Razón Española, nº 104; Franco en la Historia

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Franco en la Historia

Por A. Marchante Gil

Alzamiento o cruzada indice Franco y la Seguridad Social

Franco en la Historia

1. Preámbulo

Quien estas líneas escribe tenía diez años cuando comenzó la guerra en 1936, y cuarenta y nueve cuando murió el Generalísimo Franco. Pertenece, pues, a una generación que sufrió la guerra sin participar en ella más que como víctima, pasó por las vicisitudes españolas de aquella dura posguerra, coincidente con la II Guerra Mundial, vicisitudes que consistieron en el miedo a una nueva guerra, el hambre, la pobreza y privaciones de toda clase, y participó, como toda su generación, en un increíble esfuerzo de reconstrucción y recuperación que puso a España en 1975 entre las diez naciones más avanzadas del mundo.

Con esa experiencia vital, y dado que a la muerte de Franco en 1975, después de treinta y un años de servicio, sólo había alcanzado en una muy lenta carrera militar -debida a las consecuencias de ambas guerras y a una desacertada política profesional- el modesto empleo de comandante, ya pueden llover sobre mí todas las falsedades que, desde su fallecimiento, vienen siendo dirigidas a Franco, que nada me puede desviar de una objetiva visión de lo que aquel gobernante supuso para España y los españoles, dejando aparte cualesquiera reservas personales que pudiese tener en cuanto a determinados aspectos de su gobierno.

Como señalaba Tácito, a la muerte de un emperador, muchos de quienes le habían adulado en vida con singular vileza, le denostaban una vez muerto con una vileza aún mayor. De esos tenemos abundantes muestras en la España de hoy. ¡Ay de las hemerotecas! Si algunos pudieran las quemarían.

No es cuestión de repetir aquí la biografía de Franco antes del estallido de la guerra, pues es suficientemente conocida por cuantos han tenido la curiosidad o el interés de acercarse a su figura. Claro está que de esas fuentes hay que eliminar aquellas -y son muchas- que, faltando de la forma más descarada a la verdad de unos hechos bien demostrados, sólo tratan de arrojar sus propias frustraciones sobre Franco, a veces por odio ideológico, otras por ganarse una rentable reputación de izquierdismo y, en la mayoría de los casos, por la búsqueda de ventajas. ¿Hace falta dar nombres? Los hay nacionales, extranjeros y otros que no se sabe lo que son. Existen también, y no hay por qué negarlo, verdaderas hagiografías ad usum delphinis que tampoco deben ser tenidas en cuenta. La mayoría son fruto de la adulación a la que, por cierto, poco sensible era Franco.

Franco se hizo siempre responsable de sus actos «ante Dios y ante la Historia». Ante Dios ha comparecido hace un cuarto de siglo y, si nos atenemos a las palabras de su testamento -que tienen la sinceridad de un hombre próximo a morir y que lo sabe-, podemos creer que la misericordia de Dios se ha manifestado ya con él.

En cuanto a la Historia, no vamos a aplicar ese calificativo a cuanto se publica. Es cierto que está superada la concepción positivista de la historia-ciencia y que hoy se admite generalmente la imposibilidad de que exista un historiador totalmente neutral, puesto que tal posición siempre tendrá algo de ficticio. El historiador se encuentra con unos documentos en los que se expresa la subjetividad de quienes los producen, ya sean personas, gupos o instituciones. A su vez, el historiador tiene una conciencia propia y del mundo que necesariamente se refleja en la forma en que lleva a cabo su trabajo y que supone otra subjetividad imposible de abandonar. Lo que sí se puede y se debe exigir al historiador es el mayor grado posible de honestidad intelectual. Porque el hombre busca la historia para comprenderse a sí mismo y a lo que le rodea como ser histórico, fruto de unos hechos ya acaecidos; para hallar en el pasado lecciones para resolver los problemas del hoy y anticiparse a los de mañana. Pues bien, la mayor parte de quienes escriben o hablan sobre Franco nada tienen de historiadores y mucho de folletinistas de la peor especie; de aquella que se propone el engaño sistemático, muchas veces unido a la propaganda bien retribuida. Porque aquellos hechos que jamás han existido o sucedido como se les describe, obviamente no tienen ningún valor, ni como pasado ni como presente, ni como lección de nada, o, en todo caso, no pasan de ser el ejemplo de la falta de ética de quienes los proclaman. Claro es que aquellas doctrinas que niegan la existencia de la verdad objetiva, niegan consecuentemente la posibilidad de que exista la Historia. Para esas doctrinas, la Historia se transforma en un mero instrumento, instrumento ampliamente utilizado por el actual sistema político, empeñado en fundamentar su propaganda en la diatriba permanente contra Franco, casi siempre sin fundamento objetivo alguno.

Un caso. Pedro Sáinz Rodríguez lanzó la especie de que Franco mientras desayunaba firmaba sentencias de muerte. Tal majadería dice su autor que la conoció por boca de un ayudante al salir en Salamanca de una entrevista con Franco en la que probablemente el Caudillo decidió que tal personaje fuese el futuro ministro de Educación. Jamás Franco ni ningún Jefe de Estado en España firmó por sí sentencias de muerte; lo único que hizo fue firmar, eso sí, indultos que supusieron la mitad de las sentencias de muerte pronunciadas por los tribunales competentes. ¿Qué historiador puede seguir repitiendo la singular estulticia de Sáinz Rodríguez? Pues son muchos los que lo hacen frecuentemente en prensa, radio y televisión. Así es la mayor parte de la «historia» que se cultiva e incluso se premia en España.

En consecuencia, la responsabilidad verdadera de Franco ante la Historia tendrá que esperar por lo menos a que pase esta generación de resentidos. Sálvense siempre los escasos historiadores serios, españoles y extranjeros, que trabajan sobre las auténticas fuentes y sólo sirven a la verdad.

2. Franco antes del 18 de julio de 1936

En 1936, después de sus campañas marroquíes y de los sucesivos mandos que desempeñó, Franco era uno de los generales con más prestigio en España y fuera de ella. A pesar de sus sentimientos de adhesión a la Monarquía, había respetado la llamada legalidad republicana, nacida de algo tan poco significativo para un cambio de régimen como unas elecciones municipales. Acató el hecho consumado por la defección de Alfonso XIII, se negó categóricamente a participar en la intentona de Sanjurjo, y tres años más tarde actuó en defensa de la República, precisamente en oposición a quienes en octubre de 1934 habían planeado un golpe de Estado contra aquélla, que fue salvada precisamente por la decisión de un gobierno y por la actuación decidida y eficaz del propio Franco. Podrá parecer una paradoja, pero fue Franco, que había recibido de los gobiernos republicanos toda clase de agravios, quien actuó para mantener el sistema en 1934. Sin duda su alto concepto del deber y de la disciplina dictaron su conducta.

La República, después del fallido golpe de Estado de 1934, que originó no pocas víctimas, tenía otra oportunidad que fue desaprovechada. Los políticos y periódicos de ambos bandos, en lugar de moderarse, siguieron cavando la fosa en que habían de hundir a España. Los que, aún niños, vivimos aquella ensangrentada primavera de 1936, en la que no se vislumbraba, por una y otra parte, más que el deseo de llegar cuanto antes a la guerra civil, sólo respondemos con una mueca sarcástica cuando nos hablan -aunque sea desde las Cortes de hoy- del «golpe fascista contra la legalidad republicana» de 1936. La memoria no la hemos perdido.

Franco se sumó a lo que inicialmente -y según el pensamiento del general Mola, su organizador- iba a ser una acción limitada para hacer posible la continuidad de la República, después de apurar todas las posibilidades de evitar la sublevación que se veía venir. Para desencadenar el Alzamiento tuvo que ocurrir un hecho tan increíble como que una patrulla de las Fuerzas de Orden Público sacase de su domicilio y asesinase al jefe de la oposición, José Calvo Sotelo.

Franco, a la vista de aquel asesinato de Estado, demostrativo de que su noble advertencia de pocas semanas antes al Presidente del Gobierno, Casares Quiroga, había caído en el más profundo de los desprecios, consideró que su deber hacia la nación pasaba por encima del ciego acatamiento a unos gobernantes irresponsables, que pretendían acabar, no ya con la «República burguesa», sino con media España. Para comprobarlo léanse las memorias de Azaña, los discursos de Largo Caballero, las feroces intervenciones de «La Pasionaria», las estériles lamentaciones de Gil Robles, antes y después de la guerra, o los textos de Claridad, entonces uno de los órganos del PSOE. Esos fueron los principales responsables de la guerra civil.

