Razón Española, nº 112; La representación orgánica en el pensamiento tradicionalista

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La representación orgánica en el pensamiento tradicionalista

Por J.F. Acedo Castilla

Representación orgánica indice El organicismo de Luis del Valle

La representación orgánica en el pensamiento tradicionalista

I. INTRODUCCION



Si «el fin es regla de todo lo demás» resulta inconcuso que para determinar la forma más adecuada de la representación política procede examinar su fin propio. Para los griegos, el Estado era fin en sí mismo y origen de todo Derecho: el Estado no era para los hombres, sino el hombre para el Estado. Esta idea se encuentra en Platón, e incluso en Aristóteles (cap. IV, V y VII del libro III y cap. II del libro IV de La Política). La filosofía cristiana, por el contrario (Santo Tomás: De regimene principum, Libro I, cap. XV), compendia los fines del Estado en dos palabras: justicia y amor, es decir, protección y tutela del derecho de todos y cada uno de los miembros del cuerpo social, y estudio y solicitud del bien común.

Partiendo de la doctrina tomista, el pensador tradicionalista Ortí y Lara (1), afirmaba que los fines de la sociedad política eran la tutela del orden jurídico y la promoción del bien común, consistente, según Balmes (2), en lograr «la mayor inteligencia posible para el mayor número posible; la mayor moralidad posible para el mayor número posible; el mayor bienestar posible para el mayor número posible». La concepción tradicional busca a través de la sociedad la armonía entre el individuo y el Estado, en oposición al totalitarismo, que lo reduce todo al Estado, absorbiendo al individuo y a la sociedad, y en contraste con el liberalismo, para quien el individuo lo es todo, desconociendo a la sociedad orgánica.

Por orden natural, antes que la sociedad política, existen otras sociedades que son elementos constitutivos, lo que como dijo Enrique Gil Robles (3) sirve para dar a la sociedad índole orgánica. Algunas provienen directamente del Derecho natural como la familia; otras son el resultado de la historia de los pueblos. A veces poseen vida pública; otras se reducen a la esfera de lo privado. En ocasiones se bastan a sí mismas, requiriendo apenas tutela y coordinación con las vecinas, como la ciudad; no faltan las que actúan al par del Estado, pero con superiores miras, como la Iglesia. Pero todas gozan de existencia independiente según sus calidades, cumplen sus fines y se hallan dotadas de poderes que las capacitan para realizarlos, poderes que en su conjunto reciben el nombre de autarquía, palabra que -según Mella (4)-, se basa en lo que Aristóteles expresaba en La Política: "el derecho a dirigirse a sí mismo interiormente, sin excluir la jerarquía, impidiendo que entre la acción de una persona, sea individual o social, y su fin, se interponga otra que quiera hacer lo que ella misma quiera y pueda realizar sin intervención extraña para cumplir su destino".

Esta autarquía de todas las personas infrasoberanas frente a la acción del Estado -como destaca Marcial Solana- (5), la han defendido los pensadores tradicionalistas con insistencia, para significar que es principio capitalísimo de su doctrina, llegando hasta incorporar en su lema Dios, Patria y Rey la palabra Fuero, entendiéndose por tal "no sólo la autarquía de las regiones y municipios, sino también la de cualquier persona infrasoberana desde la región hasta el individuo".

En el pensamiento hispano -según Elías de Tejada (6)-, los Fueros suponen barrera y cauce. «Barrera» defensora del círculo de acción que a cada hombre corresponde según el puesto que en la vida social ocupa, como padre de familia, como profesional, como miembro de un municipio o de una comarca, y «cauce» por donde fluye su acción libre, enmarcada jurídicamente en los márgenes de su posición en la vida colectiva. De modo que los Fueros son -en su sentir- garantía de la libertad humana.

En contraste con la modernidad postrevolucionaria, que trató de aniquilar tales sociedades intermedias, bien suprimiéndolas a lo liberal, o bien incorporándolas al Estado, a lo totalitario, la doctrina tradicional española -continúa Elías de Tejada- (7) "distínguese por la importancia que concede a las entidades o instituciones sociales. Ni omnipotente arbitrio del Estado pesando sobre ellas, ni inmolación en aras de la ilusión rousseauniana del salvaje aislado; para la sociología de las Españas [las sociedades intermedias], entendidas como eje de la vida colectiva, sirven de módulo para la acción del hombre concreto y, dada su independencia respecto del Estado, dan en fuente cierta de equilibrio humano".

Estas ideas fueron asumidas por los monarcas tradicionalistas cuando se les presentó oportunidad para ello. Así, Carlos VII, en su Manifiesto a los pueblos de la Corona de Aragón, dado en la frontera de España, el 16 de Julio de 1872 (8) dijo:



"Intrépidos catalanes, aragoneses y valencianos: Hace siglo y medio que mi ilustre abuelo Felipe V creyó deber borrar vuestros fueros del libro de las franquicias de la Patria. Lo que él os quitó como Rey, yo como Rey os lo devuelvo; que si fuisteis hostiles al fundador de mi dinastía, baluarte sois ahora de su legítimo descendiente. Yo os devuelvo vuestros fueros porque soy el mantenedor de toda la justicia; y para hacerlo, como los años no transcurren en vano, os llamaré y de común acuerdo podremos adaptarlos a las exigencias de nuestros tiempos..."



Y en términos semejantes se expresó en el Discurso pronunciado tras la jura de los fueros de Vizcaya, en Guernica el 3 de Julio 1875 (9).





II. LOS CUERPOS INTERMEDIOS



Al llegar al nivel municipal, las "familias -como escribió Donoso Cortés (10) se agrupan entre sí, de una manera conforme a la ley de su origen y, agrupadas de esta manera, forman aquellos grupos superiores que llevan el nombre de clases; las diferentes clases se consagran en diferentes funciones; unas cultivan las artes de la paz, otras las artes de la guerra; unas conquistan la gloria, otras administran la Justicia y otras acrecientan la industria. Dentro de estos grupos naturales se forman otros espontáneos, compuestos de los que buscan la gloria por una misma senda, de los que se consagran a una misma industria, de los que profesan un mismo oficio; y todos estos grupos ordenados en clases, y todas estas clases jerárquicamente ordenadas entre sí, constituyen el Estado, asociación ancha en la que todos otros se mueven con anchura".

Observa Pradera (11), que en las clases sociales, existen las que tienen carácter público y las que no lo tienen; a las primeras les llamaba "cuerpos de la Nación y del Estado" y a las segundas les sigue denominando "clases sociales". Estos cuerpos, que con las clases profesionales y corporativas constituían la base de la estructura social, tenían en España como cúspide institucional a la Corona, que además de ser símbolo de unidad era el motor de cada uno de los ramos de la administración estatal y local. Dentro de esta construcción, el poder ejercido por los reyes -como escribió Donoso (12) "era uno, perpetuo y limitado; era uno en la persona del rey; era perpetuo en su familia; era limitado porque donde quiera encontraba una resistencia material, en una jerarquía organizada".

