Razón Española, nº 112; Los inéditos de Fernández-Carvajal

pag. principal Razón Española

Los inéditos de Fernández-Carvajal

Por J. Molina

Ideología y política indice Salleron y el socialismo

Los inéditos de Fernández-Carvajal

La institucionalización del Derecho constitucional y de la Ciencia política en nuestro país desplazó de su lugar natural al Derecho político, disciplina matriz en cuyo seno se habían venido cultivando tradicionalmente los saberes jurídico, político y filosófico político. En el plano académico, una de las consecuencias más importantes de esta transformación fue la deriva cratológica y sociologista de la ciencia política, especialidad que se ha querido imitar en nuestro país a partir del modelo norteamericano. De ello se siguen ciertas ventajas, pero también han sobrevenido algunos males, acaso en mayor número. Sin entrar a juzgar las adquisiciones de la disciplina en España, revisadas desde el prejuicio del adanismo por Jerez Mir en su memoria de cátedra, más tarde reconvertida en el libro Ciencia política, un balance de fin de siglo (1999), llama poderosamente la atención las escasas referencias que se hacen a la obra de Javier Conde o Jesús Fueyo. A otros autores ni siquiera se les menciona: aunque de lo que se trata es de hacer balance, no se habla de la estasiología de Fernández de la Mora. Tampoco de un libro tan importante como El lugar de la ciencia política, de Fernández-Carvajal, autor sobre el que queremos llamar la atención, pues recientemente ha sido hallada su memoria de doctorado, que durante casi medio siglo se había dado por perdida y de la que tan sólo se conocía el capítulo dedicado a Sempere y Guarinos, publicado en 1955 en el número 82 de la Revista de Estudios Políticos.

Todavía no se ha hecho un balance de lo que ha significado Fernández-Carvajal para el Derecho político español, mucho menos con respecto a su contribución a la politología. Cuando se realice ese estudio en profundidad, requerido por una obra como la suya, necesariamente habrán de tenerse en cuenta dos importantes trabajos suyos que permanecen inéditos. La tesis doctoral El historicismo jurídico en España (1700-1850), de 1955, y su memoria de cátedra Concepto, método, fuentes, programa del Derecho político, de 1957. Trátase, en ambos casos, de dos trabajos de notable dignidad académica entre los que existen, más allá de su objeto formal, importantes conexiones. Sobre sus supuestos metodológicos y filosóficos edificó Fernández Carvajal lo mejor de su aportación a la ciencia española. El lugar de la ciencia política (1981), ya mencionado, y sobre todo, La Constitución española (1969). Este último libro, a pesar de la procedencia de algún capítulo, aparecido en los folletones del diario Arriba, constituye un pequeño monumento del derecho público hispánico de la segunda mitad del siglo XX (puede verse la recensión de Fernández de la Mora en Pensamiento español, 1969. De Sanz del Río a Morente, pp. 164-174).

En los cuatro trabajos referidos no sólo están la figura y la cifra del pensamiento de su autor, sino también las de la Escuela Española de Derecho Político (Javier Conde, Luis Sánchez Agesta, Carlos Ollero y algunos otros), a la que correspondió la tarea de renovar la disciplina en España, insuflando en ella un sentido histórico y sociológico del que entonces, con raras excepciones, carecía. Estimamos que en Fernández-Carvajal se halla, en el más noble sentido de la expresión, al escritor epigonal de una escuela que entre 1942 y 1969 asentó las bases para la elaboración en España de una sociología y una ciencia política no imitativas. Las rectificaciones posteriores son otra cuestión.

En El historicismo jurídico en España (1700-1850), tesis dirigida por Javier Conde, nos encontramos ante un trabajo que, con sus limitaciones, representa a la perfección el compromiso de una generación universitaria con la elevación de los saberes científicos. Esta actitud supone la articulación de dos momentos vitales e intelectuales: el primero de ellos corresponde con sus años de formación; ya entonces era su preocupación constante la reintegración al saber jurídico político de su dignidad, conjurando los riesgos de las ideologías totalitarias de uno y otro signo. Mas elaborar libros que se tuviesen de pie, según el imperativo de Castiella, no era empresa fácil en una época de escasez de recursos. Faltaban libros, ciertamente, pero la generación de Fernández-Carvajal colmó las lagunas recurriendo a un puñado de buenas obras. Fundándose en ellas construyó el armazón dialéctico de su tesis. Entre los libros extranjeros, algunos excelentes de Meinecke, Freyer o Hazard; entre los españoles, Ortega y Gasset y, por supuesto, Zubiri.