Todos menos Franco, quien nada tuvo que ver con los primeros preparativos de la sublevación y que se unió a ella muy al final, hasta tal punto que el «Director», es decir, el general Mola, llegó a considerar la posibilidad de iniciar la sublevación sin contar con Franco.

3. La guerra convertida en Cruzada

Franco era indiscutiblemente el general más capacitado para hacer frente a una complicada situación creada por el fracaso parcial de los planes de Mola. Así fue reconocido desde el primer momento, tanto por los sublevados como por quienes habían creado un caos que destruyó en pocos días el régimen republicano; incluso antes Indalecio Prieto había pronosticado el papel que podía representar Franco en la anarquía en que vivía España.

La situación estratégica era gravísima para los alzados. Con un territorio desperdigado, con las ciudades más importantes, incluida la capital, perdidas, las principales unidades militares en Marruecos, la escuadra cerrando el paso del Estrecho, medio Ejército en contra de los sublevados y todos los recursos del Estado -incluida la teórica legalidad- en manos de lo que quedaba de la República, el panorama no podía ser peor. Con el increíble paso del Estrecho y la organización del avance hacia Madrid por el camino más largo pero más adecuado a las fuerzas disponibles, fue Franco el que tomó la decisión estratégica acertada.

Conscientes los generales alzados de lo que se estaba jugando en el campo de batalla, hicieron lo que era más conveniente en aquella situación: convertir a Franco en Generalísimo y Jefe del Estado. Franco, que no había presentado su candidatura para tal responsabilidad, lógicamente exigió que, si se le daba toda la responsabilidad, se le diese también todo el poder. Como han demostrado fehacientemente Ricardo de la Cierva y Luis Suárez, la decisión de sus compañeros de armas al nombrar a Franco a la vez que Generalísimo, Jefe del Estado, no fue -como se ha escrito- precedida por una hábil maniobra de Nicolás Franco.

El Decreto de la Junta de Defensa que nombró a Franco Generalísimo y Jefe del Estado decía que «... Razones de todo linaje señalan la conveniencia de concentrar en un solo poder todos aquellos que han de conducir a la victoria final y establecimiento, consolidación y desarrollo del nuevo Estado, con la asistencia fervorosa de la nación...». Nada, pues, como han sostenido indocumentados historiadores, de un golpe bonapartista. Era lo necesario para ganar la guerra y construir un nuevo Estado que evitase sus causas. No se trataba precisamente de una concesión, era cargar a Franco con una tremenda responsabilidad que nadie quería para sí.

El nombrado Generalísimo tenía que asumir la dirección de la guerra pero también la dirección política del momento y para el futuro. La unidad política de los alzados era imprescindible pero difícil de obtener entre carlistas, falangistas, restos de la antigua derecha, monárquicos dinásticos y muchas gentes cuya única signiflcación política era el rechazo del Frente Popular y de la monarquía liberal caída en 1931.

Esta dificultad fue pronto superada por Franco gracias a su enorme prestigio militar, que le daba la auctoritas necesaria para la difícil unificación. Seguramente fue aquella experiencia la que inspiró en lo sucesivo su reconocida habilidad de gobernante que mantuvo casi hasta su final- para, al compás de las circunstancias, mantener una dosificación de fuerzas dentro del régimen capaz de asegurar la confluencia de todos sus componentes para hacer posible una eficaz gobernación de España.

Entretanto, la feroz persecución desatada contra la Iglesia en la que, con toda propiedad comenzaba a llamarse «zona roja», y que no tiene parangón alguno en la historia, iba a convertir lo que ya era una guerra civil en cruzada, no por petición o invento de Franco sino por el no solicitado pronunciamiento del obispo de Salamanca, Plá y Deniel, que lleva fecha de 30 de septiembre de 1936, es decir, antes de que Franco fuese Generalísimo. Las palabras del obispo de Salamanca habían tenido ya antecedentes en las de los obispos de Vitoria y Pamplona.

Hay más. En una fecha tan temprana como el 14 de septiembre de 1936, S.S. Pío XI, en una alocución dirigida en Castelgandolfo a unos 500 sacerdotes y monjas españolas refugiados en Roma, decía: «... Obispos y sacerdotes, vírgenes sagradas, laicos de toda clase y condición, ancianos venerables, primeras flores de vida y hasta el sagrado y solemne silencio de las tumbas, todo ha sido asaltado, arruinado, destruido, de la manera más villana y bárbara, con un desenfreno libertino jamás visto de fuerzas salvajes y crueles, hasta el punto de considerarlas incompatibles no digamos con la dignidad humana, sino con la misma humana naturaleza, aún la más miserable y que haya caído en lo más bajo...». Parece ser que es de esto de lo que la actual Iglesia española debería pedir perdón, según se propone hoy.

La Carta colectiva del Episcopado español, fechada el 1 de julio de 1937, aprobada por el Vaticano y firmada por todos los obispos españoles con la excepción del de Vitoria y del de Tarragona, afirmaba: «... Hoy por hoy no hay en España más esperanzas para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas se derivan que el triunfo del Alzamiento Nacional...». Se ratificaba asimismo, aunque sin decirlo expresamente, el carácter de cruzada que a la guerra había dado meses antes el obispo de Salamanca. La Carta colectiva tuvo una acogida favorable en la práctica totalidad del mundo católico.

4. La conducción de la guerra

Numerosos estudios han aparecido sobre la dirección que a la guerra le dio el Generalísimo. No faltan los verdaderamente indocumentados, que en sus juicios apenas superan la «estrategia de café» o el prejuicio irracional. Todos atribuyen a Franco los mayores errores, de tal manera que, si se da crédito a tales autores, no se entiende cómo pudo ganar la guerra. El recurso que, para explicar tal contradicción, estos «historiadores» hacen a la ayuda italiana y alemana, no se tiene en pie, puesto que los muy solventes estudios de Ramón Salas Larrazábal han demostrado documentalmente que estas ayudas fueron ligeramente inferiores a las recibidas por el ahora llamado bando republicano.

Tesis contraria defiende Casas de la Vega, quien niega la existencia de errores en la dirección de la guerra por parte de Franco. En todo caso, este documentado autor acude al argumento definitivo de que Franco ganó la guerra a pesar de su inferioridad inicial, que era evidente. Los errores, si los hubo por parte de Franco, fueron despreciables al lado de los aciertos. Quienes mantienen la tesis de la poca capacidad militar de Franco desconocen la existencia de varios procedimientos para conducir un conflicto bélico, utilizables según las distintas situaciones. En conjunto, Franco dirigió la guerra según su propio temperamento y aplicando de manera muy acertada lo que Liddel Hart describiría más tarde como «estrategia de aproximación indirecta», válida, sobre todo, para quienes parten de una situación de gran inferioridad inicial. Este era el caso.

Un historiador actual, nada inclinado a reconocer los méritos de Franco como es Juan Pablo Fusi, dice refiriéndose al Generalísimo en vísperas de la campaña de Cataluña: «... había, además, recobrado el pulso de sus mejores días: por su concepción global, por la selección de los objetivos, por la distribución de sus efectivos, por la oportunidad de los movimientos asignados a cada uno de los Cuerpos de Ejército, por la coordinación de las distintas Armas, por la sincronización de todo el esfuerzo, la ofensiva sobre Cataluña fue, junto a las de Santander y Alfambra, la más brillante de las operaciones que Franco ordenó en toda la guerra...».

Los aciertos de Franco fueron estratégicos, tácticos y logísticos. Entre los primeros figuran el paso del Estrecho -genial anticipación de las operaciones de transporte aéreo-, la marcha hacia Madrid con su flanco izquierdo apoyado en la frontera portuguesa, la unión de las dos zonas y la liberación del Alcázar, objetivo de gran alcance moral; la campaña de Málaga; los intentos de aislar Madrid; la conquista del Norte; la ofensiva de Aragón con la llegada al Mediterráneo en Vinaroz y la ofensiva final en todos los frentes. En la cuenta de errores estratégicos pueden ponerse el excesivo insistir sobre Madrid, incluida la batalla de Guadalajara, cuya iniciativa no fue precisamente de Franco; la detención ante la línea del Segre, dictada seguramente por la eventualidad de una intervención francesa sobre Cataluña, dado lo delicado de la coyuntura internacional en aquellos días, unida a dificultades logísticas; y la fracasada ofensiva hacia Valencia, en julio de 1938, seguramente fruto de aquella misma preocupación. Que el temor no era infundado ha venido a saberse al conocer la actuación ante el Gobierno republicano del Agregado Militar francés, Teniente Coronel Henri Morel, que llegó a preparar planes para una intervención del Ejército francés en Cataluña si Franco penetraba en la región.