El primero de los organismos protárquicos, que -como señala Solana (13)- modera la acción del monarca, son las Cortes "verdadera representación de los pueblos y de las clases sociales que hay en los diversos reinos cuyos procuradores -como escribió Nocedal (14)-, no son sino mandatarios que piden, reclaman y exponen, hacen y dicen lo que sus comitentes quieren y les encargan al darle poderes concretos y limitados para los asuntos que según la convocatoria se hayan de tratar.... En estas Cortes los reinos mismos, las fuerzas vivas del país y los concejos por sus mandatarios o mensajeros -que no los partidos o sus diputados que ahora nos tiranizan o destrozan-, miran por sus fueros, velan por sus intereses, industrias y profesiones y, ejercen influencias eficacísimas en que los abusos se subsanen, los defectos se enmienden, prosperen los servicios públicos y se resuelvan para bien, en general, las cosas que a todos importan; porque a más de las fuerzas e importancia que da a los brazos del Reino su representación, de su voluntad depende dar o negar los recursos con que todo ha de hacerse y todo ha de pagarse".

La representación en estas Cortes se estructuraba en tres estamentos: nobleza, clero y estado llano, cada uno de los cuales tenía una función específica en el orden social. El clero era el encargado de una misión de enseñanza, no sólo en el aspecto espiritual, sino también en el cultural. La nobleza tenía una finalidad tutelar, protectora: el elemento militar era principalmente responsable de la defensa del país, pero además estaba obligado a defender a sus vasallos. El estado llano procuraba el sostenimiento material de la sociedad. Todo ello -según Comellas (15)- venía a ser como "una traducción inconsciente de la República de Platón: una cabeza que piensa, un brazo que protege, y unos órganos o vísceras que nutren".

Mas llegó un día en que la estabilidad de este Régimen comenzó a resquebrajarse. La nobleza, al hacerse cortesana, olvidó su función de servicio, para vivir de sus derechos señoriales y privilegios que le producían cuantiosas rentas. A estos privilegios de una nobleza cortesana y ociosa, necesariamente habían de enfrentarse los pensadores de la época. Muestra de ello es que Jovellanos, pese a ser uno de los pocos que la seguían creyendo necesaria política y socialmente, en una de las estrofas finales de la segunda Sátira a Armesto, se exprese así: "¿Es ésta la nobleza de Castilla/ Es éste el brazo un día tan temido,/ en quien libraba el castellano pueblo/ su libertad ....?". Los eclesiásticos que habían ido perdiendo el papel de transmisores de la cultura conforme la ciencia se fue haciendo laica, gozaban el privilegio de tener sus bienes inmovilizados, exentos de cargas. Y en cuanto al estado llano, en frase de Comellas (16), "era lo menos llano que pudiera imaginarse", pues comprendía lo mismo a los banqueros que a los pobres de solemnidad, sin otros vínculos comunes que el poder o tener que trabajar, el pagar impuestos y el no poder ocupar altos cargos reservados tradicionalmente a la nobleza".



III. LA MODERNIDAD TRADICIONAL



La estructuración social que antecede, constituía un obstáculo para el espíritu utilitarista de la burguesía, la cual para el despliegue de sus actividades precisaba gozar de libertad económica sin trabas, como se pedía tanto en los escritos de los economistas, como en fuentes literarias (17). Ante ello, el sentimiento de que se precisaba una reforma había calado en los medios responsables, especialmente, en la minoría burguesa, intelectual, burocrática y militar, si bien entre unos y otros existía una divergencia radical en orden a las medidas y alcance de las mismas.

Según Suárez Verdaguer (18), un grupo poco numeroso, pero selecto, buscaba la solución en la importación de fórmulas extranjeras, rompiendo de este modo la unidad de pensamiento en política y en moral. Destacaban, poetas como Cienfuegos, Moratín y Quintana; políticos como el economista Canga Argüelles, el más radical discípulo de Rousseau y la Revolución francesa, como le denomina Juretschke (19), y Agustín Argüelles, fanático partidario de la Enciclopedia a quien gustaba le llamaran el Segundo Mirabeau; historiadores como Vicente González Arneo; y algunos clérigos como Antonio Llorente y Alberto Lista.

Los que seguían la línea de "modernidad tradicional" representada por Jovellanos, sentían la necesidad de transformación tanto o más que los del bando liberal, pero la sentían racionalmente. Lo que querían los tradicionalistas era "una Monarquía exenta del despotismo ministerial y una organización social y territorial donde tuvieran vida las libertades populares". Afirmaban que la democracia era más absoluta que la monarquía; la única diferencia -decían- que hay entre el poder de un rey y el de una república es que aquél puede ser limitado y el de ésta no puede serlo. Su punto de apoyo era la Constitución histórica de España, hecha de diversidades regionales y locales que estaban aún enteramente vivas, a pesar de la centralización dictada por Felipe V, y que eran tanto una defensa frente al poder central, como un campo de participación de todos los elementos de la población en los asuntos públicos de su incumbencia. Es decir, querían que el poder del Estado siguiera siendo independiente y que la sociedad siguiera siendo orgánica, de forma que su acción recíproca tuviera una conjunción armónica. Esto no era la reacción, era una Constitución abierta a todas las reformas, como escribió López Amo (20).

Pero, y el pueblo, ¿qué pensaba de esto?. Gil Munilla (21) decía que también era reformista, aunque con un reformismo indefinido y vinculado casi exclusivamente al deseo de recuperar las libertades regionales y conseguir una sociedad sin los privilegios aristocráticos.

Más este afán de reformas, enmarcado en lo que hoy llamamos la "modernidad tradicional", quedó frustrado en la Iglesia gaditana de San Felipe Neri, al aprobarse la Constitución de 1812 en cuyo artículo tercero -base y fundamento de la misma- se determinó que "la soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo, pertenece a ésta, exclusivamente, el derecho de establecer sus leyes fundamentales". Así, la representación nacional tendría que encarnar a la llamada voluntad general, lo que exige la concurrencia de todos los ciudadanos por partes iguales, prescindiendo de la representación orgánica y, por ende, sustituyéndola por una entidad artificial que comprende sólo a las unidades individuales subsumidas por una suma abstracta. A esta idea respondía el artículo 29, según el cual "la representación en Cortes tendrá lugar -no a tenor de los criterios antiguos de libertades concretas- [sino] sobre la base de la población". Era el triunfo de la igualdad sobre la libertad, ya que ésta no tendría mas protección, que la que quisiera dispensarle el absolutismo de la mayoría.

