Las organizaciones sociales, de derechos
humanos, ambientales, de desarrollo y los movimientos por la paz que convergemos en PAZ COLOMBIA, como espacio legitimo y autónomo.
Teniendo presente las normas y principios
estatuidos por los distintos instrumentos de derechos humanos y del derecho
internacional humanitario y conscientes de las graves implicaciones del Plan
Colombia en la crisis de derechos humanos y en el escalamiento de la guerra
Profundamente preocupadas por las
sistemáticas y reiteradas violaciones de derechos humanos que ocurren en el
país, las infracciones al D.I.H. que cometen todos los actores del conflicto
armado y el insuficiente acatamiento del gobierno colombiano de las
recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos
Reafirmamos nuestro compromiso con la
búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado, basada en la
plena vigencia y respeto de los derechos económicos, sociales, culturales,
civiles y políticos, ambientales, que
nos lleven a la construcción de un paz duradera con justicia social.
La construcción de la paz compete no solo a
los actores armados sino a toda la sociedad, por tanto PAZ COLOMBIA expresa la voluntad de que la sociedad civil
continúe fortaleciendo los espacios para la participación, la consulta, la
deliberación y el compromiso en las decisiones.
Ratificamos nuestro rechazo a toda
estrategia militarista como salida al conflicto, que como el llamado PLAN
COLOMBIA, solo significa un agravamiento de la dramática situación de derechos
humanos y de derecho internacional humanitario.
Reafirmando que el Plan Colombia significa
además el escalamiento del conflicto con repercusiones en la región andina, la
destrucción de los ecosistemas de alta montaña y en la región amazónica
producto de la fumigación y el incremento del desplazamiento y de la pobreza de
miles de campesinos.
Reiteramos nuestra firme decisión de no
recibir recursos que provengan del plan Colombia.
Instamos al Estado colombiano a tomar las
medidas inmediatas y efectivas que garanticen el desmantelamiento de los grupos
paramilitares y la desvinculación de los agentes de la Fuerza Pública que
apoyan estos grupos, en acciones
encubiertas y graves violaciones a los derechos humanos.
Así mismo, a capturarlos y ponerlos a disposición de los tribunales de justicia ordinaria
independiente del rango que ostenten. A tomar medidas efectivas de protección a
la población civil, no utilizar la naturaleza como instrumento de guerra y
hacer efectivas las recomendaciones internacionales y de los órganos de las
naciones unidas y de la OEA en derechos humanos
Llamamos al gobierno colombiano y a los
grupos insurgentes, a pactar una acuerdo humanitario concertado con la sociedad
civil, que definan mecanismos de verificación eficaces.
Exigimos el inmediato e impostergable cese
de los ataques a la población civil por
parte de todos los actores del conflicto armado y el respeto de las garantías
para la acción humanitaria de los organismos nacionales e internacionales.
Exigimos al Estado Colombiano y a los grupos
insurgentes, el respeto a la autonomía,
integridad y territorio de los pueblos indígenas y las comunidades
afrocolombianas y de las distintas formas organizativas de las comunidades en
las zonas de conflicto.
Pedimos al gobierno atender con urgencia la
grave crisis humanitaria que acarrea el
desplazamiento forzado de personas. Debe prevenir eficazmente sus causas y
generar mecanismos de protección y atención a los millones de desplazados y
garantizar su retorno en condiciones dignas y de seguridad. Así mismo, tender puentes con los países
vecinos y con las ACNUR para garantizar la plena vigencia del derecho
internacional de los refugiados.
Exhortamos a que la cooperación
internacional para la paz se desarrolle a partir de criterios de construcción
democrática, que posibiliten la solución negociada del conflicto armado, la plena participación y decisión de la sociedad colombiana en los diferentes
procesos y la plena vigencia de los
derechos humanos entendidos integralmente.
Reiteramos que en la base del conflicto
armado, y desde sus orígenes hay una situación de inequidad, exclusión social y por lo tanto de conflictividad no
resuelta. Además nos encontramos en una
profunda crisis económica y social que se expresa en la pobreza creciente y en
las altas tasas de desempleo.
Advertimos que las políticas neoliberales no
han hecho más que agravarla.
Consideramos indispensable una profunda reforma que permita recuperar
seriamente las posibilidades de desarrollo económica, a la vez que elimine las
graves iniquidades sociales y todo tipo de exclusión.
Invitamos al gobierno y a la comunidad
internacional a orientar las inversiones para la paz en proyecto de
sustentabilidad social, cultural, económica y ecológica, que en acuerdo con las
comunidades del campo o la ciudad permitan la reconstrucción de nuestro país en
función de los retos ambientales del presente y el futuro y en aras a que los
colombianos tengamos una vida digna.
Agradecemos profundamente al gobierno y al
pueblo de Costa Rica por su hospitalidad, a los gobiernos participantes, al
IIDH y la Universidad de la Paz, y a las organizaciones internacionales por
haber atendido nuestra invitación a participar en este Encuentro y a la
insurgencia representada en este evento por el ELN y lamentamos las
dificultades que impidieron la presencia física de las FARC-EP.
Este Encuentro es un paso más en el compromiso irrenunciable de la sociedad colombiana por construir una
paz justa, democrática, duradera y sostenible.