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El querellante en los delitos de acción privada Por Nicolás Haussler, otro miembro del Estudio

Introducción:

La génesis del proceso penal posee dos regulaciones que muestran modos no comunes de actividad, idónea para provocar el inicio del proceso penal. Una de ellas se refiere, a los procesos por delitos perseguibles por acción de ejercicio privado y otra al procedimiento fiscal preparatorio.
La acción por delito privado es una vía idónea para dar vida al primero de estos modos no comunes, que se encuentra previsto en escaso número de de sistemas legislativos penales. En nuestro país, corresponde procesalmente por responder a previsiones del derecho sustantivo .
En efecto, conforme al sistema establecido por el Código Penal argentino para el ejercicio de las acciones, la regla es que la acción penal debe iniciarse de oficio. El propio Código en el art 73 establece limitaciones sustanciales del poder que, como regla, tiene el Estado para investir a los órganos jurisdiccionales de la función de actuar el derecho penal.
Una de esas limitaciones se muestra en la titularidad para el ejercicio de la acción, otorgada por la propia ley de fondo, exclusivamente al particular ofendido. Con esa facultad excluyente de la actividad del Estado, se da vida a lo que la ley de fondo llama “acciones privadas” al establecer la excepción de la regla según la cual deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales.
La acción penal en su concepción unitaria, siempre es de naturaleza pública sea que se entienda, sustancialmente como procesalmente . Sin embargo, por delimitación del derecho material en determinados delitos, el órgano oficial queda excluido desde el punto de vista de la titularidad para ejercerla. El interés punitivo del Estado se subordina, con respecto a determinados delitos, al interés que el particular ofendido pueda tener para que se castigue al culpable, dejando en sus manos la acción para que la actividad jurisdiccional declare la culpabilidad, como presupuesto constitucional de la pena .
El Código penal enumera taxativamente y específicamente los delitos de acción privada. Solo el derecho sustancial puede establecer ese límite porque con él se otorga un poder dispositivo en la realización de la acción. A la ley procesal le está vedado ampliarlo, reducirlo o regularlo de manera tal que altere su esencia.
El art 73 del Código Penal, establece el ámbito de aplicación de este régimen excepcional para el ejercicio de la acción penal.

Concepto. Extensión.
La persecución penal privada, por lo expuesto, es una excepción a nuestro derecho penal, que como sistema parte de la regla que impone el monopolio acusatorio del Estado.
La prohibición del ejercicio de la acción penal por el órgano del Estado es absoluta en los delitos de acción privada, por lo cual no puede acusar el Ministerio Público Fiscal; quien puede querellar es el ofendido por el delito y en algunos casos a sus herederos forzosos guardadores o representantes.
El querellante exclusivo es el único que puede conducir el proceso como acusador, hacia la sentencia. Su falta de voluntad para continuar la persecución penal, conduce a la finalización de la misma. Los titulares de esta acción privada podrán ejecutarla ante los tribunales penales haciendo uso del derecho de querella, vale decir acusando en forma exclusiva.
El art 73 del CP, según la ley 24.453, llama acciones privadas las que nacen de delitos de calumnias e injurias, violación de secretos, salvo en los casos de los arts. 154 y 157, concurrencia desleal prevista en el art. 159 e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la victima fuere el cónyuge art. 4 inc 5° de la ley 13.944.
El inc. 1 del art 73 del Código Penal se refiere a las calumnias e injurias sin limitación alguna. De allí que estén comprendidos todos los delitos contra el honor previstos en los arts. 109, 110, 112 y 113 del CP, con las modalidades de los arts. 111, 114, 116 y 117 del mismo cuerpo legal. Las últimas reformas han dado mayor amplitud al número posible de figuras delictivas contra el honor, al captarse conductas genéricamente delictuosas y al distinguir las formas difamatorias de la calumnia y de la injuria, las que están punidas con mayor gravedad .
El inc. 2 del art 73 del Código Penal comprende las formas de violación de secretos contenidas en el Cap. III de los delitos contra la libertad, pero hace excepción de las previsiones contenidas en los art 154 y 157. Quedan comprendidas por lo tanto, las conductas delictivas que prevén los arts. 153, 155 y 156, referidas a la violación de la correspondencia en sus diversas formas de atentar contra ellas, a los casos de publicación indebida y a la violación del secreto profesional.
El inc. 3 del art 73 del Código Penal se refiere a la competencia desleal, prevista específicamente en el art. 159 que incluye los delitos contra la libertad de trabajo y asociación, que solo podían ser reprimida con multa, pero con las sucesivas reformas se le agregó también la pena de prisión.
Finalmente, el inc. 4 del art 73 del Código Penal incluye el cumplimiento de los deberes de asistencia familiar, pero limitado al sujeto pasivo: “solamente cuando la víctima fuese el cónyuge”. De esta forma se castiga al cónyuge, que se sustrae a prestar, al otro cónyuge no separado legalmente, los medios indispensables para su subsistencia aun sin mediar sentencia civil.