Durante la discusión del proyecto constitucional, el grupo realista o tradicionalista, integrado por personas intelectualmente muy selectas y de notable preparación doctrinal, no sólo manifestó su protesta frente a los principios que sustentaban los liberales, sino que presentaron un sistema político reformador, distinto del vigente antes de 1808.

Así, el diputado por Valencia, Francisco Javier Borrull, estudioso de la edad Media y buen conocedor de los Fueros Valencianos, al discutirse el artículo 27 del proyecto de Constitución, en el que se proponía la celebración de las Cortes, sin los estamentos o brazos, pronunció uno de sus magníficos discursos, oponiéndose al dictamen de la Comisión, en defensa de las Cortes tradicionales españolas, en el que entre otros particulares, dijo: "Yo no puedo conformarme con esta idea [la de celebrar las Cortes sin los estamentos o brazos....]. Las antiguas leyes fundamentales de Castilla, Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra, requerían dichos poderes intermedios o asistencia de los estamentos del clero, de la nobleza y de la plebe a las Cortes; con ello se ha logrado el bien del Reino, y por lo mismo, no corresponde derogar dichas leyes...". Y tras dejar sin argumentos a los defensores del proyecto constitucional, contrario a la admisión de los estamentos, terminaba diciendo: "Así me parece que deben establecerse las firmes barreras que formaron nuestras antiguas instituciones, y que mientras subsistieron han impedido el trastorno del Estado y la introducción del despotismo...".

A Borrull acompañó en su brillante defensa de las Cortes tradicionales el diputado por Asturias, Pedro Inguanzo (22), más tarde Cardenal Arzobispo de Toledo, quien hizo una doctísima exposición del sistema tradicional del que recogemos sus grandes rasgos: "Cuando se trata de la forma y organización de las Cortes, se trata de saber si la Nación tendrá Cortes o no las tendrá, ya que es lo mismo decir que no habrá Cortes, que establecerlas sobre bases que no sean sólidas o sobre fundamentos desiguales, incapaces de asegurar su subsistencia...". Y continuaba: "Esta cuestión se puede y debe mirar bajo dos aspectos: bajo el aspecto histórico y bajo el aspecto político. Y yo, anunciando desde luego mi opinión, afirmo que la historia, la política, el interés del Estado y de las mismas Cortes, por todas estas razones, estas Cortes, no deben ser un cuerpo homogéneo, sino compuesto de cámaras y estamentos...".

Tras hacer un recorrido histórico y mostrar que las Cortes tuvieron consideración mientras se observó el sistema de brazos, el diputado asturiano prosiguió: "... Organizadas las Cortes de esa manera [como proponía la Comisión], resulta que la moderación de la Monarquía consiste en la mezcla del gobierno monárquico con el democrático y en el equilibrio de estas dos fuerzas. ¡Pero cómo estas dos fuerzas no pueden chocar entre sí, sin romper el equilibrio! La democracia está en oposición a la monarquía. Es forzoso que una de estas dos potencias se paralice, o que aproximándose se susciten intereses encontrados que pueden turbar su concierto y armonía; armonía, que si unas veces se rompe, habrá de resultar una de estas dos cosas: o que las Cortes opriman al Rey y peligre la monarquía o que el Rey oprima a las Cortes y perezcan éstas. ¿Cuál es pues el interés de uno y otro? El que haya una fuerza intermedia que reúna los intereses de todos, que tenga los comunes de la Nación y del Pueblo y que lo tenga también en mantener los derechos del Rey.... En esto consiste la excelencia de la Constitución inglesa, que los reúne en las dos Cámaras, al Parlamento y al Rey". En este punto, Inguanzo coincide con Jovellanos (23) cuando en la Respuesta a la consulta sobre la convocatoria de las Cortes por estamentos fechada en Sevilla, el 21 de Mayo de 1809, se inclina por la convocatoria en dos estamentos conforme al modelo inglés, que cita como precedente de lo que él considera el más precioso descubrimiento de la ciencia política.

En el mismo sentido que Borrull e Inguanzo, intervinieron en defensa de las Cortes orgánicas españolas, el diputado por Perú, Blas Ostalaza, tan injustamente denigrado por Pérez Galdós en su episodio nacional Cádiz, y el insigne jurisconsulto Ramón Lázaro Dou, diputado por Cataluña, los cuales junto con otros como Manuel Ros de Medrano, diputado por Galicia, y Francisco Mateo Aguiniano, diputado por Burgos, durante la discusión del proyecto, presentaron un sistema político cuyos principios fundamentales integrarían el contenido de la doctrina política del carlismo, ya que constituyeron, como dice Suárez Verdaguer (24), el primer esbozo de una reforma de la Monarquía española, según las directrices de la secular Constitución política, y los usos del reino.

No sólo fueron los diputados tradicionalistas, motejados de "serviles'' por los liberales, los que repudiaban el nuevo proyecto constitucional. El pueblo no veía con buenos ojos cómo los legisladores de Cádiz plagiaban la Constitución francesa; cómo se pretendía imponerle la sanción y aceptación de unos principios políticos, cuando precisamente peleaban para arrojar del suelo español a los invasores que proclamaban e imponían por la fuerza aquellos dogmas. No podía existir, pues, convergencia entre los legisladores de Cádiz y el pueblo que preten-dían representar. De ahí la explosión popular cuando, al regreso de Fernando VII, termina la hegemonía liberal. Explosión, que en Sevilla, el Diario Crítico General describe de la siguiente manera:



"Al anochecer del 6 de mayo de 1814 se presentó un grupo de unos 16 hombres delante de la lápida de la Constitución que intentaron arrancar, y el oficial de la guardia del Principal arrestó a su jefe, al que libertó el pueblo con expresiones amenazadoras ....En un momento se ve agolpada una multitud de gente delante de ella, a la que tiznan, ensucian y al poco rato desmoronan y pisan con las expresiones aplaudidas de los espectadores: Viva Fernando VII, Viva la Religión, Viva la Patria, Viva la Inquisición y Mueran los liberales y la Constitución". Este pueblo, evidentemente, no quería liberalismo, aunque quisiera reformas.



Paralelamente, Bernardo Mozo de Rosales, diputado a Cortes por Sevilla, a la cabeza de un grupo de 69 diputados, respondiendo a esa necesidad, dará un nuevo aldabonazo a la conciencia nacional con el llamado Manifiesto de los Persas (25), documento más criticado que conocido, cuya importancia es paralela a la Constitución de Cádiz, por cuanto representa para los realistas, lo que ésta para los liberales.

