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LEGISLACION EDUCATIVA PARA EL MAGISTERIO COLOMBIANO
   
PLAN DE ACCION DEL MOVIMIENTO DE INTEGRACION DEMOCRATICA - MID ( 2003 - 2005)
MOVIMIENTO DE INTEGRACION DEMOCRATICA - MID
LEGISLACION EDUCATIVA PARA EL MAGISTERIO COLOMBIANO
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TEXTO DEFINITIVO APROBADO EN SESION PLENARIA DEL SENADO DE LA REPUBLICA LOS DIAS 05 Y 06 DE MAYO DE 2003 AL


PROYECTO DE LEY No 169/03 C, 167/03 S


Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2002 - 2006
Hacia un Estado Comunitario

TITULO I

PARTE GENERAL

Capítulo Único


ARTICULO 1º

Objetivos Nacionales y sectoriales de la acción estatal: El propósito fundamental del Plan Nacional de Desarrollo 2002 –2006 es la construcción de un Estado Comunitario. Se trata de un estado participativo que involucra a la ciudadanía en la consecución de los fines sociales. Un estado gerencial que invierte con eficiencia y austeridad los recursos públicos. Un estado descentralizado que privilegia la autonomía territorial con transparencia, responsabilidad política y participación comunitaria.

Para alcanzar ese propósito, el Plan Nacional de Desarrollo se basa en cuatro objetivos esenciales:

1. Brindar seguridad democrática, que asegure la viabilidad de la democracia y afiance la legitimidad del estado. Se brindará seguridad y protección a todos los colombianos sin distingo de color político, credo religioso, convicción ideológica o nivel socioeconómico.

2. Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo bajo un ambiente de estabilidad macroeconómica y de precios, garantizando la sostenibilidad de la deuda pública y un adecuado acceso de la economía colombiana en los mercados financieros y de bienes y servicios internacionales.

3. Construir equidad social, mejorando la distribución del ingreso y el crecimiento económico. Se buscará la consolidación de un país de propietarios, que al mismo tiempo vincule al Estado en el gasto social eficiente y en la protección a los sectores más vulnerables de la sociedad.

4. Incrementar la transparencia y eficiencia del Estado, a través de un rediseño de las entidades, unas reformas transversales de fondo y un avance en la descentralización que conlleve mayores y efectivos niveles de autonomía territorial.

ARTICULO 2º

Indicadores de Gestión Presupuestal. El Gobierno diseñará y pondrá en funcionamiento un conjunto de indicadores de gestión presupuestal, mediante los cuales sea posible evaluar y controlar la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, en sus diferentes objetivos, programas y mecanismos.

ARTICULO 3º

Diagnóstico general de la economía y de sus principales sectores y grupos sociales. Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo enunciados en el artículo anterior se diseñarán, estructurarán e implementarán a partir de las siguientes proyecciones generales de la economía durante los próximos años:

Principales indicadores macroeconómicos 2002-2006

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DNP y Banco de la República

Parágrafo: Las cifras contenidas en el presente artículo constituyen el pronóstico que el Gobierno Nacional y el Congreso de la República están en capacidad de formular sobre el comportamiento macroeconómico de los próximos años, a la luz del programa económico de la Nación, y en tal condición, constituyen el marco de referencia para la determinación del entorno sobre el cual se diseña e implementa el Plan de Desarrollo 2002 –2006. No obstante, por tratarse de proyecciones, estos estimativos no son jurídicamente vinculantes y no podrá derivarse, bajo ninguna circunstancia, ni en virtud de ninguna modalidad jurídica, responsabilidad alguna al Estado colombiano. La ejecución del presente Plan de Desarrollo deberá tener plena coherencia con la política cambiaria, monetaria y fiscal.

ARTICULO 4º

Incorporación del documento “Hacia un estado comunitario” al Plan de Desarrollo 2002-2006: Téngase como parte integral de la parte general del presente Plan de Desarrollo el documento anexo denominado “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006. Hacia un Estado comunitario”, elaborado por la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación, con las modificaciones aprobadas en la presente Ley. El documento contiene los objetivos nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo, el diagnóstico general de la economía y de sus principales sectores y grupos sociales, las metas nacionales y sectoriales de la acción estatal a mediano y largo plazo, los procedimientos y mecanismos generales para lograrlos, las estrategias y políticas en materia económica, social y ambiental que guiarán la acción del gobierno para alcanzar los mencionados objetivos y metas, y el señalamiento de las formas, medios e instrumentos de vinculación y armonización de la planeación nacional con la planeación sectorial, regional, departamental, municipal, distrital y de las entidades territoriales indígenas. En caso de presentarse diferencias de interpretación entre el articulado y las bases del Plan, primará el articulado. Igualmente el Plan Sectorial de la Rama Judicial se incorporará a la presente Ley.

ARTICULO 5º

Vinculación y armonización de la planeación nacional con la territorial: La vinculación y armonización del Plan Nacional de Desarrollo con la Inversión Territorial presentará la distribución, tanto plurianual por programas y regiones, como de recursos por programas específicos y región de trabajo. En consecuencia, se materializa de la siguiente forma:


REGIONALIZACION INDICATIVA
TOTAL GENERAL
Cifras en millones de pesos constantes 2002

Fuente: DNP-DIFP

Las anteriores cifras corresponden a las erogaciones que realizará la Nación directa o indirectamente en las diferentes regiones del país.

ARTICULO 6º

Proyectos de inversión regional. Los recursos establecidos en el rubro “Inversiones Regionales por Sectorizar” del cuadro que se presenta en el anterior artículo, se distribuirán por Departamentos de la siguiente manera:



DISTRIBUCIÓN CON CRITERIOS DE EQUIDAD
Miles de Millones de Pesos 2002

DEPARTAMENTO VALOR

AMAZONAS 18,876
ANTIOQUIA 59,888
ARAUCA 23,221
ATLÁNTICO 36,414
BOGOTA 70,457
BOLIVAR 35,413
BOYACA 30,400
CALDAS 27,812
CAQUETA 25,225
CASANARE 21,748
CAUCA 30,757
CESAR 27,594
CHOCO 25,495
CÓRDOBA 32,725
CUNDINAMARCA 36,889
Guainía 23,720
GUAJIRA 26,139
GUAVIARE 27,378
HUILA 26,256
MAGDALENA 29,911
META 25,897
NARIÑO 33,627
NORTE DE SANTANDER 30,851
PUTUMAYO 23,561
QUINDÍO 22,760
RISARALDA 25,917
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 16,391
SANTANDER 31,953
SUCRE 29,221
Tolima 28,943
VALLE DEL CAUCA 48,094
Vaupés 21,400
VICHADA 25,068
TOTAL COLOMBIA 1000,000



Teniendo en cuenta la anterior distribución de recursos por Departamentos, la Nación, directa o indirectamente, adelantará los siguientes proyectos de inversión conforme a los siguientes criterios:

1. Mínimo 75% de los recursos en vías, aguas potables-saneamiento básicos y distritos de riego. Los dos primeros serán de obligatoria inclusión.
2. Hasta 25% de los recursos podrán ser invertidos en otros sectores de acuerdo a las prioridades regionales.
3. En ningún caso los sectores priorizados para un departamento podrán ser superiores a cuatro.
4. La definición de los proyectos específicos será el resultado de un proceso de concurrencia de los gobiernos nacional, departamental y de Bogotá y del Congreso Nacional, con la participación de delegados de los Alcaldes, previa la realización de audiencias públicas consultivas. Dicha definición se hará en conformidad con la presente Ley y deberá concretarse con anterioridad a la presentación de la Ley General de Presupuesto para la vigencia 2004.



TITULO II

PLAN DE INVERSIONES PÚBLICAS

Capítulo I

Proyección de recursos financieros

ARTICULO 7º

Proyección de los recursos financieros disponibles para el Plan de Inversiones Públicas 2002-2006: El Plan Nacional de Inversiones Públicas y Gasto Social tendrá un valor de ciento doce billones seiscientos setenta y cuatro mil ochocientos once millones de pesos ($112.674.811 millones), a pesos constantes de 2002, financiados de la siguiente manera:





Capítulo II

Descripción de los principales programas de inversión


ARTICULO 8º

Descripción de los principales programas de inversión. La descripción de los principales programas de inversión que el Gobierno Nacional espera ejecutar durante la vigencia del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, es la siguiente:

A. SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Para alcanzar la Seguridad Democrática, el Gobierno plantea una estrategia que comprende el control del territorio y defensa de la soberanía nacional, el fortalecimiento de la fuerza pública, la desarticulación de la producción de drogas ilícitas, el fortalecimiento de la justicia y la atención a las zonas deprimidas y de conflicto. La puesta en práctica de esta estrategia demandará ingentes recursos fiscales y una activa participación de la comunidad internacional.

La estrategia enunciada antes tendrá que ser coherente y concomitante con una política de pacto social que se irá materializando en acuerdos nacionales sobre soluciones a los problemas económicos, sociales y políticos y, en particular, al conflicto armado interno, que vive nuestra nación.
1. Control del territorio y defensa de la soberanía nacional
• La estrategia de control al territorio y defensa de la soberanía nacional comienza con la desarticulación de las redes de apoyo logístico de los grupos violentos y de su capacidad armada. Paralelamente se intensificarán los controles al sistema financiero y de valores para desintegrar las finanzas de grupos terroristas y de narcotráfico.
• Se dará prioridad al fortalecimiento y la profesionalización de la Fuerza Pública (Fuerzas Militares, Policía Nacional y Organismos de Inteligencia). Se incorporarán nuevos contingentes de soldados profesionales y de soldados de apoyo a las Fuerzas Militares, y escuadrones móviles de carabineros a la Policía de Carreteras y a los cuerpos GAULA de todo el país. Se espera contar con un total de 160.000 soldados, entre regulares, campesinos y profesionales, y 100.000 policías al finalizar el cuatrienio. También se procurará la reactivación de 163 estaciones de policía en municipios donde han sido destruidas. Igualmente, se consolidará la capacidad disuasiva de la nación frente a posibles amenazas externas mediante el mantenimiento y la modernización del material estratégico existente.
• La cooperación ciudadana será un elemento crucial de la estrategia. Se preparará cerca de 1 millón de ciudadanos que conformarán las redes de cooperantes en las ciudades y en el campo. Se continuarán implementando los incentivos para fomentar la participación ciudadana en la estrategia de seguridad democrática.
• Se dará un énfasis especial a la protección de la infraestructura económica. Para tal fin, se ha diseñado una estrategia que contempla la conformación de un sistema de información confiable, la realización de operaciones ofensivas y el apoyo de la Policía Judicial y de entes externos.
• El Gobierno Nacional implementará el Programa de seguridad vial con el objeto de garantizar el derecho a la libre circulación de personas por el territorio nacional, incentivar el intercambio comercial entre las regiones, reactivar el turismo, y permitir el transporte de carga y mercancías desde y hacia los principales puertos del país. La parte operativa del programa la adelantarán las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, con el apoyo de las redes de cooperantes e informantes.
• Cuando las circunstancias económicas, sociales, y del número del pie de fuerza de los estamentos militares, lo ameriten, se eliminará el servicio militar obligatorio, sin desmedro de la implantación del servicio social y civil obligatorio.
2. Combate al problema de las drogas ilícitas y al crimen organizado