Naturaleza jurídica.
El juicio por delitos de acción privada, no es un típico proceso de partes, aunque se asemeja mucho a él. A pesar de tratarse de una persecución penal privada, no dispone de su propia punición ya que la pena es un instituto público. Es por ello, que los procesos por delitos de acción privada pueden ser caracterizada como semiacusatorios y no como acusatorios puros así lo determino la Cámara Penal de Santa Fe Sala I 4/12/89 en autos caratulados “Stochero de Rueda, Susana c/ Canaveri, Ricardo” .
Sin embargo, según Delmas-Marty “se acerca bastante al proceso acusatorio pues no resulta necesaria la persecución pública”. Teniendo cierta similitud con el proceso civil .
La querella es un acto solemne que contiene una imputación concreta de un hecho considerado delictuoso y captado por alguna de las figuras específicamente incluidas dentro de esta modalidad de la acción penal, dirigida contra persona física determinada.
El poder de querellar de manera exclusiva (con independencia del Ministerio Público Fiscal en los casos permitidos) es considerado como un verdadero derecho subjetivo concedido al particular por el derecho penal sustantivo .


El derecho de querella.
El derecho de acusar es el poder que la ley concede al particular, cuando sólo él tiene un interés comprometido en la persecución penal. La querella es el acto por el cual el particular ejerce su derecho de acusar, es decir, el acto por el cual el agraviado acusa a la persona a quien le atribuye responsabilidad penal. Esa querella es el primer acto del ejercicio de la acción; y dado que ella implica la expresión de un derecho, como es el de acusar, tiene un doble carácter: es dispositivo y vinculante.
 El carácter dispositivo de la querella aparece toda vez que depende del la voluntad del titular, iniciar o no iniciar la acción.
 El carácter vinculante está referido al efecto inmediato que produce el ejercicio del poder, en cuanto pone al tribunal en la necesidad imprescindible de proveer acerca del fundamento de la pretensión que se intenta hacer valer.
El procedimiento por delito perseguible por acción privada, se diferencia del procedimiento penal común por ser un procedimiento penal trunco, el cual prácticamente se agota en el debate. Carece de procedimiento preliminar y también de procedimiento intermedio es decir, el procedimiento nace con la acción del querellante y desemboca en el debate oral y publico, fuente de la sentencia.
Se podría decir, que la tarea de preparación es cumplida informalmente por el propio querellante, que carece del uso de la fuerza pública para llenar a cabo esa tarea; sin perjuicio de la investigación preliminar para individualizar al querellado o conseguir la documentación necesaria para el juicio de conformidad con el art. 426 del CPPN.
Sin embargo, existe una condición previa a la citación a juicio; la audiencia de conciliación, que busca acercar a las partes a fin de evitar la disputa judicial .

