Civiles y militares involucrados por crímenes en la costa atlántica en los '70

[Exclusivo para El Ortiba] Mar del Plata, ubicada en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, fue bautizada como "La Perla del Atlántico". Costa, playas, edificios del primer mundo, millones de personas disfrutando del ocio. Pocos imaginan que es una de las ciudades más castigadas por la represión. Quizás bajo las arenas de sus playas descansen los restos de muchos jóvenes. Civiles y militares en una conjunción poco veces vista operaron en la década del 70 para obtener ese resultado. En diálogo con EL ORTIBA, el juez Roberto Atilio Falcone reflexiona sobre estos hechos.

"Falta un compromiso mayor de la justicia para que las víctimas encuentren la reparación moral"

Pasado el tiempo del Juicio a las juntas militares innumerables dificultades ha encontrado la sociedad argentina para poder reconstruir su pasado en base a la verdad y a la justicia.

Las leyes de obediencia debida y punto final, sumadas a los indultos de fines de la década del 80 dictados por el presidente Carlos Menem beneficiando a cerca de 1200 personas, oscurecieron el panorama de esta tragedia argentina, cuyos coletazos pueden apreciarse aún en el presente.

La sensación de impotencia causada por la imposibilidad del juzgamiento de cientos de oficiales y suboficiales de fuerzas armadas y de seguridad, así como de civiles responsables de actos delictivos cometidos con la excusa de una guerra contra la subversión, provocaba creciente desánimo en los familiares de las víctimas, mientras solitarios organismos de derechos humanos libraban una tenaz lucha por encontrar el mecanismo adecuado para destrabar la situación.

En 1995 Carmen Aguiar de Lapacó, con el patrocinio del CELS, solicitó ante la Cámara Federal de Capital Federal se investigue el destino final de su hija o de sus restos, invocando el derecho a la verdad, al duelo y al respeto por los cuerpos. La Cámara libró un primer oficio al Estado Mayor del Ejército, con obvio resultado negativo: no había dato alguno que aportar.

El siguiente paso judicial tampoco tuvo eco: la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso interpuesto, y entonces la peticionante acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por el dictamen de la Comisión -febrero del 2000- el gobierno argentino se comprometió a garantizar el derecho a la verdad y a gestionar la normativa adecuada para que las cámaras federales tengan competencia exclusiva en la materia.

Dos años atrás la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata, junto a otros organismos de derechos humanos, se presentó ante la Cámara Federal de esa ciudad, solicitando se investigue las desapariciones ocurridas en su ámbito. El cuerpo judicial resolvió investigar no sólo el destino final de las personas sino todas las circunstancias de su desaparición. Así se abrió un proceso que involucra a más de 2000 hechos ocurridos en la zona.

El ejemplo se extendió rápidamente por todo el territorio nacional. Se abrieron los llamados juicios por la verdad y Mar del Plata comenzó también su proceso por el impulso de una red de organizaciones sociales y del propio colegio de abogados de la ciudad (no casualmente la causa lleva el nombre de "Colegio de abogados y otros s/desaparición forzada de personas"). El Tribunal Oral Federal fue el órgano judicial encargado llevar adelante esta tarea.

En estos procesos se recogieron testimonios que posibilitaron el conocimiento de los detalles de un sinnúmero de casos no tratados anteriormente. El cruzamiento de datos permitió avanzar en la búsqueda de personas, abriéndose un panorama insospechado en el tema.

El trabajo realizado tanto por la Cámara Federal de La Plata como por los juzgados federales de dicha ciudad ha sido enorme. En base a los estudios realizados por la APDH y en especial por la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos se pudo establecer el funcionamiento de centros clandestinos como "La Cacha", "Arana", "Comisaría Quinta", "Brigada de Investigaciones" entre otros, identificando a quienes sufrieron cautiverio y muerte en dichos lugares.

La tarea del fiscal Félix Crous permitió identificar a todos los represores actuantes en la comisaría 5º de La Plata, elaborándose el listado de todas las personas que habían pasado por allí, entre ellos los marplatenses Rubén Santiago Starita, Silvia Muñoz, Juan Carlos Abachian, etc. La sentencia del Juez Arnaldo Corazza contra los responsables fue confirmada por la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, procesándose a los represores Miguel Etchecolatz, Reinaldo Tavernero, Rodolfo Campos y otros por los delitos cometidos en la dicha dependencia policial. También se encuentran detenidos y en similares condiciones el sacerdote Wernich, el médico Bergez y varios policías más.