• La política de lucha contra el problema de las drogas ilícitas y el crimen organizado estará orientada hacia la desarticulación del proceso de producción, comercialización y consumo de drogas. Se promoverá la erradicación –forzosa y voluntaria– de los cultivos ilícitos y la interdicción (aérea, marítima, fluvial y terrestre) del narcotráfico al tiempo que se fortalecerá a la Dirección Nacional de Estupefacientes para atender y resolver las quejas a que de lugar la erradicación forzosa. Así mismo, se fortalecerá el control al lavado de activos, y se implementarán mejoras en el sistema de información de acuerdo a los principios del Grupo de Acción Financiera sobre Lavado de Activos (GAFI/FATF). Se continuará con el fortalecimiento de la figura de la acción de extinción de dominio para transferir al Estado cerca de 39.000 bienes actualmente incautados.
• El Consejo Nacional de Estupefacientes orientará la política de prevención y tratamiento al consumo de drogas.
• Se adelantarán acciones para reducir el comercio ilegal de armas, insumos químicos y drogas, a través del fortalecimiento de la capacidad operativa de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana, con el fin de reforzar las misiones de vigilancia permanente, inteligencia y reconocimiento.
• Se continuará con los mecanismos de detección de cultivos, con el fin de identificar, caracterizar y especializar las áreas afectadas por cultivos, con base en imágenes satelitales y aerofotografía.
• Se implementará un sistema de información que permita identificar y caracterizar los bienes y activos que sean incautados y puestos a disposición del Estado, para convertirlos de manera rápida en una fuente de recursos para la ejecución de distintos programas o proyectos relacionados tanto con el combate al problema y sus efectos, como con otros programas de desarrollo nacional. Los bienes incautados al narcotráfico serán empleados también para atender drogradictos, en sus necesidades clínicas y terapéuticas, con asistencia social correlativa: alojamiento y manutención hasta su recuperación total.
• El Programa contra la extorsión y el secuestro busca incrementar los costos de comisión de estos delitos, desarticular las organizaciones responsables y recuperar la confianza de la ciudadanía y de la comunidad internacional en la lucha del Estado colombiano en este frente. Para ello, se mejorará la información para los procesos de toma de decisiones, se pondrá en funcionamiento un Grupo de Análisis de Inteligencia Estratégica, se implementará un sistema integral de recepción de casos y familias de secuestrados y extorsionados, se hará análisis y rediseño del marco legal sobre secuestro y extorsión, se implementará una estrategia centralizada para el seguimiento al pago de rescates y extorsiones, se analizarán las doctrinas operacionales en conjunto con la Fuerza Pública, entre otras actividades.
• Se adelantarán programas dirigidos a enfrentar todas las modalidades de criminalidad organizada existentes en el país, en la búsqueda de fortalecer la seguridad democrática.
• El gobierno nacional se obliga a adelantar acciones contundentes en el plano internacional, con otros países y con los diversos organismos multilaterales, con el fin de que se discutan y acuerden soluciones conjuntas de fondo al problema del narcotráfico.
• Además adelantará programas de resocialización dentro de la población carcelaria a mulas, raspachines, adictos y campesinos pequeños productores de cultivos ilícitos.
• El Gobierno Nacional definirá programas especiales de desarrollo con una vigencia mínima de diez (10) años para el fortalecimiento de las economías lícitas locales de las regiones deprimidas por los cultivos ilícitos del orden público.
3. Fortalecimiento del servicio de justicia

• El servicio de justicia se agilizará para facilitar el acceso de los ciudadanos al mismo. Para ello se promoverán mecanismos alternativos y extrajudiciales de solución de conflictos y se procurará la creación de jueces de competencias múltiples. Así mismo, se fortalecerá la investigación criminal con nuevas herramientas como el impulso a la oralidad y la defensa pública.
• Se racionalizará el servicio administrativo de justicia a través de una mejor articulación de los operadores, mejores sistemas de información, y la simplificación y armonización de la normatividad. Para ello se fortalecerá el Programa casas de justicia, los Centros de Recepción de Información y se revisará la regulación en materia de conciliación en derecho y conciliación en equidad.
• La política criminal, penitenciaria y carcelaria se revisará y reorientará de acuerdo con las prioridades en la lucha contra el crimen. Con este propósito, se adelantará un censo de la población reclusa para realizar una mejor planeación; así mismo, se fortalecerán las penas a los delitos de mayor impacto social, se reorganizará la oferta de cupos en centros de reclusión y se buscará la ampliación de los mismos a través de la utilización de esquemas contractuales que permitan la participación de los particulares en el diseño, la construcción y la adecuación de los centros de reclusión, así como la prestación de los servicios necesarios para el funcionamiento y la seguridad de los mismos, y los asociados con tratamientos dirigidos a la resocialización de los internos; se procurarán nuevos programas para los reclusos y se compartirá un sistema unificado de información con las entidades que hacen parte del Sistema de justicia criminal.
• Los programas de resocialización de los presos será una política de Estado dirigida a que las cárceles sean verdaderos centros de formación integral del recluso en aspectos psicológicos como familiares, educativos y laborales. Se crearán programas especiales de rehabilitación con la participación del Sena, las universidades, establecimientos públicos y la empresa privada.
• En desarrollo del programa de Renovación de la Administración Pública se adelantará una política única de defensa judicial de la Nación. Con este fin, se llevarán a cabo estudios para evaluar el origen de los procesos judiciales en contra de la Nación, las fallas comunes en los diferentes procesos y en su atención, así como en los procedimientos para adelantar procesos de repetición. Igualmente, se tomarán las medidas necesarias para evitar llevar a la jurisdicción los conflictos que se generen entre órganos públicos, los cuales deberán ser conciliados en forma preferente.
• Se formulará y pondrá en marcha una política orientada a brindar seguridad jurídica y coherencia y simplificación del ordenamiento normativo.
• Se propenderá por la reorganización administrativa del Sistema de Justicia.
4. Desarrollo en zonas deprimidas y de conflicto

• Para las zonas marginadas se busca restablecer una base económica local a partir de proyectos productivos y de generación de ingresos particularmente agropecuarios, forestales, agroforestales y silvopastoriles. Estos proyectos serán concertados con las comunidades y tendrán en cuenta todas las fases de la cadena, desde la producción, hasta la comercialización y la agroindustria, procurando fortalecer los pequeños productores dentro de la cadena.
• Se adelantará especialmente el Programa Desarrollo Alternativo, PDA, para la sustitución de cultivos ilícitos en zonas ambientalmente estratégicas, garantizando los recursos para todas las etapas del proceso y que estos fluyan de manera efectiva y ágil, y generando simultáneamente otras alternativas para la subsistencia y la generación de ingresos en el corto plazo como son los incentivos por manejo y conservación y los programas de seguridad alimentaria.
• También se adelantarán acciones que busquen desarrollar la infraestructura física y social en estas zonas. En particular se fortalecerá el programa Colombia Profunda y se concluirán proyectos viales, aeroportuarios y fluviales cuya ejecución se haya iniciado o estén en curso. Igualmente, se desarrollarán programas de expansión eléctrica en las zonas no interconectadas, especialmente con proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas, y/o construcción de nuevas redes, normalización del servicio en las zonas no interconectadas e interconectadas, telefonía comunitaria y de tecnologías de información. Se espera contar con 3.000 puntos de telefonía rural y 500 telecentros al finalizar el cuatrienio.
• En las zonas deprimidas y de conflicto se apoyará a los Programas Regionales de Desarrollo y Paz -PDP-, estimulando, entre otros, el proceso iniciado en el laboratorio de paz del Oriente antioqueño, el del Cauca y el del Catatumbo. Esta labor buscará promover procesos de amplia participación social y fortalecimiento institucional, bajo un enfoque integral que articule las políticas sectoriales nacionales en regiones focalizadas en el marco de la Red de Programas de Desarrollo y Paz, a través de alianzas entre el Estado y la sociedad civil. Las acciones a impulsarse incluirán proyectos económicamente rentables y ambientalmente sostenibles a través de esquemas asociativos y de economía solidaria. Se dará prioridad en estos programas a los municipios que hicieron parte de la zona de distensión y a los departamentos más afectados por las acciones negativas derivadas de la misma y el rompimiento del proceso de paz
5. Protección y promoción de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario

• La prevención de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH) se fundamentará en el sistema de alertas tempranas, el cual consolidará la información para la valoración oportuna del riesgo y la anticipación de eventos contra la comunidad. Paralelamente se impulsará una estrategia pedagógica dirigida a las autoridades civiles y militares, así como a la ciudadanía.
• Las víctimas del desplazamiento forzado recibirán asistencia integral en nutrición, refugio y salud (física y psicosocial). Los menores de edad contarán con asistencia educativa formal en instituciones del Estado y de haberse quedado huérfanos por causa del conflicto será obligación del ICBF brindar toda la asistencia social, integral y digna. Se activará de manera regular el Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada y se consolidará el Sistema Único de Registro y el Sistema de Estimación de la Magnitud del Desplazamiento, con el apoyo de la Red de Solidaridad Social.
• El restablecimiento de la población desplazada se promoverá a través de la titularización de tierras, subsidios de vivienda y el desarrollo de proyectos productivos asociativos financiados con microcréditos. Se implementará un programa piloto con el objeto de que cerca de 30 mil familias campesinas retornen a sus hogares.
• El Estado propenderá por el fortalecimiento de programas de protección a los defensores de derechos humanos, sindicalistas, promotores de causas indígenas y activistas sociales y/o políticos que vienen siendo objeto de persecución y amenaza, al igual que los testigos, jueces e intervinientes del proceso penal.
• Se adoptarán medidas de carácter integral social, económico, educativa, entre otras, que disuadan el ingreso de menores a los grupos armados ilegales e incentivará su desvinculación de dichos grupos, y su reinserción plena a la sociedad.
• El Gobierno fortalecerá el Comité Especial de Impulso a Investigaciones de Violación de Derechos Humanos, garantizando así la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, la Ley y los Tratados Internacionales.
• Se fortalecerá la Unidad de Derechos Humanos y DIH de la Fiscalía General de la Nación, adscrita a la Dirección Nacional de Fiscalías.

• El Gobierno Nacional elaborará y pondrá en ejecución un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

• Se diseñará e implementará un modelo de seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas públicas que inciden en los derechos humanos, tanto las relacionadas con los derechos civiles y políticos, como aquellas que vinculan los derechos económicos, sociales y culturales, colectivos y del ambiente.
• El Gobierno aprobará e iniciará la ejecución del Plan Nacional de Acción Contra las Minas Antipersonales, el cual contendrá las estrategias, metas y acciones para su destrucción y para la atención integral a las víctimas. Se fortalecerá el observatorio de minas antipersonales creado por la ley 759 de 2002 para el desminado humanitario.
• Con el propósito de ayudar a la obtención de la paz en el país, se utilizarán las buenas experiencias de resistencia civil de algunas capitales, tales como Bogotá con su programa Territorio de Paz. En este sentido, se promoverá el Día nacional de la Vida y la Dignidad Humana.
• Elaborar y poner en ejecución por parte del Gobierno Nacional medidas para la prevención y erradicación de las violaciones a los DDHH de las mujeres. Respeto a la integridad, libertad y dignidad humana de las mujeres tanto de parte del Estado como de los actores del conflicto armado.
6. Fortalecimiento de la convivencia y los valores

• Se adoptará el Sistema Nacional de Convivencia para el fortalecimiento institucional y la consolidación de una cultura nacional de convivencia. El sistema funcionará a través de escenarios de concertación abiertos a la participación directa de la ciudadanía, del sector público y privado y de la comunidad internacional. En este marco, se dará impulso a las cátedras de convivencia y transparencia mediante la participación de los medios de comunicación ciudadanos y comunitarios en proyectos encaminados a la resolución pacífica de conflictos y el reconocimiento y formación en valores fundamentales como la solidaridad, la honestidad, la transparencia, la justicia, la tolerancia y el respeto por la diversidad cultural.

• En el propósito de construir una nueva ciudadanía democrática cultural se implementarán cuatro grandes lineamientos de política que apuntan a mejorar la convivencia y a propiciar el desarrollo pleno de la creatividad entre los colombianos: en primer lugar, se adelantarán iniciativas con miras a la apropiación social del patrimonio cultural como la revitalización de los centros históricos y la promoción y difusión del patrimonio oral e inmaterial colombiano. En segundo lugar, se pondrá en marcha el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas cuya meta es hacer de Colombia un país de lectores y mejorar sustancialmente el acceso equitativo de los colombianos a la información y al conocimiento; especialmente en sectores vulnerables de la población con acceso limitado. Con este fin, se fortalecerán aproximadamente 500 bibliotecas públicas y privadas, se ampliará su dotación en materia de bienes y servicios, y se adelantarán campañas de promoción del libro y la lectura. De igual forma, se fomentará la creación de bibliotecas comunitarias con el apoyo del sector privado y ONG’s en lugares donde no existe este servicio. En tercer lugar, el Plan Nacional de Música para la Convivencia se enfocará especialmente a niños y jóvenes pertenecientes a orquestas, coros, bandas y otras agrupaciones en todos los rincones del país.. Igualmente, buscará la dotación de 200 bandas musicales y la investigación, promoción y difusión del patrimonio musical colombiano. El cuarto y último lineamiento será el fomento y el estímulo al deporte, la recreación y la educación física con miras a formar integralmente deportistas de alto rendimiento.

• Establecimiento de políticas públicas efectivas sobre DDHH de las mujeres que promuevan una cultura de la no violencia y respeto a su diversidad multiétnica y pluricultural.

