La economía en la época de Rosas
 

 
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En 1830 había ocurrido el debate entre Buenos Aires y Corrientes sobre proteccionismo o librecambio en las reuniones previas al Pacto Federal. Volvió a ponerse de actualidad con las cartas de Leiva y Marín publicadas por Quiroga en 1832. El “Lucero” dirigido por de Angelis atacó a Corrientes por las apreciaciones de Leiva sobre proteccionismo aduanero, y Ferré a nombre de la provincia que gobernaba contestó el 29 de octubre de 1832: "La América Argentina no tomó las armas ni ha combatido por la vana jactancia de verse libres de las restricciones del sistema colonial...¿Se ha derramado tanta sangre y habéis arrostrado los argentinos la amargura de todos los infortunios para ser perpetuamente la común factoría del antiguo mundo?".

En un folleto de 1832, anónimo, pero con el estilo de Ferré, se atacaba la campaña librecambista del “Lucero” con estas sensatas palabras: "...No puede ser que la benemérita Buenos Aires, cargada de laureles, hubiera derramado su sangre y sacrificado su fortuna para convertirse perpetuamente en un país consumidor de los productos manufacturados del mundo, porque esta posición es muy baja y no corresponde a la grandeza que la naturaleza le ha destinado. No puede ser que argentino alguno oiga sin irritación el proyecto de conspirar a que la nación, en la edad sucesiva de las generaciones, no sea más que una factoría que perteneciendo a todas las naciones del mundo, sea para ella misma un estado nulo, sin vigor y sin gloria propias...". La libre introducción de mercaderías extranjeras, que regía desde 1809, había llevado al marasmo a las actividades industriales del interior. Sus quejas fueron constantemente desatendidas por los directores. En 1829, bajo el interinato de Viamonte, empezó en Buenos Aires un tímido proteccionismo recargándose del 2 al 10 por ciento las tarifas aduaneras. Rosas durante su primer gobierno aumentó los aranceles a algunos productos para "proteger" -se usó el término- ciertas industrias porteñas, como la fabricación de sombreros y las tahonas de harina.
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Se explicó en la Junta el día 14 de noviembre de 1831, que la protección a los sombrereros -por un gravamen de $ 12 por pieza extranjera- no se extendía a las demás industrias del vestido porque aquéllos eran los únicos que trabajaban con materia prima del país y empleaban obreros criollos. La protección a los molineros -por decreto de Rosas de enero de 1831- se hacía por una tarifa móvil a la importación de harinas extranjeras, que contemplaba a la vez los intereses del productor y las conveniencias del consumidor. Cuando el precio del quintal era menor de $ 45, el arancel llegaría a $ 9, si el precio aumentaba el arancel disminuía a fin de no recargar el costo del pan de consumo.

La prédica de Ferré echó fruto. En enero de 1835 al discutirse en la junta porteña la prórroga para ese año de la ley de aduana del año anterior, que mantenía las líneas generales del librecambio, Nicolás Anchorena informó por la comisión que esa política "conciliaba los intereses económicos de la provincia con los fiscales".

Baldomero García le replicó que la posición política de Buenos Aires exigía contemplar primordialmente los intereses de las provincias interiores y propuso el proteccionismo sustentado por Ferré. Pero la mayoría legislativa se inclinó por Anchorena.

En abril asume Rosas con la suma de poderes. Por su orden, Roxas y Patrón sostuvo en 1830 el librecambio y durante su primer gobierno habían sido pocas las reformas a la ley arancelaria de Rivadavia. Tal vez era entonces, principalmente, un hombre de Buenos Aires que compartía el poder nacional con Quiroga y López; pero en 1835 Quiroga ha muerto, y López no tenía el poder de 1832.

Rosas, es ahora hombre de la Confederación y dueño virtual de sus destinos. Una de sus grandes condiciones -recalcada por Alberdi- es que "sabía escuchar" y rectificarse. En noviembre la Junta está en receso. Rosas hizo estudiar a su ministro de hacienda, Roxas y Patrón, una nueva Ley de Aduana para regir en 1836, que modificase radicalmente el régimen librecambista. En uso de la suma de poderes la promulga con su firma, refrendada por la de Roxas y Patrón. Después, al entrar en sesiones la junta el 31 de diciembre, la somete a su aprobación que naturalmente obtiene.

