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MANIFIESTO DE AGE

LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA DEL PSOE: INÚTIL E IMPOSIBLE

¿Ley de la memoria histórica? ¿Oportunismo parlamentario o contumacia del PSOE y el gobierno? Es difícil comprender cual sea el interés del gobierno por sacar una Ley que nace muerta, a contracorriente, cogida con alfileres, provocando más tensiones y enfrentamientos de los que dice querer resolver y sin verdadero apoyo parlamentario.

Nace muerta porque deja el problema principal que urge resolver exactamente igual que estaba y por tanto la polémica seguirá exactamente igual que hasta ahora, incluyendo cada día más a la Constitución, la Corona y la Iglesia.
Nace a contracorriente porque se hace por el gobierno contra la opinión de todos los demás grupos parlamentarios y contra la opinión de la casi totalidad de las organizaciones sociales que se ocupan del tema.

Nace cogida con alfileres porque se lleva a votar in extremis forzando a Izquierda Unida y a nacionalistas democristianos a cambio de concesiones económicas y sin contrapartidas políticas reales, con lo que sólo consigue deslegitimar a esos grupos ante sus propios votantes y obligarles a disimular de forma un tanto vergonzante.

Nace provocando tensiones y enfrentamientos porque se la han situado al PP de la forma más fácil para levantar hipócritas polvaredas sobre la hecatombe que vienen anunciando, desde que perdieron las elecciones, por cualquier tema, sea el que sea, y estas campañas a estas alturas están haciendo enorme daño a la sociedad aunque ambos partidos, PP y PSOE, crean que a ellos les favorece.

Y nace sin verdadero apoyo parlamentario porque va a ser votada de forma sólo parcial y como mucho con el único apoyo a su totalidad de Izquierda Unida, y en ese caso en contra de su principal componente, el Partido Comunista.

La inmensa mayoría de los analistas ajenos al gobierno, e incluso muchos de los que dependen de él, piensan y declaran que es un manifiesto error la contumacia con la que el gobierno insiste en sacarla adelante. Aún nos preguntamos de qué se quieren beneficiar, qué quieren ocultar y por qué quieren ser cómplices.

Desde el punto de vista legal la Ley será llevada con toda seguridad por Asociaciones de Memoria Histórica y por numerosos grupos ciudadanos a los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos que con toda probabilidad la declararan ilegítima, tras una larga discusión que provocará más polémica interna y descalificará a sus promotores sea cual sea el fallo de estos tribunales.

Su redacción es pésima desde el punto de vista jurídico y administrativo y de un tenor parlamentario verdaderamente propio de un país de escasa tradición parlamentaria e incluso democrática.

¿Por qué entonces esa actitud que roza lo obsesivo por parte del gobierno? Sólo cabe una explicación, si bien resulta muy dudosa la eficacia de semejante estrategia. El PP reacciona de forma exaltada, agresiva y manifiestamente malintencionada. El Partido Comunista reacciona con dureza llevando prácticamente a la disolución final a Izquierda Unida. A los diputados nacionalistas vascos y catalanes parecería que les lleva a la votación la pareja de la Guardia Civil. Y dentro del propio PSOE se impone la estricta disciplina a la que sus militantes están tan bien acostumbrados desde los tiempos en los que Guerra decía aquello de que los que se muevan no salen en la foto.

Luego las luminarias gubernamentales aisladas de la realidad y recluidas en sus despachos de La Moncloa, han llegado a la conclusión de que con esta ley queda claramente demostrado que ellos y sólo ellos son el centro, y todos los demás son unos extremistas trasnochados. De esta manera creen escalar un peldaño más para asegurar su próximo triunfo electoral.

El error sería chocante si no fuera por el creciente aislamiento del gobierno, el enorme poder de una vicepresidenta profundamente escorada a posturas autoritarias y escasamente capaz del diálogo y de la consideración de cualquier postura ajena a las suyas, como así lo ha venido demostrando desde la presidencia de la Comisión Interministerial, ante la cual comparecimos todas las Asociaciones de Memoria Histórica y a las que después jamas se volvió a llamar para consulta, ignorando toda opinión a la hora de elaborar este perverso texto que conforma el Proyecto de Ley.

Su tesis es algo así como la de que lo correcto sería que en cada pueblo y ciudad hubiera un número parecido de calles y plazas dedicadas a Pasionaria, Negrín, Aguirre, Companys o Grimau, como a Muñoz Grandes, Alonso Vega, Carrero Blanco o el mismo dictador Franco. Esto es una posición claramente centrista, Claro está que ignorando los valores democráticos, pero eso sí, muy centrista. En consecuencia, y como ya hay muchas calles con nombres de exaltación de personajes antidemocráticos, ella defiende con entusiasmo que se pongan nombres de defensores de la democracia y la República.