Las recientes investigaciones sobre el Centro Clandestino de Detención "Proto Banco", que funcionó en la zona entre 1974 y 1976, establecieron que por allí también habían pasado personas secuestradas en Mar del Plata como Gladys Noemí García, Gregorio Nachman y Nora Ester Román Guerrero, entre otras.

A su vez la labor de la Dirección General de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ha dado resultados excelentes, contándose en su sitio web con la nómina del personal policial que prestara servicios en diversas comisarias de provincia, datos estos de invalorable utilidad.

Ante todo ello, el panorama en Mar del Plata es distinto. Sumamente distinto.

Roberto Atilio Falcone es uno de los Jueces que componen el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. Se recibió de abogado en octubre de 1977 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y ejerció la profesión en la especialidad penal hasta el 14 de marzo de 1994, fecha en la que asumió la función de juez de Cámara. Actualmente a más de sus tareas judiciales, se desempeña también como profesor titular ordinario en la cátedra de Derecho Procesal Penal de dicha casa de estudios, cátedra a la que accedió por concurso de oposición y antecedentes.

Sus opiniones merecen más que una reflexión:

– El Juicio por la Verdad que se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal comenzó en octubre de 2000. Distintas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Colegio de Abogados y más de sesenta entidades solicitaron la apertura de un proceso tendiente a averiguar lo ocurrido durante el terrorismo de Estado. Concretamente se pedía que se identificara a los autores de delitos de lesa humanidad, se averiguara las circunstancias en que se produjeron las desapariciones forzadas de personas, dónde estuvieron alojadas, cómo fueron sus últimos momentos, se tratara de identificar los lugares donde yacen sus cuerpos. Todo ello encontraba fundamento en derechos reconocidos por convenciones internacionales de Derechos Humanos que garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva.
En casos de terrorismo de estado, este derecho a la tutela judicial implica la averiguación de todo lo concerniente a la desaparición forzada de personas como reparación moral de las víctimas, además también, como garantía de no repetición y de reprobación de tales prácticas aberrantes.
No bien se nos presentó la demanda bajo la forma de un amparo entendimos que debíamos darle curso. No obstante la Cámara Federal nos planteó una declinatoria de jurisdicción porque entendía que ella era la competente para juzgar tales casos.
Lo curioso es que desde el año 1995 tramitaba en Mar del Plata la causa 11.203 caratulada "Turón de Toledo María S/ Habeas Corpus, S/ Dcia por Desaparición Forzada de Personas" en la que se recibieron en los cinco años de su tramitación sólo seis testimonios, en algunos de los cuales ni siquiera se permitió la entrada de los abogados de los organismos de Derechos Humanos. En definitiva en Mar del Plata no se había hecho nada sobre este tema.
Ratificamos nuestra competencia y la Cámara Federal retiró la cuestión iniciándose de este modo la tramitación del histórico proceso.
Antes de continuar debo manifestarle que hemos tenido contratiempos de todo tipo en la tramitación de este proceso: denuncias, amenazas, campañas de difamación, y lo peor: la Cámara Nacional de Casación Penal al juzgar una apelación interpuesta por la Armada contra una medida cautelar, de oficio (es decir sin que nadie lo planteara) nos revocó la competencia. Sin embargo llevado el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por los abogados de los organismos de Derechos Humanos por unanimidad nos devolvió la competencia y la sustanciación del juicio.

– ¿En consecuencia usted advierte un panorama distinto en el avance de las causas con relación a la ciudad de La Plata?

– Lo ocurrido en Mar del Plata es muy diferente. En especial porque allí la Cámara Federal se comprometió activamente en la investigación de lo obrado durante el terrorismo de Estado. Los jueces Schiffrin y Reboredo abrieron investigaciones exhaustivas en las cuales se produjeron detenciones, se sugirieron hipótesis que luego los jueces federales se encargaron de investigar. La actividad procesal llevada a cabo en ese fuero ha sido incesante. Aquí por el contrario todo se hizo muy lento. Las causas que actualmente se tramitan son investigaciones abiertas por el Tribunal Oral, en las cuales, en algunas oportunidades dispusimos detenciones, pero que continúan en trámite con bastante lentitud.

