Capítulo XIV

 

 

C A P I T U L O      XIV

 

 

EL FIN DE LA GESTA EMANCIPADORA

 

 

 

-         Las calles de Piura

-         Continúa el reclutamiento

-         Pagan  dietas al diputado Arrunátegui

-         Las   dietas del diputado Diéguez

-         Las  dietas del marqués de Salinas

-         Ley de elecciones municipales

-         Le quitan el nombre a Trujillo

-         El congreso se recesa voluntariamente

-         La muerte de Olañeta

-         Elecciones municipales en Piura

-         Convocan a elecciones para diputados

-         Problemas entre Piura y La Punta

-         Lío entre el hospital y el cabildo

-         Movimiento de rebelión campesina

-         Oposición a Bolívar- creación de Bolivia

-         Convocatoria al congreso de 1826

-         Catacaos rechaza  la Constitución Vitalicia

-         Adjudican mina de Brea a Quintana

-         Curas vagos en Huancabamba

-         La Punta cambia el nombre por Sullana

-         Vidaurre en Paita

-         Investigan dinero recibido por Diéguez

-         Piura jura la Constitución Vitalicia

 

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LAS CALLES DE PIURA

 

            Las calles de la ciudad de Piura, han tenido diversos nombres a lo largo de su historia.

 

            En enero de 1825, con ocasión del nombramiento de los comisarios de barrio, puede apreciarse en las  actas del cabildo, el nombre que se les daba a las calles, que generalmente  se vinculaba con la iglesia existente en ella.

 

            Esos nombres  eran los siguientes:

 

            San Francisco, llamada antes La Florida y hoy Lima.

            Calle  Belén, que antes se llamó Nal y  también Real y ahora Libertad.

            Calle de la Matriz, antes del Cuerno y después Mercaderes y después Tacna.

            El Playón cuyo nombre tuvo  hasta llamarse  Arequipa.

            Pedregal, llamada antes la Pampa; en la actualidad Cuzco.

            Los  Ángeles, llamada igual antes; y después Junín.

           

            La calle del Playón, se dividía en dos partes, tomándose como punto de referencia la esquina llamada del Villar.

 

            Cuando se menciona la  calle Pedregal (Cuzco), se da una referencia indicando, “para abajo, hacia la gallinacera”.

 

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CONTINÚA EL RECLUTAMIENTO

            La terminación de la guerra de la independencia en los campos de Ayacucho, no significó el  licenciamiento de las tropas.  Quedaba aún por reducir el general Olañeta en el Alto Perú,  Rodil en los Castillos del Callao y el pueblo realista de Huanta..  Además se insinuaba un nuevo peligro que era el Imperio del Brasil en poder  de la casa reinante de Portugal, país que formaba parte del grupo de potencia reaccionarias y absolutistas de la Santa Alianza en Europa.

 

            Se hablaba de movilización de tropas brasileras en diversos lugares de la selva, en la frontera de la Gran Colombia y del Perú.

 

            Las armas tomadas a los españoles tras la capitulación, sirvieron para mejorar el armamento colombiano  en primer término, y para la formación de nuevas unidades de ejército peruanas.

 

            Los reclutamientos,  como es natural, crearon reacciones contrarias. Es así como  los procuradores de los pueblos de Sondor y  Sondorillo,  elevaron un petitorio al  intendente de Piura, manifestándole que las continuas levas, ha hecho que “se paralice la agricultura y todas las demás actividades”.  Terminaban pidiendo se ordenase al  gobernador de Huancabamba se abstenga de seguir sacando gente de esos lugares.  Los quejosos mandaron copia de su reclamo al cabildo de Piura en demanda de apoyo, pero éste se  lavó las manos diciendo que no era de su competencia, y que más bien “antes a él se ha gravado en cierto número de hombres que ha entregado mensualmente”.

 

            El  10 de marzo, el prefecto de Trujillo, coronel Luis José Orbegoso, recibe una Suprema Orden, mandando a levantar un batallón de infantería.  Los reclutas debían ser enviados por mar al puerto de Huanchaco para acantonarse en Trujillo.  Se disponía se cursaran comunicaciones a los intendentes de Piura y Lambayeque, para que en conjunto aportaran mil reclutas.  Esta cantidad debía  reunirse en el término de un mes.

 

            Hay que suponer, el tremendo malestar que esto causaría en Piura, ya que la sangría de gente joven no tenía cuando terminar.

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PAGAN SUS DIETAS AL DIPUTADO ARRUNÁTEGUI

 

            En marzo de 1825, al momento que el congreso entregaba  a Bolívar el Poder Supremo, los diputados se hacían pagar sus dietas antes de dar por disuelto el congreso.