Frente al reformismo extranjerizante de los doceañistas, los llamados "persas" -como escribió Elías de Tejada (26)- "en una continuidad de propuestas soluciones, repiten el mismo grito acuciador que profirió el Marqués de Villena frente al absolutismo de Felipe V: el retorno a las Cortes, tal como eran en las postrimerías de la Edad Media, antes de que la estructuración gubernativa castellana fuese perturbada por las exigencias de una política de combate, que trajo consigo el robustecimiento exagerado del poderío real. En el párrafo 102, se ve la fecha tope de sus ideales; la Castilla anterior a la derrota de Villalar. Se pide, pues, el regreso a las fecundas tradiciones de libertades concretas, incompatibles tanto con el desaforado absolutismo de la extranjerización dieciochesca, como la desenfrenada algarabía de la extranjerización liberal".

El Manifiesto -añade Elías- "fue clarín destinado a clamar en el desierto. Fernando VII acepta su espíritu en el decreto de 4 de mayo de 1814 (27), pero pronto reverdecen sus resabios absolutistas, haciendo naufragar con su inmovilismo, las ansias reformistas de la modernidad tradicional y, por segunda vez, queda en la encrucijada la posibilidad de recuperar el hilo de muestra tradición política. España se verá arrastrada desde entonces por tendencias extranjerizantes, oscilando entre la inicial conservación del despotismo absolutista y la definitiva victoria del modelo liberal (28).





IV. LA CONTRARREVOLUCION



La firme creencia en unos principios y en el sistema que los soporta, exigía a sus partidarios, una continuidad. Desde mediados del XIX, el carlismo, en un lento proceso de maduración va a consolidar un cuerpo de doctrina. Así en 1843, Fray Magín Ferrer, religioso mercedario, profesor de teología en el Convento de Barcelona, y rector del de San Pedro Nolasco en Tarragona, que desde el principio estuvo en el campo carlista en el que se destacó por ser el más decidido partidario del grupo militar, frente al universitario, en su libro Las Leyes Fundamentales de la Monarquía Española, se nos muestra como el primer doctrinario español que propugna la representación corporativa gremial.

Ferrer desarrolla su modelo constitucional en el que el Rey -que reina y gobierna-, como cabeza del Estado estaría asesorado por el Consejo Real y asistido por unas Cortes integradas por doscientos miembros divididos en tres brazos: el de los nobles y grandes propietarios, los que podían reunirse por secciones (Aragón, Asturias, Cataluña, Valencia, etc.) para asesorar al Monarca en asuntos exclusivamente territoriales; el eclesiástico que constituiría una cámara separada, compuesta por los obispos; y un tercer brazo compuesto por representantes de gremios o corporaciones. Las deliberaciones de estos tres brazos serían secretas, y sus acuerdos unánimes serían prácticamente vinculantes para el Rey (29).

Mas el texto decisivo para su formulación oficial -según Elías de Tejada, Rafael Gambra y Francisco Puy (30)- fue la Carta que, fechada en Baden el 15 de Septiembre de 1861, dirigió la Princesa de Beira, dona María Teresa de Braganza, viuda de Carlos V de Borbón, al Infante don Juan (31), en la que le recuerda que "la fiel observancia de las veneradas costumbres, fueros, usos y privilegios de los diferentes pueblos de la Monarquía, fueron siempre objeto de altos compromisos reales y nacionales jurados recíprocamente por los Reyes y por las altas representaciones del pueblo, ya en Cortes por estamentos, ya en juntas representativas, implícita o explícitamente contenidas en el Código universal vigente de la Novísima Recopilación...". Y en la Carta a los españoles, también fechada en Baden, el 25 de Septiembre de 1864 (32), la expresada Princesa dice: "...Aquella fórmula "obedézcase y no se cumpla" de que no rara vez se sirvieron nuestros Concejos con respecto a ciertos decretos o providencias reales, cuando éstas contenían alguna cosa contraria a lo decretado en Cortes, o contra fueros y privilegios de provincias y ciudades, demuestra evidentemente que las decisiones de las Cortes coartaron más o menos, siempre, el poder absoluto de los reyes".

Pocos años después, el propio Carlos VII en la Carta-Manifiesto al Infante don Alfonso (33), fechada en París el 30 de Junio de 1869 que fue su primer manifiesto doctrinal a los españoles, en el que condensó el ideario del partido, con relación al tema que nos ocupa, se expresó del siguiente tenor: "...Sabiendo y no olvidando que el siglo XIX no es el siglo XVI, España ....desea en verdad que su Rey sea Rey de veras, y no sombra de Rey; y que sean sus Cortes ordenada y pacífica Junta de independientes e incorruptibles procuradores de los pueblos; pero no asambleas tumultuosas y estériles de diputados empleados o de diputados pretendientes, de mayorías serviles y de minorías sediciosas".

Y añadía: "Ama el pueblo español la descentralización y siempre la amó; y bien sabemos hermano mío que si cumpliera mi deseo, así como el espíritu revolucionario pretende igualar las provincias vascas a las restantes de España, éstas semejarían o se igualarían en su régimen interior con aquellas. Yo quiero que el municipio tenga vida propia y que la tenga la provincia, previendo, sin embargo, y procurando evitar abusos posibles".

Estos manifiestos reales donde se sostiene que el poder del Estado debe estar limitado por los cuerpos intermedios y por unas Cortes que sean auténtica representación de la Nación y no de los partidos políticos, son la doctrina que han sostenido siempre los maestros del tradicionalismo. Así, Enrique Gil Robles en su Tratado de Derecho Político (34) defiende la existencia y autarquía de las regiones, aunque a la vez se opone al separatismo e independencia de las mismas (35). También propugna el que fue insigne profesor de Salamanca, la autarquía del municipio, sin que sea óbice para ello, que forme parte de colectividades superiores, las cuales deban de suplir sus deficiencias por escasez de medios o cualquier otro motivo, pero dejando íntegra su personalidad y su racional autonomía (36). Por último, y como destaca también Gil Robles (37), después de la familia, origen y comienzo de las demás sociedades, es el "gremio" la sociedad más íntima y tutelar, un organismo intermedio entre la familia y el pueblo en toda la extensión de la palabra, de suerte que bien pudiera decirse que "más que la familia, son los gremios los inmediatos componentes del concejo" (38).

Las funciones propias de estas entidades infrasoberanas que existen en la vida social (familia, municipio, gremio y región), son las que moderan la acción del Estado, lo que no sucede en los regímenes liberales -basados en las paradojas de la división de poderes y en los pilares de la soberanía popular de la que el sufragio universal es su expresión-, con lo que carecen, como dice Gil Robles (39), de las moderaciones orgánicas que proceden de la autarquía de las personas sociales, físicas y colectivas que los forman.

Junto a las Cortes orgánicas, los pensadores tradicionalistas, dado que en dicho sistema el rey reina y gobierna, exigen que éste lo haga asesorado y asistido por un Consejo, que a juicio del tan citado profesor (40), es un organismo limitador de la autoridad soberana, una moderación protárquica de tanta significación y virtualidad que de todas las instituciones de la política tradicional española, es la de los Consejos la más típica, la médula y el nervio del Gobierno en la misión que les estaba atribuida.