• El Gobierno Nacional podrá fomentar los muesos para conservación de la memoria cultural a través de estímulos al mecenazgo /respaldo a los pequeños centros culturales fijos o móviles para los barrios o comunas populares/ apoyo integral a los festivales y concursos de música nacional y a los grupos musicales y corales/ rescate de entidades para la recreación popular.
7. Política de relaciones exteriores y cooperación internacional
• El Gobierno Nacional trabajará en una inserción positiva de Colombia en el entorno internacional. En este sentido, la política exterior se armonizará con las prioridades de la política doméstica procurando su adecuada comprensión por parte de la comunidad internacional. La promoción comercial y el incremento de las exportaciones será el principal objetivo de la política exterior colombiana, igualmente, se impulsarán aquellos asuntos en los cuales la comunidad internacional tiene un papel preponderante para su solución, tales como el problema mundial de las drogas y sus delitos relacionados, el terrorismo y la corrupción, la problemática ambiental y los derechos humanos.
• En las relaciones bilaterales se fortalecerá el diálogo político a todos los niveles y se promoverán los intereses económicos y comerciales, buscando incentivar la inversión y atraer cooperación hacia los programas prioritarios del Gobierno Nacional y entidades territoriales. En particular, con los países de América Latina y el Caribe se fortalecerá el desarrollo integral de las zonas de frontera y se impulsará el fortalecimiento y consolidación de la Comunidad Andina. Con Estados Unidos se avanzará en el aprovechamiento del ATPDEA; el proceso de negociación de Colombia para el ALCA dentro de un marco pluralista y participativo que integre las necesidades regionales con los intereses nacionales; la negociación bilateral de libre comercio; y el impulso al Estatus de Protección Temporal (TPS) a la comunidad colombiana. Y con Europa se trabajará por un Acuerdo de Asociación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea, que incorpore las preferencias del Sistema Generalizado de Preferencias Andino, y el desmonte de las barreras comerciales para nuestras exportaciones.
• En las Relaciones multilaterales se participará en foros y mecanismos de diálogo y concertación política y comercial, entre ellos NOAL, G-77 y China, G-15, Grupo de Río, G-3, para concretar acciones en los temas prioritarios del gobierno. En el marco de la OEA, se dirigirán los esfuerzos a adecuar el papel de la Unidad para la Promoción de la Democracia a los propósitos contemplados en la Carta Democrática Interamericana y se continuará fortaleciendo el sistema interamericano de derechos humanos y el Mecanismo de Evaluación Multilateral en la lucha contra las drogas.
• Las comunidades colombianas en el exterior serán objeto de una política integral por parte del gobierno nacional, que busca fortalecer las asociaciones de colombianos y sus vínculos con el Gobierno, mejorar los programas de asistencia jurídica y social, y concretar acuerdos económicos de migración laboral y seguridad social, entre otros.
• Se creará un sistema nacional de cooperación internacional (técnica, descentralizada y de doble vía) para asegurar una interlocución amplia entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, las fuentes cooperantes y las entidades ejecutoras, articulando la oferta y la demanda con las prioridades del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, y el control de gestión con sistemas de información pública o presentación de informes de gestión al Congreso y veedurías ciudadanas. Igualmente, se desarrollará la Mesa de Coordinación para la Cooperación Internacional a Colombia para impulsar iniciativas en desarrollo alternativo (incluyendo la sustitución de cultivos ilícitos por proyectos forestales y productivos ligados a las cadenas productivas y un subsidio a la inversión) ayuda humanitaria de emergencia, gestión hospitalaria, desarrollo ambiental, microempresarial, rural y cultural.
• Se fortalecerá la gestión diplomática a través de ajustes institucionales con miras a la profundización del proceso de profesionalización y modernización del servicio exterior y se impulsará la Academia Diplomática. Igualmente, nuestras embajadas y consulados se conviertan en agentes gestores de cooperación internacional y promotores de las exportaciones colombianas. El Congreso de la República ejercerá control político en cuanto al cumplimiento de la promoción y gestión comercial que hagan los funcionarios diplomáticos y consulares. Así mismo, se asegurará la adopción de una Comisión Interinstitucional para asuntos comerciales en el servicio exterior dada la necesidad de coordinar ésta política con las necesidades intersectoriales del país y hacer seguimiento periódico de la gestión comercial de las misiones Diplomáticas y Consulares.
• El Gobierno Nacional adelantará programas especiales con aquellos países donde residan colombianos indocumentados, con el propósito de mejorar su situación laboral, económica y social. Las representaciones diplomáticas brindarán a los indocumentados la asesoría y ayuda necesaria para que puedan legalizar su permanencia o regresar al país. Para tal fin les facilitará la entrega de los documentos pertinentes tales como cédula de ciudadanía, certificado judicial, y pasaportes.
B. CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE Y GENERACIÓN DE EMPLEO
1. Impulso a la vivienda y la construcción
El impulso a la vivienda se centrará en tres estrategias principales por grupos de población:
• Para los grupos de menores ingresos, se ampliará la cobertura de los subsidios familiares de vivienda (SFV). En total se buscará financiar 400 mil nuevas unidades de vivienda de interés social (VIS), de las cuales 340.000 mil unidades corresponderán a programas de vivienda nueva y mejoramiento integral.
• Se desarrollarán políticas de financiación alternativa de vivienda de interés social, orientadas a la diversificación de instrumentos y mecanismos que consulten las dinámicas de la economía informal.
• Para los hogares de estrato medio, se desarrollará el mecanismo de protección contra la inflación en créditos en UVR, creado a comienzos de 2003, que elimina la incertidumbre durante el plazo de amortización de las deudas hipotecarias hasta por 130 salarios mínimos, siempre y cuando el valor de la vivienda no supere los 323 salarios mínimos.
• Para los hogares de estrato alto, se dará continuidad al beneficio tributario de las cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC).
• Adicionalmente, se harán ajustes al sistema de financiamiento de vivienda a través de medidas para sanear la cartera improductiva. Para este fin, el Gobierno apoyará la emisión de títulos y bonos hipotecarios destinados a financiar la cartera de vivienda por un monto de $6 billones, aproximadamente, durante 2003 y 2004.
• Se impulsará el microcrédito inmobiliario con el propósito de brindar a los hogares de bajos ingresos una opción adecuada para financiar la adquisición, construcción y mejoramiento de vivienda.
• La política habitacional contribuirá al crecimiento económico del país y a la generación de empleo bajo criterios empresariales con responsabilidad social para afrontar con eficiencia los crecientes déficits cuantitativos y cualitativos.
• Se promoverá y fomentará esquemas de asociación mixta para la investigación y desarrollo en tecnologías en aumento de la productividad y mejoramiento de la calidad de la vivienda de interés social que permita aumentar las condiciones de acceso a la vivienda, un razonable aprovechamiento de los recursos, reconociendo las singularidades urbano-regionales del país.
• La política habitacional está comprendida en la construcción de la equidad social, para ello garantizará la transparencia en la distribución de los recursos orientados a la población y las regiones en condiciones de pobreza.
• Los desarrollos habitacionales estarán enmarcados en las políticas de desarrollo urbano-regional en coordinación con los entes territoriales, en este sentido, el Gobierno Nacional facilitará y estimulará la integración de recursos gubernamentales y cooperara con el desarrollo de los instrumentos de planeación y gestión.
• El Gobierno Nacional trabajará por la calidad de vida urbana asegurando la integración de vivienda con los elementos estructurantes del espacio público y los servicios públicos domiciliarios. De la misma forma impulsará la diversificación de las actuaciones en materia de expansión con énfasis en las ciudades intermedias, renovación urbana, consolidación y mejoramiento integral; así como, reasentamiento de población en zonas de riesgo ambiental no mitigable y por proceso de renovación urbana.
• El Gobierno Nacional ejercerá la coordinación del sistema habitacional en articulación con las autoridades territoriales y promoverá los sistemas de información habitacional como soporte de la participación de todos los agentes del desarrollo.
• Se definirá un modelo de desarrollo urbano-regional, como marco general para la implementación de la política de vivienda y construcción
• Adopción del comodato a largo plazo y el leasing, es decir, el abono de un porcentaje del alquiler a la compra del inmueble/ estímulos para los constructores que realicen estos planes de vivienda para arrendamiento.
2. Impulso a la exploración y explotación de hidrocarburos y minería

• El Gobierno promoverá la inversión privada nacional y extranjera en las actividades de exploración y explotación de perforación, con el fin de incorporar cerca de 1.000 millones de barriles de petróleo en reservas durante el período 2002-2006. Para alcanzar esta meta se desarrollarán 7.000 kilómetros de exploración sísmica, se explorarán alrededor de 100 pozos y se suscribirán, en promedio, 20 contratos de asociación cada año.
• Se estudiarán nuevos esquemas contractuales en materia de hidrocarburos y se dará mayor importancia y celeridad a los contratos de producción incremental. Se buscará la racionalización y agilización del proceso de licenciamiento ambiental para la actividad de exploración de hidrocarburos. Todo ello con estricto cumplimiento de las normas aplicables sobre la materia.
• Se avanzará en la implementación del Plan Maestro de Cartagena con la mayor participación privada posible y con financiación parcial proveniente de la enajenación de inversiones no estratégicas de ECOPETROL. Se continuará con el programa de optimización de la refinería de Barrancabermeja, con el fin de lograr estándares internacionales de eficiencia y tener como meta alcanzar el segundo cuartil en los indicadores Solomon de Refinación para el año 2005.
• En materia de gas se promoverán las exportaciones, aprovechando la ventaja geográfica y la disponibilidad de reservas en el país. Se incentivará la exploración de nuevas reservas.
• El desmonte de los subsidios a la gasolina y al ACPM será compensado con el impulso a los sistemas de transporte masivo, al tiempo que se adoptará, en el ámbito nacional, un sistema general de precios que reconozca la realidad de los precios internacionales.
• En el sector minero se implantará un sistema de información y se impulsará la descentralización del sector. Así mismo se formalizará y aumentará la productividad en el sector con el apoyo al desarrollo de una cadena productiva.
3. Impulso a la infraestructura estratégica en transporte

• Se invertirá prioritariamente en infraestructura que genere condiciones de paz y convivencia democrática, que apoye el desarrollo social, la creación de empleo y que permita mayores condiciones de seguridad.
• El Gobierno pondrá en marcha estrategias como el fortalecimiento y reorganización institucional de las entidades del sector para aumentar la capacidad de seguimiento, control y vigilancia de los proyectos, especialmente para el caso de las concesiones. Se hará énfasis en el fortalecimiento de esquemas de participación privada, facilitando su financiamiento mediante el mercado de capitales y se impulsarán programas de seguridad en la infraestructura de transporte. Igualmente, se promoverá la interconexión modal para integrar la red de carreteras en el ámbito regional, nacional e internacional.
• Las nuevas inversiones en la red terciaria se efectuarán por contratación pública y mediante la participación comunitaria, de forma tal que se incentive la generación de empleo. Para los proyectos financiados con recursos públicos, los provenientes de la sobretasa a la gasolina se destinarán como mínimo en un 50% a la construcción, mantenimiento y conservación de las vías urbanas, secundarias y terciarias, de acuerdo la competencia del ente territorial respectivo, sin perjuicio de los compromisos adquiridos. Se dará continuidad al fomento de infraestructura básica con recursos del programa Colombia Profunda.
• En el caso de los conglomerados urbanos en los cuales exista factibilidad técnica de proyectos de transporte masivo (Bogotá, Cali, Pereira–Desquebradas, Barranquilla - Soledad, Cartagena, Bucaramanga, extensión de TransMilenio hasta Soacha y Valle de Aburrá) y se asegure la financiación por parte de la entidad territorial, el Gobierno Nacional podrá participar en su desarrollo, siempre que exista el espacio fiscal tanto en los municipios como en la Nación. Se promoverá la vinculación del capital privado en la estructuración y financiación de estos proyectos, conforme a un modelo fiscal que implique el control de una política pública sostenible sobre la operación y administración de los sistemas de transporte masivo, que garantice un manejo equitativo de los costos al usuario y la calidad del servicio. Se promoverán mecanismos que permitan la participación de pequeños y medianos transportadores en estos proyectos. Se deberá regular las tarifas para prevenir abusos de posiciones dominantes y monopolios.
• Apoyo de la nación a la construcción de la ALO mediante el sistema de concesión para la salida del sur de Bogotá.
• Con el propósito de mejorar el servicio público urbano el gobierno nacional transferirá a las ciudades las facultades para administrarlo y regularlo, y promoverá la conformación de empresas de transporte eficiente.
• Seguirá la recuperación de la navegabilidad del Río Magdalena y de algunos otros ríos como el Atrato, el Sanjuán y el Meta entre otros, así como la modernización, ampliación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, y se invertirán recursos para el logro de los estándares aeroportuarios aceptados internacionalmente, para los aeropuertos que conforman la red nacional aeroportuaria.
• Las entidades territoriales podrán usar los recursos para infraestructura en cualquier clase de proyecto de esta naturaleza en su jurisdicción.