Legitimación activa.
La facultad de querellar depende del tipo de delito que analizamos: el cónyuge ofendido puede querellar en los delitos de violación de los deberes de familia. El agraviado o su guardador o su representante legal, en los delitos de violación de secretos y concurrencia desleal. El ofendido en los delitos de calumnias e injurias y si éste fallece puede continuar la acción los herederos forzosos, es decir su cónyuge, sus hijos nietos o padres sobrevivientes. (art 75 del C.P.)
El Dr. Maier considera que esto no significa que la ley proteja el honor de las personas muertas, cuando después de su muerte se las ha ofendido sino tan sólo, que la ley legitima al cónyuge y a los demás herederos forzosos para perseguir hechos punibles contra el honor del ofendido, cuando la ofensa sucedió durante la vida de quien luego falleció y este la ha iniciado .
A diferencia de lo que ocurre con los delitos de acción pública, en que la pretensión se caracteriza por su indivisibilidad; en estos delitos rige la regla inversa, mientras que en aquellos la acción debe comprender y extenderse a todos los partícipes del hecho, en los casos de acción privada el particular constituido en querellante exclusivo, puede elegir a quien persigue, es decir el ofendido tiene la posibilidad de querellar a alguno, de entre todos los responsables, por eso se dice que la pretensión es aquí divisible .
Cuando los querellantes fueran varios y hubiese identidad de intereses entre ellos, deberán actuar bajo una sola representación, la que se ordenará de oficio si ellos no se pusiesen de acuerdo. (Art 416 CPPN)
Otra singularidad, que presentan estos delitos, es que el ámbito de la decisión jurisprudencial no solo debe ceñirse a los actos afirmados por el acusador, sino también a la calificación asignada. Por ejemplo, no puede condenarse por calumnia si se imputó un único delito y sólo se querelló por injuria .
La doctrina y jurisprudencia se han planteado si tienen legitimidad para querellar las personas jurídicas. Lo único discutible se refiere a los delitos contra el honor. Este planteo no deviene de un desconocimiento general de la capacidad de ser ofendido de las personas jurídicas sino de una cuestión de carácter material, acerca de si el ordenamiento jurídico reconoce honor jurídicamente protegido a las personas jurídicas o si solo puede serlo cuando la ofensa referida a ella, alcanza a alguna persona de existencia visible.
Esta controversia, aún no ha sido resuelta ni por la doctrina ni por la jurisprudencia. Algunos tribunales, sostienen que las prohibiciones contra el honor se dirigen a proteger solo la honra de las personas de existencia visible y consecuentemente rechazan la legitimación para querellar por estos delitos, a las personas jurídicas.
El Dr. Maier considera que lo conveniente es unir la reacción judicial de la persona colectiva, unificando la reacción individual de las personas físicas que la dirigen o componen, cuando ello sea posible .

Capacidad.
Para entablar la querella se requiere capacidad civil, es decir, capacidad de hecho, que es la capacidad procesal. Aunque tengan legitimación para querellar por estos delitos, los incapaces no pueden hacerlo cuando dicha incapacidad sea absoluta. (art. 54 C.C.)
Será el representante legal quien quede habilitado, para actuar en lugar de los incapacitados, a quienes corresponde el carácter de parte.
La Corte Suprema ha entendido que “la incapacidad debe ser declarada previamente en el fuero civil” .

Tribunal de la querella.
La querella debe ser presentada ante el tribunal competente del poder judicial que corresponda. Quedan excluidos los órganos no jurisdiccionales, aunque desempeñen función penal. El tribunal debe ser competente en razón del territorio, de la materia y de la función, sin perjuicio del efecto que produce la conexión de causa.
Según el art 417 del CPPN, la acumulación de las causas por delitos de acción privada serán reguladas por las disposiciones comunes de los arts. 41 y 43 del CPP. Los delitos de acción privada no se acumularán con las causas incoadas por delitos de acción pública, porque estos deben precederlos ineludiblemente.
Sin embargo, se acumularan las causas por injurias reciprocas. Esto tiene por objeto facilitar la aplicación de lo dispuesto por el art 116 del CP, (según el cual “cuando las injurias fueren reciprocas, el tribunal podrá declarar exenta de penas a las dos partes o alguna de ellas”) en cuanto a la posible incidencia de una excusa absolutoria .