Pero puede constatarse también un segundo momento en este trabajo, al que con toda seguridad faltó algún capítulo previsto inicialmente, como el anunciado sobre el padre Rafael Vélez (pp. 187-8). En esas páginas apréciase también el influjo de una honda preocupación pedagógica, que llega hasta el venero del mejor regeneracionismo español y que fructificará más tarde en las investigaciones de sus discípulos de la cátedra murciana (Garronea Morales, García Canales). De alguna manera, la memoria doctoral es como la etapa de aprovisionamiento de quien espera salir bien pertrechado a cumplir su vocación: la búsqueda y transmisión de la verdad. El intelectual, en último análisis, debe ser también educador.

La memoria consta de nueve capítulos en los que cronológicamente se ordena el análisis de lo que podríamos denominar el pensamiento historiográfico de diversos escritores españoles, desde Lucas Cortés y el padre Burriel hasta el sugestivo Pedro Jose Pidal, instalado vitalmente a finales del período estudiado. Fernández-Carvajal examina el pensamiento de los «historiadores y juristas españoles que, entre 1700 y 1850, buscan el perfeccionamiento o la reconstrucción del orden jurídico nacional apoyándose en la historia, extrayendo de ella criterios y lecciones y válidos para el presente» (p.1). En la mente de ese «movimiento intelectual colectivo» opera, en su opinión, el lento proceso de sustitución del iusnaturalismo por el historicismo, tesis esencial en El historicismo y su génesis de Meinecke. En el fondo, el autor intenta decantar una suerte de proto-historicismo en las obras de los autores estudiados, difícil empeño que acaso no resulta del todo justificado en algún caso.

Para el autor queda claro que había en España elementos suficientes como para suscitar, incluso dentro del iusnaturalismo católico, el repertorio de las ideas nuevas que se difunden con la Ilustración francesa y luego con el romanticismo (relativismo histórico, individualidad de las naciones, etc.). El modo de expresión particular de estos elementos en el Derecho público hispánico, aunque también sobre el Derecho privado, al que dedica el capítulo segundo, está representado por la polémica entre romanistas y germanistas a propósito de las fuentes y verdadera naturaleza del derecho de la nación española y su Monarquías. Los primeros triunfaron en el campo del Derecho privado, lo que en su opinión frustró las posibilidades ofrecidas por la elaboración de la Novísima Recopilación para reedificar el Derecho civil español sobre su planta original, tradición corrompida por el bartolismo del siglo XIII, según Sempere y Guarinos. En cambio, en el Derecho público se conocieron importantes avances de las posiciones del nacionalismo jurídico y su vindicación de la continuidad histórica de la monarquía hispánica fundada por los visigodos (Gothia).

La incorporación del sentido histórico a la rectificación de la jurisprudencia nacional es progresiva, y presenta matices distintos en cada escritor. Como otros contemporáneos suyos, Lucas Cortés, muerto en 1701, rechazó de plano la pseudohistoria, pero, sin embargo, se apartó de la moda antirromanista y germanizante de su siglo. Para Forner (p. 94) e incluso para el padre Burriel, la rectificación debía operarse según lo que ahora denominaríamos filosofía política y que Fernández-Carvajal interpreta como la «función correctora» que cumple el derecho respecto al hecho (p. 55). Sin Campomanes y su señalamiento de la «intelectualidad de toda norma jurídica», es decir, su «referencia a una situación social y económica concreta», «Martínez Marina no hubiera llegado a componer su Ensayo histórico-crítico» (p. 81). En Jovellanos, el avance es ya considerable, pues se aprecia el salto hacia una concepción más neutral y científica de la historia desde las posiciones utilitaristas de partida, apegadas a un empirismo mero depurador de fuentes. Mas el giro antiutilitarista que Fernández-Carvajal ve anunciado en Jovellanos, en Martínez Marina se pone al servicio de las ideas políticas que son sustrato del doceañismo. Ahora bien, en su singular defensa de la originalidad y continuidad de la Constitución castellano-gótica, consecuencia de su tesis de que la historia es el instrumento para investigar el nacimiento del presente, el erudito Martínez Marina contrajo un mérito extraordinario, pues «configuró por primera vez la historia del Derecho español, y la configuró como historia de la idea de libertad» (p. 169). Aunque Sempere y Guarinos también está inscrito en la dirección trazada por los anteriores, es muy significativa su rectificación del tradicionalismo idealizado de Marina (y así mismo de Argüelles) y de su pretendida utilidad para la reforma de la Monarquía, alegando las bondades del gobierno introducido por los Borbones, cuyas instituciones no tuvieron que buscar en la tradición. Pero Sempere irá todavía más lejos, colocándose en una posición polar a la de Marina. En opinión del primero, «el espíritu feudal o aristocrático de la Constitucióin tradicional justifica -como correctivo- el despotismo ilustrado de los Borbones» (p. 210). De todos los autores estudiados es Pedro Jose Pidal quien expresa plenamente el nuevo sentido histórico. Para él la historia constituye un «método» para acceder al conocimiento de la realidad jurídica, planteamiento plenamente coherente con la intención científica y no ideológica de sus escritos históricos (p. 233). Su originalidad, empero, va más allá, pues, como indica Fernández-Carvajal, logra corregir a Savigny a través de los liberales doctrinarios, en particular de Guizot; de hecho, el método que aplica a sus obras se aproxima más al del francés (p. 225).