En el campo táctico, las batallas de Brunete y Belchite fueron un modelo de maniobra defensiva conservando la libertad de acción en otros frentes. La ruptura del cinturón de hierro de Bilbao y la maniobra para reconquistar Teruel fueron dos ejemplos distintos pero excelentes de maniobra ofensiva, como lo fue la decisiva batalla de desgaste del Ebro y la antes aludida campaña de Cataluña.

En cuanto a la logística, la creación de una excelente industria de armamento capaz de satisfacer las necesidades de su Ejército, el bloqueo marítimo de las costas enemigas con una escuadra notablemente inferior y, sobre todo, el rápido transporte de las unidades y reservas a cualquier zona del frente, junto con el mantenimiento durante toda la guerra de un excelente abastecimiento a la población civil de la zona, fue verdaderamente magistral y revela en Franco unas extraordinarias condiciones de organizador.

Si hemos de creer el libro de un militar actual, Franco era un profesional incompetente. Pues si llega a ser medianamente competente, conquista media Europa.

Fruto precisamente de la gran capacidad que tuvo Franco en la conducción de una dura guerra, a la vez que cimentaba un nuevo régimen, fue una victoria absoluta que ahora parece que se quiere transmutar en derrota. Reescribir la historia en sentido contrario es una necedad, pero ya Orwell predijo tales intentos.

5. Los problemas de la inmediata posguerra

Concluida la guerra, Franco se encontraba ante la enorme tarea de reconstruir no sólo las enormes destrucciones materiales en un país arruinado que había perdido sus reservas de oro y tenía una deuda de guerra, sino también de recuperar para la tarea común a una masa de vencidos cuyo esfuerzo era necesario integrar.

Una de las primeras preocupaciones fue recobrar en el exterior lo que los derrotados habían expatriado, incluidos los mejores cuadros del Museo del Prado. Se logró rápidamente, salvo con las reservas de oro enviadas a Rusia y con excepción también de lo llevado a Méjico -todo el tesoro del yate Vita-, que quedó en poder de Prieto porque seguramente no habían comenzado los cien años de honradez socialista. Naturalmente, fue el gobierno de Méjico el único que no reconoció al nuevo Estado español, alegando falta de pureza democrática.

La exigencia de responsabilidades a los vencidos no se fundamentaba en la derrota, sino en la necesidad de castigar los tremendos crímenes que habían tenido lugar en la zona roja; es cierto que los había habido también en la zona nacional, aunque en mucho menor número según las cifras de Salas Larrazábal, cuya falsedad de conjunto nadie ha demostrado hasta ahora, si bien hayan sido objeto de alguna revisión. Lamentablemente, muchos de los crímenes registrados en la zona nacional quedaron impunes, como han seguido quedando impunes hasta hoy los cometidos por los vencedores de tantas guerras, algunas bien recientes.

Franco fue consciente de la necesidad de concluir lo antes posible y suavizar una represión que para muchos de los familiares de las víctimas asesinadas era una simple exigencia de justicia. Pronto comenzaron las revisiones de penas impuestas por los tribunales militares, que respetaban unas mínimas garantías para los acusados. No poca parte en ello tuvo la acción de la Iglesia, cuyo Primado, Cardenal Gomá, en su carta pastoral Lecciones de la guerra y deberes de la paz, decía que «... la paz no será durable ni verdadera si cada español, si todos los españoles, no abrimos nuestros brazos de hermano... y lo somos todos... de uno y del otro lado...». Esto, dicho en 1939, demuestra que no hubo que esperar a las consignas de «reconciliación nacional» lanzadas treinta años más tarde por el PCE, ni a la rechazada propuesta presentada a la Asamblea Conjunta de 1971, ni a las actuales exigencias dirigidas a la Iglesia para que pida perdón.

La indicación del Primado no cayó en saco roto; más de la mitad de las aproximadamente cincuenta mil condenas a muerte pronunciadas por los tribunales fueron conmutadas. En el mensaje que Franco dirigió a los españoles en la Navidad de 1939 expresó su propósito de terminar lo antes posible la exigencia de responsabilidades por la recién concluida guerra para disminuir la población penal. En el Consejo de Ministros del 23 de noviembre de 1940 Franco se inclinó por la decisión más favorable a los entonces detenidos, que eran 240.000. El 1 de abril de 1941, mediante un indulto, 40.000 condenados recuperaron la libertad; curiosamente, figuraba entre ellos un agente soviético llamado Yefin Granowdiski, que tenía una falsa documentación a nombre de Heriberto Quiñones y que inmediatamente comenzó a establecer células comunistas. Simultáneamente, se ordenó imprimir rapidez a los procesos pendientes para ampliar los efectos del indulto, a sabiendas de que ello tenía sus riesgos. En 21 de mayo de 1943 la población penal española se situaba en 70.000 presos, resultado conseguido, según Franco le decía en carta al Conde de Barcelona, «a fuerza de generosidad pero sin claudicaciones ni mengua de ejemplaridad». La invasión del valle de Arán y de otras zonas fronterizas a cargo de comunistas en octubre de 1944 fue rápidamente rechazada, pero aumentó las actividades violentas en otras zonas de España. Según Suárez Fernández, estos hechos dieron «al traste con las promesas que se habían hecho de vaciar las cárceles de presos políticos, acabar con las actuaciones de tribunales militares y restablecer la paz. El Régimen necesitaba defenderse del asalto violento de combatientes muy decididos y ciertamente crueles».

Según las depuradas cifras de Martín Rubio, la población penal, que al finalizar 1939 era de 270.719 presos, bajó a finales de 1945 a 43.812, quedando un año más tarde reducida a 36.370 presos. Como contrapunto baste añadir que sólo en 1944 hubo 1.069 choques entre la Guardia Civil y los llamados bandoleros. Hasta 1950 se registraron 8.054 enfrentamientos con los elementos infiltrados desde Francia; en ellos los invasores perdieron 2.036 muertos y tuvieron 3.211 prisioneros, frente a 243 muertos de la Guardia Civil. Se detuvo a 17.861 infiltrados o bandoleros del interior. Esto corrobora el juicio de Suárez Fernández.

¿Pudo Franco ser más generoso? Los crímenes cometidos eran muy grandes, las exigencias de castigo no lo eran menos, y las amenazas que pendían sobre la paz conseguida eran muy serias. Un gobernante prudente debía tenerlas muy en cuenta.

6. La II Guerra Mundial

Cuando España había iniciado la reparación del inmenso destrozo de la guerra civil, tanto en lo material como en lo que suponía abrir un proceso de reconciliación entre españoles, construyendo un nuevo sistema de convivencia, estalló la II Guerra Mundial, que iba a obligar a Franco a llevar a cabo un increíble ejercicio de prudencia política para evitar que el nuevo conflicto supusiese para España una invasión que hubiese supuesto su ruina definitiva e incluso su disgregación como plantearon primero los alemanes, luego los aliados, instigados por algunos monárquicos, y siempre los separatistas vascos con el PNV a la cabeza.

Ricardo de la Cierva y Luis Suárez Fernández han estudiado este período histórico con un aparato documental difícilmente superable que da a sus obras una autoridad incuestionable.

La primera preocupación de Franco fue intentar evitar que estallase la guerra mediante llamamientos a la cordura que no fueron escuchados. Iniciado el conflicto, España declaró su neutralidad mientras que continuaba su esfuerzo de reconstrucción, para lo que necesitaba el concurso exterior, singularmente de Inglaterra y los EE.UU., que obtuvo inicialmente por medio de diversos acuerdos, a la vez que se creaban los primeros instrumentos para la reconstrucción, entre ellos la Dirección General de Regiones Devastadas.

Los peligros a que estuvo sometida España en los años de la II Guerra Mundial fueron muy graves y la forma en que Franco hizo frente con éxito a aquella situación constituye una verdadera lección de prudencia y acierto en sus análisis de la situadón en cada momento.