Iniciación de la querella.
La querella de acción privada se inicia con requisitos similares a los exigidos a la acusación en el procedimiento común. Es condición de admisibilidad determinar el nombre apellido y domicilio del querellante. Se trata del domicilio real, porque esta norma se integra con la del art 145, que obliga a constituir domicilio dentro del perímetro del juzgado, en la primera comparecencia.
El Código exige que en caso de actuarse bajo mandatario especial, éste agregue el poder a la querella.
Si bien es esencial la determinación del querellante, es posible que se desconozca el nombre real de quien va a ser querellado o su domicilio. En estos casos, la ley permite relevar al querellante de tal responsabilidad y aunque no conozca los datos precisos, debe realizar una descripción del querellado. De esta manera, la propia justicia, autoriza a realizar una investigación preliminar, tendiente a determinar los datos faltantes.
El querellante debe describir con exactitud el hecho que va a ser propuesto como objeto del debate y de la sentencia final. La querella debe contener los hechos lo más detallados posibles, es decir contener los hechos circunstanciados precisando lugar, fecha y hora en los que ocurrieron. Describir los hechos en forma circunstanciada es esencial, porque
obliga a la contraparte y al tribunal a ceñirse ellos.
Junto con la querella es necesario ofrecer prueba para el debate, pues si no ofrece en ese momento, no se la podrá ofrecer posteriormente.
En los juicios por calumnias e injurias la mayoría de los códigos modernos, exige al ofendido, acompañar con la querella el escrito que contenga esas calumnias o injurias en la que se funda la existencia del delito. En realidad, esta previsión se debería regir para toda la prueba documental en que se basa el ejercicio de la acción, al igual que la demás prueba, incluso, ofrecer la testimonial. El Dr. Clariá Olmedo, considera que sería más equitativo para las partes que la prueba no documental pueda ser ofrecida por el querellante en al misma oportunidad prevista para que el querellado, ofrezca su prueba de descargo o sea, durante el período de citación a juicio.
La falta de la incorporación de la prueba documental es muchas veces sancionada con la inadmisibilidad, sin embargo en estos procesos de acción privada nadie puede subrogarse el interés de las partes, cuando la instancia ha sido válida en lo elemental: identidad de los sujetos del proceso, descripción y adecuación legal de los hechos. La presentación de la documentación obra en interés de quien acciona y no en el del procedimiento. Hará al éxito de la querella, pero nunca de su admisibilidad .

Audiencia de conciliación.
Según el art 424 “presentada la querella, el tribunal convocará a las partes a una audiencia de conciliación a la que podrán asistir los defensores. Cuando no concurra el querellado el proceso seguirá su curso conforme a lo dispuesto por los arts. 428 y ss”.
La conciliación constituye una exigencia legal para que pueda desarrollarse eficazmente el juicio. Su fundamento consiste en poder evitar el juicio mediante la obtención de un advenimiento pleno entre querellante y querellado, lo que provoca la finalización del proceso. Obtenido este advenimiento corresponderá sobreseer al imputado sin que se desarrolle el juicio porque desaparece la imputación. Esto trae como consecuencia que no pueda volver a reiniciarse la causa sin transgredir el principio no bis in idem.
A diferencia de lo que ocurre en la legislación española en el derecho argentino, la conciliación es posterior a la querella ya admitida. La conciliación es un acto dentro del proceso en marcha constituyendo, si se quiere, un presupuesto de su desarrollo hacia la sentencia. La conciliación se resuelve dentro de una audiencia, ante el juez o el presidente del cuerpo colegiado. Antiguamente la conciliación solo se preveía para los delitos de calumnias e injurias; pero actualmente la etapa conciliatoria es un requisito común para todos los delitos perseguibles por acción de ejercicio privado .

Consecuencia de la conciliación. (Costas)
Según lo ya expresado, el objeto de la conciliación no es otro que el avenimiento de las partes para evitar el juicio. Si la conciliación entre las partes es total, se sobreseerá la causa y las costas serán por el orden causado. Si por el contrario, el demandado se retracta en la audiencia o al contestar la querella, se sobreseerá la causa y las costas serán soportadas por el querellado.
Si el querellante lo pidiera el tribunal podrá ordenar la publicación de la retractación de la forma que estime más conveniente.
Si el querellante considerara insuficiente la retractación o no acepta la retractación del querellante, el tribunal decidirá la cuestión.