– Mi experiencia personal indica que existen muchas declaraciones testimoniales efectuadas entre 1980 y 1984 en los Juzgados de Primera Instancia de Mar del Plata y que se hace dificultoso ubicarlas. ¿El Tribunal tuvo los mismos inconvenientes en reunir esas declaraciones?

– En Mar del Plata el Juicio por la Verdad ha implicado para los jueces que lo llevamos adelante un gran sacrificio personal. Cuando aparecieron civiles vinculados al terrorismo de Estado surgieron campañas de difamación orquestadas desde un semanario cuyos sostenes económicos aparecían mencionados en el juicio. Más aún, en la misma justicia federal de Mar del Plata durante el año 1975 trabajaban comandos operativos de la C.N.U, personajes siniestros que estuvieron presos por el asesinato de la estudiante marplatense Silvia Filler, razón por la cual imagínese que no hemos podido localizar ninguno de los expedientes que debieron sustanciarse con motivo de los asesinatos cometidos por dicha organización en Mar del Plata, donde actuaba en complicidad con la Triple A y fuerzas policiales.

Para que la gente tenga una idea -no usted que ha sido víctima del terrorismo de Estado y vivido en aquella época en la ciudad- le cuento que el día 21 de marzo de 1975 en represalia por el asesinato de Ernesto Piantoni, quien era el jefe de la C.N.U. local, se asesinan a cinco personas, Pacho Elizagaray, integrante de la JUP [Juventud Universitaria Peronista], sus primos, los hermanos Videla, el padre de éstos que salió a defenderlos del ataque armado y el médico Bernardo Goldember. Los asesinatos de la CNU-Triple A siguieron durante todo ese año 1975; el 9 de mayo fue secuestrada "Coca Maggi", decana de Humanidades -su cadáver en avanzado estado de descomposición fue encontrado el 23 de marzo de 1976 a instancias de un llamado anónimo-, también fueron asesinados Daniel Gasparri; fue fusilado en el campo municipal de deportes el padre de Eduardo Soarez quien estaba detenido en la seccional 2º de la policía local. El señor Soarez fue secuestrado de su domicilio luego de un intento frustrado de liberación de su hijo en el que muriera un oficial montonero y otro de la seccional 2º de policía. Soarez fue conducido por un joven de treinta años, visto por su esposa, a quien jamás se la convocó a testimoniar en la justicia federal, la que repito tenía trabajando a muchas personas de la C.N.U.

Como Ud. verá lo ocurrido en Mar del Plata es muy diferente a lo que sucedió en La Plata. Creo que en ningún juicio han salido tantos nombres de civiles como en el tramitado en Mar del Plata. Sobre todo en relación a "La noche de las corbatas". Por eso es que cuesta ubicar expedientes. Algunos aparecen sustraídos y hasta han desaparecido las hojas de seguimiento del libro de entrada de causas.

Sin embargo, los testigos, que nunca antes habían tenido la oportunidad de sentarse ante un Tribunal que los escuchase y que avanzara en la investigación han aportado datos importantísimos. A punto tal que se han podido establecer numerosas circunstancias que dieron origen a medidas cautelares (detenciones) en varios casos.

El diario La Nación del 4 de octubre de 2004 publica una denuncia que Juan Carlos Malaguni (jefe de la Base Naval de Mar del Plata en 1976) presentó contra los miembros del Tribunal Oral Federal por "Incumplimiento de los deberes de funcionario público, privación ilegal de la libertad y prevaricato".

– ¿Esta denuncia se refiere a la imputación que el Tribunal Oral Federal le efectuara al marino por su participación en el secuestro y desaparición de las estudiantes Iorio, Renzi y Retegui?

Efectivamente. El Tribunal ordenó la detención de varios jefes militares de aquella época al reunir evidencia que "prima facie" los vinculaba con desapariciones forzadas. Es prueba circunstancial, provisional, que fue recogida en las audiencias orales. En el caso que ud. menciona fuimos denunciados penalmente, y realmente no sé en qué estado está esa denuncia. Nosotros cumplimos con nuestra obligación funcional; en ese caso escuchamos testimonios de dos mujeres que fueron secuestradas con tres chicas que hoy están desaparecidas. No obstante le aclaro que lo dispuesto por el Tribunal era provisional, que no era prueba recibida en audiencia contradictoria, motivo por el cual el imputado es jurídicamente inocente. En un eventual juicio oral se determinará si es culpable o no.