 

            El cura Manuel José Arrunátegui, presentó la siguiente liquidación:

 

-Del 5 de noviembre, al 30 ídem de 1822  son. ...........................................  25 días

-Diciembre de 1822...................................................................................... 30   

-De enero a  diciembre de 1823.................................................................. 365  

-De enero a diciembre de 1824................................................................... 365  

-De enero a 10 de marzo 1825 en que cierra  el Congreso.........................     69  

                                                                                                                  ______

                                                                                                                    855  días

Rebájese 358 días por el tiempo de receso del Congreso, en el Gobierno Dictatorial, desde el 17 de febrero de 1824 hasta el 10 del mismo mes de 1825..........  358 días

                                                                                                                      ______

                                                                                                                       497días                                                Por  497 días de dietas a 10  pesos............................................................... 4.970 pesos.

Bájense 98 pesos 7.1/2 real que recibió al emigrar para el  Callao.............     98.7.1/2

Se le deben..................................................................................................  4.871.0.1/2     

             Lima, Marzo 4 de 1825.-Manuel José de Arrunátegui.

 

            NOTA: Que en junio, el ex-presidente Riva Agüero, me obligó a recibir 333 pesos y 2   reales de dos mesadas;  por razón de senador; los cuales convenimos en devolverlos al congreso legítimo;  por cuya razón nos la cargamos en abono de dietas.     Asimismo 156 pesos recibidos en la primera vez, en que por razón de 104 leguas computadas desde Trujillo a  Lima

a 12 reales 98.7.1/2 pesos Fecha Up  Supra.-Arrunátegui

                333.2                                                             

                156.0

               _____

                588.1.1/2

            La liquidación que le hicieron al diputado P. Arrunátegui, fue la siguiente: 

            Por 499 días útiles, desde el 5 de noviembre de 1822 en que prestó juramento, hasta el 10 de marzo, de este modo:

-De 5 de noviembre 1822, hasta 17 de febrero inclusive de 1824, son............... 470 días

-Estuvo el Congreso en receso, desde  el 18 de febrero 1824, hasta el

  10 de marzo de 1825 en que nada se abona.

-Del 10 de febrero de 1825 a 10 de marzo del mismo año...............................     29 días

                                                                                                                          _______

                                                                                                                          499 días

  499 días a 10 pesos, son................................................................................... 4.990 ps.

  Descuentos:

-Por 588 pesos y un real y medio por esta cuenta, según la

  razón ha dado y se acompaña...........................................................................  588.1.1/2

  Alcanza............................................................................................................. 4.401.6

  Lima, marzo 1825- Firmado Manuel Salazar y Vicuña-Joaquín Arrese-Francisco Agustín Argote-Modesto Vega.

 

Recibí el Libramiento-Lima, abril 25 de 1825-Manuel José Arrunátegui.

 

            Los  diputados Tomás Diéguez  y Manuel José Arrunátegui, que junto con el marqués de Paredes representaron a la provincia de Piura, se hicieron pagar hasta el último centavo.   Los dos primeros  estuvieron con Riva Agüero en Trujillo y lo apoyaron, habiendo recibido dietas de ese Presidente, pero al final, casi a la hora nona desertaron.  El padre Arrunátegui en su liquidación dice que el “ex-presidente Riva Agüero lo obligó a recibir 333 pesos y 2 reales”, lo que fue enteramente falso.    Los recibió por libre voluntad.  Al final, el Estado le pagó por el tiempo que había servido a las órdenes de Riva Agüero y lo mismo se hizo con Diéguez.

 

            Caso diferente fue el de Francisco Javier Fernández de Paredes, que por haberse retirado a tiempo, se evitó caer en deslealtades.

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LAS DIETAS DEL DIPUTADO DIÉGUEZ

 

            El padre Diéguez, presentó en su cámara la siguiente solicitud para que se le pagasen sus dietas como diputado:

 

            “El Dr. Tomás Diéguez, ante V.E. con mi mayor respeto parezco y digo: que presento en debida forma la liquidación que se ha hecho de mis dietas como Diputado del Departamento de La Libertad, en el Congreso Constituyente, para que V.E. se digne mandar se tome la razón donde corresponda y que se me dé el documento respectivo, con rebaja de trescientos seis pesos que por Decreto Supremo de V.E. he recibido en esta Administración del Tesoro por las leguas de camino hasta Piura pero con el abono de doscientos noventa pesos que me corresponden por los veinte y nueve días que duraron las última sesiones del Congreso que la Comisión me cercena por no haber asistido a ellas personalmente.

 

            Sobre el particular  estoy entendido que no hay Decreto  Supremo expreso del  Congreso ni de V.E. y que cuando se abonen la Dietas a los Diputados, que estuvieron ausentes en las sesiones anteriores, con mayor razón deben abonarse las de los citados veinte y nueve días, a los que como yo hicieron el sacrificio  de venir a su costa, a esta capital desde la distancia de más de doscientas leguas.