Una memoria de estas características tal vez hacía pensar en la inclinación definitiva de su autor del lado de la Filosofía del Derecho. Sin embargo, Javier Conde le disuadió de esa idea argumentando que la filosofía jurídica no tenía porvenir. Así pues, en el mismo año 1955, Fernández-Carvajal comenzó a preparar cátedras, resultándole de ayuda y estímulo la explicación en el Instituto de Estudios Políticos de un curso sobre Derecho político. Con los materiales recabados entonces y elaborados durante el año siguiente, el autor obtuvo la cátedra de Derecho político de la Universidad de Murcia, en la que se posesionó en febrero de 1958 y de la que ya no se separó hasta su jubilacióin, por él vivida casi como una depuración intelectual.

De su primer trabajo académico quedó en Fernández-Carvajal la impronta de una atención permanente a la historia. No pocas veces deploró las lagunas que en materia de historia constitucional padecía la historiografía jurídica política patria, lo que, por otro lado, tiene cierta lógica en una nación que sufre de «manía constitutoria» desde hace dos siglos. Estos vacíos han alcanzado una magnitud alarmante, ya advertida oportunamente por Fernández-Carvajal, en el caso de las Leyes Fundamentales. «Los seniores del Derecho político español, escribía en 1969 a propósito de la Ley de Cortes, nos deben aún la consignación escrita de sus recuerdos (...) y la puntualización de sus aportaciones a éste y a otros importantes proyectos legislativos». La situación será difícilmente reversible mientras subsista la falsificación jurídica que pretende despojar a España de su Constitucióin bajo el régimen de Franco. El tópico es sintomático de ciertas patologías del pensamiento jurídico, sobre todo de la ideologización del jurista, acontecimiento este último sumamente grave, puesto de manifiesto hace años por Michel Villey.

Ahora bien, la incorporación del sentido de lo histórico, necesidad que se denuncia con todas sus consecuencias a partir de la divisoria espiritual que marca la distinción entre lo político (Politisch) y lo estatal (Staatlich), constituye tan sólo la mitad de la tarea que hubo que cumplir para reconstruir el Derecho político, que necesitaba en la misma medida de un enfoque sociológico. Tales son, en esencia, los dos supuestos epistemológicos de un Derecho político a la altura de los tiempos. Suscritos por Conde en su Introducción al Derecho político actual (1942), y con desarrollos notables en la Introducción al Derecho político. La consideración científica de las relaciones entre la Sociedad y el Estado (1948), de Carlos Ollero, constituyen el punto de arranque de la interesante memoria de cátedras de Fernández-Carvajal.

Concepto, método, fuentes y programa del Derecho político está estructurada en cinco apartados de desigual magnitud. Con el primero de ellos queda cubierto el flanco de la exigencia sociológica, enfoque que en opinión del autor permite superar definitivamente la disputa pretérita sobre la metodología. En cambio, con el segundo se quiere cultivar el sentido histórico, garantizando la penetración histórica en el Derecho político y, en general, en la enciclopedia de las ciencias jurídicas políticas. El ensayo bibliográfico y la exposición del programa han perdido interés, lo cual es lógico. Sin embargo, lo sigue manteniendo la sección que sintetiza su aportación académica en unas «Notas para reconstrucción del Derecho político» (pp. 319-330). En esas páginas, escritas con rigor y concisión, se asume desde el mismo título la tarea a la que en 1942 fueron convocados los juristas españoles por Javier Conde. ¿De qué modo aborda el autor esa «tarea insoslayable»?

En primer lugar, Fernández-Carvajal intenta zanjar razonablemente el problema del «método» de la ciencia del Derecho político, asunto recurrente en los tratados de la disciplina anteriores a la guerra. El imperativo de toda consideración metodológica debe ser la «mentalización» (p. 6), es decir, la toma de conciencia de la propia actividad. A través de ella ofrécese la realidad política como realidad convivencial que requiere su propio método de «penetración». De esta manera, la primera parte de la memoria está dedicada a la exploración de las posibilidades de los diversos métodos: la explicación causal, la descripción fenomenológica, la comprehensión del sentido y, por último, la intelección finalista, por él preferida. Con esta última aflora en la disciplina su veta filosófica práctica. Su opción metodológica desborda los límites del Derecho político, pues una de sus consecuencias inmediatas, la rehabilitacióin de la analogía, debe alcanzar también a la sociología y a la ciencia política. Sobre estos supuestos, el Derecho político es definido provisionalmente como «politicarum rerum notitia, iusti atque injusti scientia». El remedo de la definición romana de la jurisprudencia no es gratuito, pues, según se explica después, su «prius» no es otro que la «prudentia iuris» o «conciencia de la situación social en cuanto incorporada a la voluntad de realizar la justicia» (p. 321).