En plena coincidencia con el profesor salmantino, Vázquez de Mella (41) para desarrollar su teoría organicista, parte de la idea de que España es un río formado por muchos afluentes; los afluentes son las regiones, y esos afluentes al juntarse en un solo cauce forman la Nación. Esta idea resulta coincidente con la de Menéndez Pelayo (42), cuando al final de la semblanza literaria de Manuel Milá y Fontanals, simbolizó en el curso del Ebro, la unidad de la Patria y la variedad de las regiones: "Y a dar testimonio de que no se pueden conocer los libros de Milá sin conocer la tierra catalana, he venido yo, el último de sus discípulos, aunque el primero de su confianza, castellano de la más vieja Castilla, de la montaña de Santander como ahora decimos, de la montaña de Burgos como decían nuestros antepasados, hijo de la espesa sierra que guarda en sus humildes peñascales la cuna del histórico río que a toda la península da nombre, y que después de saludar las férreas lindes de la Vasconia y besar el muro triunfal y sagrado de Zaragoza, viene a rendir tributo a vuestro mar en la ribera tortosina, simbolizando en su majestuoso curso la unidad suprema y la diversidad fecunda de la historia patria".

Mella, en oposición "al dogma de la soberanía popular" proclamada en Francia a finales del XVIII, formuló su original teoría de las dos soberanías, que desarrolló principalmente en su Discurso en el Monte de Archanda de Bilbao, el 15 de Agosto de 1919 (43).

Según Mella, hay una soberanía política, pero al lado de ella y completándola, una soberanía social. Esta soberanía social nace de la familia, pasa por la escuela, la Universidad, el municipio y llega a la región y a las clases. Esa soberanía no es sólo creación del Estado, sino más bien el Estado es creación de esa soberanía social, que la necesita como complemento y que viene después como soberanía política para dirigir el conjunto de las regiones y las clases. Atento al concepto orgánico de la sociedad de los tradicionalistas españoles anteriores a él, Mella señala como sede de la soberanía social a "los cuerpos intermedios'', es decir, a los núcleos colectivos en que el individuo halla cobijo. De esta suerte, la soberanía social viene a resultar una especie de "trinchera de resistencia" fabricada desde abajo, contra los abusos del despotismo de arriba (44).

Frente a la representación por partidos, opone Mella la representación por clases, ya que las necesidades sociales que remedia cada clase son distintas, y las actitudes individuales que para tal fin son precisas, también son distintas entre sí. Así -como dijo en su ensayo La Monarquía Carlista (45)-, la clase agrícola nombrará a sus procuradores, la industrial y comercial a los suyos, que serán la representación de los intereses materiales. Los intereses religiosos y morales serán representados por los procuradores del clero, los intelectuales por las Universidades y Academias, y los históricos por la Grandeza. El procurador no será representante de toda la Nación como en el régimen liberal, sino de las corporaciones y clases que lo eligen. No será independiente de los electores una vez elegido, sino sujeto a ellos por mandato imperativo. No irá a disputar a las Cortes, sino a pedir y a votar lo que le manden los que le hayan designado, y ha de jurar no recibir honor ni merced alguna durante su cargo, y si lo hiciera será llevado ante los Tribunales.

Abundando en el mismo propósito de recoger en un cuerpo de doctrina todo lo positivo legado por la historia, y de corregir las deficiencias, Vicente Manterola, magistral de la catedral de Vitoria, cuyo paso por las Cortes españolas de 1869 como diputado tradicionalista por Guipúzcoa será inolvidable, tanto en sus libros y opúsculos como en sus discursos y conferencias reiteraba que las tesis fundamentales del tradicionalismo político eran el antiliberalismo y la concepción cristiana de la vida.

"El liberalismo -decía en El espíritu carlista (46)- consiste en la rebelión de la sociedad contra Dios. Es exactamente lo mismo que el protestantismo de los individuos, es diametralmente opuesto al espíritu carlista, porque el partido carlista es ante todo, sobre todo, y más, católico. Dios es la primera palabra de su lema: ¡Dios, Patria y Rey!" Y en otro lugar, penetrando en la esencia del liberalismo, lo presenta como degenerativo (47): "Su procedimiento -decía-, consiste en colocar los derechos del hombre sobre los derechos de Dios.»





V. EL ESTADO NUEVO



Aparisi Guijarro, quien según Fernández de la Mora (48) fue el primer tradicionalista que propugnó la representación política con base corporativa generalizada, ya en su Discurso con motivo de la Ley Electoral, en el Congreso, el 22 de Marzo de 1859 (Obras Completas II, 84-85), sostenía que las Cortes deben ser la verdadera representación de todas las fuerzas del país. La principal es la Religión; después las ciencias, la agricultura, el comercio, las artes, las industrias, la riqueza. Y más tarde, al hablar de la representación política en El Libro del Pueblo (49), abundando en la misma idea aduce que las Cortes deberían estar compuestas por trescientos Diputados. Un tercio, es decir, cien, los elegirán los padres de familia (o cabezas de casas); otro tercio los designarán por medio de compromisarios, los propietarios, comerciantes e industriales; el último tercio lo designará el Rey. De estos cien de designación directa por el Monarca, sesenta los elegirá entre la nobleza (Grandes de España y títulos de Castilla), Iglesia (Arzobispos y Obispos) y ejército (Capitanes y Tenientes Generales). Los otros cuarenta los designará entre los propuestos por: Tribunales Supremos y Consejos, los Cabildos y Universidades y Corporaciones científicas, artísticas o literarias.

Con este sistema -añade- se evita que el Monarca pueda componer unas Cortes según su voluntad ya que de los cien diputados que designa el Rey, cuarenta al menos le tienen que venir propuestos por los Cuerpos intermedios; y los otros sesenta, aunque tiene completa libertad para su designación, tienen que proceder de los tres cuerpos señalados.

En pleno alzamiento nacional, José María Arauz de los Robles (50), miembro a la sazón de la Junta Nacional de la Comunión Tradicionalista, publicó en 1937 en San Sebastián, su libro Plan, en el que a semejanza de la Constitución portuguesa de Salazar de 1932, postulaba un Estado corporativo que se correspondiera con la estructura natural de la sociedad (la familia, los municipios, las corporaciones económicas, sociales y culturales...), que sería base de la representación en las Cortes orgánicas.