Un doble objeto tenía la ley: la defensa de las manufacturas criollas perseguidas desde 1809 y el nacimiento de una riqueza agrícola, imposibilitada por los bajos aranceles de los granos y harinas extranjeros. En el mensaje del 31 de diciembre, dando cuenta a la junta del dictado de la ley decía: "Largo tiempo hacía que la agricultura y la naciente industria fabril del país se resentían de la falta de protección, y que la clase media de nuestra población, que por la cortedad de sus capitales no puede entrar en empleos de ganadería, carecía del gran estímulo al trabajo que producen las fundadas esperanzas de adquirir con él medios de descanso a la ancianidad y de momento a sus hijos.

El gobierno ha tomado este asunto en consideración y notando que la agricultura e industria extranjeras impiden esas útiles esperanzas, sin que por ello reporten ventajas en la forma y calidad... ha publicado la ley de aduana que será sometida a vuestro examen por el ministro de Hacienda". La ley prohibía la introducción de las producciones extranjeras cuyos similares criollos estaban en condiciones de satisfacer el mercado interno: tejidos de lana y algodón, algunas manufacturas de hierro, hojalata y latón, aperos para caballos, pequeñas industrias domésticas como la elaboración de velas de sebo, escobas, artículos de hueso, etc., como también las hortalizas (menos papas y garbanzos) cuyo cultivo no era suficiente.
Gravaba con el 50 % a las papas, consideradas artículo de lujo porque podían sustituirse por otras hortalizas; a las sillas de montar inglesas, cervezas y demás artículos de prescindente necesidad. Con el 35% aquellos de producción nativa insuficiente, pero que convenía estimular: carpinterías, carruajes, zapatos, ropas hechas, artículos de cuero; y en alimentos, vinos y sus derivados, quesos, frutas secas, etc. Con el 25 % las que no se hacían o cultivaban en el país, y no eran sucedáneos de producciones vernáculas. La introducción de harinas era totalmente prohibida mientras no pasase de $ 50 la fanega. Se imponía un gravamen del 24 % al azúcar para estimular la naciente industria tucumana y correntina.

Las exportaciones se gravaban con el módico arancel del 4%, no aplicado a las producciones que salieran en buques del país para estimular su construcción, salvo los cueros cuya gran demanda en Europa los hacía pasibles de un gravamen del 25% que no pesaría sobre el productor criollo.

Pagaban el 10 %, como derecho al consumo, la yerba y tabaco traídos de Paraguay (considerados productos argentinos), Corrientes y Misiones; en cambio la yerba brasileña oblaba el 24%, como también los sucedáneos del mate (café, té, cacao). El tabaco extranjero pagaba el prohibitivo aforo del 35%. Las demás producciones, agrícolas o artesanales, nacionales no pagarían derechos, traídas en buques nacionales. Si la leña o carbón (de Santa Fe o Entre Ríos) llegase en buque extranjero oblaría el 17 % (2).

La ley no se limitaba a favorecer los intereses argentinos. Conforme a la política de solidaridad hispanoamericana, las producciones del Estado Oriental y Chile no eran consideradas extranjeras. Como consecuencia de la guerra con el presidente Santa Cruz de la Confederación Peruano-boliviana, declarada el 19 de mayo de 1837, los aranceles a la importación europea fueron aumentados en un 2% los que pagaban menos del 24%, y en 4% los superiores (31 de agosto de 1837). La evasión de impuestos que se hacía descargando en Montevideo, Maldonado o Colonia las mercaderías traídas por los buques de ultramar, transbordándolas a embarcaciones de cabotaje que las introducían "como efectos de la tierra" libres de derechos, obligó al decreto del 4 de marzo de 1836 que castigaba con un adicional del 25 %, además de los derechos que les correspondieran como efectos de ultramar, las mercaderías que se introdujesen "transbordadas o reembarcadas de cabos adentro" en los puertos del Estado Oriental.

Esta medida terminó con un productivo negocio que marginaba el proteccionismo de la ley, y tenía su asiento en Montevideo. Hubo protestas oficiales del gobierno de Oribe, pero, la disposición será mantenida hasta que fue suspendida para favorecer la entrada de mercaderías de ultramar en pequeñas embarcaciones fluviales que burlaban el cierre del puerto. La ley provincial tenía un objetivo nacional.

Buenos Aires abandonaba el librecambio que la favorecía internamente, y adoptaba el proteccionismo con un triple objeto:
a) quitar los recelos del interior hacia el "puerto" consolidando la unión nacional;
b) crear una riqueza industrial y agrícola argentina, en procura de su independencia económica; y
c) hacer poco vulnerable el país a un bloqueo extranjero, como ocurriría si la entrada o salida de productos por Buenos Aires, fuese el fundamento de su vida económica.

