DECLARACIÓN FINAL DE PAZ COLOMBIA

DECLARACIÓN FINAL DE PAZ COLOMBIA

 

 

Las organizaciones sociales, de derechos humanos, ambientales, de desarrollo y los movimientos por la paz  que convergemos  en PAZ COLOMBIA, como espacio legitimo y autónomo.

 

Teniendo presente las normas y principios estatuidos por los distintos instrumentos de derechos humanos y del derecho internacional humanitario y conscientes de las graves implicaciones del Plan Colombia en la crisis de derechos humanos y en el escalamiento de la guerra

 

Profundamente preocupadas por las sistemáticas y reiteradas violaciones de derechos humanos que ocurren en el país, las infracciones al D.I.H. que cometen todos los actores del conflicto armado y el insuficiente acatamiento del gobierno colombiano de las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos

 

Reafirmamos nuestro compromiso con la búsqueda de una solución política negociada al conflicto armado, basada en la plena vigencia y respeto de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, ambientales,  que nos lleven a la construcción de un paz duradera con justicia social.

 

La construcción de la paz compete no solo a los actores armados sino a toda la sociedad, por tanto PAZ COLOMBIA  expresa la voluntad de que la sociedad civil continúe fortaleciendo los espacios para la participación, la consulta, la deliberación y el compromiso en las decisiones.

 

Ratificamos nuestro rechazo a toda estrategia militarista como salida al conflicto, que como el llamado PLAN COLOMBIA, solo significa un agravamiento de la dramática situación de derechos humanos y de derecho internacional humanitario.  

 

Reafirmando que el Plan Colombia significa además el escalamiento del conflicto con repercusiones en la región andina, la destrucción de los ecosistemas de alta montaña y en la región amazónica producto de la fumigación y el incremento del desplazamiento y de la pobreza de miles de campesinos. 

 

Reiteramos nuestra firme decisión de no recibir recursos que provengan del plan Colombia.

 

Instamos al Estado colombiano a tomar las medidas inmediatas y efectivas que garanticen el desmantelamiento de los grupos paramilitares y la desvinculación de los agentes de la Fuerza Pública que apoyan  estos grupos, en acciones encubiertas y graves violaciones a los derechos humanos.

 

Así mismo, a capturarlos  y ponerlos a disposición de  los tribunales de justicia ordinaria independiente del rango que ostenten. A tomar medidas efectivas de protección a la población civil, no utilizar la naturaleza como instrumento de guerra y hacer efectivas las recomendaciones internacionales y de los órganos de las naciones unidas y de la OEA en derechos humanos

 

Llamamos al gobierno colombiano y a los grupos insurgentes, a pactar una acuerdo humanitario concertado con la sociedad civil, que definan mecanismos de verificación eficaces.

 

Exigimos el inmediato e impostergable cese de los ataques a la población civil  por parte de todos los actores del conflicto armado y el respeto de las garantías para la acción humanitaria de los organismos nacionales e internacionales.

 

Exigimos al Estado Colombiano y a los grupos insurgentes, el respeto a la autonomía,  integridad y territorio de los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas y de las distintas formas organizativas de las comunidades en las zonas de conflicto. 

 

Pedimos al gobierno atender con urgencia la grave crisis humanitaria que acarrea  el desplazamiento forzado de personas. Debe prevenir eficazmente sus causas y generar mecanismos de protección y atención a los millones de desplazados y garantizar su retorno en condiciones dignas y de seguridad.    Así mismo, tender puentes con los países vecinos y con las ACNUR para garantizar la plena vigencia del derecho internacional de los refugiados.

 

Exhortamos a que la cooperación internacional para la paz se desarrolle a partir de criterios de construcción democrática, que posibiliten la solución negociada del conflicto armado,  la plena participación y decisión  de la sociedad colombiana en los diferentes procesos y  la plena vigencia de los derechos humanos entendidos integralmente.

 

Reiteramos que en la base del conflicto armado, y desde sus orígenes hay una situación de inequidad, exclusión social  y por lo tanto de conflictividad no resuelta.  Además nos encontramos en una profunda crisis económica y social que se expresa en la pobreza creciente y en las altas tasas de desempleo.

 

Advertimos que las políticas neoliberales no han hecho más que agravarla.  Consideramos indispensable una profunda reforma que permita recuperar seriamente las posibilidades de desarrollo económica, a la vez que elimine las graves iniquidades sociales y todo tipo de exclusión.

 

Invitamos al gobierno y a la comunidad internacional a orientar las inversiones para la paz en proyecto de sustentabilidad social, cultural, económica y ecológica, que en acuerdo con las comunidades del campo o la ciudad permitan la reconstrucción de nuestro país en función de los retos ambientales del presente y el futuro y en aras a que los colombianos tengamos una vida digna.

 

Agradecemos profundamente al gobierno y al pueblo de Costa Rica por su hospitalidad, a los gobiernos participantes, al IIDH y la Universidad de la Paz, y a las organizaciones internacionales por haber atendido nuestra invitación a participar en este Encuentro y a la insurgencia representada en este evento por el ELN y lamentamos las dificultades que impidieron la presencia física de las FARC-EP.

 

Este Encuentro es un paso más en el  compromiso irrenunciable  de la sociedad colombiana por construir una paz justa, democrática, duradera y sostenible.