Por las mismas fechas se publicó en Burgos, con prólogo de José María Pemán (51), una segunda edición de El Estado Nuevo de Pradera, "el doctrinario más sistemático y profundo con que contó el tradicionalismo español en el primer tercio del siglo XX", según dice de él Fernández de la Mora (52), el que poco antes de morir, mártir de sus ideales, pudo titular su último libro "con alegre juventud" como escribió Pemán (53). En el citado libro, su autor, que fue tantas veces diputado carlista, propugnaba como modelo de representación, el sistema corporativo, por entender que "las Cortes orgánicas son el único medio de concordar los intereses dispares, pero por naturaleza conciliables que en el mundo se agitan; de aportar a la Ley el elemento del bien común, enfrente del interés de partido que los parlamentos revolucionarios acogen, y de evitar con competencia los conflictos que entre los primeros pudieran suscitarse" (54).

Estas Cortes -decía- "deben estar formadas por tantas Secciones de Cuerpo y Clases sean indispensables para la economía del Estado.... Y siendo claro por definición que las Clases fomentan intereses diversos y que -entre los Cuerpos- las Regiones representan una diferente a los propios de los demás, puede concluirse que las seis clases sociales y las Regiones deberán formar en las Cortes orgánicas sendas Secciones. Todos los demás Cuerpos del Estado (Clero, Aristocracia, Magistratura, Diplomacia, Ejército y Marina, ...) por no afectar ni a clase alguna en particular, ni exclusiva y directamente al Estado deberán agruparse en una Sección de Representantes de Cuerpos, Clases y Corporaciones en las Cortes orgánicas del Estado español".

Las características de las Cortes así formadas, tienen relieve tan marcado y, sobre todo, se diferencian tanto de las propias del régimen parlamentario, que no exigen excesivos comentarios. Lo que en los Parlamentos liberales -arguye Pradera- era un nombre -la Sección- por falta de contenido, en las Cortes orgánicas será una realidad que traducirá al presente estado social los "brazos" de las Cortes tradicionales.

"Pero las Cortes orgánicas -continúa diciendo (55)- entre otras ventajas, también realizan en la práctica la separación entre las funciones legislativa y ejecutiva. Ni el Gobierno, en efecto, interviene en su nacimiento, pues ni uno ni otras tienen color político, ni por ellas vive. Ni las Cortes, por su parte, se entrometen en ]a acción de gobierno, ya que por definición se limitan a aportar a la ley el elemento de bien común. Ni, por último, hay preeminencia del Gobierno sobre las Cortes, ni de las Cortes sobre el Gobierno, porque se mueven en planos totalmente distintos. Extirpada la necesidad de una mayoría en las Cortes, desapareció la doble consecuencia de que el Gobierno la forje o de que por ella sea forjado".

Para llegar a idénticas conclusiones, el que fue eminente profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, Francisco Elías de Tejada (56), parte de la consideración de que en los siglos de la Cristiandad, la sociedad poseía una organización jerarquizada y orgánica; cada hombre se enmarcaba en determinado grupo social, sea religioso (órdenes o cofradías), sea religioso militar (órdenes de caballería), sea económico (gremios), sea político (brazos o estamentos). El esfuerzo personal levantaba al inferior a grados superiores del cuerpo social, pero éste gozaba de sólida estructura, ya que dentro de él, cada miembro era parte de un orden y componente de una Jerarquía.

A raíz de las agitaciones que sufrió Europa en el siglo XV -continúa argumentando el mencionado profesor- "se inició en Italia la pérdida del sentido orgánico de la sociedad, que sustituye la estructura horizontal de los estamentos por una verticalización en las agrupaciones ...". "Los "condottieri" italianos -prosigue- que en Florencia o en Siena pugnan por apoderarse del Gobierno de la "città", buscan favorecedores en todos los sectores sociales, de tal manera que arrastran a clérigos, a nobles, a comerciantes, a letrados y artífices indistintamente". Por encima de la división orgánica de la sociedad que la Cristiandad conocía, brota una nueva división política del cuerpo social: la que se da entre los amigos y los enemigos del "virtuoso uomo di fortu-
na ...
. Con ello han nacido los bandos, y según este criterio aparecerán algunas centurias después los partidos políticos, que se basan en la clasificación de los hombres con arreglo a criterios abstractos y no a tenor del puesto que cada uno ocupa en el seno del cuerpo colectivo. La profunda significación de Il Príncipe de Maquiavelo, recoge esa nueva realidad sociológica, dándole entrada en la mentalidad europea".

Poco a poco según crece y se robustece Europa -añade- cobra fuerza la idea del hombre abstracto.... "Una Europa que no quiere saber ya de gremios, sino de partidos políticos, múltiples en las democracias, único en los totalitarismos. Europa que ignora al hombre concreto de la Cristiandad, sólo sabe ya del hombre abstracto de la Revolución".

Frente a la negación de libertades implícita en los totalitarismos, y frente la libertad abstracta, que creó la revolución francesa de 1789, madre del actual pensamiento político occidental, el pensamiento tradicional, continúa en su exposición el autor de Las Españas (57) proclama la libertad real y concreta sobre la ficción del hombre abstracto inexistente.

Elías de Tejada, en Monarquía Tradicional, hace un esquema de cómo pudiera articularse en nuestros días las instituciones históricas, y aboga por la implantación de unas "Cortes Generales compuestas por representantes de los distintos cuerpos integrantes de la sociedad, agrupados por razones económicas o políticas, a tenor de su peso respectivo en la vida colectiva.... Con voz orientadora y voto con efectividad obligatoria dentro de los términos fijados por la Ley (58)". Y señala que los organismos especialmente adecuados para ser representados en Cortes, serían las Hermandades agrarias, las agrupaciones industriales, la Cámara de Comercio y Navegación, las comunidades de pescadores y las cofradías gremiales de varias clases, con tal que tales organismos se rijan autárquicamente, sin la más mínima intervención estatal (59).

Punto fundamental de la doctrina organicista de Elías de Tejada (60), es que "los procuradores en Cortes podrán recibir mandato imperativo de sus representados en materias establecidas cada año por proclama real, al señalar la fecha de la primera reunión. En los demás asuntos en los que incidentalmente puedan presentarse a lo largo del período de sesiones, los procuradores obrarán según su leal saber y entender, tratando siempre de velar por los intereses de los organismos que les enviaron a las Cortes". Y estima al Consejo Real (61), el organismo más importante de todos, algo así como prolongación de la Corona misma.

Un mes antes de que terminara la guerra civil, concretamente el 10 de Marzo de 1939, Manuel Fal Conde, último Jefe-Delegado de la Comunión, elevó al Generalísimo Franco un Bosquejo de la futura organización política española inspirada en los Principios tradicionales (62), en el que se recogía acomodándolos a los tiempos actuales, gran parte de los principios que en apretada síntesis hemos expuesto, y en el que, por lo que hace a la "representación", se postulaban unas "Cortes orgánicas (63), integradas por procuradores elegidos por sufragio orgánico, con mandato imperativo y sujetos a juicio de residencia, los que corresponderían a las diversas sociedades infrasoberanas y a las diversas clases del país".