Uno de los puntos culminantes lo constituyó la entrevista de Hendaya con Hitler, celebrada el 23 de octubre de 1940, cuando Alemania era prácticamente la dueña de Europa. Ninguno de los Jefes de Estado del continente había sido capaz de resistir a las exigencias alemanas; sólo lo hizo Franco con éxito total. A la vista de la enorme cantidad de documentación de que se dispone sobre aquella entrevista podrá discutirse la forma en que tuvo lugar y exponer hipótesis sobre la actitud de Franco o sus intenciones, sobre si creía o no en la victoria alemana. En todo caso, si Franco estaba convencido de la victoria alemana y se negó a entrar en la guerra o dio largas a su posible entrada y además evitó el paso de fuerzas alemanas por España a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo Suecia, su mérito sería mayor, y contrasta con la actitud de Mussolini atacando a Francia cuando ya estaba derrotada.

Todo lo que los resentidos antifranquistas quieran decir ha sido ya dicho hasta la saciedad, pero los hechos son incontrovertibles: España ni entró en el conflicto ni fue invadida, y planes para ello los hubo por uno y por otro beligerante y, por supuesto, por los exiliados, algunos monárquicos incluidos.

Compárese esta actitud con el pavor que ante Napoleón sufrieron Carlos IV y Godoy, que dieron paso franco por España a los ejércitos napoleónicos para después abdicar el propio rey y su hijo en favor de Bonaparte.

La extensión del conflicto por la entrada de Italia en guerra y las subsiguientes operaciones en el Mediterráneo complicaron seriamente la posición de España, que pasó a la «no beligerancia» como recurso para evitar lo peor. Entonces las presiones de los aliados se intensificaron hasta un bloqueo naval que dejó a España al borde de la inanición. Luego llegaron las seguridades de Roosevelt al «querido general Franco» y las amables alusiones de Churchill en los Comunes para facilitar el desembarco aliado en el Norte de Africa, pero a medida que la victoria se inclinaba hacia los aliados las promesas se trocaron en presiones cada vez más amenazadoras, en tanto que Churchill respondía con desdén a la advertencia de Franco sobre la penetración soviética hacia el centro de Europa. Seis años más tarde, en su famoso discurso en la universidad de Fulton, el mismo Churchill denunciaba la aparición del «telón de acero». La advertencia de Franco se había confirmado.

Episodio inolvidable fue el salvamento de tantos refugiados a través de España, actuación humanitaria que fue poco reconocida y menos agradecida. Capítulo especial fueron los riesgos que el gobierno de Franco y los diplomáticos españoles corrieron en sus esfuerzos para arrebatar a tantos judíos, sefardíes y no sefardíes, de las garras de los alemanes en busca de la «solución final». El Congreso Mundial Judío reconoció los hechos y mostró un cierto agradecimiento hacia Franco como lo han hecho varios historiadores judíos, pero han tenido que pasar cincuenta años para que en Budapest se rindiese homenaje a la heroica labor del diplomático Sanz Briz, que cumplía instrucciones superiores. Ha sido en España donde algún indocumentado -otrora en la Prensa del Movimiento- ha negado la intervención del gobiemo y de Franco personalmente en tales actuaciones, que, según los documentados datos de Suárez Fernández, salvaron la vida a un mínimo de 46.000 judíos. Ningún otro país o Jefe de Estado hizo algo parecido.

Terminó la II Guerra Mundial sin que España participase en ella gracias a Franco, y como pago no recibió más que amenazas, bloqueos, condenas y fuertes campañas en contra de su régimen. Hay que señalar que entre quienes, de una u otra forma, habían intentado torcer la voluntad de Franco para implicarnos en el conflicto a favor de uno u otro bando figuran falangistas como Ridruejo, Tovar, Laín, Merino o Serrano Súñer; monárquicos como Gil Robles, Vegas Latapié o Sainz Rodríguez; generales como Yagüe, Muñoz Grandes, Kindelán o Aranda y tantos otros. Unos fueron colaboradores de Franco y luego dejaron de serlo, otros continuaron sus carreras y otros siguieron en su bien ganado exilio. Contra ninguno actuó Franco con la severidad que merecía su actuación contra su propia Patria, llevados por el rencor, por la ambición, por sus opciones partidistas o, en el caso más disculpable, por un gravísimo error en la apreciación de la situación interior y exterior.

No hay quien pueda desdecir las palabras de un historiador como Stanley G. Payne quien escribía antes de la muerte de Franco lo siguiente: «El Caudillo irá a la tumba con el reconocimiento oficial de haber sido el único estadista europeo en superar decisivamente a Hitler en las negociaciones personales, pues otros se vieron arrastrados a la muerte o a la destrucción, o a pérdidas masivas y casi a la destrucción».

7. Del aislamiento a los Acuerdos de 1953

Las promesas de los vencedores en 1945, singularmente de Churchill y Roosevelt, duraron muy poco y sus amenazas contra Franco no fueron sólo palabras. Los historiadores anglosajones tratan de justificar este cambio trayendo a colación la inicial germanofilia de España y el retraso en haber tomado posiciones a favor de los aliados en el último tramo de la guerra. Simples pretextos para justificar lo injustificable, puesto que el propio desembarco de los aliados en el Norte de África sólo lo hizo posible la neutralidad real de España, a la que en aquellos momentos los Estados Unidos e Inglaterra no le reprochaban lo que le reprocharon en la hora de su victoria. El calificativo de «pérfida» dirigido a Inglaterra se podía aplicar también en este caso a los Estados Unidos.

Ya se ha aludido a la invasión de comunistas por los Pirineos y a la dura lucha que tanto algunas unidades militares como singularmente la Guardia Civil tuvieron que librar contra aquellos forajidos que jamás encontraron apoyo en la población civil, por lo que recurrieron a extorsiones y asesinatos. Con ello revelaron su verdadera faz.

La inclusión de la URSS entre los vencedores y el tremendo error de Roosevelt acerca de las intenciones de Stalin, plasmado en la catástrofe que supuso Yalta para Europa al entregar su mitad oriental a la URSS, necesariamente había de repercutir en un gobernante que había combatido al comunismo con éxito.

Llegó un momento en el que España no contaba más que con el Vaticano para hacer frente a tantas amenazas, y el Vaticano, según pensaba Stalin, no tenía divisiones. Ahora bien, además tenía España la serenidad y resistencia de Franco, lo que, unido a la certeza de sus previsiones en cuanto a la amenaza comunista, permitió a España evitar una invasión y, a medio plazo, integrarse en la comunidad internacional.

Durante una semana de febrero de 1945 tuvo lugar la conferencia de Yalta, donde Stalin recibió a media Europa y donde, sin citarlo, se condenaba al régimen español. Ya Dulles, según ha revelado Ricardo de la Cierva, había preparado un plan que suponía la restauración de la monarquía en la persona del Conde de Barcelona, previa la publicación por parte de Don Juan de un manifiesto contra Franco. Siguiendo la opinión del general Kindelán, Don Juan se dispuso a hacerlo, pocos días después de aquella siniestra Conferencia, siniestra sobre todo para la Europa del Este.

El Conde de Barcelona, según la documentación fehaciente de que se dispone hoy, esperaba que Franco, ante la presión de los vencedores, resignase sus funciones y restableciese en el trono al propio Don Juan; tremendo error el que padecían el Conde de Barcelona y sus consejeros. Más grave era que, según el plan que Dulles participó al Conde de Barcelona, se lanzaría una invasión desde Francia a cargo de los republicanos y, con el pretexto de imponer el orden, los aliados enviarían fuerzas para colocar en el trono al que fantasiosamente llamarían algunos Juan III.

Así nació el llamado Manifiesto de Lausana, que lleva fecha de 19 de marzo de 1945 -fecha ésta del 19 de marzo, curiosamente coincidente con la de la Constitución de 1812, «la Pepa»-, redactado, al parecer, por Vegas Latapié y López Oliván, y que, entre otras cosas, decía que el régimen implantado estaba «inspirado en los sistemas totalitarios de la potencias del Eje» y que por ello «corre España el riesgo de verse arrastrada a una nueva lucha fratricida». En consecuencia, su firmante requería a Franco para que «abandone el poder y dé libre paso a la restauración del régimen tradicional de España».