Como antes le decía han sido muchas las presiones recibidas de parte de civiles y como en este caso por denuncias amplificadas en diarios de gran repercusión. Desde que se abrió el Juicio por la Verdad hemos sido denunciados en más de diez ocasiones ante el Consejo de la Magistratura, también penalmente, hemos sido demandados civilmente por sumas millonarias. Estas demandas todavía no han sido resueltas por los jueces federales de Mar del Plata en las que hemos planteado la inmunidad que nos garantiza la Constitución Nacional. Los jueces no podemos ser perseguidos ni demandados civilmente por lo que resolvemos. Pero de tanto en tanto recibimos alguna nueva denuncia.

– Otro caso en el que el Tribunal Oral Federal intervino es el de Ana Rosa Frigerio. ¿Las pruebas acumuladas tanto documentales como testimoniales atribuyen responsabilidad a los involucrados? ¿Qué camino están transitando estas actuaciones?

– El caso de Rosa Ana Frigerio ha sido tratado por el Tribunal. Se ha recibido prueba, entre ellas un informe de las autoridades militares que le contestan a una juez subrogante que estaba detenida en la Base Naval, imposibilitada de trasladarse por sí misma ya que se encontraba enyesada desde el cuello hasta los tobillos por un accidente automovilístico que había sufrido. Este informe se presentó en un recurso de Habeas Corpus que presentaron sus padres. Luego le informaron a su padre el número de la tumba del cementerio en el que se encontraban sus restos porque, según le dijeron al señor Frigerio, al acompañar al personal militar al lugar donde estaban sus compañeros, cayó muerta por el fuego abierto por éstos últimos. Toda la evidencia recogida la enviamos al juez de primera instancia para que de inicio al sumario penal correspondiente. Recuerdo que en este caso declaró un médico con estado militar que nunca había declarado, suministrando datos de gran interés para la orientación de la pesquisa. La causa sigue abierta, pero creo que lo mismo que en la causa "Malugani" los jueces están discutiendo quién es el competente. Más no le puedo decir porque eventualmente debo intervenir en el juicio oral que debería realizarse con motivo de este hecho.

– Doctor, de la documentación existente sobre las personas desaparecidas en esta ciudad, las pruebas apuntan a la participación de las Fuerzas Armadas en estos hechos. Pero siempre me llamó la atención el caso del matrimonio Roldán–Garaguso en el cual la Marina reconoce que sus efectivos procedieron a retirar los muebles del departamento que habitaban los esposos. Al inmueble ingresaron con las llaves originales. ¿Cómo es este caso?

– Efectivamente una de las fuerzas ingresó al departamento de los nombrados al día siguiente de su secuestro utilizando una llave que "prima facie" podría ser del matrimonio. En este caso también se recibió prueba testimonial, un certificado expedido por un integrante de una de las fuerzas que habría intervenido en el operativo del día siguiente al secuestro, evidencia documental que le remitimos al juez de primera instancia para que abriera una sumario penal por la desaparición forzada del matrimonio.

– Si bien "La Cueva" (CCD ubicado en la Base Aérea Mar del Plata utilizado por el GADA 601) cobró notoriedad por "La Noche de las Corbatas" observo que a partir de 1977 muy pocas personas han salido con vida de allí (entre ellas, como usted sabe, yo mismo). Bien, ese centro funcionó hasta los primeros meses de 1978. La señora Leda Barreiro, una de las últimas personas que pasó por el lugar, declaró que a esa época aún permanecía allí María Carolina Guitian de Jacue, actualmente desaparecida, y que siete meses antes (o sea julio de 1977) su hermana Susana Rosa, también desaparecida, estuvo en esa misma base aérea.  De todo esto, ¿surge la responsabilidad de los militares Barda y Arrillaga? ¿De ser así, doctor, cualquier persona de la calle se preguntaría: ¿Qué pasa, cómo es esta historia?

– Respecto de lo ocurrido en el centro clandestino de detención " La Cueva" puedo decirle que es cierto, que muy pocas personas salieron de allí con vida. El Tribunal recibió testimonios de detenidos antes de "La noche de las Corbatas", se pudo ubicar a quien "prima facie" estaba al frente del centro, se dispuso su detención y actualmente está detenido en una causa que tramita en primera instancia por lo ocurrido en "La noche de las Corbatas". También dispusimos la detención de los Coroneles Barda y Arrillaga por entender "prima facie" que podrían llegar a tener vinculación con los hechos. Las causas tramitan en primera instancia y es cierto que de alguna manera están demoradas.