Continuación del Juicio.
Si no hubiera habido conciliación o no hubiera concurrido el querellado sin justa causa o la retractación hubiera sido rechazada, continúa la querella. Luego del requerimiento, se convoca a todas las partes a juicio para que comparezcan y ofrezcan prueba. En los procesos por delitos de acción privada se cita al querellado para que en el término de diez días comparezca y ofrezca su prueba y presente las excepciones que crea conveniente. No corresponde plantear la recusación, porque quien juzga es el mismo juez ante el que se propuso la querella e hizo o intentó la audiencia de conciliación.
Si se hubiera ejercido la demanda civil, deberá contestarla dentro de los seis primeros días de la citación a juicio, con todas las variantes que la acción puede introducir.
Si hubiera tercero civilmente responsable, debe ser notificado paralelamente, para ejercer su derecho, en el mismo plazo. Una vez producidos todos esos actos preliminares la situación es igual a la del juicio común.
El juez deberá proveer la prueba ofrecida por las partes, con una restricción marcada para él, porque no podrá disponer del criterio de impertinencia o superabundancia de prueba, para negarla.
Tratándose de un sistema netamente acusatorio solamente podrán negar por auto fundamentado la realización de aquellos medios de prueba que sean sobre hechos notoriamente no articulados en la querella o rechazar los que sean manifiestamente inadmisibles, abiertamente dilatorios o absurdos. El rechazo de la prueba debe ser excepcional y lo más restringido posible.
La asistencia personal del querellado a la audiencia del debate es un requisito esencial, su ausencia injustificada podría conducir a una medida restrictiva de su libertad.
El presidente hará al querellado las advertencias de rigor y ordenará la lectura del escrito de querella con excepción de lo concerniente a los incisos 4, 5 y 6 del art. 418 del CPPN, relativos al ofrecimiento de prueba, demanda civil y firma.
Abierto el debate y planteada las cuestiones preliminares, el juez invitará al querellado a que declare con todas las garantías del art. 296. (El imputado podrá abstenerse de declarar. En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión.).
El querellado solo en los delitos contra el honor, tiene derecho a la retractación durante la audiencia de conciliación o al contestar la querella; luego de lo cual se pierde el derecho de retractación. Durante la declaración en el debate ( pero antes de la producción de la prueba y alegar sobre ella) el querellado tiene la oportunidad de formalizar su defensa ejerciendo su derecho a ser oído .

Finalización de la actividad.
La actividad del querellante finaliza normalmente con la sentencia de condena o absolución y eventualmente después de los recursos interpuestos por él o por el querellado después de la sentencia. El querellante no interviene en la ejecución penal, salvo para evitarla, al expresa su perdón y así extinguir la pena . La renuncia de la persecución penal antes o después de iniciado el procedimiento, siempre previo a la sentencia firme, extingue la acción penal y con ello obsta la punibilidad del eventual delito (art 59 del CP).

Desistimiento expreso.
El art 420 del CPP establece que “el querellante podrá desistir expresamente de la acción en cualquier estado del proceso, pero quedará sujeto a la responsabilidad emergente de sus actos anteriores”.
El desistimiento expreso se funda en lo dispuesto por el art 59 inc 4° del CP, que permite la renuncia del agraviado a sus derechos en los delitos acción privada. Puede desistir en forma expresa en cualquier estado del proceso especial, manifestando el deseo de no promover o de apartarse de la acción ya iniciada. El desistimiento implica una renuncia sustancial y por tanto, el efecto es el sobreseimiento del imputado, quien en el futuro podrá hacer valer el no bis in idem a su favor. El desistimiento no puede estar supeditado a condición, pero podrá hacerse expresa reserva de la acción civil emergente del delito, cuando ésta no haya sido promovida conjuntamente con la penal. Ello es así, porque si el acto del desistimiento se supeditara a cualquier tipo de condición no valdría como un desistimiento y la acción penal estaría pendiente. El Dr. Abalos considera que no es posible en el campo Penal o Procesal Penal condicionar la acción penal, a modo de convenio transaccional como si se tratara de una simple acción civil, la cual sí es perfectamente disponible por las partes .
La Cámara del Crimen y Correccional de Concepción del Uruguay, Entre Ríos; ha sostenido “el desistimiento de la querella por ser un acto unilateral, voluntario, no condicionado, susceptible de oposición y controversia y ajeno al orden público, tiene validez y proyecta sus efectos desde su formal incorporación al proceso. Producida ésta, no cabe admitir la retractación del querellante de su desistimiento (salvo causa de error, coacción, etc.) aún cuando este no haya sido proveído, pues la declaración del órgano jurisdiccional, al tener por apartado de la causa al querellante, en virtud de aquel acto, no implica ni ratificación ni convalidación ni interponer la “publicam protéstame” de dicho órgano para dar existencia o fuerza procesal a la renuncia de la acción…… una vez desistido el querellante no puede volver a asumir ese papel en la misma causa”.