Decir esto en aquellos momentos era sumarse a la presión de los vencedores y, al revés de lo que se decía pretender, provocar una nueva lucha entre españoles, pues debería haber sido evidente a Don Juan y a sus consejeros que ni Franco ni la gran mayoría de los españoles que le apoyaban iban a entregarse sin lucha. No obstante, el propio Franco diría años después que la actitud del Conde de Barcelona en aquellos difíciles momentos había sido «patriótica». El juicio parece generosísimo hacia quién pretendía ser rey de España apoyado en las bayonetas de los vencedores de la II Guerra Mundial. El almirante Carrero comentó que el maniflesto demostraba la falta de visión política de Don Juan, juicio éste más fácil de compartir que el anterior.

Franco declaró prescritos todos los delitos cometidos durante la guerra civil y, en consecuencia, suprimió el Tribunal de Responsabilidades Políticas, con fecha 24 de abril de 1945. Esto supone que a los seis años de concluida la guerra civil se ponía fin a la represión. Compárese esta situación con lo que estamos viendo hoy en relación con otros conflictos o regímenes y veremos de qué parte está la generosidad.

La firme actitud de Franco había evitado una segunda invasión del tipo de «Los cien mil hijos de San Luis» pero la presión sobre España de los vencedores alcanzó las mayores cotas hasta entonces conocidas, con lo cual los españoles tuvieron que hacer frente a una depresión económica inolvidable para quienes la hemos vivido y que retrasó en un quinquenio la recuperación de los niveles de renta de 1936.

Ni créditos ni ayudas ni casi comercio exterior tuvo España, pues cuando los Estados Unidos lanzaron el Plan Marshall para Europa los beneficiarios de aquella ayuda excluyeron a España, al igual que ocurrió más tarde al firmarse el Tratado de Roma en 1957, que dio origen a la actual Unión Europea. El pretexto ideológico era muy bueno para los intereses económicos de quienes lo esgrimían contra España.

España tuvo que apretarse de nuevo el cinturón y aceptar necesariamente un régimen de autarquía que un cronista califica repetidamente de «cuartelera», lo que demuestra que desconoce la más elemental historia de aquellos años y que tampoco sabe qué es y cómo funciona la logística de un cuartel.

A través de privaciones y con el trabajo denodado de los españoles, España salió adelante con escasas ayudas exteriores entre las que se debe destacar la de la Argentina del general Perón, que, a través de la firma de varios acuerdos, aseguró a los españoles los suministros básicos para sobrevivir, representados entonces por el trigo argentino.

Las Naciones Unidas, recién creadas bajo la égida de los vencedores con su derecho de veto aún vigente, condenó al régimen español en resolución aprobada el 12 de diciembre de 1946 y los embajadores se fueron, en tanto que Franco, destinatario de la reacción de los españoles contra lo que consideraban -con toda razón- una inadmisible intervención extranjera en los asuntos de España, continuó impertérrito su labor de gobernante, acentuando la vertiente católica del régimen, continuando la reconstrucción material y moral de la nación y tratando de mejorar las condiciones económicas y sociales. Su fortaleza estaba en que, según Fusi, las manifestaciones populares que rechazaban la condena de la ONU y aclamaban a Franco «no era un plebiscito nacional; pero era la expresión de la amplia adhesión popular que su figura tenía en España».

Franco iba consolidando la estructura de su régimen, uno de cuyos jalones principales, junto al Fuero de los Españoles (1945), la anterior creación de las Cortes (1942) y la Ley del Referéndum (1945), fue la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado de 26 de julio de 1946, aprobada por referéndum en 1947, que convertía a España en un Reino, pero sin prejuzgar la titularidad futura del trono. El Conde de Barcelona protestó a la vez que iniciaba un nuevo viraje: esta vez para lograr un entendimiento con el PSOE a través de Prieto, llegando sus representantes, el 30 de agosto de 1948, a firmar en San Juan de Luz un pacto con los socialistas. Era el mismo Conde de Barcelona que, cinco días antes, se había entrevistado con Franco y acordado el traslado a España del Príncipe Juan Carlos para continuar sus estudios. Se comprende la cólera de Prieto.

La situación internacional iba evolucionando de acuerdo con las previsiones de Franco y muy en contra de las de Roosevelt, Churchill, el Conde de Barcelona, los exiliados y tantos otros. La Unión Soviética se había engullido media Europa, mediante elecciones «libres y democráticas», trataba de apoderarse de Berlín, y exportaba el marxismo a Hispanoamérica, África y Asia, donde ya contaba con la inmensa China. Había nacido la «guerra fría».

Era la segunda victoria de Franco «el incompetente» y España era muy necesaria para la recién nacida «estrategia de contención», expuesta y adoptada por el Presidente Truman, aquel a quien «no le gustaba» Franco, en mayo de 1947. Como puede apreciarse, Franco no entendía nada de estrategia ni había sido capaz de adelantarse a los acontecimientos. Ironías aparte, la visión y el talento de Franco en cuanto a los resultados de la actuación de Churchill, Roosevelt y Truman en Yalta y Postdam y a los problemas que se iban a presentar a los aliados al terminar la II Guerra Mundial no podían ser más deslumbrantes y daban la talla de su capacidad de estadista no sólo ante las potencias anglosajonas, sino también frente a los exiliados de Méjico, Argentina o Estoril, convertidos en la versión moderna de los llamados «ojalateros» en la corte de los pretendientes carlistas del siglo XIX.

En la mayor potencia de Occidente, es decir, los Estados Unidos, se comenzó a pensar muy seriamente que en España había un gobernante que debía ser tenido en cuenta y un territorio y unas fuerzas que eran necesarias frente el comunismo y frente a la URSS. El aislamiento que había sido impuesto a España y a Franco iba a terminar.

8. Un año clave: 1953

En febrero de 1947, el almirante Sherman viajó a España, cuando ya los Estados Unidos habían abandonado en las Naciones Unidas su voto contra el régimen español, y tomó contacto con el almirante Carrero. Un año más tarde, Inglaterra y Francia excluyeron a España del Plan Marshall, como tampoco se la invitó a formar parte de la OTAN, nacida en 1949. La actitud norteamericana comenzó a cambiar e incluso presionó a sus aliados europeos en la OTAN para admitir a España. Franco no mostró el menor interés y prefirió un acuerdo directo con los Estados Unidos. El 16 de julio de 1950, en una entrevista entre el almirante Sherman y Franco, aquél planteó el deseo norteamericano de contar con bases estratégicas en España, en tanto que la VI Flota era recibida en los puertos españoles con la mayor hospitalidad.

Franco, según era su norma habitual, no pretendió acelerar las negociaciones emprendidas; más bien las retrasó cuanto pudo y presentó una a una todas sus condiciones, incluidas las de una ayuda económica y militar. Cuando Eisenhower llegó en noviembre de 1952 a la presidencia norteamericana la suerte estaba echada y los Acuerdos preparados para la firma. No eran Tratados para evitar la posible oposición de las Cámaras norteamericanas, pero su valor práctico para España era el mismo.

Franco no se precipitó en aprobarlos, sino que prefirió firmar antes un Concordato cuyas negociaciones habían sido iniciadas por Ruiz Giménez y culminadas por Castiella, ambos católicos destacados. El Concordato era un conjunto de amplísimas concesiones del Estado a la Iglesia que convertía a aquél en el Estado católico más confesional de la historia moderna a cambio de una intervención estatal en el nombramiento de obispos, intervención que, según se vio años más tarde, era fácilmente soslayable por el Vaticano mediante artilugios jurídicos que, si no violaban abiertamente la letra pactada, sí lo hacían con su espíritu.

Franco conseguía con ello quitarse de encima la repetida acusación de mantener un régimen totalitario y fascista -que nunca fue-, pues la inspiración católica de sus estructuras, respaldada ahora por la Santa Sede y por la mayor parte del catolicismo mundial, era evidente. Firmado el Concordato el 27 de agosto de 1953, S.S. el Papa Pío XII, además de elogiar el acuerdo alcanzado, concedió a Franco el máximo honor que el Vaticano podía otorgar: le hizo Caballero de la Orden de Cristo. No se cuentan los elogios y parabienes que unánimemente se prodigaron a Franco por parte de la jerarquía eclesiástica y de los más distinguidos católicos españoles y extranjeros. Veinte años después estas cañas se tornarían lanzas.