Por otro lado, prosigue el autor, dado el «carácter respectivo de la sociedad», «la sociología es incoativamente jurídica y la jurisprudencia es incoativamente sociológica» (p. 91). Una exigencia inesperada se impone a este modo de razonar: que el poder o presión social opera como elemento unificador de la sociología y la ciencia política. Así, carece de «sentido el centrar la ciencia política en torno al poder, tomándolo como foco o concepto eje; porque el poder es dentro de ella un elemento inespecífico, que la recorre de extremo a extremo, pero que también la rebasa y trasciende (p. 95). Sin duda, trátase de una de las primeras advertencias contra la deriva cratológica de los saberes jurídicos y políticos.

Pero el Derecho político, junto a su caracterización como estudio positivo del proceso de imposición metódica de los fines relacionados con la existencia colectiva, iluminado por la Política como «scientia rectrix», constituye también un constructo intelectual del que hay que dar razón histórica. Así pues, la segunda parte comprende el ensayo de un sistema ordenador de los conceptos más importantes del Derecho político. En este punto se hace patente el paralelismo con el método articulador de teoría e historia patrocinado por su maestro Conde en Teoría y sistema de las formas políticas (1944), que, por cierto, fue también su memoria de cátedra. A pesar de la configuracióin de la nueva tarea como «autognosis del espíritu político contemporáneo», Fernández-Carvajal no alcanzó unos resultados comparables a los de la parte precedente. El «sistema» finalmente no emerge en el examen de los más importantes teóricos de la disciplina. el conjunto se resiente quizá de la falta de una conexión clara entre el pensamiento jurídico político y la forma política. Por alguna razón que se nos escapa, el autor no reservó apartado alguno para Hermann Heller, tampoco para Carl Schmitt; de este último, sin negar su talento, solía decir que «era un gran ingenioso».

Sobre los supuestos sociológico e histórico, el «Derecho político de un pueblo» se define finalmente como «el conjunto de los actos, conscientes y metódicamente organizados con que ese pueblo trata de fortalecer o de sustituir las formas específicas de su comportamiento político» (p. 321>). De la misma manera, si la política se define como «proceso de imposición e incorporación de usos políticos» (p. 322), la Constitución no es sino el «planeamiento previo destinado a fijar quién y cómo puede imponer usos, de un modo sistemático y metódico» (p. 326). Por esta razón, entiende Fernández-Carvajal que el conocimiento abstracto de la Constitución es insuficiente, necesitando el especialista tomar en consideración lo que denomina las «incorporaciones extraconstitucionales» (p. 327). Previendo el desarrollo del normativismo y del sociologismo, determinantes en última instancia de la eliminación de la denominación tradicional de la disciplina, el autor precisó finalmente los imperativos del Derecho político: 1.º) No anegarlo en el mar sin orillas de la Ciencia política; 2.º) no convertirlo en un puzle de noticias políticas ordenadas en torno a las viejas categorías (p. 330). A la vista está hoy la poca efectividad de aquellas prevenciones.

La abdicación de las posiciones delimitadas por la Escuela española de Derecho político, proceso acelerado súbitamente desde 1969, no ha sido estudiada. El nivel alcanzado por los primeros trabajos de Fernández-Carvajal anunciaba frutos delicados. Pero cuando éstos llegaron a su sazón, la vida española había dado un giro copernicano. Los cambios se reflejaron tambien en la paulatina renovación de las cátedras universitarias hasta ser ocupadas por «seniores» del Derecho constitucional y la Ciencia política «tout court». Quien, como Rodrigo, no se plegaba a la moda impuesta en los años 70, dejaba automáticamente de contar. Pero el tiempo no tropieza; cuando se cumpla su última revolución, y apuntada en una nueva generación de juristas, el pensamiento de Fernández-Carvajal será reconocido y su obra estudiada.



Jerónimo Molina



 

Ideología y política indice Salleron y el socialismo

Cartas a Razón Española

Buzon Pulse aquí para enviar correo


La obra de Razón Española es propiedad registrada
Prohibida la reproducción total o parcial de estos documentos sin previa autorización y acuerdo.