Desistimiento Tácito (renuncia)
Según el art. 422: Se tendrá por desistida la acción privada cuando:
1º) El querellante o su mandatario no instaren el procedimiento durante sesenta (60) días.
2º) El querellante o su mandatario no concurrieren a la audiencia de conciliación o del debate, sin justa causa, la que deberán acreditar antes de su iniciación siempre que fuere posible y hasta los cinco (5) días posteriores.
3º) En el caso de las acciones por calumnias e injurias previstas en el Código Penal, habiendo muerto o quedado incapacitado el querellante, no comparecieren los legitimados para proseguir la acción, dentro de los sesenta (60) días de ocurrida la muerte o la incapacidad.
El desistimiento, ha sido declarado inconstitucional por la mayoría de las salas de las Cámara Nacional de Casación Penal, verbigracia en el fallo “Balza Martín A. s/ recurso de inconstitucionalidad” . Al adoptar ese camino el Tribunal Penal no ha hecho otra cosa que seguir la línea trazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el casos Mustazzi, Cesar, Fallo 178:31; Miranda, Luis Fallo 219:400; Vaca Narvaja, Hugo, Fallo 220:911.

La ley procesal Nacional tiene por desistida la acción penal, cuando ocurre lo que se denomina:
1- desistimiento por inactividad: Se trata de los casos en que el querellante no instan el procedimiento durante un lapso determinado de tiempo sin justa causa. Ese lapso para el Código Procesal Penal es de sesenta días. Esta inactividad puede deberse a varios factores y sin embargo la ley Procesal lo toma como renuncia a la pretensión represiva que se hace valer en la querella.
Según el Dr. Abalos esta norma es inconstitucional, por cuanto a pesar que la norma está incluida en un Código Procesal, es una norma de carácter sustantivo que regula el modo de extinción de los de las acciones penales y como sabemos los modos de extinción de la acción se encuentran regulados por el Código Penal. La norma procesal adolece lo que el Dr. Abalos llama “inconstitucionalidad indirecta” pues afecta una norma sustantiva de jerarquía superior que es el Código Penal y por arrogarse atribuciones del Congreso de la Nación al regular cuestiones de fondo de competencia exclusiva de este último .
Con respecto a la inconstitucionalidad de la renuncia tácita la jurisprudencia se ha mostrado vacilante. Algunos sostienen que se trata de un abandono de querella y por lo tanto han ordenado el archivo de las actuaciones hasta que se produzca la prescripción o el querellante antes que ello suceda, continúe impulsando el proceso. Otros sin embargo, también ven que se trata de un abandono del ejercicio de la acción pero dictan el sobreseimiento por haberse producido la extinción de la acción penal.

2- desistimiento por inasistencia: se trata de los casos en los que el querellante no concurren a la audiencia de reconciliación o del debate sin justa causa, la que deberá acreditar antes de la iniciación. El art 422 agrega “siempre que fuere posible y hasta cinco días posteriores”.
El presupuesto presume que ha ocurrido un acto fundamental que es la audiencia de reconciliación, a la que la parte no ha concurrido, lo cual hubiera dado la oportunidad a las partes a que concilien o se produzca la retractación.