Las provincias acusaron la benéfica política. Salta votaba el 14 de abril de 1836 un homenaje a Rosas porque "la ley de aduana dictada en la provincia de su mando consulta muy principalmente el fomento de la industria territorial de las del interior de la República... es un estímulo poderoso al cultivo y explotación de las riquezas naturales de la tierra... y ningún gobierno de los que han precedido al actual de Buenos Aires, ni nacional ni provincial, han contraído su atención a consideración tan benéfica y útil a las provincias interiores"; Tucumán el 20 de abril dictaba una ley análoga por haber "destruido ese erróneo sistema económico que había hundido a la República en la miseria, anonadado la agricultura y la industria con lo que ha abierto canales de prosperidad y de riqueza para todas las provincias de la Confederación y muy particularmente para la nuestra"; Catamarca el 17 de agosto porque "la ley de aduana refluye poderosamente en el aumento de la industria territorial de la República".

Idéntico pronunciamiento hubo en Mendoza, y posiblemente en todas las provincias. En el mensaje del 1 de enero de 1837 el gobierno daba cuenta a la junta que "las modificaciones introducidas en la ley de aduana a favor de la agricultura y la industria han empezado a hacer sentir su benéfica influencia... los talleres de artesanos se han poblado de jóvenes... Por otra parte, como la ley de aduana no fue un acto de egoísmo sino un cálculo generoso que se extiende a las demás provincias de la Confederación, también en ellas ha empezado a reportar su benéfica influencia".El crecimiento industrial fue considerable en tiempos de Rosas.

Córdoba elaboraba zapatos y tejidos y se curtieron pieles de cabrito con tal perfección que debieron prohibirse en Francia por competir con la industria artesanal francesa; Tucumán fue famosa por sus trabajos de ebanistería, carretas, tintes, tabacos, cultivo de algodón; la industria del azúcar iniciada poco antes a título experimental, contaba en 1850 con trece ingenios que abastecían el consumo del interior y en parte el de Buenos Aires; Salta hilaba algodón, fabricaba cigarros ''tarijeños" y en menor porcentaje harina y vinos; Catamarca y La Rioja producían algodón, tejidos, aceites, vinos y aguardiente; en Cuyo los viñedos cubrían grandes extensiones, y en los talleres se hacían carretas y tejidos; tuvo excelente curtiembre, elaboración de frutas secas, y durante un tiempo fueron famosas las sederías mendocinas; siguió produciendo trigo y llevando harinas a Buenos Aires.

En el litoral, Santa Fe, principalmente ganadera, tuvo plantaciones de algodón, tejedurías, maderas, carbón de leña y construyó embarcaciones en sus calafaterías de ribera; lo mismo Corrientes, que además producía tabaco, azúcar, almidón y frutas cítricas; Entre Ríos, cueros curtidos, postes de ñandubay y cal, más barata que la de Córdoba pero de inferior calidad.
La protección aduanera, lejos de disminuir el tráfico internacional, consiguió aumentarlo. La incipiente riqueza produjo un mayor consumo de productos europeos de lujo, principalmente franceses. En 1825, en tiempos de Rivadavia, se importaba del extranjero por una cuantía de ocho millones de pesos plata, exportándose por cinco millones.

La diferencia debería pagarse en metálico. En 1851, al finalizar el gobierno de Rosas, las importaciones alcanzaban a 10.550.000 contra 10.633.525 de exportaciones. La balanza comercial había sido nivelada y arrojaba superávit. No podía sacarse metálico, que desde 1836 estaba prohibido. La producción se hacía en talleres artesanales o en tejedurías domésticas a cargo de mujeres. Solamente en Buenos Aires hubo fábricas de incipiente capitalismo y una -el molino San Francisco- con máquina a vapor.

En las provincias, el hombre trabajaba en carpintería, lomillería, zapatería, tahonas, platería, y su mujer en la confección de tejidos, hilados o productos de huerta. El bienestar de las clases bajas fue considerable. Los saladeros del litoral y la fábrica de aceite de huesos de Cambaceres en Barracas pagaban jornales altísimos por la falta de brazos debido a la prosperidad, de la industria doméstica y artesanal.

Los talleres de Buenos Aires fueron abiertos por maestros extranjeros (franceses, ingleses, alemanes e italianos) que llegaron atraídos por una ganancia superior a la europea. La reglamentación los obligaba a tomar aprendices nativos.