 

            Desde luego que cuando llegué, hacían nueve días que había concluido el Congreso, pero yo recibí la orden de venir a mediados de Enero último según verá Ud., por el Oficio de la Prefectura de aquel Departamento con fecha 3 del mismo Enero que debidamente acompaño, y que no habiendo podido aprestar mi salida hasta mediados de del siguiente Febrero por falta de avíos,  y porque era preciso proporcionarme varias cosas de que necesitaba para transporte, de aquí fue que no llegué hasta el 19 de Marzo,  sin poderme persuadir que tan en breve concluyese el  Congreso, pues de haberlo sabido me habría evitado tantos gastos y atrasos como llevo sufridos, los que pongo en la Suprema consideración de V.E. para que se digne resolver lo que estime de justicia.  Ella mediante.

 

            A V.E., rendidamente pido y suplico se digne proveer y mandar en todo como solicito y espero de la grandeza de V.E.  D. Tomás Diéguez.

 

            Como se puede apreciar, el presbítero Diéguez, se demoró dos meses entre la recepción de la convocatoria y su llegada a Lima.

            La liquidación que el congreso le hizo al vicario, fue la siguiente:

 

            La Comisión del Soberano Congreso encargada de liquidar las dietas de los señores  Diputados que han fallecido y de los ausentes al tiempo de cerrarse las sesiones, ha formado con esta fecha la cuenta que corresponde al  Señor D. Tomás Diéguez, diputado por el Departamento de la Libertad, y se copia aquí, quedando la original archivada en la Secretaría del Congreso, todo conforme con las soberanas determinaciones del 8 y 9 de marzo último.

 

            Por 170 días que le son abonados desde 5 de Noviembre de 1822 que prestó juramento hasta 17 de Febrero de 1824 de este modo:

 

-De 5 de Noviembre de 1822 hasta 17 de Febrero inclusive de

1824 son: días..........................................................................................    470

-Estuvo el Congreso en receso del 18 de Febrero de 1824 al 10 de

 Febrero de 1825, en que nada se abona.

-Tampoco se abona al señor Diéguez cosa alguna  por 29 días  en  que

 ha tenido el Congreso sesiones, desde el 10 de Febrero al 10 de marzo

 de este año, por no haber asistido personalmente a ellas, y mientras no

 se resuelva otra cosa.

  470 a 10 ps..............................................................................................4.700 pesos

 

  Descuento.

-Por doscientos pesos  que recibió de la Tesorería de esta capital, por  cuenta de 400 que le mandó a entregar el Congreso:   200 pesos 98.7.1/2 

-Por 98 ps. 7.1/2 reales en  Junio de 1823

-Por 333 ps. 2rs. en la Tesorería de Trujillo por orden de don José de la Riva Agüero: 333.2

 Según consta de la razón que se ha dado y se acompaña 632.4.1/2.

 Alcanza, cuatro mil sesenta y siete pesos, seis y medio reales: 4,067.6.1/2.

 

            Y para que el interesado pueda usar de su derecho ante el Supremo Gobierno, se le da este documento en Lima a catorce de junio de mil ochocientos veinte y cinco.-J. Arrese.-Ignacio Antonio de Alcázar.-Francisco Agustín Argote.

 

            Posteriormente declaró Diéguez, haber recibido 306 pesos por cuenta del viaje de Piura a Lima, por lo cual se los descontaron de los 4067 pesos.

 

            En julio, estaba todavía reclamando Diéguez el pago de los 29 días y habiendo terminado el trámite en el congreso (ya recesado), lo elevó al Ejecutivo.

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DIETAS DEL MARQUÉS DE SALINAS  

 

            Don Francisco Javier Fernández de Paredes, diputado por el departamento de  La Libertad (antes Departamento de Trujillo) no se presentó a reclamar sus dietas, pero en ausencia le hicieron su liquidación en la forma siguiente:

 

            “Desde el 8 de noviembre de 1822 en que prestó juramento  al Soberano Congreso, hasta el 24 de mayo de 1823  en que se le cumplió la licencia, que dos meses le dio el Congreso en 24 de marzo del mismo año, le son de abono 198   días  a 10 pesos cada uno, un mil novecientos ochenta pesos, quedando al Señor Paredes su derecho a salvo para repetir el más tiempo de abono que crea corresponderle y no está en las  facultades de la Comisión darle: 1,980.

           

            Descuentos.

            No tiene descuento alguno según lo expuesto por el señor interesado.

            Diciembre 24 de 1825.- Arrese.- Antonio de Alcázar.-Francisco Agustín Argote.

 

            El pago se hizo  efectivo el 30 de enero de 1826.

 

            Por las fechas de los documentos se desprende que el marqués de Salinas se apersonó a Lima, y dio la conformidad a la liquidación mucho tiempo más tarde que los otros diputados.

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LEY DE ELECCIONES MUNICIPALES

 

            El Congreso, antes de extinguirse, dio la Ley de elecciones municipales.