• La rehabilitación de la infraestructura ferroviaria apoyará el desarrollo de la política de alcoholes carburantes.

• El gobierno nacional adelantará antes de finalizar la vigencia del plan de desarrollo los estudios de prefactibilidad y factibilidad para concesionar una nueva línea de ferrocarril que conecte las minas de Cerromatoso y la ciudad de Montería con la línea férrea de Santa Marta a Bogotá.

• El Gobierno Nacional impulsará la construcción de la vía férrea alterna al puerto de Santa Marta. Para ello, podrá incorporar un “otrosí” al contrato de concesión de la vía férrea para que esta sea construida con recursos que el concesionario debe girar a la nación.

• El gobierno invertirá prioritariamente en el mantenimiento, mejoramiento, rehabilitación, pavimentación y construcción de vías para garantizar la integración de las regiones y afianzar el desarrollo sostenible del país.

• Incorporación de los pequeños propietarios de buses urbanos como accionistas a la empresas operadoras de los sistemas de transporte masivo/ Para el desarrollo social del transporte cumplimiento de lo prescrito por el artículo 24 de la Ley 688-2001.
4. Servicios públicos domiciliarios

• Se continuará con la promoción de la participación del sector privado, los trabajadores y el sector solidario en los servicios públicos domiciliarios y se desarrollarán programas para fomentar la participación de los usuarios en el capital de las empresas a través de fondos de capitalización social.
• Se impulsará la consolidación de los marcos regulatorios y el desarrollo de procesos de privatizaciones y concesiones en la construcción, operación y mantenimiento de infraestructura.
• En energía eléctrica, se propenderá por mantener la oferta energética y se fortalecerá el mercado. Se establecerán medidas para aminorar la crisis del sector distribuidor y comercializador. Entre estas medidas se destacan el programa de normalización de redes en barrios subnormales junto con el fortalecimiento del marco reglamentario.
• En comercialización, se establecerá un programa de normalización de redes. Donde sea pertinente, se promoverán sistemas comunitarios de cobro de energía.
• Se constituirán esquemas institucionales para garantizar la viabilidad en la prestación del servicio en las zonas no interconectadas a través del uso de energía renovable, entre otras fuentes. Se promoverá la integración energética regional para gas natural y energía eléctrica. También se definirá una política sectorial para dar solución a las empresas en crisis con miras a garantizar el servicio y minimizar las contingencias fiscales.
• En cuanto a la actividad de generación, se fortalecerán las condiciones de competencia procurando la conformación de un nuevo agente generador estatal y se continuará la integración de las redes de transmisión eléctrica con Venezuela, Panamá y Ecuador para los intercambios comerciales de energía.
• Se promoverán condiciones de largo plazo para la entrada de inversionistas en el desarrollo del Sistema de Transmisión Nacional.
• En cuanto a las telecomunicaciones en zonas rurales y urbanas de bajos ingresos, se buscará masificar el uso de las tecnologías de la información e impulsar el desarrollo de mercados de comunicaciones competitivos. Con este fin, el Gobierno fortalecerá y desarrollará programas comunitarios dentro de las políticas de acceso y servicio universal, continuará el desarrollo de los programas de la Agenda de Conectividad coordinado por el Ministerio de Comunicaciones y fortalecerá el marco regulatorio e institucional del sector.
• Se recuperará la red de transmisión nacional de televisión pública y se trabajará en la reestructuración institucional del sector público de radio y televisión.
• En cuanto al agua potable y saneamiento básico, se establecerán medidas que permitan aumentar la eficiencia y calidad del servicio, se ajustará el esquema tarifario y de subsidios para que incentive la inversión, se permita la recuperación de los costos, se evite el traslado de ineficiencias a los usuarios y se generen incentivos para la inversión en esquemas regionales.
• Se incentivará el buen uso de los recursos locales y se apoyará el desarrollo de los planes de gestión integral de residuos sólidos.
• Con el propósito de mejorar la prestación de los servicios públicos y mantener la equidad del sistema económico, todo pago correspondiente al cargo variable en el servicio de energía, acueducto, recolección de basuras y telefonía, se hará exclusivamente con base en el consumo del usuario, siempre que sea técnicamente medible de esta forma. En el caso de la telefonía, se utilizará cualquiera de los métodos de tasación recomendados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT, Organismo Internacional del cual hace parte el Estado en virtud de la Ley 252 de 1995.
• Fortalecimiento del sector público de radiotelevisión/ Autorizase asignación de los recursos necesarios para el pleno desarrollo de la televisión y la radio educativas garantizando la participación de los canales regionales y de la televisión comunitaria abierta para el logro de los objetivos. Autorización para imponer una cuota de pantalla sobre cada uno de los receptores de televisión con destino al sostenimiento de dicho programa televisivo.
• El Gobierno Nacional implementará en un término máximo de seis meses la aplicación de la tarifa de multiusuarios del servicio de aseo por parte de las empresas prestadoras del servicio de conformidad con los mandatos legales expresamente consignados en la Ley 142 de 1994.
• Los cargos por consumo en telefonía móvil se tarificarán entre entre otros, por unidades de tiempo, de segundos o por el sistema de minuto o fracción de minuto.
• El Gobierno Nacional implementará en un término máximo de 6 meses la aplicación de la tarifa de multiusuarios de servicios de aseo por parte de las empresas prestadoras del servicio, de conformidad con los mandatos legales expresamente consignados en la Ley 142 de 1994
5. Ciencia, tecnología e innovación
• En el área de promoción de la investigación se adelantarán convocatorias de proyectos en todos los programas nacionales utilizando las modalidades de financiación existentes, se fortalecerán los programas nacionales de investigación, se propiciará su acción conjunta y articulada en temáticas complejas y prioritarias para el país y se continuará con el apoyo a la consolidación de la comunidad científica en formas asociativas tales como centros de investigación científica, grupos y centros de desarrollo tecnológico, redes de investigación científica y tecnológica y cooperación técnica internacional.
• Se garantizará la articulación, coherencia y eficiencia del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
• Se crearán las condiciones para que la inversión pública y privada en actividades de ciencia, tecnología e innovación aumente de manera paulatina y sostenible para alcanzar el 0,6 % del PIB en el año 2006.
• COLCIENCIAS y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) promoverán y fomentarán la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico para mejorar la competitividad de los sectores productivos. El Gobierno Nacional adecuará los programas académicos del Sena para el logro de este objetivo.
• Se buscará diversificar y ampliar los estímulos financieros para las micro, pequeñas y medianas empresas mediante créditos y esquemas de garantías para proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.
• Los proyectos o tesis presentados en las entidades de educación superior, que contengan aportes para el progreso y desarrollo social, económico, tecnológico y cultural de la Nación, podrán recibir apoyo a través de los mecanismos que ofrecen las instituciones que promueven la investigación científica y tecnológica.
• Se promoverán y fomentarán los estudios, investigaciones y trabajos académicos que desarrollen propuestas de solución a problemáticas afrontadas por sectores poblacionales, tales como, adultos mayores, mujeres, infancia, juventud, indigenas, discapacitados, etnias y desplazados entre otros.
• Se ampliará la cobertura en el Programa de Jóvenes Investigadores y se continuará el programa de apoyo a la formación de Doctores en el exterior. Se fortalecerán los programas de doctorado nacionales con recursos de Colciencias, ICFES, SENA e ICETEX – Proyecto: Acceso con calidad a la educación superior.
• Adopción de normas administrativas que faciliten la expedición de las patentes de intención así como los mecanismos de financiación para los inventores.
6. Competitividad y desarrollo
• La política de competitividad del Gobierno tendrá siete ejes fundamentales: la eliminación de trámites y costos de transacción, el fortalecimiento del papel de coordinación del Estado, la creación de un sistema equilibrado de derechos a la propiedad intelectual, la generalización del acceso a las tecnologías de información dentro del marco de la Agenda de Conectividad, el desarrollo de políticas integrales de biotecnología, y la protección y desarrollo de los mercados.
• De esta forma se busca reducir costos de transacción y lograr mayor transparencia en los procedimientos, trámites y procesos de la administración pública; coordinar las iniciativas del sector privado y la academia para el desarrollo empresarial y en particular para el diseño del plan de desarrollo empresarial, el fortalecimiento de la Red Colombia Compite y el apoyo al movimiento para la productividad; impulsar una política de Derechos de Propiedad Intelectual armónica con las políticas industriales, comerciales y sociales del país; impulsar una política nacional de regulación para el uso, captura y divulgación de información por las entidades públicas y una política de regulación en la adquisición de tecnologías informáticas por parte del Estado; dar especial énfasis al plan sectorial de turismo y ana política integral biotecnología; e impulsar políticas de promoción a la competencia, de regulación y de derechos al consumidor armónicas con el desarrollo del sector productivo que ofrezca un equilibrio entre productores y consumidores
• Se trabajará a escala regional en la identificación y desarrollo de clusters en ecoturismo, cultura, agroturismo y turismo rural, etnoturismo, turismo recreativo, negocios, congresos y convenciones, entre otros.
• En materia de turismo, las políticas estarán centradas en los lineamientos del plan sectorial, haciendo énfasis en aspectos como aumento en la seguridad vial; impulso a las MIPYMES (95% de las empresas del sector); estímulos a la renovación urbana con potencial turístico, incluyendo centros históricos, patrimonio cultural y construcción y remodelación de hoteles.
• Se impulsará la competitividad comercial y el potencial exportador de las regiones y Departamentos mediante la acción conjunta de varias instituciones del gobierno, las cuales plantearán políticas y brindarán asesoría en los procesos de participación ciudadana.
• Con el fin de mejorar la competitividad de las entidades públicas, éstas adoptarán sistemas de calidad total y eficiencia administrativa, buscando en lo posible la certificación de calidad ISO.
• Ampliación de las políticas de fomento a todas las organizaciones empresariales en distintas modalidades asociativas de trabajo/ Provisión de recursos humanos y técnicos para el diseño, ejecución o mantenimiento de los proyectos de desarrollo productivo de carácter turístico cuyo objetivo sea el de procurar la reconversión de las economías locales especialmente las de los municipios productores de café, afectados por la crisis de los precios de este producto.

7. Política comercial

• Se continuará con la ejecución del Plan Estratégico Exportador 1999-2009 como estrategia de inserción internacional de largo plazo involucrando al sector privado, público y la academia. Se incluirá dentro del Plan Estratégico Exportador nuevas estrategias para la diversificación de los mercados destino de las exportaciones colombianas.
• Se buscará que el Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) sea equilibrado, elimine barreras innecesarias al comercio internacional de bienes y servicios, permita una apertura en los mercados de contratación pública, y cuente con una mayor disciplina en las ayudas internas para los productos agrícolas, para lo cual se implementarán espacios e instancias de participación ciudadana, que permitan conocer las necesidades de los diferentes sectores sociales afectados e involucrados, en el territorio nacional.
• Se buscará que las negociaciones que se llevan a cabo en el seno de la Organización Mundial del Comercio –OMC– estén orientadas a lograr una reforma al comercio mundial de productos agrícolas y la eliminación del escalonamiento y picos arancelarios, entre otros.
• Se harán esfuerzos dirigidos a consolidar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y otras naciones. En este sentido, se adelantará la negociación para la conformación de una zona de libre comercio entre la Comunidad Andina y los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), o una negociación con algunos países de estos dos bloques donde exista consenso. Colombia profundizará los acuerdos con Centroamérica y el Caribe, Asia, Pacífico, Medio Oriente y la Unión Europea con el fin de asegurar una mayor presencia en esas regiones.
• El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo participará



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., seis ( 6 ) de febrero del dos mil tres (2003)
Radicación núm.: 680012315000200201892 01
Actor: Cristina Pérez de Duarte

Ref.: Expediente Núm. Interno 1701

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, el 23 de octubre de 2002, mediante el cual negó las pretensiones de la demanda formulada en acción de cumplimiento contra el Departamento de Santander - Secretaria de Educación.

