LEY 8/1995, de 2 de mayo, del Deporte de la Comunidad de la Rioja.

 BOE 12-6-1995, nº. 139BO. 

A RIOJA 23-5-1995, núm. 64

 

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EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA

 

Sepan todos los ciudadanos que la Diputación General de La Rioja ha aprobado y yo en nombre de su Majestad el Rey y de acuerdo con lo que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo la siguiente Ley:

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

1. El deporte es uno de los fenómenos sociales más importantes que rodea la vida diaria del hombre moderno. Su importancia, en todo caso, resulta acreditada por su indudable significación en la sociedad actual tanto desde las perspectivas socio-cultural y educativa, como de la económica.

Desde el punto de vista de los valores que la práctica deportiva aporta a la convivencia social, el deporte se nos muestra como un inmejorable instrumento de cohesión social, de participación ciudadana y de desarrollo de la capacidad creativa; en definitiva, es cauce óptimo para la integración y para la promoción social.

En absoluto se puede despreciar el valor del deporte como adecuado instrumento protector de la salud física y mental de la ciudadanía y como medio que contribuye muy considerablemente a la mejora del grado de bienestar de las personas y en general de la sociedad. El deporte adecuadamente orientado es generador de salud y sirve, de manera insustituible, al desarrollo integral de la personalidad de los individuos y a la vertebración de la sociedad.

2. La Constitución Española de 1978 en su regulación del deporte parte indudablemente del hecho de la consideración del mismo como algo beneficioso para el ciudadano y tras él también para la sociedad. Su sola inclusión en el texto constitucional pone de manifiesto que el deporte se encuentra en plena sintonía con los valores y principios rectores de la sociedad española de nuestros días.

Así, y en línea con lo anterior, en el artículo 43.3 se procede al reconocimiento constitucional del deber de los poderes públicos de fomentar la educación física y el deporte como uno de los principios rectores de su política social y económica.

Por otra parte, la Constitución de 1978, en oposición al régimen anterior fundado en una concepción eminentemente centralista, opera una nueva estructura de la organización territorial del Estado. El reconocimiento a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española y la organización territorial del Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas afecta necesariamente al ámbito competencial y organizativo de la estructura de España.

De este modo, la Constitución recoge en sus artículos 148 y 149, respectivamente, las competencias de las Comunidades Autónomas y del Estado, de tal modo, que atribuye a las Comunidades Autónomas «la promoción del deporte y la adecuada utilización del ocio» (artículo 148, apartado 1, número 19). Es decir, las Comunidades Autónomas, incluida la de La Rioja, pueden asumir, desde ese momento, con carácter exclusivo competencias en materia deportiva.

3. En cuanto a la Comunidad Autónoma de La Rioja, ésta tiene, a tenor del artículo 8.1, apartado 16 del Estatuto de Autonomía, la competencia exclusiva en materia de promoción del deporte. Asimismo, la Comunidad Autónoma, mediante el Real Decreto 3023/1983, de 13 de octubre, asumió los servicios e instalaciones que fueron objeto de traspaso del Estado a La Rioja y que constituyeron sus medios operativos iniciales.

Desde ese momento y hasta ahora, en la Comunidad Autónoma se produce en el sector deportivo una importante producción normativa que ha pretendido la ordenación de los aspectos más relevantes en esta materia. Así, y en lo relativo al registro de asociaciones deportivas, se dictan el Decreto 39/1984 y la Orden de 11 de enero de 1985; en cuanto a las Federaciones Deportivas destacan el Decreto 2/1985 por el que se regula la actividad de las mismas y el Decreto 21/1992 dedicado a su financiación; en el ámbito de la Disciplina Deportiva destacan los Decretos 24/1986 y 58/1990 por los que respectivamente se crea el Comité Riojano de Disciplina Deportiva y se establece su régimen de funcionamiento; y por fin el Decreto 50/1993 de ordenación territorial deportiva de la Comunidad Autónoma.