 

            Dispuso, que los Colegios Electorales de Parroquia, se reunieran el primer domingo de diciembre y tras de elegir a 6 escrutadores y a 2 secretarios entre ellos mismos, procederían a elegir a los electores municipales que correspondieran a su parroquia, y un supernumerario por cada nueve electores.

 

            “Las poblaciones a las que tocare elegir a dos regidores, designarán a 10 electores municipales; 20 las que deban tener 4  regidores; treinta las de seis; 40 las de 8; 50 las de 10; 60 las de 12; 70 las de 14 y 80 electores las de 16 regidores.

 

            El número de electores municipales se distribuirá proporcionalmente cada quinquenario por las municipalidades entre las Parroquias, si más de una de éstas, hubiese en la población donde se han de elegir los miembros de la Municipalidad.  Las poblaciones con una sola parroquia, nombrarán el total de electores municipales que les corresponde”.

 

            “Los electores municipales que sean declarados  expeditos, se reunirán el tercer domingo de diciembre y procederán a elegir al alcalde o alcaldes, regidores y procurador síndico o procuradores síndicos, según el caso. El cargo de elector municipal cesa una vez verificada la elección”.

 

            “En toda población de menos de mil almas o que llegue a ese número, habrá un Alcalde, dos regidores y un Procurador Síndico.  Las que tuvieran más de 1,000 y menos de 2,000, tendrán un Alcalde, 4 Regidores y un Procurador Síndico.  Las que tienen más de 2,000 y menos de 4,000 dispondrán de 2  Alcaldes, 6 Regidores y un Procurador Síndico.  En las que tienen entre 4,000 y 6,000 habitantes tendrán 2  Alcaldes, 8 Regidores y 2 Procuradores Síndicos.  Las poblaciones entre 6,000 y 8,000  habitantes dispondrán de 2 Alcaldes, 10  Regidores y 2 Procuradores Síndicos.   Las  que tienen entre 8,000 y 12,000 tendrán 2 Alcaldes, 12 Regidores y 2 Procuradores Síndicos.  Entre 12,000 y 20,000 le correspondían 2 Alcaldes, 14 Regidores y 2 Procuradores Síndicos.  Para más de 20,000, 2  Alcaldes, 16 Regidores y 2 Procuradores Síndicos”.

 

            Los alcaldes y los  procuradores síndicos debían ser renovados en su totalidad.  De los regidores, la renovación sólo sería por   mitad, saliendo los más antiguos.

 

            Los cabildantes nombrados, se debían juramentar el 1º de enero.  Al día siguiente se nombrarían los inspectores de cuartel, llamados antes jueces de cuartel.   Tres días más tarde se elegirían a los inspectores de barrio, llamados antes comisarios de barrio, sobre la base de una  terna que propondrían ante el municipio, los inspectores de cuartel.

 

            También correspondía a los municipios la elección de los jueces de paz.

 

            Ninguna otra autoridad podía interferir en las  funciones municipales.

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LE QUITAN EL NOMBRE A TRUJILLO

 

            En base a que “la denominación que han llevado el departamento y la ciudad de Trujillo reconoce un principio odioso  a los amantes del país”, el Congreso decretó el 9 de marzo de 1825 que:  El departamento llamado antes  de Trujillo, se denominará en delante de la Libertad, y su capital Ciudad Bolívar”.

 

            De esa forma, el congreso obsecuente se rendía una vez más ante Bolívar que estaba en la plenitud de su poder y su gloria, y trataba ilusamente de negar la Historia, como el hecho de que Trujillo era un nombre que recordaba la cuna del conquistador, pero también el primer grito libertario de Torre Tagle, que en ese momento se encontraba en desgracia.  Bolívar,  lleno de vanidad, aceptó la designación.

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EL CONGRESO SE RECESA NUEVAMENTE

 

            El 17 de febrero de 1824, el congreso comprendiendo la necesidad de llevar a feliz término la guerra contra los españoles, que se encontraban en esos momentos dominando la situación, resolvió entregar el poder supremo a Bolívar.

 

            Fue así como decretó que la  Suprema   Autoridad Política y Militar de la República quedaba concentrada en el  Libertador Simón Bolívar y que el congreso entraba en receso, pudiéndolo reunir el Libertador si así lo  consideraba conveniente.

 

            En efecto, a los pocos días de conocerse el  triunfo de Ayacucho, es decir el 21 de diciembre de 1824, Bolívar convocaba el congreso para que se reuniera el 10 de febrero de 1825.

 

            De los diputados piuranos, sólo Arrunátegui concurrió a las  cortas sesiones de esta legislatura.  El marqués de Paredes ya se había retirado definitivamente y el padre Diéguez, llegó a Lima demasiado tarde, cuando ya las sesiones habían terminado.

 

            Bolívar, siempre oportuno, al instalarse el congreso dijo:  Hoy día, el Perú es doblemente feliz; porque si la victoria de Ayacucho lo ha liberado de España, la resignación que hacía del poder que él tenía, lo libertaba del despotismo.”