I.- LA DEMANDA

I. 1. Las pretensiones

La ciudadana Cristina Pérez de Duarte, en demanda de acción de cumplimiento dirigida contra el Departamento de Santander - Secretaria de Educación, persigue el cumplimiento inmediato del artículo 38, inciso 2, de la Ley 715 de 2001.
I. 2. Los hechos

Refiere la actora que el artículo 38, inciso 2, de la Ley 715 del 2001 establece que los docentes que a 1º de noviembre de 2000 se encontraban contratados en departamentos o municipios por prestación de servicios y cuyos contratos fueron renovados en el año 2001 se les renovará el contrato antes del 1º de febrero de 2002, y si dichos contratos no fueron revocados estos docentes serán vinculados de manera provisional durante el año 2002, salvo que los contratos hayan sido suprimidos por la reorganización del sector educativo o de la entidad territorial . Agrega que pese a haber cumplido los requisitos que la ley señala para la renovación de su contrato, este no fue renovado por razones diferentes a la reorganización del sector educativo o de la entidad territorial, razón por la cual se encuentra desempleada.

Aduce que la entidad demandada no ha hecho esfuerzo alguno para cumplir dicho mandato después de habérsele requerido en forma directa y por escrito el cumplimiento del mismo, a lo cual no ha dado repuesta, constituyéndose en una autoridad renuente por haber transcurrido el término que señala el artículo 80, inciso 2, de la Ley 393 de 1997, pese a estar obligada a ubicar rápida y eficientemente a los docentes que reúnen los requisitos y tengan derecho según la Ley 715 de 2001.


II.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demandada manifestó que ha actuado dentro del marco de la ley y que ha dado aplicación a la Ley 715 de 2001 y a todas las normas concordantes de la misma, toda vez que el artículo 35 señala un periodo de transición hasta de dos (2) años contados desde la vigencia de la misma; que el artículo 38 señala que para tener derecho a ser vinculado de manera provisional durante el año electivo de 2002, debe haber estado contratado en departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios y encontrarse en uno de los supuestos previstos en la norma.

Que el artículo 40 ibídem faculta a la Nación para “ fijar procedimientos y límites para la elaboración de las plantas de cargos docentes y administrativos por municipios y distritos, con base en lo cual se profirió la Directiva Ministerial núm. 003 de 24 de enero de 2002, que establece varios criterios para garantizar la prestación del servicio educativo durante el 2002.

Que a la actora no le fue renovado el contrato en el 2001, por tanto su vinculación provisional estará condicionada a la determinación de la planta de cargos y a la determinación del Plan de Reorganización del Sector Educativo, y una vez exista una vacante de la planta de cargos tendrán prioridad para ser vinculados en provisionalidad quienes se les renovaron los contratos en el año 2001.

Por lo tanto no ha omitido este deber, sino que se encuentra garantizando plenamente el cumplimiento del ordenamiento jurídico, según relato de las diligencias administrativas que al respecto ha realizado.

III.- EL FALLO APELADO

El Tribunal denegó, por improcedente, la presente acción por considerar que el artículo 9, parágrafo, de la ley 393 de 1997: “ Parágrafo: La acción regulada en la presente ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos”, y como el artículo 38 de la Ley 715 de 2001 y demás, consagran un deber legal para los entes territoriales que lleva implícito necesariamente una orden de vinculación que genera un gasto, que de no estar incluido en el presupuesto de la entidad territorial, en la respectiva anualidad de la cual se predica el incumplimiento, no puede decretarse.

Además, el Presupuesto General del Municipio es un acto administrativo en el cual se estiman anticipadamente rentas del municipio y autorizan gastos para un periodo determinado.

Por ello encontró improcedente la presente acción, pues el deber legal de la entidad demandada incluye el cumplimiento de normas que establecen gastos.

IV.- LA IMPUGNACIÓN

La actora argumenta que si bien es cierto que el cumplimiento de la ley generaría una vinculación de la docente en calidad de provisionalidad en la planta de la administración, no lo es que dicha vinculación genere un gasto que deba incluirse en el presupuesto de la entidad territorial, porque el espíritu de la ley 715 es que el pago de los docentes se haga a través del sistema general de participación, lo cual indica que el pago del docente se haga con los dineros de las transferencias de la Nación y no por los dineros de la entidad territorial departamental.

Por otra parte, aduce que la Directiva Ministerial del 23 de abril de 2002 ha reiterado el derecho de los docentes como ella a ser relacionados en la planta de personal que deberá ser enviada a la Nación para vincularlos laboralmente, planta que será pagada por el Sistema de Participaciones.

V.- LAS CONSIDERACIONES

V. 1ª. El artículo 1º de la Ley 393 de 1997, en desarrollo del artículo 87 de la Constitución Política, dispone que toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en la misma ley, para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.

V. 2ª. En el presente caso, la actora solicita el cumplimiento del artículo 38 de la Ley 715 de 2001, en cuanto considera que le impone al departamento de Santander que le ratifique el contrato como docente al servicio de ese ente territorial, atendiendo los términos de la solicitud presentada a dicho funcionario, la cual ofrece como prueba de la renuencia por parte de éste.

El citado artículo trata de la “incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los cargos de las plantas” y al efecto dispone que la provisión de cargos en las plantas financiadas del Sistema General de Participaciones se realizará por la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla con los requisitos para el ejercicio del cargo. Para ese fin prevé tres situaciones, de las cuales la actora dice encontrase en la primera, pero vistos los hechos en que se funda la demanda, se observa que su caso puede corresponder a la tercera situación, descrita así en el inciso sexto de la norma:

“Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que a 1º de noviembre de 2000 se encontraban contratados en departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos no fueron renovados en el 2001, serán vinculados durante el año 2002 de manera provisional, previa identificación y verificación de requisitos, salvo que sus contratos hayan sido suprimidos como resultado del proceso de reorganización del sector educativo o de la entidad territorial”.

Al respecto, está probado que la accionante estuvo contratada mediante órdenes de servicio como docente por el departamento de Santander, por períodos breves entre marzo y noviembre de 2000, y todo indica que este contrato no le fue renovado en 2001, de suerte que está entre los docentes que según la norma transcrita podría tener derecho a ser vinculada de manera provisional en 2002.

Sin embargo, tal como lo advierte el a quo, esa norma dispone o implica un gasto consistente en la remuneración que habría que pagarle a la actora en la hipótesis de que se le dé aplicación en su caso concreto, en la forma como ella lo solicita, esto es, mediante la ratificación del último contrato que suscribió en 2000, por lo tanto la demanda está incursa en la causal de improcedibilidad de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 9º, parágrafo, de la Ley 393 de 1997, razón suficiente para confirmar la sentencia apelada.

No obstante, no sobra advertir, en gracia de discusión, que el derecho de vinculación provisional no es automático, de suerte que para la Administración no significa un deber de cumplimiento directo o inmediato, sino que uno y otro son relativos, en la medida de que están condicionados a la existencia de otras circunstancias, como son, que exista el cargo (el contrato dice el inciso en comento), en la medida en que no haya sido suprimido por reorganización del sector educativo o de la entidad territorial; en caso de que exista el cargo, que estén identificados los requisitos del mismo y verificado el cumplimiento de ellos y, aunque la norma no lo diga, de suyo es necesario que no se encuentre ocupado por alguien con mejor derecho (v. gr. por reintegro en cumplimiento de sentencia judicial, como lo alega la entidad demandada); y que se trate de un cargo de la planta financiada con recursos del Sistema General de Participaciones. Además, es menester cotejar las tres hipótesis descritas en la norma con el fin de establecer la prelación entre ellas. Todo ello indica que no se evidencia una obligación exigible a cargo de la entidad demandada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


FALLA


CONFÍRMASE la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, proferida en el presente asunto.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor, el cual vigilará el cumplimiento de la misma.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 6 de febrero de 2003.


MANUEL S. URUETA AYOLA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Presidente



OLGA INES NAVARRETE BARRERO GABRIEL E. MENDOZA MARTELO







REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Presidencia

COMUNICADO DE PRENSA

La Corte Constitucional en la Sala Plena celebrada el día 6 de mayo de 2003, adoptó
las siguientes decisiones:
4. EXPEDIENTE D-4295 y 4299 C-357/03
Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa
4.1. Norma revisada
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 (parciales), así como contratos artículos 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20 y 21 (en su totalidad) del Decreto 1283 de 2002 (Organiza un
Sistema de Inspección y Vigilancia para la educación preescolar, básica y media)
4.2. Contenido de la norma revisada
Aspectos genérales. Competencias en materia de inspección y vigilancia sobre la
educación. Facultades de las autoridades para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia. Evaluación del sector educativo en las entidades territoriales. Acciones administrativas.

4.3. Razones de la decisión

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-097 de 2003, declaró la inexequibilidad
del numeral 1 del artículo 111 de la Ley 715 de 2001, norma ésta que sirvió de
fundamento para la expedición del Decreto 1283 de 2002. Puesto que dicho artículo no
cumplió las exigencias constitucionales en materia de precisión de las facultades
extraordinarias concedidas al Presidente de la República, tales facultades se
encontraban viciadas desde el acto mismo de su expedición. Así las cosas, el Decreto
1283 de 2002, resulta inexequible por consecuencia. La Corte procede a hacer la
integración normativa de todos los artículos del Decreto 1283 de 2002, tanto de los
parcial o totalmente demandados como de los no demandados, pero que hacen parte
del Decreto. Según doctrina constitucional de la Corporación, con la declaratoria de
inexequibilidad de una norma derogatoria, en este caso el artículo 22 del Decreto 1283
de 2002, reviven las normas que habían sido derogadas por la norma ahora declarada
inexequible.

4.4. Decisión

La Corte declaró inexequible, a partir de la fecha de su promulgación, el Decreto 1283
de 2002, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades
extraordinarias otorgadas por el numero 1 del artículo 111 de la Ley 715 de 2001.

4.6. Aclaración de voto de magistrado JAIME ARAUJO RENTERÍA en cuanto
considera no reviven normas anteriores como consecuencia de una declaratoria de
inexequibilidad.
Adicionalmente, los magistrados JAIME ARAUJO RENTERÍA y ALFREDO BELTRÁN
SIERRA, aclararon el voto en razón de que en su momento, se apartaron de la
decisión de exequibilidad de la Ley 715 de 2001.



EDUARDO MONTEALÉGRE LYNETT
Presidente









Imagen
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Decreto No. 1919, 27 de agosto de 2002

Por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los
empleados públicos y se regula el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial de las que le confiere el artículo 150 numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política y el artículo 12 de la Ley 4a de 1992,


CONSIDERANDO:

Que con anterioridad a la Constitución Política de 1991 la facultad para fijar el régimen de prestaciones sociales de los empleados públicos del nivel territorial atribuida, por disposiciones constitucionales, al Congreso de la República sin que existiera norma que radicara al competencia para el establecimiento de este régimen en las autoridades territoriales.

Que, como consecuencia de lo anterior, las prestaciones sociales aplicables a los empleados públicos del nivel departamental, distrital y municipal debían ser las establecidas por el legislador.

Que la Constitución Política de 1991, en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f), faculta al Gobierno para fijar el régimen salaria y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y regular el régimen de prestaciones sociales mínimas de los trabajadores oficiales, de conformidad con los objetivos y criterios señalados en la Ley.

Que en desarrollo de la anterior disposición constitucional el Congreso expidió la Ley 4ª. de 1992, señalando las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, entre ellos los de los niveles departamental, distrital y municipal y de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales, consagrando en el artículo 12 que no podrán las Corporaciones Públicas territoriales arrogarse esta facultad.

DECRETA:

Artículo 1.- A partir de la vigencia del presente Decreto todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva de los niveles Departamental, Distrital y Municipal, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales, a las Veedurías, así como el personal administrativo de empleados públicos de las Juntas Administrativas Locales, de las Instituciones de Educación Superior, de las Instituciones de Educación Primaria, Secundaría y media vocacional, gozarán del régimen de prestaciones sociales señalado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Públicos del Orden Nacional.

Las prestaciones sociales contempladas en dicho régimen serán liquidadas con base en los factores para ellas establecidas.

Artículo 2.- A las personas vinculadas a las Empresas Sociales del Estado se les continuará aplicando el régimen de prestaciones sociales de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley 100 de 1993.

Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el decreto 1252 de 2000.

Artículo 4.- El régimen de prestaciones sociales mínimas aplicable a los trabajadores oficiales vinculados a las entidades de que trata este Decreto será, igualmente, el consagrado para los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional.

Artículo 5.- Los derechos adquiridos, considerados como las situaciones jurídicas consolidadas a favor de los empleados públicos y trabajadores oficiales, que para efectos del presente decreto se entienden como aquellas prestaciones sociales causadas así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, no podrán ser afectados.

Parágrafo: En concordancia con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 4 de 1992, todo régimen de prestaciones sociales que se establezca contraviniendo las disposiciones contenidas en el presente Decreto carecerá de efecto y no creará derechos adquiridos

Artículo 6.- Este Decreto rige a partir del 1 de septiembre de 2002 y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial los decretos 1054 de 1938, 484 y 2939 de 1944 y 1133 y 1808 de 1994.

