterior y al de la nueva ley.

 

 

SUPLENCIA EN LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA

 

Con fundamento en el artículo 76 BIS fracción IV de la Ley de Amparo ruego atentamente a Su Señoría tenga a bien aplicar en mi favor y beneficio la suplencia en la muy lógica y explicable deficiencia de la queja en el presente asunto, en virtud de que el suscrito quejoso, como he dejado acreditado con la Constancia de Servicios que en original y copia exhibo con este escrito inicial, soy trabajador al servicio de una institución educativa pública y, por tal motivo, afliado al régimen de la ley del ISSSTE, la cual causa afectaciones a mis derechos, y toda vez que por disposición del propio artículo 123, apartado B de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley combatida es reglamentaria de dicho precepto, estamos evidentemente ante la presencia de un asunto laboral. Al efecto es aplicable la siguiente tesis:

 

No. Registro: 200,727

Jurisprudencia

Materia(s): Laboral

Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

II, Septiembre de 1995

Tesis: 2a./J. 39/95

Página: 333

 

SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS.- La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATANDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA", establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones.

 

Contradicción de tesis 51/94. Entre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito. 2 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

 

Tesis de Jurisprudencia 39/95. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión pública de dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco, por cinco votos de los Ministros: Presidente: Juan Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

 

 

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a los artículos 122 y 124 de la Ley de Amparo, solicito atentamente a Su Señoría se otorgue, en mi favor y beneficio, la SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, PRIMERO LA PROVISIONAL Y EN SU OPORTUNIDAD LA DEFINITIVA, ésta una vez que se haya sustanciado el Incidente relativo. Dicha suspensión es solicitada por lo que respecta a todas las consecuencias de hecho y de derecho derivadas en el futuro, de la aprobación, expedición, promulgación, refrendo y publicación del citado decreto que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil siete, las cuales todavía no constituyen eventos acontecidos, pero que en cualquier momento pueden ser objeto de ejecución por parte de las autoridades señaladas como responsables. Dicha suspensión tendrá el efecto de que, por lo que hace exclusivamente a los artículos de la ley combatida que se reclaman de inconstitucionales, las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban antes de su entrada en vigor, sin que se lleve a cabo la ejecución de los mismos, hasta en tanto se resuelva en definitiva el amparo solicitado y de forma específica para que no seamos objeto de imposición de actuaciones ilegales por parte de las autoridades responsables, hasta la total terminación del juicio que se promueve.

 

Es procedente otorgarme la suspensión solicitada al no verse afectado el interés social ni contravenirse disposiciones de orden público, además de que, en el caso de negárseme dicha suspensión podría ejecutarse el acto reclamado causándome daños o perjuicios de imposible reparación. Por otra parte, los actos reclamados constituyen una restricción de mis derechos y garantías constitucionales, lo cual en un estado de derecho no se puede ni se debe permitir.

 

Para fortalecer la solicitud de suspensión de los actos reclamados que se formula, se invoca el criterio sostenido en la jurisprudencia y tesis que a continuación se reproducen:

 

SUSPENSION CONTRA UNA LEY.- Es procedente la que se pide contra una ley cuyos preceptos, al promulgarse, adquieran el carácter de inmediatamente obligatorios, que se ejecutarán sin ningún trámite y serán el punto de partida para que se consumen, posteriormente, otras violaciones de garantías.

 

Quinta Época:

Tomo II, página 1192.- Hijos de Ángel Días Rubín.

Tomo II, página 1192.- Valentín Alonso y Cía.

Tomo II, página 1192.- Gavito Vd de Amaviscar Encarn.

Tomo II, página 1192.- Duarte, Enrique.

Tomo II, página 1192.- Julio Ferrer, S. en C.

 

No. Registro: 375,919

Tesis aislada

Materia(s): Laboral

Quinta Época

Instancia: Cuarta Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

LXXIV

Tesis:

Página: 591

 

SUSPENSION CONTRA UNA LEY.- Conforme a la jurisprudencia de la Corte, la suspensión contra una ley es procedente, cuando al promulgarse, los preceptos de ella adquieran el carácter de inmediatamente obligatorios, o sea, que se ejecutarán sin ningún trámite y serán el punto de partida para que se consumen posteriormente otras violaciones de garantías.

 

Amparo en materia de trabajo. Revisión del incidente de suspensión 1389/42. Compañía Manufacturera de Driles y Lonas, S. A. 7 de octubre de 1942. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Hermilo López Sánchez. Relator: José María Mendoza Pardo.

 

 

D      E      R      E      C      H     O     :

 

Son aplicables al presente Juicio de Amparo, además de los preceptos constitucionales violados y que han sido precisados en los conceptos de violación que anteceden, los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 1º fracción 1, 2º, 3º, 4º, 5º. 8º. 11, 12, 14, 22-1, 23, 24, 114, 116 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo en vigor.

 

Por las razones contenidas en la presente demanda de garantías, resulta absolutamente evidente la inconstitucionalidad de los actos reclamados que se combaten, solicitando me sean restituidas mis garantías individuales.

 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted, CIUDADANO JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, de manera atenta y respetuosa

 

 

P      T      D      O     :

 

 

PRIMERO.- Haberme por presentado con este escrito, copias de ley y documentos anexos, que cito y exhibo en original y copia, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados de las autoridades señaladas como responsables, para los efectos especificados en los capítulos correspondientes,

 

SEGUNDO.- Ordenar la formación del incidente respectivo, sirviéndose fijar día y hora para la celebración de la audiencia constitucional.

 

TERCERO.- Ordenar que, previo cotejo y certificación en autos de las documentales consistentes en las confirmaciones de avisos de baja y alta del ISSSTE que exhibo con este escrito inicial, me sean devueltos los originales.

 

CUARTO.- Concederme de plano la Suspensión Provisional de los actos reclamados y, una vez sustanciado el incidente respectivo, la definitiva, ordenando la expedición, a costa del suscrito quejoso, de una copia certificada de las resoluciones correspondientes.

 

QUINTO.- En su oportunidad, concederme el amparo y protección de la Justicia de la Unión

 

Atentamente.

PROTESTO LO NECESARIO

Chetumal, Quintana Roo, mayo 9 de 2007

 

 

 

 

 

GUILLERMO MAGAÑA ROSAS 

 




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