 

            Demás está decir que el Libertador sabía que le iban a renovar esos poderes que con aparente desprendimiento renunciaba.

 

            Tan pronto el congreso recibió el mensaje de Bolívar, lo  volvió a encargar del mando político y militar, hasta la próxima reunión del congreso a celebrarse en 1826, dentro del período que señalaba el artículo 53 de la constitución, no pudiendo hacerlo antes, pero si después si así lo dispusiera Bolívar.

 

            Se facultaba al Libertador a suspender los artículos  constitucionales que considerase convenientes.

 

            El congreso, no obstante la penuria fiscal en la que estaba el país, acordó premios pecuniarios a los vencedores de Ayacucho, beneficiando sobre todo a gran cantidad de oficiales colombianos, no olvidó disponer que se reservaran fondos para el pago de sus propias dietas.  Se acordaron acciones de gracias a Bolívar, al Ejército Unido  Libertador, a Colombia y al ejército colombiano. Se confirió  a Bolívar los  títulos de Padre y Salvador del Perú, y se le dio a perpetuidad honores de presidente.  Se mandó a acuñar medallas con su efigie y se dispuso que se levantaran monumentos en su honor, obsequiándosele un millón de pesos, suma exorbitante en la época; que Bolívar no aceptó.

 

            El congreso reconoció como peruanos a varios extranjeros como a La Mar, Olmedo y  otros.  A Unánue y a Sánchez Carrión los declaró beneméritos.

 

            El congreso tuvo sin embargo el mérito de acordar en forma definitiva la bandera y las armas del Perú.

 

            El  10 de marzo el congreso se recesó. El 10 de abril, Bolívar inicia su viaje triunfal por la sierra sur del Perú y por Bolivia.

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MUERTE DE OLAÑETA

 

            Tras la capitulación de Ayacucho, quedaban aún importantes fuerzas realistas en algunos lugares.

 

            En el Cuzco había 1.700 soldados a las órdenes del general José María Alvarez, en Puno estaba el general Echevarría con 400 soldados y en Arequipa el general Pío  Tristán con 700  hombres.  Este último asumió el cargo de virrey tras la rendición de La  Serna. Lo que fue un acto lírico que no trajo mayores consecuencias.

 

            Fuera de estas guarniciones, quedaban los Castillos del Real Felipe con más de 2.000 soldados a las órdenes de Rodil y el ejército del general Olañeta en el Alto Perú.

 

            El general Agustín Gamarra logró la rendición de las fuerzas del Cuzco sin combatir.  Lo mismo hicieron más tarde las guarniciones de Puno y Arequipa, obedeciendo los términos de la Capitulación de Ayacucho, pero ni Rodil, ni Olañeta ni e pueblo de Huanta, aceptaron entregarse.

 

            Sucre se vio precisado a iniciar el avance  sobre el Alto Perú.

 

            Olañeta tenía 5.900 hombres pero estaban distribuidos en todo el territorio boliviano  y además reinaba la discordia entre sus generales.

 

            En el Alto Perú, la resistencia patriota la mantuvo siempre el general Lanza, en cuyas filas había varios piuranos, desde las Campañas de Intermedios.  Lanza logró tomar La Paz y Sucre ingresó en ella sin dispara un  tiro.  Posteriormente, se produjeron acciones secundarias mientras Olañeta se replegaba hasta Cochabamba.  El jefe español se vio obligado a utilizar la fuerza para tratar de someter a rebeldes de su propio  ejército y fue así como en la acción de Tumusla, en el departamento de Potosí, el norte del histórico campo de batalla, perdió la vida el 1ro. de abril de 1825.  Con su muerte se desmoronó el ejército español del Alto Perú.

 

            Los oficiales que con el ejército de Sucre hicieron campaña del Alto Perú, recibieron premios en efectivo.   Entre ellos algunos piuranos como los tenientes José Garrido e Ignacio Seminario,  a quienes  les entregaron  2.000 pesos a cada uno.

 

            Al mayor José María  Raygada 4.000 pesos pertenecientes al 1er. Batallón del Regimiento Ayacuchano.  El capitán Eugenio  Raygada del mismo  regimiento recibió 3.000 pesos y el teniente 2do. Tomás Arellano 2.000 pesos, en la misma unidad.

 

            También se premió en esa ocasión al teniente  1ro. Felipe S. Salaverry.

 

            Las entregas las hicieron en  Chuquisaca, el 12 de noviembre de 1825 a los dos primeros tenientes y el 1ro. de diciembre a los demás.  Varios clases y soldados  piuranos también recibieron premios.

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CONVOCAN A ELECCIONES MUNICIPALES

 

            En julio de 1825,  el intendente y comandante militar de la provincia de Piura,  dio a conocer a la ciudadanía mediante bando y colocación de carteles, que el día 10 se iba a realizar en el convento de Belén, la elección de los electores municipales.