Publíquese y cúmplase

Dado en Bogotá D.C., a los 27 de agosto de 2002

El ministro de Hacienda y Crédito Público,

Roberto Junguito Bonett

El Ministro de Trabajo y Seguridad Social, (E)

Juan Luis Londoño de La Cuesta

El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,

Mauricio Zuluaga Ruiz








CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MANUEL SANTIAGO URUETA AYOLA

Bogotá, D. C., seis ( 6 ) de febrero del dos mil tres (2003)
Radicación núm.: 680012315000200201892 01
Actor: Cristina Pérez de Duarte

Ref.: Expediente Núm. Interno 1701

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, el 23 de octubre de 2002, mediante el cual negó las pretensiones de la demanda formulada en acción de cumplimiento contra el Departamento de Santander - Secretaria de Educación.

I.- LA DEMANDA

I. 1. Las pretensiones

La ciudadana Cristina Pérez de Duarte, en demanda de acción de cumplimiento dirigida contra el Departamento de Santander - Secretaria de Educación, persigue el cumplimiento inmediato del artículo 38, inciso 2, de la Ley 715 de 2001.
I. 2. Los hechos

Refiere la actora que el artículo 38, inciso 2, de la Ley 715 del 2001 establece que los docentes que a 1º de noviembre de 2000 se encontraban contratados en departamentos o municipios por prestación de servicios y cuyos contratos fueron renovados en el año 2001 se les renovará el contrato antes del 1º de febrero de 2002, y si dichos contratos no fueron revocados estos docentes serán vinculados de manera provisional durante el año 2002, salvo que los contratos hayan sido suprimidos por la reorganización del sector educativo o de la entidad territorial . Agrega que pese a haber cumplido los requisitos que la ley señala para la renovación de su contrato, este no fue renovado por razones diferentes a la reorganización del sector educativo o de la entidad territorial, razón por la cual se encuentra desempleada.

Aduce que la entidad demandada no ha hecho esfuerzo alguno para cumplir dicho mandato después de habérsele requerido en forma directa y por escrito el cumplimiento del mismo, a lo cual no ha dado repuesta, constituyéndose en una autoridad renuente por haber transcurrido el término que señala el artículo 80, inciso 2, de la Ley 393 de 1997, pese a estar obligada a ubicar rápida y eficientemente a los docentes que reúnen los requisitos y tengan derecho según la Ley 715 de 2001.


II.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demandada manifestó que ha actuado dentro del marco de la ley y que ha dado aplicación a la Ley 715 de 2001 y a todas las normas concordantes de la misma, toda vez que el artículo 35 señala un periodo de transición hasta de dos (2) años contados desde la vigencia de la misma; que el artículo 38 señala que para tener derecho a ser vinculado de manera provisional durante el año electivo de 2002, debe haber estado contratado en departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios y encontrarse en uno de los supuestos previstos en la norma.

Que el artículo 40 ibídem faculta a la Nación para “ fijar procedimientos y límites para la elaboración de las plantas de cargos docentes y administrativos por municipios y distritos, con base en lo cual se profirió la Directiva Ministerial núm. 003 de 24 de enero de 2002, que establece varios criterios para garantizar la prestación del servicio educativo durante el 2002.

Que a la actora no le fue renovado el contrato en el 2001, por tanto su vinculación provisional estará condicionada a la determinación de la planta de cargos y a la determinación del Plan de Reorganización del Sector Educativo, y una vez exista una vacante de la planta de cargos tendrán prioridad para ser vinculados en provisionalidad quienes se les renovaron los contratos en el año 2001.

Por lo tanto no ha omitido este deber, sino que se encuentra garantizando plenamente el cumplimiento del ordenamiento jurídico, según relato de las diligencias administrativas que al respecto ha realizado.

III.- EL FALLO APELADO

El Tribunal denegó, por improcedente, la presente acción por considerar que el artículo 9, parágrafo, de la ley 393 de 1997: “ Parágrafo: La acción regulada en la presente ley no podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos”, y como el artículo 38 de la Ley 715 de 2001 y demás, consagran un deber legal para los entes territoriales que lleva implícito necesariamente una orden de vinculación que genera un gasto, que de no estar incluido en el presupuesto de la entidad territorial, en la respectiva anualidad de la cual se predica el incumplimiento, no puede decretarse.

Además, el Presupuesto General del Municipio es un acto administrativo en el cual se estiman anticipadamente rentas del municipio y autorizan gastos para un periodo determinado.

Por ello encontró improcedente la presente acción, pues el deber legal de la entidad demandada incluye el cumplimiento de normas que establecen gastos.

IV.- LA IMPUGNACIÓN

La actora argumenta que si bien es cierto que el cumplimiento de la ley generaría una vinculación de la docente en calidad de provisionalidad en la planta de la administración, no lo es que dicha vinculación genere un gasto que deba incluirse en el presupuesto de la entidad territorial, porque el espíritu de la ley 715 es que el pago de los docentes se haga a través del sistema general de participación, lo cual indica que el pago del docente se haga con los dineros de las transferencias de la Nación y no por los dineros de la entidad territorial departamental.

Por otra parte, aduce que la Directiva Ministerial del 23 de abril de 2002 ha reiterado el derecho de los docentes como ella a ser relacionados en la planta de personal que deberá ser enviada a la Nación para vincularlos laboralmente, planta que será pagada por el Sistema de Participaciones.

V.- LAS CONSIDERACIONES

V. 1ª. El artículo 1º de la Ley 393 de 1997, en desarrollo del artículo 87 de la Constitución Política, dispone que toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en la misma ley, para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.

V. 2ª. En el presente caso, la actora solicita el cumplimiento del artículo 38 de la Ley 715 de 2001, en cuanto considera que le impone al departamento de Santander que le ratifique el contrato como docente al servicio de ese ente territorial, atendiendo los términos de la solicitud presentada a dicho funcionario, la cual ofrece como prueba de la renuencia por parte de éste.

El citado artículo trata de la “incorporación de docentes, directivos docentes y administrativos a los cargos de las plantas” y al efecto dispone que la provisión de cargos en las plantas financiadas del Sistema General de Participaciones se realizará por la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla con los requisitos para el ejercicio del cargo. Para ese fin prevé tres situaciones, de las cuales la actora dice encontrase en la primera, pero vistos los hechos en que se funda la demanda, se observa que su caso puede corresponder a la tercera situación, descrita así en el inciso sexto de la norma:

“Los docentes, directivos docentes y funcionarios administrativos de los planteles educativos que a 1º de noviembre de 2000 se encontraban contratados en departamentos y municipios por órdenes de prestación de servicios, y que cumplan los requisitos para el ejercicio del respectivo cargo, y cuyos contratos no fueron renovados en el 2001, serán vinculados durante el año 2002 de manera provisional, previa identificación y verificación de requisitos, salvo que sus contratos hayan sido suprimidos como resultado del proceso de reorganización del sector educativo o de la entidad territorial”.

Al respecto, está probado que la accionante estuvo contratada mediante órdenes de servicio como docente por el departamento de Santander, por períodos breves entre marzo y noviembre de 2000, y todo indica que este contrato no le fue renovado en 2001, de suerte que está entre los docentes que según la norma transcrita podría tener derecho a ser vinculada de manera provisional en 2002.

Sin embargo, tal como lo advierte el a quo, esa norma dispone o implica un gasto consistente en la remuneración que habría que pagarle a la actora en la hipótesis de que se le dé aplicación en su caso concreto, en la forma como ella lo solicita, esto es, mediante la ratificación del último contrato que suscribió en 2000, por lo tanto la demanda está incursa en la causal de improcedibilidad de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 9º, parágrafo, de la Ley 393 de 1997, razón suficiente para confirmar la sentencia apelada.

No obstante, no sobra advertir, en gracia de discusión, que el derecho de vinculación provisional no es automático, de suerte que para la Administración no significa un deber de cumplimiento directo o inmediato, sino que uno y otro son relativos, en la medida de que están condicionados a la existencia de otras circunstancias, como son, que exista el cargo (el contrato dice el inciso en comento), en la medida en que no haya sido suprimido por reorganización del sector educativo o de la entidad territorial; en caso de que exista el cargo, que estén identificados los requisitos del mismo y verificado el cumplimiento de ellos y, aunque la norma no lo diga, de suyo es necesario que no se encuentre ocupado por alguien con mejor derecho (v. gr. por reintegro en cumplimiento de sentencia judicial, como lo alega la entidad demandada); y que se trate de un cargo de la planta financiada con recursos del Sistema General de Participaciones. Además, es menester cotejar las tres hipótesis descritas en la norma con el fin de establecer la prelación entre ellas. Todo ello indica que no se evidencia una obligación exigible a cargo de la entidad demandada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


FALLA


CONFÍRMASE la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander, proferida en el presente asunto.

En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor, el cual vigilará el cumplimiento de la misma.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de 6 de febrero de 2003.


MANUEL S. URUETA AYOLA CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Presidente



OLGA INES NAVARRETE BARRERO GABRIEL E. MENDOZA MARTELO







REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL
Presidencia

COMUNICADO DE PRENSA

La Corte Constitucional en la Sala Plena celebrada el día 6 de mayo de 2003, adoptó
las siguientes decisiones:
4. EXPEDIENTE D-4295 y 4299 C-357/03
Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa
4.1. Norma revisada
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 (parciales), así como contratos artículos 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20 y 21 (en su totalidad) del Decreto 1283 de 2002 (Organiza un
Sistema de Inspección y Vigilancia para la educación preescolar, básica y media)
4.2. Contenido de la norma revisada
Aspectos genérales. Competencias en materia de inspección y vigilancia sobre la
educación. Facultades de las autoridades para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia. Evaluación del sector educativo en las entidades territoriales. Acciones administrativas.

4.3. Razones de la decisión

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-097 de 2003, declaró la inexequibilidad
del numeral 1 del artículo 111 de la Ley 715 de 2001, norma ésta que sirvió de
fundamento para la expedición del Decreto 1283 de 2002. Puesto que dicho artículo no
cumplió las exigencias constitucionales en materia de precisión de las facultades
extraordinarias concedidas al Presidente de la República, tales facultades se
encontraban viciadas desde el acto mismo de su expedición. Así las cosas, el Decreto
1283 de 2002, resulta inexequible por consecuencia. La Corte procede a hacer la
integración normativa de todos los artículos del Decreto 1283 de 2002, tanto de los
parcial o totalmente demandados como de los no demandados, pero que hacen parte
del Decreto. Según doctrina constitucional de la Corporación, con la declaratoria de
inexequibilidad de una norma derogatoria, en este caso el artículo 22 del Decreto 1283
de 2002, reviven las normas que habían sido derogadas por la norma ahora declarada
inexequible.

4.4. Decisión

La Corte declaró inexequible, a partir de la fecha de su promulgación, el Decreto 1283
de 2002, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades
extraordinarias otorgadas por el numero 1 del artículo 111 de la Ley 715 de 2001.

4.6. Aclaración de voto de magistrado JAIME ARAUJO RENTERÍA en cuanto
considera no reviven normas anteriores como consecuencia de una declaratoria de
inexequibilidad.
Adicionalmente, los magistrados JAIME ARAUJO RENTERÍA y ALFREDO BELTRÁN
SIERRA, aclararon el voto en razón de que en su momento, se apartaron de la
decisión de exequibilidad de la Ley 715 de 2001.



EDUARDO MONTEALÉGRE LYNETT
Presidente
















DIARIO OFICIAL
45.079

LEY 797 DE 2003
(enero 29)
Por la cual se reforman algunasdisposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.

El Congreso de Colombia
DECRETA:

Artículo 1°. El artículo 11 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 11. Campo de aplicación. El Sistema General de Pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional,conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado en general.
Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes.