3- Muerte o incapacidad: también sostiene la ley, que se tiene por desistida la acción privada cuando habiendo muerto o quedado incapacitado el querellante, no comparecieren los legitimados para proseguir la acción, dentro de los sesenta (60) días ocurrida la muerte o la incapacidad.
Se justifica la previsión del Código Procesal Nacional por cuanto el art. 75 del Código Penal prescribe que la acción por calumnias e injurias podrá ser ejercida sólo por el ofendido y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes.
También, respecto a la incapacidad, el art.76 se refiere a los demás delitos de acción privada sosteniendo que procederá por querella o denuncia del agraviado, o de sus guardadores o representantes legales supliendo estos al incapaz agraviado.

La renuncia o desistimiento de uno de los querellantes, en caso de legitimación conjunta para querellar o de conexión de causas, no perjudica a los otros querellantes y solo se extiende a los herederos del renunciante (art 75)en los casos del delito contra el honor, pues los demás delitos de acción privada no consienten la sucesión por muerte del derecho de querellar. La renuncia de uno de los sucesores en los delitos contra el honor, no perjudica a los otros, los cuales pueden continuar la acción entablada.


Efectos del desistimiento.
Tanto el desistimiento tácito como expreso traen como consecuencia la extinción de la acción penal, por cuanto se mantiene como la renuncia del querellante a la pretensión penal. Por tanto, se dicta sobreseimiento en la causa, imponiéndose las costas a cargo del querellante, salvo que éste y el querellado pacten otra cosa.
El sobreseimiento de la causa –sentencia absolutoria anticipada- aprovecha a todos los partícipes .
El Código torna posible que la renuncia se refiera particularmente, a una o a varias personas determinadas y el agraviado siga la persecución penal contra los demás imputados. Esto es solo plenamente compatible, con el régimen de la persecución penal privada, que fija una excepción a la ley procesal penal.
El sobreseimiento firme hace cosa juzgada material y por lo tanto el beneficiado puede oponer el non bis in idem a quien intente, en un nuevo juicio por los mismos hechos contra el querellado.

Responsabilidad
El querellante quedará sometido a la jurisdicción del tribual en todo lo referente al juicio por él promovido y a sus consecuencias de orden procesal, penal y civil.
La jurisprudencia ha establecido “el sometimiento tanto del procesado como del querellante particular a la jurisdicción del tribual que entiende en la querella, no es ni puede ser teórico, sino real y efectivo...”
El ofendido tiene la obligación de comparecer como testigo y de responder al interrogatorio, solo que “no se le requerirá juramento”. Este deber solo genera las responsabilidades previstas por la ley procesal: compulsión a comparecer coacto, costas que provocase y hasta su arresto, si su actitud persistiese en la audiencia, mediante su omisión a contestar el interrogatorio.
La ley prevé, en el art 248, el arresto por un tiempo limitado (máximo 24 horas) cuando exista la posibilidad de que el ofendido se sustraiga a esa obligación. La falta de juramento no exime, al ofendido, de contestar el interrogatorio de forma verdadera a cerca de los hechos contenidos en las preguntas que se le formulan. Afirmar una falsedad o negar la verdad dolosamente, aunque se le releve del juramento, constituye falso testimonio ya que la ley procesal erige al ofendido como una de las personas obligadas a comparecer para brindar su información en el debate. Sin embargo “nadie puede ser obligada a declarar contra si mismo” es decir, la persona no puede ser obligarla a dar una información que pueda perjudicarlo en alguno de sus intereses legítimos. Tiene derecho a callar la respuesta a una interrogación determinada, por ejemplo si perjudica su acción civil.
El querellante tendrá las facultades y obligaciones correspondientes al Ministerio Público Fiscal. Si el querellando o su representante no compareciera al debate el tribunal ordenará la postergación del mismo y cuando el querellando fuera detenido fijará nueva audiencia.
Según el art 531 del CPPN, el querellante asume la obligación cargar con las costas del juicio, en caso de ser vencido, salvo que el tribunal lo exima de la condena en caso de “haya tenido razón plausible para litigar".
Tanto en caso de desistimiento expreso o tácito conlleva el pago de las costas de la parte renunciante. El querellante debe además adelantar los fondos necesarios para la comparecencia al debate, de los testigos, peritos e interpretes en la forma prevista para el juicio común .
Sentencia. Recursos. Publicación.
Los procesos por delitos de acción privada, al carecer de etapa instructoria, casi no procede el recurso de apelación, por ende, el medio de impugnación más corriente es la casación, acorde a la instancia única que rige para este juicio. También resulta posible, utilizar el recurso de reposición durante el juicio y eventualmente el recurso de inconstitucionalidad.
Como lo establece el último párrafo del art 431, “en el juicio de calumnias e injurias podrá ordenarse, a petición de parte la publicación de la sentencia en la forma que el tribunal estime adecuada a costa del vencido”. Como en los procesos por delitos de acción privada el impulso de la acción le corresponde al querellante, perfil característico del principio dispositivo, la publicación solo puede ser ordenada a pedido de parte, y nunca de oficio por el juez .