 

            Para el  efecto, los comisarios de barrio habían efectuado previamente un censo, el cual arrojó 5.095 habitantes para la ciudad de Piura, quedando el padrón  o registro cívico, formado por 392 hombres.

 

            En el acto realizado en el  convento de Belén, se eligieron 40 electores.  Se trataba por lo tanto de una elección indirecta.  Entre los electores designados estaban Miguel Jerónimo Seminario, José Antonio  Vilela, el presbítero Francisco del Villar, Pedro Sandoval, el vicario provincial Fernando Salazar y Merino, Pedro Vargas Machuca, Francisco Távara y Don Antonio de Sojo.

 

            El cabildo sería parcialmente renovado y los que debían continuar fueron designados mediante sorteo.  Fue así como  continuaron como regidores Manuel Echeandía, Fernando Navarrete, Baltazar Taboada y José Joaquín Suárez.

 

            Para alcaldes salieron elegidos, por unanimidad, don  Vicente León para  1ra. nominación y don José Lama, para 2da.

 

            Para completar la relación de regidores Miguel Seminario y Castillo, Manuel Rejón, José Antonio García, Valentín Guerrero y José Manuel Alvarado.

 

            Esta elección tuvo  lugar el domingo 31 de julio.  Al terminar el acto, todos los electores y los elegidos  que se hicieron presentes,  pasaron a la iglesia matriz,  ubicada a pocos  metros y el cura Casimiro de la Sota celebró solemne Té Deum.

 

            Don Vicente de León y Valdivieso, había  sido ya en 1814 alcalde de 2da  nominación, cuando don Joaquín Helguero y Gorgoña construyeron un cementerio provisional.

 

            Don José Lama, no llegó a tomar posesión de alcalde.

 

            Don Miguel Seminario y Castillo, era hijo de Fernando Torcuato Seminario y Jaime ya fallecido por ese entonces, y por lo tanto hermano de Luisa Seminario del Castillo, madre de Grau.  Don Miguel estaba casado con doña Lucila Guzmán.

 

            Don Manuel Rejón, español, comerciante acaudalado, había desde el principio abrazado la causa de la libertad.   Su hijo el capitán del mismo nombre, había sido jefe militar de la Paita independiente, después que don Francisco Frías Adrianzén fuera separado del cargo.  En esos momentos, o sea julio de 1825, Frías era alcalde de 1ra. nominación de Piura.

 

            Los piuranos antiguos eran muy expeditivos, de tal modo que el 1º de agosto, el nuevo cuerpo edil estaba ya jurando sus cargos.  La fórmula empleada fue la siguiente:  “¿Jura Ud. por Dios Nuestro Señor y una señal de la cruz, ser fieles a la Constitución Política de la República Peruana, y usar fiel y legalmente el empleo en que cada uno ha sido elegido con la pureza y legalidad que por razón de él, es obligado?.

            Se respondió: Sí, Juro-

            Si  así lo hiciereis,   Dios os premie, y si no, os lo  demande.”

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ELECCIÓN DE DIPUTADOS

 

            Desde el mes de agosto todos  los pueblos cabeza de parroquia, fueron haciendo llegar al cabildo de Piura, las actas de acuerdo a las cuales, quedaban nombrados los electores, que debían a su vez  elegir a los diputados de la provincia de Piura.

 

            El 21 de junio, el Consejo de Gobierno, integrado por Unánue, José Salazar y Tomás  de Heres, había convocado por orden de Bolívar –emanada de Arequipa el 10 de mayo- al Congreso General del Perú, para que se instalara en la ciudad de Lima, el 10 de febrero de 1826.  La orden se comunicó a los prefectos, para que estos a su vez lo dieran a conocer a los intendentes de las provincias, acompañándoles el reglamento de elecciones.  Por cada 12 000  habitantes, habría un diputado en cada provincia, pero como no había tiempo suficiente para formar los padrones, se utilizaría el  censo de 1797 publicado en la guía de Unánue.

 

            Se consideraba un total de 86  diputados para todo el Perú, más 58 suplentes.

 

            El departamento de La Libertad, tendría 19 diputados titulares y 9 suplentes.  De esos le correspondían a la intendencia de Piura, 4 titulares y 2  suplentes.

 

            En Piura se eligieron los Consejos Electorales Parroquiales en agosto, y en setiembre fueron convocados mediante carteles y bandos por el intendente y comandante militar de la provincia, para que se reunieran el 23  del mismo mes.

 

            Salieron elegidos tres religiosos, los presbíteros Tomás Diéguez, que ya también antes había sido diputado, José Santos Vargas Machuca y José  Antonio Sierra.  Además, el Dr. Juan Antonio Távara.