Los Acuerdos con los Estados Unidos se firmaron casi justamente un mes más tarde: el 27 de septiembre de 1953. Eran tres acuerdos: defensivo, de ayuda mutua y de ayuda económica. España recibiría en total más de mil millones de dólares como ayuda económica, sus Ejércitos recibirían materiales modernos y ayudas a la instrucción de sus cuadros, y se creaban tres bases «de utilización conjunta» bajo bandera española.

Lo más importante no estaba escrito: era el espaldarazo de los Estados Unidos al régimen, el reconocimiento de la importancia estratégica de España y, en definitiva, la aceptación de que Franco había tenido un pleno acierto al considerar desde 1944 que Occidente tendría que hacer frente alguna vez al expansionismo soviético.

Los Acuerdos no eran perfectos y ambas partes podían poner reparos, pero se dice que los mejores acuerdos son aquellos en los que ambas partes retienen alguna reserva.

Los críticos y enemigos de Franco, antes y ahora, exponen los inconvenientes que, desde el punto de vista español, podían presentar los acuerdos de 1953. Esa crítica, como tantas, caen en el frecuente error de olvidar las circunstancias históricas en que se firmaron por ambas partes. Es incontrovertible que, en aquellos años, ningún país obtuvo de los Estados Unidos más de lo que obtuvo España, gracias a la visión a largo plazo, a la serenidad y a la prudencia negociadora de Franco. Por eso el año 1953 marca uno de los momentos culminantes de la era de Franco.

9. La apertura económica y el desarrollo

Entretanto la economía española había progresado aunque no con la decisión y rapidez deseadas. Franco seguía apostando esencialmente por el INI como motor del desarrollo. Se estableció Ensidesa como gran empresa siderúrgica, y Seat para la producción de vehículos. Se realizó un enorme esfuerzo en política hidráulica, construyendo numerosos embalses para regadíos y producción hidroeléctrica; se acometió el Plan Badajoz de regadíos, se prosiguieron las obras de riegos en Aragón y se acometió asimismo un Plan de Repoblación Forestal que llegó a repoblar cien mil hectáreas anuales.

Sobre estos cimientos y la apertura hacia el mundo occidental que suponían los Acuerdos de 1953, completada con el ingreso en las Naciones Unidas en diciembre de 1955, España había roto el cerco a que fue sometida y podía contar con medios financieros para proseguir su progreso económico.

El obligado reconocimiento de la independencia de Marruecos, ocurrido en marzo de 1956, cogió a Franco con el pie cambiado, pues esta vez no supo prever lo que iba a suceder; fue un revés sensible especialmente para el Ejército, que se vio obligado a abandonar un territorio cuyo sometimiento tanto había costado, en condiciones poco afortunadas y que dejó en situación complicada a Ceuta y Melilla.

A ello se unieron los incidentes universitarios de febrero del mismo año -causantes de mayor efervescencia que su importancia real-, resueltos rápidamente por Franco con el inmediato relevo de los dos ministros a quienes consideraba responsables de los enfrentamientos. Los incidentes en cuestión eran un síntoma de que continuaban las luchas por el poder en el seno del régimen, cosa que venía sucediendo desde 1937, pero que siempre había sido resuelta por Franco.

Es entonces cuando tiene lugar el intento de Arrese de «constitucionalizar» la preeminencia del Movimiento dentro del sistema. El intento falló porque Franco no estaba en esa sintonía y mucho menos cuando los obispos españoles le hicieron saber que los proyectos en cuestión no estaban en la línea de la doctrina de la Iglesia.

Las Cortes promulgaron el 29 de mayo de 1958 la Ley de Principios de Movimiento, como fruto de un nuevo gobierno que registró la entrada en la dirección de la política española, de la mano del almirante Carrero, de un nuevo grupo de personas vinculadas al Opus Dei. Eran Ullastres, ministro de Comercio, Navarro Rubio, ministro de Hacienda, y, en un papel más discreto, López Rodó, encargado de la nueva Oficina de Coordinación Económica. Todos ellos recibieron pronto la poco exacta denominación de «tecnócratas». Poner en orden una economía que seguía presidida por las viejas ideas del cerco internacional era el objetivo, no declarado inicialmente, del nuevo equipo.

La renta per cápita había aumentado notablemente desde 1951, pero la balanza de pagos a finales de 1957 presentaba un fuerte déficit que obligó al nuevo gobierno a tomar medidas estabilizadoras como preludio al abandono de la anterior política económica. Consta, por testimonio del Ministro Navarro Rubio, que Franco inicialmente no veía con claridad la necesidad de tal cambio, que implicaba necesariamente, entre otras cosas, el ingreso en el Fondo Monetario Internacional. Franco, dice el ministro, «no tenía, en principio, la menor confianza en el Plan de Estabilización. Creía que nuestros recursos eran escasos y debían administrarse conforme se había hecho hasta entonces. Dudaba de la buena disposición hacia nosotros de los organismos internacionales... Esto no obstante, había consentido nuestras conversaciones a este fin con los organismos internacionales e incluso permitió la realización de una encuesta oficial a los principales organismos del país... Estaba en Madrid el Sr. Ferrás, director para Europa del FMI, que ya tenía anunciado su regreso a Washington... Al enterarme de la próxima marcha de Ferrás pedí rápidamente audiencia al Jefe del Estado y le planteé la cuestión en términos tales que salí de su despacho con el encargo de decirle a Ferrás que suspendiese el viaje de vuelta». En ese momento Franco tomó la decisión de apoyar plenamente el Plan de Estabilización, y lo hizo, según el testimonio de Navarro Rubio, con todo el impulso de que fue capaz, que era mucho.

Una vez más, en aquella difícil circunstancia de 1959, Franco puso de relieve sus singulares dotes de gobernante capaz de renunciar a todo prejuicio, de no aferrarse a concepciones superadas, de escuchar a sus asesores y ministros y de aceptar sus razones, adaptándose inteligentemente a lo que el interés de España demandaba en cada momento.

El Plan de Estabilización fue un éxito tan rápido que sorprendió a sus propios promotores; a él siguieron tres Planes de Desarrollo, el primero en 1964, el segundo en 1968 y el tercero, que ya se denominaría Plan de Desarrollo Económico y Social, en 1972. Estos Planes, obra en lo esencial de López Rodó, secundado por excelentes ministros, constituyeron los instrumentos que, sostenidos por el intenso trabajo de una entera generación de españoles ilusionados con el futuro, llevaron a España al crecimiento económico más rápido de su historia hasta hoy. Fue lo que se llamó el «milagro económico español», que creó en nuestra Patria un espíritu de trabajo y de superación del que todavía, un cuarto de siglo después, estamos recogiendo los frutos.

La decisión inicial de Franco y la inteligente política de sus ministros produjo un resultado espléndido, convirtiendo a la década de los sesenta en la más brillante en la historia de España del siglo XX. Fue un ejemplo de lo que Fernández de la Mora acertadamente denominó «Estado de obras» que, en definitiva, está más cerca del siglo XXI que del XX.

Fue en aquellos años y hasta la desaparición de Franco en 1975 cuando nuestra Patria puso fin a su enorme retraso económico y social con respecto a los demás países europeos e hizo su aparición, por fin, una clase media, urbana en su mayor parte, más culta y moderada, que había de estabilizar la vida política española y de hacer posible una convivencia libre entre los ciudadanos. Se ha dicho, y es muy cierto, que en aquellos años se pusieron las bases de una España incorporada finalmente a la modernidad. Sin subestimar las grandes realizaciones materiales, la formación de aquella clase media fue el más importante legado de Franco del que su autor se mostraba orgulloso.

A la muerte de Franco, la renta nacional de España suponía ya el 79,2% de la media de la Comunidad Europea; años después este acercamiento se había convertido en retroceso, pues en 1994 la misma comparación se situaba en el 74,4%, es decir, por debajo de la situación dejada por Franco. Según datos oficiosos, después de la incorporación de la devastada Alemania del Este, en 1999 se ha logrado que la renta media española quede ya situada en el 82% de la media europea.

Magro resultado el de veinticinco años de monarquía parlamentaria, cuyos primeros veinte vieron un grave retroceso con respecto al acercamiento a los demás países de la Comunidad Europea que ya tenía España en 1975. Únicamente en los últimos cuatro años se ha logrado disminuir esa distancia; nada digamos de los niveles de paro producidos por la tan elogiada «transición».