Artículo 2°. Se modifican los literales a), e),i), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales quedarán así:

Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones.
a) La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes;
e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez;
i) El fondo de solidaridad pensional estará destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los grupos de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como trabajadores independientes o desempleados, artistas, deportistas, madres comunitarias y discapacitados. Créase una subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional, destinado a la protección de las personas en estado de indigencia o de pobreza extrema, mediante un subsidio económico, cuyo origen, monto y regulación se establece en esta ley. La edad para acceder a esta protección será en todo caso tres (3) años inferior a la que rija en el sistema general de pensiones para los afiliados.
l) En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión. Tampoco podrán otorgarse pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados, de conformidad con lo previsto en la presente ley. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en pactos o convenciones colectivas de trabajo;
m) Los recursos del Sistema General de Pensiones están destinados exclusivamente a dicho sistema y no pertenecen a la Nación, ni a las entidades que los administran.
n) El Estado es responsable de la dirección, coordinación y control del Sistema General de Pensiones y garante de los recursos pensionales aportados por los afiliados, en los términos de esta ley y controlará su destinación exclusiva, custodia y administración.
La Nación podrá, a partir de la vigencia de la presente ley, asumir gradualmente el pago de las prestaciones y mesadas pensionales de los pensionados que adquirieron su derecho con anterioridad al 4 de julio de 1991, en los nuevos departamentos creados en virtud del artículo 309 de la Constitución Nacional;
o) El sistema general de pensiones propiciará la concertación de los diversos agentes en todos los niveles;
p) Los afiliados que al cumplir la edad de pensión no reúnan los demás requisitos para tal efecto, tendrán derecho a una devolución de saldos o indemnización sustitutiva de acuerdo con el régimen al cual estén afiliados y de conformidad con lo previsto en la presente ley;
q) Los costos de administración del sistema general de pensiones permitirán una comisión razonable a las administradoras y se determinarán en la forma prevista en la presente ley.

Artículo 3°. El artículo 15 de la Ley 100 de 1993, quedará así:
Artículo 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:
1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores independientes y los grupos de población que por sus características o condiciones socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuestales.
También serán afiliados en forma obligatoria al Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 1993, y se regirán por todas las disposiciones contenidas en esta ley para todos los efectos, los servidores públicos que ingresen a Ecopetrol, a partir de la vigencia de la presente ley.
Durante los tres (3) años siguientes a la vigencia de esta ley, los Servidores públicos en cargos de carrera administrativa, afiliados al régimen de prima media con prestación definida deberán permanecer en dicho régimen mientras mantengan la calidad de tales. Así mismo quienes ingresen por primera vez al Sector Público en cargos de carrera administrativa estarán obligatoriamente afiliados al Instituto de los Seguros Sociales, durante el mismo lapso.
Parágrafo 1°. En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán los siguientes principios:
a) El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado. De tal manera que aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de solidaridad previstos en esta ley;
b) Podrán efectuarse pagos anticipados de aportes;
c) El Gobierno Nacional establecerá un sistema de descuento directo de aportes para permitir el pago directo de los mismos;
d) Las administradoras no podrán negar la afiliación de los trabajadores independientes ni exigir requisitos distintos a los expresamente previstos por las normas que las rigen;
e) Los aportes podrán ser realizados por terceros a favor del afiliado sin que tal hecho implique por sí solo la existencia de una relación laboral;
f) Para verificar los aportes, podrán efectuarse cruces con la información de las autoridades tributarias y, así mismo, solicitarse otras informaciones reservadas, pero en todo caso dicha información no podrá utilizarse para otros fines.
2. En forma voluntaria: Todas las personas naturales residentes en el país y los colombianos domiciliados en el exterior, que no tengan la calidad de afiliados obligatorios y que no se encuentren expresamente excluidos por la presente ley.
Los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de origen o de cualquier otro.
Parágrafo. Las personas a que se refiere el presente artículo podrán afiliarse al régimen por intermedio de sus agremiaciones o asociaciones, de acuerdo con la reglamentación que para tal efecto se expida dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de esta ley.
Artículo 4°. El artículo 17 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 17. Obligatoriedad de las Cotizaciones. Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.
La obligación de cotizar cesa al momento en que el afiliado reúna los requisitos para acceder a la pensión mínima de vejez, o cuando el afiliado se pensione por invalidez o anticipadamente.
Lo anterior sin perjuicio de los aportes voluntarios que decida continuar efectuando el afiliado o el empleador en los dos regímenes.
Artículo 5°. El inciso 4 y parágrafo del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 quedarán así:
Artículo 18. Base de Cotización. La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, será el salario mensual.
El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.
El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señale el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992.
El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores del sector público y privado. Cuando se devenguen mensualmente más de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de cotización será reglamentada por el gobierno nacional y podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales mensuales para garantizar pensiones hasta de veinticinco (25) salarios mínimos legales.
Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de salario integral, se calculará sobre el 70% de dicho salario.
En todo caso, el monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y proporcional al monto de la pensión.
Parágrafo 1°. En aquellos casos en los cuales el afiliado perciba salario de dos o más empleadores, o ingresos como trabajador independiente o por prestación de servicios como contratista, en un mismo período de tiempo, las cotizaciones correspondientes serán efectuadas en forma proporcional al salario, o ingreso devengado de cada uno de ellos, y estas se acumularán para todos los efectos de esta ley sin exceder el tope legal. Para estos efectos, será necesario que las cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la misma base.
En ningún caso el ingreso base de cotización podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Las personas que perciban ingresos inferiores al salario mínimo legal mensual vigente, podrán ser beneficiarias del Fondo de Solidaridad Pensional, a efectos de que éste le complete la cotización que les haga falta y hasta un salario mínimo legal mensual vigente, de acuerdo con lo previsto en la presente ley.
Artículo 6°. El artículo 19 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 19. Base de cotización de los trabajadores independientes. Los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos.
Cuando se trate de personas que el Gobierno Nacional haya determinado que deban ser subsidiadas temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la diferencia entre la totalidad del aporte y el subsidio recibido.
En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente.
Artículo 7°. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 20. Monto de las cotizaciones. La tasa de cotización continuará en el 13.5% del ingreso base de cotización.
En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes.
En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes.
A partir del 1° de enero del año 2004 la cotización se incrementará en un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización. Adicionalmente, a partir del 1° de enero del año 2005 la cotización se incrementará en medio por ciento (0.5%) y otro medio punto (0.5%) en el año 2006. A partir del 1° de enero del año 2008, el Gobierno Nacional podrá incrementar en un (1%) punto adicional la cotización por una sola vez, siempre y cuando el crecimiento del producto interno bruto sea igual o superior al 4% en promedio durante los dos (2) años anteriores.
El incremento de la cotización se destinará en el régimen de prima media al pago de pensiones y a la capitalización de reservas pensionales.
En el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad el incremento que se realice en el año 2004 se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del régimen de ahorro individual. Los incrementos que se realicen a partir del 2005 se destinarán a las cuentas individuales de ahorro pensional. Quinquenalmente y con base en los estudios financieros y actuariales que se realicen para tal fin, el gobierno redistribuirá los incrementos de cotización previstos en este artículo entre el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual y las cuentas de ahorro pensional.
La reducción en los costos de administración y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes deberá abonarse como un mayor valor en las cuentas de ahorro pensional de los trabajadores afiliados al régimen de ahorro individual o de las reservas en el ISS, según el caso.
Los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores el 25% restante.
En ningún caso en el régimen de prima media se podrán utilizar recursos de las reservas de pensión de vejez, para gastos administrativos u otros fines distintos.
Para financiar las pensiones de invalidez y de sobrevivientes de los actuales y futuros afiliados al ISS, se podrá trasladar recursos de las reservas de pensión de vejez a las de invalidez y sobrevivientes.
El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de las cuentas separadas en el Instituto de Seguros Sociales y demás entidades administradoras de prima media, de manera que en ningún caso se puedan utilizar recursos de las reservas de pensión de vejez para gastos administrativos u otros fines distintos a pagar pensiones.
Los afiliados que tengan un ingreso mensual igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán a su cargo un aporte adicional de un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización, destinado al fondo de solidaridad pensional, de conformidad con lo previsto en la presente ley en los artículos 25 y siguientes de la Ley 100 de 1993.
Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán un aporte adicional sobre su ingreso base de cotización, así: de 16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv, de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv, de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1% destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia, del Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la presente ley.
La entidad a la cual esté cotizando el afiliado deberá recaudar y trasladar al fondo de solidaridad pensional los recursos correspondientes en los términos y condiciones que señale el Gobierno Nacional.
Parágrafo 1°. Para efectos del cálculo del ingreso base de cotización de los funcionarios que prestan sus servicios en la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, se tomará como base la asignación básica mensual y los factores salariales establecidos en las normas vigentes para los cargos equivalentes de la planta interna. En todo caso, el ingreso base de liquidación de estos servidores también será el establecido en las normas vigentes para los cargos equivalentes en la planta interna, teniendo en cuenta los topes de pensión que sean aplicables.
Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional nombrará a más tardar el 31 de diciembre de 2003, una comisión de actuarios conformada por miembros de varias asociaciones de actuarios si las hubiera o quien haga sus veces, para que verifique, con base en los datos estadísticos de la población de afiliados al Sistema General de Pensiones y a las reservas disponibles en el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual, la suficiencia técnica del fondo.
Artículo 8°. El artículo 27 de la Ley 100 de 1993, quedará así:
Artículo 27. Recursos. El fondo de solidaridad pensional tendrá las siguientes fuentes de recursos:
1. Subcuenta de solidaridad
a) El cincuenta por ciento (50%) de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotización, a cargo de los afiliados al sistema general de pensiones cuya base de cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes;
b) Los recursos que aporten las entidades territoriales para planes de extensión de cobertura en sus respectivos territorios, o de agremiaciones o federaciones para sus afiliados;
c) Las donaciones que reciba, los rendimientos financieros de sus recursos, y en general los demás recursos que reciba a cualquier título, y
d) Las multas a que se refieren los artículos 111 y 271 de la Ley 100 de 1993.
2. Subcuenta de Subsistencia
a) Los afiliados con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes, tendrán un aporte adicional sobre su ingreso base de cotización, así: de 16 a 17 smlmv de un 0.2%, de 17 a 18 smlmv de un 0.4%, de 18 a 19 smlmv de un 0.6%, de 19 a 20 smlmv de un 0.8% y superiores a 20 smlmv de 1% destinado exclusivamente a la subcuenta de subsistencia del Fondo de Solidaridad Pensional de que trata la presente ley;
b) El cincuenta (50%) de la cotización adicional del 1% sobre la base de cotización, a cargo de los afiliados al sistema general de pensiones cuya base de cotización sea igual o superior a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales vigentes;
c) Los aportes del presupuesto nacional. Estos no podrán ser inferiores a los recaudados anualmente por los conceptos enumerados en los literales a) y b) anteriores, y se liquidarán con base en lo reportado por el fondo en la vigencia del año inmediatamente anterior, actualizados con base en la variación del índice de precios al consumidor, certificado por el DANE;
d) Los pensionados que devenguen una mesada superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes y hasta veinte (20) contribuirán para el Fondo de Solidaridad Pensional para la subcuenta de subsistencia en un 1%, y los que devenguen más de veinte (20) salarios mínimos contribuirán en un 2% para la misma cuenta.
Parágrafo 1°. Para ser beneficiario del subsidio a los aportes, los afiliado al ISS, deberán ser mayores de 55 años y los vinculados a los fondos de pensiones deberán ser mayores de 58, siempre y cuando no tengan un capital suficiente para financiar una pensión mínima.
Parágrafo 2°. Cuando quiera que los recursos que se asignan a la subcuenta de solidaridad no sean suficientes para atender los subsidios que hayan sido otorgados a la entrada en vigencia de esta ley, se destinará el porcentaje adicional que sea necesario de la cotización del uno por ciento que deben realizar quienes tengan ingresos iguales o superiores a cuatro (4) salarios mínimos legales mensuales.
Artículo 9°. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 33. Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:
1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.
A partir del 1° de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.
2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.
A partir del 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1° de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
Parágrafo 1°. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta:
a) El número de semanas cotizadas en cualquiera de los dos regímenes del sistema general de pensiones;
b) El tiempo de servicio como servidores públicos remunerados, incluyendo los tiempos servidos en regímenes exceptuados;
c) El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 tenían a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre y cuando la vinculación laboral se encontrara vigente o se haya iniciado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993.
d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.
e) El número de semanas cotizadas a cajas previsionales del sector privado que antes de la Ley 100 de 1993 tuviesen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión.
En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional.
Los fondos encargados reconocerán la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud por el peticionario, con la correspondiente documentación que acredite su derecho. Los Fondos no podrán aducir que las diferentes cajas no les han expedido el bono pensional o la cuota parte.
Parágrafo 2°. Para los efectos de las disposiciones contenidas en la presente ley, se entiende por semana cotizada el periodo de siete (7) días calendario. La facturación y el cobro de los aportes se harán sobre el número de días cotizados en cada período.
Parágrafo 3°. Se considera justa causa para dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, que el trabajador del sector privado o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión. El empleador podrá dar por terminado el contrato de trabajo o la relación legal o reglamentaria, cuando sea reconocida o notificada la pensión por parte de las administradoras del sistema general de pensiones.
Transcurridos treinta (30) días después de que el trabajador o servidor público cumpla con los requisitos establecidos en este artículo para tener derecho a la pensión, si este no la solicita, el empleador podrá solicitar el reconocimiento de la misma en nombre de aquel.
Lo dispuesto en este artículo rige para todos los trabajadores o servidores públicos afiliados al sistema general de pensiones.
Parágrafo 4°. Se exceptúan de los requisitos establecidos en los numerales 1 y 2 del presente artículo, las personas que padezcan una deficiencia física, síquica o sensorial del 50% o más, que cumplan 55 años de edad y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1000 o más semanas al régimen de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993.
La madre trabajadora cuyo hijo menor de 18 años padezca invalidez física o mental, debidamente calificada y hasta tanto permanezca en este estado y continúe como dependiente de la madre, tendrá derecho a recibir la pensión especial de vejez a cualquier edad, siempre que haya cotizado al Sistema General de Pensiones cuando menos el mínimo de semanas exigido en el régimen de prima media para acceder a la pensión de vejez. Este beneficio se suspenderá si la trabajadora se reincorpora a la fuerza laboral. Si la madre ha fallecido y el padre tiene la patria potestad del menor inválido, podrá pensionarse con los requisitos y en las condiciones establecidas en este artículo.
Artículo 10. El artículo 34 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 34. Monto de la Pensión de Vejez. El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.
A partir del 1° de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:
El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:
r = 65.50 0.50 s, donde:
r =porcentaje del ingreso de liquidación.
s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.
A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1° de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1° de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.
A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.
Artículo 11. Requisitos para obtener la pensión de invalidez. Tendrá derecho a la pensión de invalidez el afiliado al sistema que conforme a lo dispuesto en el artículo anterior sea declarado inválido y acredite las siguientes condiciones:
1. Invalidez causada por enfermedad: Que haya cotizado 50 semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración y su fidelidad de cotización para con el sistema sea al menos del 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez.
2. Invalidez causada por accidente: Que haya cotizado 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al hecho causante de la misma.
Parágrafo. Los menores de 20 años de edad solo deberán acreditar que han cotizado 26 semanas en el último año inmediatamente anterior al hecho causante de su invalidez o su declaratoria.
Artículo 12. El artículo 46 de la ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:
a) Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento;
b) Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento.
Parágrafo 1°. Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2 de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.
El monto de la pensión para aquellos beneficiarios que a partir de la vigencia de la Ley, cumplan con los requisitos establecidos en este parágrafo será del 80% del monto que le hubiera correspondido en una pensión de vejez.
Parágrafo 2°. Si la causa del fallecimiento es homicidio, se aplicará lo prescrito para accidente, y si es suicidio, se aplicará lo prescrito para enfermedad.
Artículo 13. Los artículos 47 y 74 quedarán así:
Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;
b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.
En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;
c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el Gobierno; y, los hijos inválidos si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993;
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de forma total y absoluta de este;
e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste.
Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil.
Artículo 14. El artículo 65 de la Ley 100 de 1993 quedará así:
Artículo 65. Garantía de Pensión Mínima de Vejez. En desarrollo de los artículos 13 y 48 de la Constitución Política, créase el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro individual con Solidaridad, como un patrimonio autónomo con cargo al cual se pagará, en primera instancia, la garantía de que trata este artículo. El Gobierno Nacional definirá el régimen de organización y administración de este fondo, así como la entidad o entidades que lo administrarán.
Los afiliados que a los sesenta y dos (62) años de edad, si son hombres, y cincuenta y siete (57), si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la Ley 100 de 1993, y hubiesen cotizado por lo menos mil ciento cincuenta (1.150) semanas tendrán derecho a que el Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.
A partir del 1° de enero de 2009 el número de semanas se incrementarán en veinticinco (25) semanas cada año hasta alcanzar 1.325 semanas de cotización en el 2015.
Parágrafo. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, se tendrá en cuenta lo previsto en los parágrafos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
Artículo 15. Sistema de registro único. Corresponde al Gobierno definir el diseño, organización y funcionamiento de:
a) El registro único de los afiliados al sistema general de pensiones, al sistema de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales, al Sena, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, y de los beneficiarios de la red de protección social. Dicho registro deberá integrarse con el registro único de aportantes y la inclusión de dicho registro será obligatorio para acceder a los subsidios o servicios financiados con recursos públicos a partir de su vigencia;
b) El sistema que permita la integración de los pagos de cotizaciones y aportes parafiscales a las entidades mencionadas en el inciso anterior, así como los demás aportes previstos para el sistema de seguridad social y protección social. El sistema será manejado por entidades de economía mixta de las cuales hagan parte las entidades de seguridad social, autorizadas para manejar los recursos de la seguridad social, tendrá a su cargo también la liquidación, administración y procesamiento de la información correspondiente;
c) El número único de identificación en seguridad social integral y la protección social, el cual deberá ser registrado por todas las entidades que realicen las transacciones que señale el Gobierno en la forma que éste establezca. Este número debe corresponder al número de la cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad o registro civil de nacimiento.
Parágrafo. El Gobierno Nacional expedirá dentro de un término de dos (2) años contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley los decretos necesarios para desarrollar el sistema a que se refiere el presente artículo.
Artículo 16. El régimen pensional de los miembros del magisterio, será regulado por ley.
Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades extraordinarias para:
1. Expedir normas con fuerza de ley para reformar el régimen pensional del Presidente de la República.
En desarrollo de estas facultades, se autoriza al Presidente de la República para modificar el Ingreso Base de Cotización, la tasa de cotización, el Ingreso Base de Liquidación de la pensión de vejez, la edad para acceder a la pensión de vejez, el número de semanas de cotización, el régimen de transición, las condiciones y requisitos para acceder a las pensiones de invalidez y sobrevivencia, las personas que pueden acceder a la sustitución pensional y los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el equilibrio financiero del sistema.
3. Expedir normas con fuerza de ley p ara reformar los regímenes pensionales propios de las Fuerzas Militares y de Policía y DAS de conformidad con los artículos 217 y 218 de la Constitución Política.
Artículo 18. Se modifica el inciso segundo, se modifica el inciso quinto y se adiciona el parágrafo 2° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así:
La edad para acceder a la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones, requisitos y monto de la pensión de acuerdo con lo señalado en el numeral 2 del artículo 33 y artículo 34 de esta ley, aplicables a estas personas, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente ley.
Tampoco será aplicable para quienes habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan cambiarse al de prima media con prestación definida, con excepción de aquellos afiliados que a 1° de abril de 1994 tenían 15 o más años de servicios prestados o semanas cotizadas, caso en el cual podrán pensionarse con el régimen anterior cuando cumplan los requisitos exigidos para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
a) Que se trasladen al fondo común de naturaleza pública del ISS, el capital ahorrado en su cuenta individual de conformidad con las normas previstas por la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios;
b) Que el capital ahorrado en la cuenta individual, descontado el bono pensional, no sea inferior al monto de las cotizaciones correspondientes en caso que hubieran permanecido en el régimen de prima media administrado por el ISS.
Para quienes el 1° de abril de 1994 tenían 15 años de servicios prestados o semanas cotizadas y se hubieren trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, el monto de la pensión vejez se calculará de acuerdo con lo establecido en la Ley 100 de 1993 para el régimen de ahorro individual con solidaridad.
Parágrafo 2°. Para los efectos de la presente ley se respetarán y garantizarán integralmente los derechos adquiridos a quienes hoy tienen la calidad de pensionados de jubilación, vejez, invalidez, sustitución y sobrevivencia en los diferentes órdenes, sectores y regímenes, así como a quienes han cumplido ya con los requisitos exigidos por la ley para adquirir la pensión, pero no se les ha reconocido.
Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes.