No obstante el encomiable esfuerzo normativo realizado, el régimen jurídico-deportivo de la Comunidad Autónoma adolecía, sin embargo, de cierta fragmentación e incluso de cierto desorden como consecuencia evidente de la falta de una norma con rango de Ley que procurase una ordenación unitaria y sistemática del deporte riojano.

Así pues, esta Ley se promulga para desarrollar responsablemente una competencia exclusiva y su necesidad se justifica principalmente en los fundamentos siguientes:

1. En la necesidad de dar un tratamiento unitario y sistemático del deporte.

2. En razón del principio constitucional de reserva de ley en el derecho de asociación y en el derecho administrativo sancionador.

3. En la conveniencia de ofrecer desde esta disposición sectorial un adecuado sistema de protección de la salud a los deportistas y en general a los ciudadanos riojanos usuarios de actividades y prestación de servicios deportivos.

4. Sin duda, y antes de entrar en la exposición de su contenido, parece obligado manifestar que la presente Ley tiene una eminente vocación de permanencia y generalidad.

En el Título I se contienen, a partir de la determinación de su ámbito de aplicación (artículo 1), la descripción de los fines que se persiguen (artículo 3).

El apartado 2.º del artículo 1 de la Ley recoge una definición de deporte, no se trata de una definición técnica sino de una definición teleológica, tal y como corresponde a un texto de naturaleza legislativa. La pretensión última es definir con claridad cuál va a ser el objeto de la regulación de la norma, sin perjuicio de cuál sea el tratamiento científico que el deporte recibe de modo general.

5. El Título II se refiere a la distribución de funciones entre los diversos poderes públicos de la Comunidad Autónoma con competencias en materia deportiva.

Destaca en este título la declaración como principio de la necesaria colaboración y coordinación que ha de existir entre los diversos poderes públicos para la consecución de un adecuado sistema deportivo en la Comunidad Autónoma. Esta declaración no es sino otra manifestación del espíritu de colaboración y de participación que rezuma de continuo el articulado del texto legal y que implica de manera recurrente a todos los sectores públicos y privados que intervienen en el hecho deportivo.

La Ley, en el capítulo final de este título, concibe de forma novedosa para La Rioja el Consejo Riojano del Deporte como órgano consultivo de la Administración Autonómica, otorgándole especial protagonismo en la elaboración de disposiciones de carácter general.

6. El Título III de la Ley procede a determinar con bastante pormenorización en qué van a consistir concretamente las actuaciones que en los diversos ámbitos del deporte riojano han de llevar a cabo los poderes públicos.

En este sentido son objeto de tratamiento la actividad deportiva de recreación, la actividad deportiva dirigida a la competición, el deporte en edad escolar, el deporte de alto rendimiento en el ámbito de la Comunidad Autónoma y el deporte en la Universidad.

Destacan en este título dos aspectos: primero, el exhaustivo tratamiento que se efectúa en cuanto a los sistemas concretos de protección de la integridad y salud de los deportistas, y ello, aun con independencia del tipo de actividad deportiva que realicen, competitiva o no. Y segundo, la especial consideración de lo que la Ley denomina tecnificación de deportistas, a través de un verdadero sistema que tiene su arranque en las escuelas de iniciación y perfeccionamiento deportivo y prosigue en los centros regionales de tecnificación deportiva, todo ello bajo el amparo y el control del Centro Regional de Apoyo al Deportista.

Los sistemas de protección a los deportistas se reiteran en el texto legal y aparecen como un pilar básico de su regulación, desde las licencias deportivas reguladas en el Título V, pasando por la obligatoriedad, regulada en el Título VI, de ostentar la titulación deportiva que corresponda para realizar actividades y prestar servicios deportivos relacionados con la enseñanza y el entrenamiento deportivos y hasta la necesidad, recogida en el Título VII, de que las instalaciones de uso público se sometan a normas básicas de aplicación general.

7. El Título IV se dedica a la regulación de las entidades deportivas, soporte esencial del modelo deportivo que la Ley propone.

Especial trascendencia se otorga a las Federaciones Deportivas de La Rioja que son consideradas, por vez primera en el ordenamiento de la Comunidad, asociaciones de configuración legal cuyo ámbito territorial coincide con el de la Comunidad Autónoma, de naturaleza jurídico-privada y que ejercen por delegación funciones públicas.