No obstante, la unidad e indivisibilidad del poder político, como quiera que ni éste puede desconocer las realidades geográficas e históricas de la Nación, ni le es lícito reformarlas o modificarlas arbitrariamente, "el Estado -afirma Fal Conde (64)- ha de reconocer la autarquía de las personas jurídicas o infrasoberanas, tanto naturales como históricas que le han precedido o que vivan lícitamente dentro de la Nación, como las regiones, los municipios, las familias, los gremios, las corporaciones, etc., etc."

En el Bosquejo citado, se postula la restauración del Régimen Foral (65) porque el Fuero -expresión del bien común- no fue una concepción graciosa de los reyes a ciertas regiones, sino la ley fundamental que fija las relaciones entre el poder público y la Nación, y siendo ésta variada en la diversidad regional, el Fuero político de España, uno en su esencia, admita peculiaridades en cada región.

Tras proclamar el reconocimiento por parte del Estado de los derechos de la persona humana, los de la familia y todos los derechos de los individuos con sujeción a la ley moral y a lo que exija la defensa del Estado, reiteraba Fal Conde (66) que "a ninguna intervención en la vida política puede ser llamado el pueblo inorgánicamente, individualistamente, sino sólo mediante las clases u organismos en que de manera natural viven solidarios en comunes afanes la familia y los individuos", añadiendo que "tanto es más pura la representación, cuanto con mayor propiedad recoge la de las sociedades menores, que son -no los individuos aislados- los verdaderos elementos sociales ...".

Como expresó al entonces Jefe del Estado en nombre de la Comunión, el orden político tradicional se funda en dos bases: de una parte, el poder político uno, indivisible y soberano, encarnado en el Rey, asesorado imprescindiblemente por el Consejo Real en sus distintas funciones de dirección política, conducción y gobierno de la Nación; y de otra, la representación, reflejada en las Cortes orgánicas de sus regiones, de sus municipios y de todas sus clases, fuerzas y actividades, con lo que resulta que se trata de un sistema "de instituciones, trabadas entre sí, con vínculos muy sólidos y que fundamentalmente pueden reducirse a: 1. El Rey, 2. Los Concejos, 3. Las Cortes, 4. Los Ministros o Secretarios de despacho, 5. Los Organos Regionales, 6. Los Municipios, 7. Los Gremios".





VI. CONCLUSION



Los pensadores tradicionalistas, desde las Cortes de Cádiz hasta nuestros días, vienen postulando la representación orgánica de la sociedad, en las instituciones políticas.

El organicismo social -como ha escrito Fernández de la Mora67, que es el pensador que con mayor extensión y rigor se ha ocupado del tema-, es una técnica de representación en la que los gobernados no votan como simples individuos aislados, sino agrupados según la función social que desempeñan. "De esa teoría -añade en otro lugar68- se deduce un modelo constitucional, la democracia orgánica, cuya nota más caracterizada es la de ser una técnica corporativa de representación política".



José F. Acedo Castilla

 

Notas

1 Ortí y Lara, J. M.: Teorías opuestas entre sí acerca del Estado y su fin. Discurso leído ante la Real Academia de ciencias Morales y Políticas de Madrid el 23 de abril de 1899.

2 Balmes, J.: Filosofía elemental. Etica. Obras Completas, BAC, tomo III, pág. 162, Madrid, 1948.

3 Gil Robles, E.: Tratado de Derecho Político. Imprenta Salmantina, tomo II, Salamanca, 1902.

4 Vázquez de Mella, J.: Discurso en el Congreso de los Diputados el 29 de noviembre de 1905. Obras Completas, volumen I, pág. 120, Barcelona-Madrid, 1931.

5 Solana, M.: El tradicionalismo político español y la ciencia hispana. Editorial Tradicionalista, pág. 257-258. Madrid, 1951.

6 Elías de Tejada, F.: La Monarquía Tradicional. Ediciones Rialp, pág. 148. Madrid, 1954.

7 Ibidem, pág. 154-155.

8 Ferrer, M.: Antología de los Documentos Reales de la Dinastia Carlista. Editorial Tradicionalista, pág. 107 . Madrid, 1951.

9 Ibidem, pág. 109 y 114.

10 Donoso Cortés, J.: Ensayo sobre el Catolicismo. el Liberalismo y el Socialismo. Obras escogidas, Compañía lberoamericana de Publicaciones, S.A., volumen I, pág. 51. Madrid, 1946.

11 Pradera, V.: El Estado Nuevo. 2ª Edición con prólogo de José María Pemán. Cultura Española, pág. 146-148. Burgos, 1937 .

12 Donoso Cortés, J.. Carta al Director de la Revue des deux mondes. Obras escogidas. C.I.A., volumen II, pág. 310.

13 Solana, M.: El Tradicionalismo Político Espanol y la .... Obra cit., pág. 557.

14 Nocedal, R. Manifestación hecha en Burgos por la prensa tradicionalista. Obras, tomo II, pág. 50-53. Madrid, 1907.

15 Comellas, J. L.: Historia de España moderna v Contemporánea. Ediciones Rialp, pág. 402. Madrid, 1967.

16 Ibidem, pág. 415 .

17 Foronda en sus Misceláneas, tras declarar “lo honrosa que es la profesión del comercio”, desata un violentísimo ataque contra la nobleza estéril, sin más talento o mérito que saber montar a caballo, conducir una carroza y jugar con habilidad, y en las Cartas sobre la policía, combate los monopolios, las tasas, los abastos, y “otras leyes y costumbres opuestas a la libertad mercantil”.

18 Suárez Verdaguer, F.: La crisis politica del antiguo Ré~imen en España. Ediciones Rialp, pág. 27. Madrid, 1958.

19 Juretschke, H.: Los Supuestos Históricos e Ideológicos de las Cortes de Cádiz. Revista Nuestro Tiempo, n.º 18, pág. 23. Madrid, diciembre de 1955.

20 López Amo, A.: La Monarquía de la Reforma Social. Ediciones Rialp, pág. 270. Madrid, 1952.

21 Gil Munilla, O.: Historia de la Evolución Social Española durante los siglos XIX y XX. pág. 12. Madrid, 1961.

22 Un extracto de los Discursos de Borrull e Inguanzo en defensa de las Cortes tradicionales españolas, en En Historia del Traddcionalismo Español de Ferrer, M., Tejera, D., y Acedo Castilla, F. Ediciones Trajano, pág. 169-178. Sevilla, 1941.

23 Melchor de Jovellanos, G.: Dictamen de 21 de Mayo de 1809 evacuando la consulta formulada por la Junta Central sobre la forma de ejecutar la convocatoria a Cortes. Sevilla. Obras B.A.E., tomo L, pág. 597. Madrid, 1858.