– Amigos ex-detenidos efectuaron un minucioso trabajo sobre tumbas NN del Cementerio Parque de Mar del Plata con detalles de fechas, nombres, número de nichos y demás circunstancias. ¿Ha llegado ese documento a ustedes, pudiendo el Tribunal Oral Federal efectuar un mapeo de esta situación, o al momento esta parte de la causa avanza con pocos datos?

– Este tema está siendo objeto de investigación. Lamentablemente muchos cadáveres NN luego de los cinco años pasaron al osario y ya no es posible su identificación. Igualmente se han detectado graves irregularidades no sólo en las autopsias que se hacían en la morgue que funcionaba en el mismo cementerio, sino también respecto de documentación que llevaban interventores militares en el Cementerio Parque.

– A modo de conclusión ¿cómo ve el futuro de este proceso y cual sería su mensaje a la sociedad marplatense?

– Estamos haciendo todo lo posible por investigar todos los casos que los organismos de Derechos Humanos nos presenten. Hemos avanzado mucho, las líneas investigativas están abiertas, pero aún falta un compromiso mayor de la justicia para que las víctimas encuentren la reparación moral que merecen. No se olvide que parte de la responsabilidad de lo ocurrido recae en el propio Poder Judicial que se prestó mansamente a rechazar sin trámite alguno los miles de habeas corpus que se le presentaban. Los jueces no ordenaban instruír sumario penal alguno cuando el denunciante decía que un familiar fue secuestrado. Hoy se necesita como garantía de no repetición jueces con convicciones. Que se animen a exponerse a la calumnia a la difamación. La sociedad debe encontrar los caminos para que al Poder Judicial ingresen sólo los que tienen compromiso democrático. Hay que terminar con la justicia vista como carrera administrativa. Allí está la clave.


NOTAS
Concentración Nacional Universitaria, agrupación creada en la ciudad de La Plata en 1967 de tendencia ultra–falangista. En Mar del Plata se constituye en 1969, siendo sus integrantes casi todos estudiantes de la Facultad de Derecho. Varios de sus miembros fueron condenados por el asesinato de la estudiante Silvia Filler en 1971. Amnistiados durante el período del presidente Cámpora, algunos de sus componentes prestaron funciones en la Justicia Federal y más tarde distintos testimonios los sindican como apoyo civil de la unidad militar encargada de la represión en la ciudad, prestando tareas de inteligencia y señalamiento de "blancos a capturar", constituyendo la denominada "Comunidad Informativa", que integrarían junto a civiles de distintas tendencias ideológicas.

El 19 de septiembre de 1976 cinco estudiantes fueron secuestradas en Mar del Plata, entre ellas las nombradas. En el operativo intervinieron personas no identificadas, pero a los días efectivos de la Base Naval de Mar del Plata se hicieron presente en el departamento de las jóvenes retirando sus pertenencias. En la ocasión manifestaron a la dueña del inmueble que dos volvían, "...LAS OTRAS TRES NO VAN A VER NUNCA MAS LA LUZ DEL DIA". Sobrevivientes relatan haberlas visto aún en febrero de 1977 en la Base Naval.

Ana Rosa Frigerio fue vista con vida en la Base Naval por varios testigos durante muchos meses posteriores a su secuestro. El tema llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Caso Número 3358). El gobierno argentino con fecha 27-08-1980 contestó a la Comisión de la siguiente manera: "Fue detenida por fuerzas legales en agosto de 1976. Confesó su militancia en una banda de delincuentes terroristas, su decisión de abandonarla y colaborar suministrando información. Fue alojada en un establecimiento donde colaboró con el personal encargado de la acción-antiterrorista. El 08-03-1977 se realizaron recorridas por lugares que la joven y otro detenido señalaban como refugios de la banda. Al llegar a corta distancia de una casa los recibió una descarga de armas de fuego que ocasionó la muerte de Ana Rosa y del otro detenido. Ni una ni otra circunstancia fueron comunicadas en su momento a través de los medios normales por las medidas tácticas de contrainformación".(Informe de la CIDH sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina. Recientemente la Universidad Nacional de Mar del Plata ha editado un corto cinematográfico llamado "Metidos en algo" que refiere a esta joven.

Junio 2006
Carlos A.Bozzi
Abogado
Sobreviviente de La Noche de las Corbatas
carlosbozzi@hotmail.com