10. Los últimos años

La presentación en las Cortes y la posterior aprobación por referéndum el 14 de diciembre de 1967 de la Ley Orgánica del Estado que siguió a la nueva Ley de Libertad Religiosa de 28 de junio de 1967, antecedidas ambas por la Ley de Prensa de 1966, eran el acompañamiento político al desarrollo económico que estaba teniendo lugar en España y que, aunque ahora alguno diga lo contrario, eran totalmente independientes de los escasos incidentes que era capaz de organizar la insignificante oposición. La población española probaba los primeros frutos del bienestar económico, seguía confiando en Franco y sentía superados los traumas de la guerra civil.

Sin embargo, algunas esperanzas suscitadas por la Ley Orgánica del Estado se vieron frustradas porque la reacción en el seno del sistema contra la preponderancia de los «tecnócratas» encontró ya a un Franco que perdía con los años su capacidad de arbitraje, puesta a prueba una vez más por el asunto Matesa, imprudentemente sacado a la luz y utilizado contra los tecnócratas, que poca o ninguna responsabilidad tenían en lo que no había sido sino un fraude cometido por un empresario en la percepción de determinadas ayudas a la exportación.

Por otro lado, la tenaz operación urdida por López Rodo y el almirante Carrero para que Franco decidiese la sucesión a favor de Juan Carlos dio sus frutos cuando, ante las Cortes, el 22 de julio de 1969, Franco anunció su decisión, previa jura por el Príncipe Juan Carlos de lealtad a las Leyes Fundamentales. Aquellos hombres, en lugar de reforzar sus propias instituciones y cuidar de ponerlas -Fuerzas Armadas incluidas- en manos de absoluta confianza para el futuro, prefirieron encomendar al juramento de una sola persona la continuidad del régimen. Craso error.

El nuevo gobierno de octubre de 1969 no era ya equilibrado, sino más bien un conjunto de ministros situados lejos del Movimiento como organización política -la inclusión de Fernández Miranda era todo un símbolo- y de quienes habían montado el «escándalo Matesa», singularmente Fraga y Solís. Sólo la continuación de Federico Silva Muñoz en Obras Públicas, sustituido meses más tardé por Gonzalo Fernández de la Mora, permitió la continuidad del esfuerzo inversor, no mantenido luego, que dotaría a España de unas excelentes infraestructuras.

Simultáneamente, España había ido recobrando un importante papel en la escena internacional. Los acuerdos con los Estados Unidos de 1953 eran revisados a los diez años y posteriormente con condiciones cada vez mejores para España, y el acercamiento al entonces llamado Mercado Común tuvo como resultado la firma del Acuerdo Preferencial de 1970, que supuso unas condiciones en algunos aspectos mejores que las logradas con la adhesión plena de 1986.

A Franco no se le perdonaría jamás su victoria sobre el marxismo y, a medida que aumentaban sus éxitos de gobernante, se intensificaba la acción del marxismo y, en general, del izquierdismo internacional en su contra, que veía en su inevitable desaparición la única forma de ocupar el poder en España.

Grave fue la defección del Vaticano, donde Pablo VI, convencido del triunfo del comunismo, buscaba las vías de llegar a un acomodo que permitiese sobrevivir a la Iglesia. Era la Ostpolitik vaticana que, en vista de la edad de Franco, preconizaba la implantación en España de un sistema similar al italiano, donde la Iglesia, por vía de la Democracia Cristiana, había podido contener al comunismo.

Tomando como base una cierta interpretación progresista del II Concilio Vaticano y apoyándose en quienes la sostenían, la Santa Sede encontró en Benelli y Dadaglio los ejecutores de su nueva política de «desenganche» de Franco. No podía contar con los obispos españoles, en general buenos conocedores de la experiencia de la guerra civil, pero encontró el ejecutor ideal de aquel viraje en el desenvuelto Enrique y Tarancón, antiguo admirador del Frente de Juventudes, dispuesto a ser el peón de brega en aquella táctica.

Una descarada violación del Concordato por parte de la Santa Sede permitió en poco tiempo cambiar radicalmente la composición de la Conferencia Episcopal y, a partir de ahí, la dirección de la Iglesia española se convirtió en beligerante contra el régimen.

Nada podía herir más al anciano Franco, incapaz ya de reaccionar ante una situación que no podía comprender. La infeudación del régimen a la Iglesia había llegado a tal extremo que en aquella partida el primero tenía todas las de perder. Perdió efectivamente, pero es seguro que la Iglesia española perdió mucho más, puesto que cayó en una terrible crisis que ni siquiera el largo y ejemplar pontificado de Juan Pablo II ha logrado superar.

La presión terrorista, amparada por mucha parte del clero vasco, trató de ser combatida mediante el recurso a la declaración de estados de excepción y a los tribunales militares. Era un método inadecuado, pues en aquellos momentos la ejecución de duras sentencias, incluidas las de muerte, se había hecho ya contraindicada. Franco, puesto en aquella tesitura por imprudencia de sus ministros políticos, se veía en la necesidad de conmutarlas, como ocurrió con el famoso proceso de Burgos.

Concurría a agravar la situación una clase política, salvo algunas personalidades, demasiado acostumbrada a que Franco resolviese todas las cuestiones complicadas. Y que, con pocas excepciones, no tenía voluntad de perfeccionar y acercar el sistema a los patrones europeos, sino más bien se inclinaba a abandonarlo y buscar nuevos acomodos personales. Adolfo Suárez, que era un modelo de ambicioso, ignorante y sin principios, podía ser su arquetipo. Fue el designado por el Rey.

El asesinato del almirante Carrero, ya Presidente del Gobierno, a manos de ETA, junto con la declinante salud de Franco, fueron el principio del fin. Por primera vez, el entorno de Franco le suplantó y decidió el nombramiento de sucesor de Carrero en la persona del máximo responsable de su asesinato: Arias Navarro, ejemplo de incompetencia y volubilidad.

A Franco sólo le quedaba afrontar el duro trance de la muerte, lo que hizo con su habitual espíritu espartano y religioso. Aún tuvo fuerzas para redactar un testamento que le honra como cristiano, como español y como gobernante. Hasta el final le acompañó el respeto y la gratitud de la mayoría de los españoles, como se vio en su capilla ardiente y en su sepelio, apresurado, por cierto, por el miedo infundado de los responsables del mismo. A un valeroso soldado iba a suceder una turba de oportunistas.

11. El perfil del estadista

Sólo los grandes gobernantes y caudillos han suscitado como Franco una enorme cantidad de libros, estudios, juicios y, en resumen, análisis de su personalidad y de su obra. Ha pasado un cuarto de siglo desde su muerte y sigue siendo de actualidad referirse a él, venga o no venga a cuento. Sin duda ha marcado el siglo XX español y, como dijo el actual monarca en el momento de jurar por segunda vez fidelidad a las Leyes Fundamentales y a los principios del Movimiento Nacional: «...Una figura excepcional entra en la Historia. El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea... Su recuerdo constituirá para mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para las funciones que asumo al servicio de la Patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda su existencia a su servicio...».

Si comparamos estas palabras con lo que se lee, escucha o ve casi diariamente en la España de hoy, además de otras consideraciones, hemos de concluir que España no es un pueblo noble, sino todo lo contrario, pues la memoria de Franco es escarnecida continuamente.

Ricardo de la Cierva estima que los primeros años después del fallecimiento de Franco hubo un cierto respeto a su figura, pero cree que, a partir de aproximadamente el año 1982, la difamación, el exabrupto y la mentira acerca de Franco están a la orden del día. Desde medios oficiales se premian y exaltan toda clase de publicaciones hostiles a Franco; cualquier ocasión es buena para denigrar su memoria. A esta verdadera cruzada al revés se unen casi todos los que tienen al alcance una pluma, un micrófono o una cámara, y más si la pluma, el micrófono o la cámara están subvencionados.

Muchos de ellos deben sus éxitos reales o supuestos al régimen de Franco. Otros muchos, entre los que destacan políticos y periodistas, tratan de hacernos olvidar que sus padres y abuelos fueron piezas fundamentales en lo que ahora sus descendientes inmediatos llaman la «dictadura franquista», pintándola con negros trazos. Alguno de ellos, bien conocido, hasta ha mutilado su apellido para evitar que se le relacione con su padre, importante personaje del régimen de Franco. «A moro muerto, gran lanzada», y ¡ay de aquel español, publicación, programa o persona que defienda su memoria! Será rápidamente enviado al exilio interior del «ninguneo» y de lo «políticamente incorrecto».