En esta situación se impone aclarar que el triunfo del gobierno, si es que saca adelante la ley, habrá significado para sus eventuales socios parlamentarios un fracaso, especialmente por parte del PNV y de IU, cuya situación interior parecería hacerles poco aconsejable este extraño viaje. Claro está que a cambio van a recibir las importantísimas compensaciones en forma de devolución de patrimonio histórico, como también lo tiene ofrecido Unió Democrática, pero estos partidos deberían pensar que a partir de diciembre el gobierno actuará con el Parlamento disuelto y que difícilmente podrá devolver este patrimonio sin que el PP se oponga, incluso jurídicamente, y nadie garantiza que el gobierno que salga de esas elecciones vaya a querer o poder cumplir esos acuerdos.

De esta manera el acuerdo parece poco útil para estos partidos, salvo para los representantes de IU que puedan estar pensando en presentarse a las próximas elecciones por partido diferente al que ahora representan, como resulta obvio.

Todo esto respecto a la extraña situación política que se está creando en torno a este empeño del gobierno. En cuanto a la ley misma el problema es grave. La ley no declara nulos los procedimientos jurídicos sumariales de la dictadura, sino que pretende derogar una serie de decretos y leyes franquistas a las que además considera ilegítimas. Si son ilegítimas es porque tienen un defecto de origen –ser consecuencia de un golpe de Estado y de un simple triunfo militar en medio del auge de los fascismos en Europa- y por tanto son ilegales. Declárense entonces ilegales y por tanto nulas de pleno derecho. ¿O es que se quieren declarar ilegítimos por que se considera que la ilegitimidad no implica ilegalidad y por tanto no implica nulidad, y por eso se hace preciso derogarlas?

Porque la ley exige que sean los tribunales los que declaren ilegales y nulos, si así lo consideran, los juicios de cada una de las víctimas del franquismo, pero parece difícil que estos tribunales actúen así precisamente a partir de una ley que al declarar ilegítimos pero no ilegales los casos a juzgar, acepta una sólida base por la que escaparse de la declaración de nulidad de cada caso particular.

En todo caso la confianza de la ciudadanía en la justicia es algo cercano al cero absoluto, y especialmente en el tema de la memoria histórica, en la que ningún tribunal hasta la fecha ha aceptado hacerse cargo de ningún procedimiento por asesinato de ninguna víctima del franquismo, generalmente con trucos y salidas que van desde el autoritarismo hasta la siembra del miedo, claramente insultantes para la memoria de las víctimas. Y nosotros decimos con nosotros nuestros muertos.

No es tan complicado el problema. Probablemente sobra una ley como esta ya que la legislación penal y civil española actual incluye la aceptación del derecho internacional definido y vigente en el mundo desde los años 40 y especialmente desde los procesos de Nüremberg, que señalan con claridad la ilegalidad de todo el procedimiento jurídico español desarrollado por la dictadura franquista.

Por otra parte existe un protocolo para el levantamiento de cualquier cadáver que todo juez debe cumplir por ley. Ningún juez ha aceptado hasta la fecha cumplir las leyes vigentes en ese sentido en el levantamiento de los cadáveres de la dictadura. En el mismo sentido los códigos jurídicos vigentes deberían aplicarse para devolver a cada ciudadano víctima de la dictadura sus derechos pisoteados, pero son muy escasas las sentencias favorables a estas víctimas. Por último habrá que recordar que han pasado muchos años sin que estos graves problemas se resuelvan y las víctimas somos ya mayores o muy mayores y la mayoría es consciente de que morirán antes de que los jueces hayan dictado sentencias favorables, de buena o de mala fe. Aunque por ley de vida quedaremos los que podamos seguir reclamando justicia ante los tribunales internacionales, que no quepa la menor duda.

Por último es preciso aclarar que de forma torticera el gobierno ha hecho un totum revolutum de dos cosas que no deben contemplarse de igual manera: la Guerra Civil y la dictadura.

A nadie le puede parecer mal que se haga una ley sobre las consecuencias directas de la guerra, en la que se establezcan las normas que deben regir los cementerios de guerra, las consideraciones que se deben dar a los que quedaron heridos para siempre, a las víctimas directas de hechos de guerra, etc., punto en el que si puede ser razonable mantener un criterio de reconocimiento para quienes sean víctimas de estos hechos, luchasen en las filas que fuera. Ley que debe limitarse a este tipo de cuestiones que por cierto están todavía sin resolver en España.

Otra cosa es la dictadura y las víctimas del franquismo. Nadie puede hablar de dos bandos en la dictadura, salvo que deliberadamente quiere provocar engaño o sea declaradamente fascista y el otro bando sea el resto del mundo.

De esta manera debe quedar claro que lo que reclamamos las víctimas es una ley que aclare la situación de quienes fueron fusilados, encarcelados, exiliados, represaliados o vejados por la dictadura, no por la guerra, que debería en todo caso ser contemplada de forma singular y no intentar mezclarse con el fascismo triunfante durante cuarenta años.

Y si nos dicen que el Parlamento no puede aprobar una Ley que declare nulos los procedimientos sumariales de la dictadura precisamente por que el Parlamento y la Constitución se hicieron desde la herencia del franquismo y no desde la ruptura y por tanto se hicieron aceptando la propia legalidad franquista y transformándola cuidadosamente, les diremos que es obvio que el Parlamento puede aprobar lo que le de la gana, Y a ver quien se atreve por el contrario a llevar una ley aprobada así al Constitucional en defensa directa y clara de la dictadura franquista.