 

            Vargas Machuca era párroco de La Punta (Sullana) desde 1814 y siguió siéndolo hasta 1831.  Antes había servido como presbítero auxiliar en Querecotillo desde 1794.  Cuando en enero de 1821, tras la proclamación de la independencia de Piura y también de Querecotillo, los curas y frailes de Piura tuvieron que hacer el juramento de fidelidad a la Patria, algunos se resistieron, José Santos Vargas Machuca fue de los primeros en formular ese juramento pues era ardiente patriota.

 

            El cura Sierra había ejercido en Catacaos y en la matriz de Piura, habiendo tenido destacada labor en la rehabilitación de Piura después de las grandes lluvias e inundaciones ( Fenómeno de El Niño), de 1790 y 1791 que causaron numerosos muertos y mucha destrucción.  El 25 de enero de 1821 en la iglesia matriz de Piura se celebró un solemne acto de juramentación de fidelidad a la Patria y se cantó un Té Deum.  En el acta que se suscribió para dar fe a ese acto, figuran Tomás Diéguez, Casimiro de la Sota, Carlos Cáceres, José Adrianzén, Francisco María Talledo, Fernando Salazar, José Gabino de Feria, José Mercedes Espinoza, José Antonio Sierra y Juan Cortés.

 

            Cada Parroquia tenía que enviar las actas y pliegos de sus Colegios Electorales  al cabildo, para de allí ser remitidas a Ciudad Bolívar (Trujillo) capital del departamento a fin de ser revisadas.  Bolívar había establecido una serie de controles y requisitos, para evitar que se infiltraran en el congreso, diputados enemigos a su régimen.

 

            Sin embargo, no pudo impedir que  Arequipa enviara a Javier Luna y Pizarro, principal oponente de Bolívar.

 

            Las primeras parroquias en mandar sus actas y planillas al Cabildo fueron, Sechura, Suyo, Catacaos, Frías, Querecotillo, Cumbicus y la Punta (Sullana).  Luego se recibieron de Tambogrande, Tumbes, Chalaco, Paita, Huancabamba, Salitral, La Huaca, Huarmaca, Yapatera, Morropón, Colán, Amotape, Sóndor.

 

            Es interesante anotar que los Colegios Electorales y los municipios de Olmos, Motupe y Penachi solicitaron seguir perteneciendo a la provincia e intendencia de Piura, como siglos antes y no a Lambayeque.  Como el cabildo de Piura no podía pronunciarse sobre ese punto y además  se tenía que derivar el pedido a instancias superiores, se le remitió al intendente don Manuel Valdivieso y Carrión.

 

            Los regidores piuranos tuvieron dura tarea en revisar y chequear las actas con los planillones de los diversos Colegios Electorales, para darles su conformidad.

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PROBLEMAS ENTRE PIURA Y LA PUNTA

 

            En setiembre de 1825 se suscitó un entredicho entre la municipalidad de La Punta (Sullana) y el cabildo de Piura, por cuanto la primera notificó que estaba cobrando el ramo de sisa como parte de sus recursos municipales.  Los regidores piuranos elevaron el caso al prefecto de La Libertad para que resolviera y mientras tanto dispusieron que el gobernador de La Punta hiciera un depósito con lo cobrado, mientras se resolvía el problema.  La remisión de la documentación se hizo por intermedio de la intendencia.

 

            A fines de noviembre, la Intendencia transcribía un Superior Decreto llegado de la prefectura de La Libertad, en el que se manifestaba que los arbitrios del cabildo de Piura correspondían al consumo de los distritos de la ciudad, pues los demás pueblos de la provincia, tenían sus respectivas municipalidades con las mismas atribuciones y obligaciones conforme a la constitución y por consiguiente el derecho de sisa sobre las vacas que se mataban en el distrito de La Punta, pertenecían a sus respectiva municipalidad.

 

            Los señores regidores de Piura, no se dieron sin embargo por vencidos y expresaron “No estar declarado el distrito de esta ciudad con arreglo a la nueva creación de Municipalidades, por lo que hacía impracticable lo resuelto por el Prefecto del Departamento de La Libertad, cobrándose sólo las que mueren (se refería a las vacas) en este distrito y que por consiguiente entrará el abuso de matar las reses en el otro lado del río de esta ciudad al tiro de pistola, en cuyo caso quedará abatido el ramo de sisa que debe entrar en los fondos de este cuerpo, sin poder hacerse efectivo ni el cobro, ni el remate.  En consecuencia, se consultase en el inmediato correo al citado señor Prefecto, para su pronta decisión por conducto del indicado señor Intendente”.

 

            Es decir, que el cabildo de Piura no sólo iba a perder los arbitrios que pretendía sobre La Punta, sino que podría cobrar únicamente por la matanza de reses dentro de la circunscripción local, lo cual hacía suponer a los cabildantes que a los matarifes, para burlar el pago de los derechos municipales, les bastaba hacer la matanza al otro lado del río.