Artículo 20. Revisión de reconocimiento de sumas periódicas a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza pública. Las providencias judiciales que en cualquier tiempo hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro público o a fondos de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podrán ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor General de la República o del Procurador General de la Nación.
La revisión también procede cuando el reconocimiento sea el resultado de una transacción o conciliación judicial o extrajudicial.
La revisión se tramitará por el procedimiento señalado para el recurso extraordinario de revisión por el respectivo código y podrá solicitarse en cualquier tiempo por las causales consagradas para este en el mismo código y además:
a) Cuando el reconocimiento se haya obtenido con violación al debido proceso, y
b) Cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables.

Artículo 21. Adiciónese el artículo 54 de la Ley 100 de 1993 con el siguiente parágrafo.
Parágrafo. Las empresas del sector privado, conforme a lo establecido en los Decretos-ley 1282 y 1283 de 1994, deben transferir el valor de su cálculo actuarial a las cajas, fondos, o entidades de seguridad social del sector privado, que administren el régimen de prima media con prestación definida, tendrán plazo para realizar dicha transferencia en pagos anuales de forma lineal hasta el año 2023. El valor a pagar en cada anualidad se calculará de tal forma que permita atender las mesadas pensionales corrientes para cada vigencia fiscal.
Los valores que se deben transferir de conformidad con el inciso anterior incluyen además de las transferencias futuras todas las sumas de dinero que a la fecha de expedición de la presente ley no hayan sido transferidas y los intereses que sobre ellas se hayan causado.
Son ineficaces, sin necesidad de declaración judicial, las estipulaciones que formen parte de cualquier acto o acuerdo y que tengan por objeto o finalidad establecer pasos o condiciones diferentes a las consagradas en el siguiente artículo.

Artículo 22. A partir de la vigencia de la presente ley quien devengue una mesada pensional de hasta 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes solo pagarán el 50% de las cuotas moderadoras y los copagos a que están obligados.

Artículo 23. Se adiciona el parágrafo 2° del artículo 115 de la Ley 100 de 1993
Parágrafo 2°. Para el cubrimiento de estas obligaciones los entes territoriales podrán utilizar hasta el 50% del saldo disponible en la cuenta del Fondo de Pensiones de las entidades territoriales creado por la ley 549 de 1999 aun cuando no esté constituida la reserva correspondiente al 100% del pasivo pensional. Conforme a las reglas que establezca el Gobierno, estos recursos podrán transferirse directamente a las entidades administradoras en nombre de los entes territoriales emisores con la previa autorización.

Artículo 24. La presente ley rige al momento de su publicación y deroga los artículos 30y 31 de la Ley 397 de 1997 y demás normas que le sean contrarias.

El Presidente del honorable Senado de la República.
Luis Alfredo Ramos Botero.
El Secretario General del honorable Senado de la República,
Emilio Ramón Otero Dajud.
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes,
William Vélez Mesa.
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Angelino Lizcano Rivera.

REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y ejecútese.
Dada en Bogotá, D. C., a 29 de enero de 2003.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Roberto Junguito Bonnet.
El Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
Juan Luis Londoño de la Cuesta.


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ANALISIS CRITICO AL DECRETO 1850 SOBRE JORNADA ESCOLAR Y LABORAL DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENETS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS ESTATALES.
1.- La jornada escolar y el horario del docenete, será definido por el Rector o Director al comienzo del año lectivio (deben cumplirse 40 semanas lectivas con los alumnos).

2.- Las intensidades horarias mínimas semanales se contabilizarán horas efectivas de sesenta (60) minutos, para cada uno de los grados de la educación básica y media.

3.- Los periodos de clase serán definidos por el Rector o Director al comienzo de cada año lectivo y pueden tener duraciones diferentes.(art.3)

4.- La asignación academica de los docentes de la educación básica secundaria y media será de 22 horas efectivas de 60 minutos cada una.

5.- La jornada laboral de los docentes y de los directivos docentes será de 8 horas diarias mínimas.

6.- La asignación academica para los docentes será mínimo de 6 horas diarias, para completar el tiempo restante de la jornada laboral, los docentes puden realizar actividades propias del cargo dentro o fuera de la institución.

7.- Los alcaldes de las entidades territoriales certificadas ejercerán las funciones de control y de seguimiento de la jornada laboral y escolar de los docentes y directivos docentes.

8.- El calendario academico solo puede modificado por el MEN.

9.- Se prohibe a los consejos directivos de las instituciones ducativas autorizar recuperar tiempo dejado de laborar por cese de actividades ( se penaliza la protesta).

10.- Se reduce le número de docentes en la educación básica secundaria y media, debido al recorte del número de las horas de clase y al incremento del tiempo de estas a 60 minutos.

11.- En primaria se trabajarán 25 horas a la semana y en la básica secundaria y media 30 horas a la semana.

12.- En preescolar la intensidad horaria seráde 20 horas semnales.
 
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