Una de las obsesiones que se le atribuyen a Franco era la referida a la masonería. Aparte de que el mismo Ricardo de la Cierva ha desvelado que la acción masónica contra Franco está muy bien documentada y que tampoco es un secreto histórico que la pérdida del imperio americano y la llegada de la II República y su labor sectaria fue obra de la masonería, esta persistente campaña tampoco tiene explicación sólo en la ignorancia o el deseo de medrar. Aunque quien esto escribe no participa de la concepción de la historia como un conjunto de conspiraciones debidas a fuerzas secretas, hay cosas que requieren explicación. La continua «demonización» de Franco, como lo fue la de Felipe II, alguna explicación debe tener.

¿Qué se le reprocha a Franco? No era un demócrata ni creía en los partidos políticos. Pues bien, en esa increencia le acompañaban muchísimos españoles a quienes las luchas de partidos condujeron a varias guerras civiles y revoluciones sangrientas, la última en 1936-39. Y, saliendo de España, ¿qué explicación tiene la proliferación de movimientos totalitarios y autoritarios en la Europa de entreguerras? El fracaso de los sistemas parlamentarios de partidos en la Europa de entreguerras era evidente e influyó mucho en el desencadenamiento de la II Guerra Mundial. Hasta Tusell, que no entiende casi nada, admite que la aparición de dictaduras «que rompían con el panorama habitual del liberalismo europeo de la época... fue el producto de la existencia de unas condiciones sociales y políticas que no hacían fácilmente viable este tipo de planteamientos». Resulta, pues, que el repudio del parlamentarismo que mantenía Franco era, simplemente, una de las ideas dominantes en su época.

¿Era Franco cruel como se dice? Nada lo prueba. Antes bien, hay muchos momentos de su vida perfectamente documentados en los que se inclinó por la clemencia hacia los condenados por los tribunales, por ejemplo en el famoso y mal planteado proceso de Burgos. No hay ninguna prueba de que Franco persiguiese hasta el fin a quienes eran sus adversarios; trataba, como es natural, de responder a sus asechanzas y evitar que pusieran en riesgo los valores que defendía, pero nada más. La vida plácida de quienes desde el exilio y desde el interior fraguaban contra su régimen conspiración tras conspiración o lo que suponían determinados destierros temporales a distintos puntos de la geografía nacional son la prueba palpable de su falta de odio hacia sus enemigos. Es archisabido que el general Vicente Rojo, máximo exponente del Ejército rojo, terminó apaciblemente sus días en Madrid después de haber tenido varias conversaciones con Franco acerca de las operaciones militares de la guerra. Algo parecido aconteció con el coronel Segismundo Casado.

En cuanto a la represión de la posguerra, ya se han dado las cifras más atendibles y las circunstancias que las acompañaron. ¿Se pueden poner en la misma balanza los asesinados en Paracuellos y la condena y ejecución de alguno de sus asesinos? Franco era un ordenancista que aplicaba la ley, a veces muy templada por la clemencia. Algún condenado a muerte al final de la guerra, recientemente fallecido, salió libre cinco años más tarde y obtuvo un Premio Nacional en 1949, representándose la obra premiada en el Teatro Español de Madrid, teatro nacional, con un éxito que contribuyó no poco a la posterior carrera literaria del premiado.

De su honradez personal nada se dice porque por ese lado es imposible reprocharle nada. Posiblemente los mismos que lanzaban durante su vida toda clase de infundios sobre el particular no se han atrevido a tocar tal cuestión, visto lo ocurrido en España recientemente.

Se acusa a Franco de haber sido un represor de las libertades; depende de a qué libertades se refieran y dónde se pongan sus límites. Después de una guerra civil como la que sufrimos los españoles, seguida de los peligros de una guerra mundial a la que se unieron agresiones a través de la frontera pirenaica, era absolutamente necesario un régimen no dictatorial pero sí autoritario. Linz admite que «en un régimen autoritario no existe la voluntad radical de la ocupación de la sociedad por parte del Estado». Esa voluntad jamás existió en el ánimo de Franco, que mantuvo un régimen autoritario pero ni totalitario ni dictatorial. Véase, por ejemplo, el enorme poder que ostentó la Iglesia en su régimen, con las limitaciones que ello suponía para el poder político.

Ahora bien, Franco, que quedó investido de todos los poderes del Estado en 1936, acometió la puesta en marcha de lo que Rodríguez Carvajal llamó «dictadura constituyente» en un proceso de sucesiva transferencia de poderes a las instituciones que iba creando; al final Franco mantenía toda su autoridad de índole moral, pero se había despojado de la mayoría de los poderes que tuvo al principio.

Acaso el mayor de sus errores políticos fue su desconfianza en aquellas instituciones que había creado y a las que no hizo asumir sus responsabilidades en su momento. En frase afortunada, un prestigioso intelectual pedía que el régimen «sea lo que dice ser», es decir, que sus instituciones supiesen asumir su papel legal. Ese error explica, junto a la intervención regia -el «motor del cambio»-, la debilidad de la gran mayoría de su clase política y altos mandos militares, la rapidez con que fue desmontado el régimen.

Es cierto que su reposo y meditación sosegada antes de tomar una decisión importante, era una gran virtud, y más en España, donde priva el apresuramiento y la falta de meditación, pero se fue convirtiendo con el paso del tiempo en un defecto del que se quejaba el almirante Carrero. Ello tuvo un reflejo en aquella frase de Jesús Fueyo «el tiempo nos ha devorado», pues el régimen, al final, tomaba medidas tardías que no eran ya adecuadas a las situaciones creadas por su propio desarrollo y éxito.

Francisco Franco fue un gran español, un gran soldado que conocía muy bien su oficio y que amaba con pasión a España, a la que dedicó su vida entera. Fue un eximio gobernante cuyos aciertos superaron con mucho a sus errores y que sólo admite comparación con quienes dirigieron a España en el siglo XVI y, tal vez, con algunos de los gobernantes de la Ilustración cuyas ideas y métodos siguió en cierto modo.

Obra de Franco es la España moderna, sacada de un atraso que venía de siglo y medio atrás, convertida en una nación liberada, esperemos que para siempre, de sus luchas civiles y capaz de figurar en un puesto destacado dentro de Occidente.

Los sectarios de toda índole, tan abundantes hoy en España, están condenados irremisiblemente a pasar por encima de la realidad histórica, a desfigurarla, a negarla y a tratar de crear otra absolutamente falsa. La gran mayoría de los juicios que se difunden hoy en España sobre Franco son obra del sectarismo y, por ello, su veracidad es nula. Tales sectarios, estimulados por un régimen que trata de justificarse más que por sus éxitos por el desprecio hacia el anterior que le dio origen, hacen difícil que hoy se llegue a una valoración justa de lo que fue Franco para España; esto a pesar de los esfuerzos de unos pocos pero heroicos historiadores que luchan contra molinos de viento, huecos pero capaces de voltear a quien los desafíe.

Fusi advierte en la presentación de su libro sobre Franco que «la literatura de denuncia del franquismo -que puede ser, contra lo que parece, una fórmula de comodidad intelectual- elude, a su vez, plantearse problemas no menos inquietantes, como la voluntaria y duradera acomodación de muy amplios sectores de la sociedad española con el franquismo, la estabilidad casi inatacable de éste durante varias décadas, la debilidad de la oposición, la formidable transformación de España y de su Estado desde 1939 a 1975».

Es lícito preguntar: ¿a quién molesta que la gran mayoría de españoles apoyase a Franco?, ¿a qué español no satisface «la formidable transformación de España y de su Estado»?, ¿dónde reside el «inquietante problema»? En todo caso, hay que agradecer a Fusi su sinceridad.

Porque a quienes vivimos aquellos años y conocemos bien la historia de España nadie nos va a engañar ni a manipular. A los profesionales del antifranquismo y a los sectarios de toda laya hay que dedicarles aquella sentencia evangélica: «Deja que los muertos entierren a sus muertos» (Mat. 8, 22). Los del antifranquismo sistemático y sectario, además cargado de odio, que entierren a sus fracasados predecesores.


Armando Marchante Gil


 

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