En el mismo título se procede a la regulación básica del Registro General de Entidades Deportivas.

8. Especial importancia concede la Ley a la formación de los técnicos deportivos. En el Título VI la Ley proyecta la Escuela Riojana del Deporte con las concretas funciones, en colaboración con las Federaciones Deportivas de La Rioja, de planificación y coordinación de los programas de formación y reciclaje de técnicos deportivos en La Rioja.

9. El Título VII se dedica a las infraestructuras deportivas. Tal vez sea en esta materia donde la Ley lleva a cabo una regulación más innovadora.

En cualquier caso la regulación legal es fiel al objetivo de conseguir para La Rioja una adecuada, suficiente y equilibrada red básica de instalaciones y equipamientos deportivos. A tal efecto se prevén varias fórmulas que resultan complementarias para la consecución de este fin: primero, la elaboración de un Censo Regional de Instalaciones Deportivas que permita tener una conciencia actualizada de la realidad riojana en el ámbito de las infraestructuras deportivas; segundo, la aprobación de una Normativa Básica sobre Instalaciones Deportivas y tercero, la confección de un Plan Director de Instalaciones y Equipamientos Deportivos de La Rioja que permita, de acuerdo a las necesidades detectadas, programar racionalmente, con objetividad y eficacia las inversiones en este ámbito.

Especial importancia se otorga a la protección de los deportistas y ciudadanos en general usuarios de las instalaciones deportivas de uso público y posibles destinatarios de los servicios relacionados con la enseñanza y el entrenamiento deportivos dispensados en esas instalaciones. La finalidad de las medidas previstas en el artículo 84 de la Ley no pretenden sino, en todo caso, favorecer el acceso a la práctica deportiva de los ciudadanos de la Comunidad en las mejores condiciones de higiene y seguridad.

10. El Título VIII aparece dedicado a las medidas previstas para garantizar la eficacia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley.

Se concibe por vez primera una Inspección Deportiva encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en vigor, y por el adecuado destino de las subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Intervención General de la misma.

En el Capítulo segundo de este Título la Ley aborda cuanto se refiere al Régimen Sancionador Deportivo, dando cumplimiento a la exigencia constitucional de una norma con rango de ley que ampara la potestad sancionadora que la Administración Autonómica ejerce en materia deportiva.

11. Con el mismo objeto de dar cumplimiento al mandato constitucional de reserva de Ley, el Título IX se dedica a la regulación del Régimen Disciplinario Deportivo, derivado de la existencia de relaciones de sujeción especial en el referido ámbito. El mencionado régimen aparece dirigido a sancionar las concretas infracciones de las reglas de juego o competición y de la conducta deportiva cometidas en el ámbito del deporte organizado.

Por su parte, el Comité Riojano de Disciplina Deportiva, verdadera punta de lanza, desde su creación, de lo que denominamos justicia deportiva, no colmaba con plenitud la demanda de esa justicia por cuanto ésta es más amplia y englobadora de conflictos deportivos que el único de la Disciplina Deportiva.

Por todo ello, y sin perjuicio de la potestad jurisdiccional que corresponde exclusivamente en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, a los Juzgados y Tribunales, las competencias del mencionado Comité, circunscritas hasta ahora estrictamente a la disciplina deportiva, se amplían a los conflictos electorales federativos, a los conflictos con ocasión de la aplicación de las normas de competición federativas y al arbitraje en la conciliación extrajudicial deportiva. Esta asunción de nuevas funciones, además de las disciplinarias, obliga a una necesaria transformación de este Comité.

12. Resta por indicar que la regulación contenida en la Ley precisa de complementación por vía reglamentaria respecto de las cuestiones referidas en las disposiciones transitorias, en la disposición final primera y, en general, para cuantas sean necesarias en orden a su desarrollo y aplicación, quedando facultado el Consejo de Gobierno para acometer, en su momento, la iniciativa reglamentaria precisa. 

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