Quede claro pues que lo único que impide aprobar una ley de verdadera liquidación de nuestro triste pasado fascista es el exagerado número de diputados y cargos públicos de todos los partidos criados, educados, y a veces enriquecidos, gracias a la dictadura.

Sobran pues estas propuestas que nacionalistas y comunistas pagarán muy caro electoralmente a cambio de unas prebendas económicas que posiblemente no vean nunca. Y si en todo caso quiere hacerse una ley de memoria histórica para rescatar la memoria de la dictadura y sus víctimas todo es mucho más sencillo. Nuestro texto a continuación indica a qué creemos que debería limitarse tal ley. Es sumamente sencillo. Tendría exactamente la misma oposición rastrera del PP y el aplauso de los mismos partidos a los que el gobierno pretende llevar ahora a votar de mala manera una ley que se derrumba sola antes de aprobarse.
Madrid 10 de octubre de 2007

Dolores Cabra Loredo
Secretaria General

APOYOS Y COMENTARIOS:
age@derechos.org


REAL DECRETO 1891/2004, de 10 de septiembre, por el que se crea la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo.

Atendiendo al contenido de la proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados el 1 de junio de 2004, el Consejo de Ministros acordó, con fecha 23 de julio, constituir una comisión interministerial encargada de estudiar la situación de los que, como consecuencia de su compromiso democrático, padecieron actuaciones represivas durante la guerra civil y el franquismo, y hasta la restauración de las libertades democráticas, así como de proponer las medidas, legales o de otro tipo, que resulten necesarias para ofrecerles adecuado reconocimiento y satisfacción moral.

El acuerdo encomendó a la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia la elaboración, y elevación al Consejo de Ministros, del instrumento jurídico oportuno para la creación de la comisión, que estará integrada por los representantes ministeriales que determine dicho instrumento.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, con la aprobación previa del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de septiembre de 2004,

Artículo 1. Creación

1. Se crea la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la guerra civil y del franquismo, como órgano colegiado de los previstos en el artículo 40.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

2. La Comisión queda adscrita al Ministerio de la Presidencia, a través de su Subsecretaría.

Artículo 2. Funciones

Corresponden a la Comisión las siguientes funciones:

a) El estudio de carácter general de los derechos reconocidos a las víctimas de la guerra civil y a los perseguidos y represaliados por el régimen franquista, así como elaborar un informe sobre el estado de la cuestión.

b) Elaborar un informe sobre las condiciones que permitan el acceso a los archivos públicos y privados que resulten necesarios para llevar a cabo la finalidad perseguida.

c) Elaborar, para su elevación al Gobierno, un anteproyecto de ley en el que se regulen las medidas necesarias para ofrecer un adecuado reconocimiento y satisfacción moral a las víctimas.

d) Cualesquiera otras que la Comisión considere necesarias para lograr sus fines, siempre dentro del ámbito de sus competencias.

Artículo 3. Composición

1. La Comisión está compuesta por los siguientes miembros:

a) La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, que la presidirá.

b) El Subsecretario de la Presidencia, que actuará como vicepresidente.

c) El Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado.

d) El Secretario General para la Administración Pública.

e) El Director del Departamento de Relaciones Internacionales del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.

f) El Director General de Asuntos y Asistencia Consulares.

g) El Secretario General Técnico del Ministerio de Defensa.

h) El Director General de Costes de Personal y Pensiones Públicas.

i) La Secretaria General Técnica del Ministerio del Interior.

j) El Director General de Relaciones con las Cortes.

k) El Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

1) El Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

2. La secretaría de la Comisión será desempeñada por un funcionario de la Subsecretaría de la Presidencia, con voz pero sin voto.

3. Cuando lo aconsejen los asuntos a estudiar, el Presidente podrá convocar a las reuniones, con voz pero sin voto, a otros altos cargos de la Administración General del Estado y de las demás Administraciones, así como a los responsables de sus organismos públicos.

4. La Comisión deberá asegurar la audiencia y participación de las asociaciones u organizaciones sociales representativas de las personas afectadas o vinculadas a la problemática objeto de sus trabajos.

Artículo 4. Grupos de trabajo

La Comisión podrá crear grupos de trabajo, bajo la coordinación de uno de sus miembros.

Artículo 5.

Funcionamiento.

1. El funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo previsto en las normas contenidas en el capítulo 11 del título 11 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El Presidente establecerá el calendario de sesiones, el método de trabajo y, en general, decidirá sobre todos los aspectos que resulten necesarios para el buen funcionamiento de la Comisión.

3. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros de la Comisión podrán ser sustituidos por un representante del mismo ministerio, previamente designado por el miembro que vaya a sustituir.

Disposición adicional. Medios personales y materiales

La Comisión funcionará con los medios personales y materiales adscritos al Ministerio de la Presidencia.

Disposición final única. Entrada en vigor

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Dado en Madrid, a 10 de septiembre de 2004.
JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
Publicado en BOE núm. 227, pp. 31523 y 31524, 20sep04