Los altos jornales de los saladeros y derivados de la ganadería hizo que inmigrasen numerosos obreros (vascos franceses, sobre todo). Algunos se radicaban; pero era frecuente la inmigración temporaria. El cabotaje fluvial fue hecho, generalmente, por patrones genoveses que habitaban la boca del Riachuelo y dieron origen a este barrio.

Muy importante fue una institución crediticia fundamental en la historia de nuestro país, entre los años 1835 y 1852. Este Banco, denominado en un principio “de Descuentos”, transformado luego en “Nacional” y que a partir de 1836 fue conocido como “Casa de Moneda”.

Al promediar 1822, durante la administración de Martín Rodríguez, un grupo de particulares se dirige al Gobierno solicitando “la formación de un banco de giro en esta plaza y la protección que necesita un tan importante establecimiento” (Copiador de Cartas, tomo I, Fº 1). La nota pone de manifiesto las dificultades que atravesaba la Provincia, así como las ventajas que obtendría de la instalación solicitada: “obrará inmediatamente el prodigioso efecto de hacer entrar en circulación los capitales muertos y los que la desconfianza ha retirado del giro, los aumentará sin duda...hará bajar el interés del dinero a un interés moderado, y respetable, pondrá en acción los elementos de prosperidad que la naturaleza ha dado a Buenos Aires...”.

La Ley se sanciona el 22 de junio concediendo el derecho exclusivo de establecer un Banco de “descuentos” a una Compañía particular.La guerra con el Brasil hizo perentoria la necesidad, no sólo de un comando unificado, sino de un tesoro Nacional. Las tendencias encontradas de los partidarios de la nacionalización del Banco, dieron origen a un híbrido: el Banco de las Provincias Unidas comúnmente conocido como Banco Nacional.

Manuel Dorrego elegido gobernador se ve enfrentado a las mismas dificultades de la presidencia, agudizadas. El que tanto combatiera desde las páginas de “El Tribuno” la política emisionista de Rivadavia trata, en un principio de no caer en ella y de volver a colocar bajo la autoridad provincial al banco, pero debe ceder al fin y recurrir al arbitrio emisionista para hacer frente a la situación realmente angustiosa.

La situación política precipita a fin de 1828 con el regreso del Ejército del Brasil: Dorrego es tomado prisionero y fusilado. En los primeros días de 1836 se cumplía el plazo de 10 años que establecía la ley y llegaría el momento de modificar a una institución que había mostrado bien a las claras las deficiencias de su organización.

El 30 de mayo, el gobernador Rosas dicta el decreto disolviendo el banco y creando la Casa de Moneda. Nacida sin denominación expresa (pues sólo es citada como “Casa de Moneda”), será administrada por una Junta autorizada a recibir y colocar los depósitos judiciales en descuento de letras al 1 % de interés, debiendo repartir el producto en partes iguales con el dueño de los mismos. Se le permite también recibir depósitos particulares que podrá colocar en descuento, no pudiendo exceder dicha colocación nunca de la mitad del total de depósitos, conservándose la otra mitad en Caja como Reserva.

La Junta de Administración procedería, al mismo tiempo a la liquidación del Extinguido Banco y el Gobierno compraría a los accionistas el edificio y maquinarias de la Casa de Moneda. La casa de Moneda en 1838 continúa sus operaciones bancarias normales y agrega algunas que podríamos, casi calificar como de “crédito personal” al consentir en adelantar a sus empleados “mesadas” a devolver en cuotas deducidas del sueldo. El año 40 se inicia con una fuerte disponibilidad monetaria que llega a 752.887 pesos la que le hubiera permitido desarrollar una política de expansión de no influir, como influyó, una de las épocas más terribles que atravesara el país: el año 1840 que se inicia con el convencimiento, palpable a través de los periódicos de Montevideo luego de la batalla de Cagancha, de que se acercaba el fin del gobernador Rosas.

Luego de la entrada en Buenos Aires de las tropas de Urquiza se toman dos medidas importantes desde el punto de vista económico: la primera de ellas es derogar el artículo 5º de la ley del 20 de marzo de 1848 que fijaba el interés de los descuentos en el 1 ½ mensual, rebajándolos al 1 %. La segunda suspende la prohibición de extraer oro y plata, es decir se deroga el decreto del 31 de agosto de 1837.

BONURA, Elena, Rosas y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
ROSA, José María, Historia Argentina.

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