24 Suárez Verdaguer, F.: La Crisis Politica del .... Obra cit., pág. 85.

25 Real Orden. Manifesto v Representación de los Diputados de Fernando (Manifiesto de los Persas). Recogido íntegramente en el tomo 1, apéndice documental n.º 1, pág. 273-302 de la obra cit. Historia del Tradicionalismo Español.

26 Elías de Tejada, F.: La Monarquía Tradicional, pag. 65-66.

27 Decreto de Valencia de 4 de mavo de 1814. Recogido íntegramente por Ferrer, M., Tejera, D., y Acedo, J.F., en el apéndice n.º 2, pág. 303-306 del tomo I de la obra cit. Historia del Tradicionalismo Espanol.

28 Elías de Tejada, F.: Obra cit. pag. 67.

29 Ferrer y Pons, M.: Las Leves Fundamentales de la Monarquía española según fueron antiguamente v según convienen que sean en la época actual. Volumen Il, pág. 99, 100, 115, 147-148 y 182-183. Barcelona, 1 843.

30 ¿Qué es el Carlismo?. Edición cuidada por Elías de Tejada, F., Gambra, R., y Puy, F., Escelicer. Madrid, 1971 .

31 Conde de Rodezno: La Princesa de Beira y los hiios de don Carlos. Editorial Voluntad, apéndice n.º 1, pág. 265. Madrid, 1928.

32 Carta a los Españoles de doña Maria Tetesa de Barganza, Princesa de Beira. Badem, 25 de Septiembre de 1864, recogida por Ferrer, M., en pág 83 de la obra cit. Antologia de Documentos....

33 Carta Manifesto al Infante don Alfonso. París, 20 de Junio de 1869, recogida por el Conde de Rodezno en Carlos VII, duque de Madrid. Espasa Calpe, S.A., 3.ª Edición, pág. 104-112. Madrid, 1944.

34 Gil Robles, E.: Tratado de Derecho Político, Obra cit., tomo II, pág. 59.

35 Ibidem, pág. 53, 56 y 58.

36 Ibidem, pág. 29.

37 Ibidem, tomo I, pág. 406-407.

38 Ibidem, tomo I, pág. 416.

39 Ibidem, tomo II, pág. 710-713.

40 Ibidem, tomo II, pág. 679, 680 y 684.

41 Vázquez de Mella, J.: La Estructuración Or~ánica de la Sociedad Politica, la desarrolló en diversos trabajos y discursos, entre ellos en el Discurso en el Congreso de los Diputados el 18 de Junio de 1907, en obra cit., volumen 10, pág. 155 y ss.; en el Discurso en Covadonga el 26 de Octubre de 1916, obras cit., volumen XXVII; en el Discurso en la Semana Regionalista de Santiago de Compostela el 31 de Julio de 1918, obras cit., volumen XXVII, pág. 218 y ss.; en el Discurso en el Teatro Real de Madrid el 25 de mayo de 1920, obras cit., volumen II, pág. 403 y ss.

42 Menéndez PelayoM.: Estudios v discursos de criticas históricas y literarias. Edición Nacional. Obras Completas. C.S.I.C. Tomo V, pág. 175. Santander, 1942.

43 Vázquez de Mella, J.: Discurso pronunciado en Bilbao (Archanda) el 15 de Agosto de 1919. Obras Completas citadas, volumen XV, pág. 315-378.

44 Ibidem. Discurso en el Con~reso de los Diputados el 29 de Febrero de 1808. Obra cit., volumen VIII, pág. 108.

45 Ibidem. La Monarquía Carltsta. Artículo en el “Correo Español’’ del 20 de Diciembre de 1889, en obra cit., volumen XVI, pág. 131.

46 Manterola, V.: El espiritu carlista. págs. 7 y 8. Madrid 1871.

47 Ibidem. Don Carlos o el Petróleo. Pág. 18. Madrid 1871.

48 Arauz de Robles, J. M.: Plan. Obra Nacional-Corporativa. San Sebastián, 1937.

49 Aparisi y Guijarro, A.: Representación Politica en el Libro del Pueblo. Obras Completas. Imprenta “La Regeneración”, tomo IV, pág. 422. 1877.

50 Fernández de la Mora, G.: Los Teóricos Izquierdistas de la Democracia Orgánica. Editorial Plaza & Janes. Barcelona, 1985, y en Neocorporativismo v Representación Política, Razón Española n.º 16, pág. 150. Marzo-Abril, 1986.

51 Pradera, V.: El Estado Nuevo. Obra cit.

52 Fernández de la Mora, G.: Los Teóricos lzquierdistas ... Obra cit., pág. 188.

53 Pemán, J.M.: Prólogo a la 2.ª Edición de El Estado Nuevo de Pradera, obra cit., pág. 1 1-12.

54 Pradera V.: El Estado Nuevo. Obra cit., pág. 318-320.ç

55 Ibidem, pág. 322.

56 Elías de Tejada, F.: La Monarquía Tradicional. Obra cit., pág. 130-131 y 133.57 Elías de Tejada, F.: Las Españas. Formación Histórica. Tradiciones Regionales. Editorial Ambos Mundos, S.L.

58 lbidem. La Monarquía Tradicional. Obra cit., pág. 148.

59 Ibidem. Obra cit., pág. 171 in fine.

60 Ibidem, id, pág. 172.

61 lbidem, id, pág. 168 in fine y 169.

62 Fal Conde, M.: Bosquejo de la futura organización política española inspirada en los Principios Tradicionales. Representación elevada a su excelencia el Jefe del Estado en Burgos el 10 de Marzo de 1939, recogida en El Pensamiento Carlista sobre cuestiones de actualidad. Artes gráficas. Buenos Aires.

63 Ibidem, id, pág. 63. 64 Ibidem, id, pág. 67.

65 Ibidem , id, pág. 72-73.

66 Ibidem, id, pág. 57.

67 Fernández de la Mora, G.: Vid: Los Teóricos Izquierdistas de la Democracia Orgánica, obra citada en la que amplía su trabajo anterior; Los Teóricos socialistas de la Democracia Organica, en “Razón Española”, n.º 6, pág. 203; Neocorporativismo y Representación política, en “Razón Espanola”, n.º 16, pág. 133; Herrera y la Democracia Orgánica, en “Razón Española”, n.º 23, pág. 225; El Organicismo de Althusio, Revista de Estudios Políticos n.º 7; El socialismo gremialista de Cole, en “Razón Española”, n.º 51, pág. 19; Jellinek y la Democracia Orgánica, en “Razón Española”, n.º 57, pág. 85; Calvo Sotelo v la Democracia Orgánica, en “Razón Espanola”, n.º 51, pág. 63; Organicismo en la II República, en “Razón Española” n.º 92, pág. 303; etc.

68 Ibidem. Neocorporativismo v Representacion..., Rev. cit., n.º 16, pág. 157-1 58.



 

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