Conclusión.
En síntesis, los delitos de acción privada constituyen una excepción al principio general en materia de persecución penal. Solamente el ofendido tiene derecho a promover y ejercitar la acción penal, con características opuestas a la acción pública. La acción privada es disponible, divisible y renunciable.
El proceso es manejado exclusivamente por las partes interesadas con la absoluta prohibición de participación por parte del Ministerio Público Fiscal.
El ejerció de la acción es voluntaria. El ofendido puede dirigirla contra todos los responsables o solo contra uno o alguno de ellos; esto surge como consecuencia del principio de disponibilidad de la acción.
Otra nota característica es la carencia de una investigación previa (instrucción); de modo que el juez dictará sentencia, solamente con la pruebas aportadas por las partes intervinientes. En cuanto a esta característica se asemeja a los procesos civiles, en los que los elementos a valorar para dictar sentencia son propuestos y ofrecidos por las partes en el período de prueba.
Se advierten para la acción privada, dos circunstancias que son excepcionales en nuestro derecho. Por un lado, estos procesos son acusatorios y a pesar de las amplias facultades del tribunal, éste debe abstenerse de utilizarlas para evitar nulidades. La segunda circunstancia, es que la renuncia sea expresa o implícita, constituye para el derecho, una nueva hipótesis en materia de extinción de la acción penal, constituyendo una excepción a nuestro sistema, cuya regla es el principio de legalidad.
En el juicio penal común, el juez tiene poderes autónomos de investigación y producción de medios de prueba, así también como de investigar a los testigos. Este sistema conlleva la ruptura del principio acusatorio, porque la actuación independiente del juez o tribunal, desequilibra la igualdad de las partes en el debate.
En el juicio por delito de acción privada, el juez debe respetar inexorablemente todas las reglas del sistema acusatorio y abstenerse no solamente del ejercicio de cualquier poder desequilibrante, sino de cualquier injerencia en la producción de medios de prueba, salvo casos excepcionales o extremos. Pero fundamentalmente, de ninguna manera debe intervenir en el interrogatorio de los testigos que será propio y exclusivo de las partes.
La violación de estas pautas será una causa de nulidad relativa de la intervención del juez, que importa la violación de la norma constitucional del debido proceso, constituyendo esta última, causa de nulidad absoluta.

Bibliografía.
Francisco J. D’Albora - Código Procesal Penal de la Nación .
Julio Maier - Derecho Procesal Penal Raúl
Raúl Washington Abalos - Derecho Procesal Penal
Miguel A. Radrizzani Goñi. - Los delitos contra el honor
Jorge A. Clariá Olmedo - El Proceso Penal
Núñez Derecho Procesal Penal
Jorge A. Clariá Olmedo La querella en los delitos de ejerció privado- J.A Doctrina 1970 Pág. 611 y ss
Delmas-Marty - Hacia un modelo europeo de un procedimiento penal- E.D. T180 Pág. 1076.
Fontán Balestra -Tratado de derecho penal.
Oscar A. Pellicori – La situación del imputado y el desistimiento tácito de la querella en los juicio por delitos de acción privada. J.A. 2002 – II -989.


     
     
   
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