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LÍO ENTRE EL HOSPITAL Y EL CABILDO

 

            El 15 de octubre de 1825, varios regidores denunciaron la deficiente asistencia que se daba a los enfermos en el Hospital de Belén,  que además en muchas oportunidades se negaba  a recibirlos.  Expresaron los denunciantes que en uso de sus atribuciones, habían procedido a efectuar una visita al referido hospital habiendo constatado la existencia de 8 internados, los cuales manifestaron que en cuanto a atención médica y alimentos estaban regularmente atendidos, manifestación que formularon en presencia del padre vice-presidente del hospital Fray Francisco de la Natividad.  En la sala de mujeres encontraron a dos internadas, las que ofrecieron las mismas declaraciones.  La inspección a la botica, mostró que estaba aceptablemente surtida.

 

            Por acuerdo de Cabildo se dispuso que todos los pobres que no tuvieran como curarse en sus casas, fueran al Hospital.  Por un año se encargó a los cuatro cabildantes la misión de supervisar al hospital.

 

            También se había efectuado una revisión de los ingresos, y se comprobó que varios inquilinos de predios, tanto urbanos como rurales de propiedad del hospital estaban morosos en los pagos.

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DAN A QUINTANA LA MINA DE BREA

 

            El hospital era propietario de varias haciendas, que las había donado en el siglo anterior el acaudalado Juan Benito de las Heras en 1705, las mismas que tenía en arriendo enfitéutico,  es decir a largo plazo, don José de Lama, el que estaba adeudando varias anualidades.  Del mismo modo, un señor Godos con relación a una casa que ocupaba como vivienda en la ciudad de Piura.   Resultó que Lama, no obstante la notificación, no pagó por cuyo motivo el cabildo le envió una segunda notificación muy enérgica y conminativa.  Se trataba de la hacienda Máncora de enorme extensión que cubría parte de las  actuales provincias de Sullana, Paita, Talara y el departamento de Tumbes.  Es así como empezó el secular problema de la Brea y Pariñas, que se inicia más propiamente en 1826 cuando entra en escena don José Antonio Quintana al vender una mina de brea a don José de Lama.

            El cabildo acordó que el padre Francisco de la Natividad, rindiera un informe económico desde el día en que se hizo cargo, pues se tenía la sospecha de que no se invertían en el sostenimiento diario del hospital, los tres pesos que declaraba el religioso.  Como dato curioso se debe hacer conocer que el hospital contaba con 9 esclavos para diversos servicios.

 

            Como el cabildo resolvió asumir el control económico del hospital, entró en pugna con fray Natividad, el que llegó a tener palabras de menosprecio y altisonante para con el cabildo.  Este, sin embargo, dispuso varias medidas, entre ellas que se trasladase al hospital el capellán fray Luis Moreno para que atendiera emergencias en las noches.

 

            El cabildo demostró que podía ejercer el patronato sobre el hospital, mostrando las actas de fundación del convento de San Francisco del 29 de julio de 1677 y de entrega del hospital a fray Rodrigo de la Cruz el 27 de octubre de 1678, en donde se reconocía el patronato del cabildo.

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MOVIMIENTO DE REBELIÓN CAMPESINA

 

            En Piura no se utilizaban a esclavos negros en las faenas agrícolas en tan gran número como en otros valles de la costa.  Había otras formas de trabajo campesino que subsistieron hasta que la Reforma Agraria puso fin a esas modalidades de explotación social.

 

            Un sistema bastante difundido era el coloniaje.  El hacendado dueño de la tierra permitía a pequeños agricultores o ganaderos de cabras, la utilización de parcelas o de pastos, con el compromiso de pagar en productos o dar apoyo en determinadas épocas o días, a la hacienda del patrón.  Esto dio origen a  muchas injusticias y abusos.

 

            Cuando la independencia se proclamó en Piura, hubo en la tumultuosa asamblea de San Francisco una decidida participación popular.  Pero eso sólo ocurrió en la ciudad, pues en el campo la situación no tuvo variación alguna para el campesino que siguió sujeto de los abusos de los hacendados.

 

            Muchos grandes terratenientes, como el marqués de Salinas, cuando comprendió que el régimen independiente no iba a quitarle sus propiedades, se plegó a él y lo sirvió con la misma devoción y entrega que lo había hecho con el rey.

 

            Santa Cruz, al llegar a Piura en 1821, recibió la queja de los campesinos y fueron también muchos religiosos los que abogaron en favor de los oprimidos.  Era Santa Cruz, un boliviano de origen campesino, y comprendió la situación; por cuyo motivo, dio el decreto del 28 de noviembre de 1821 –que ya hemos dado a conocer- reglamentando el trabajo de los colonos.

 

            Posiblemente, se hizo poco caso del mismo o los colonos interpretaron mal el tenor y la letra de dicho decreto, porque se fue formando en el campo piurano una corriente de opinión de acuerdo a lo cual la tierra debía de ser de los campesinos y no debía pagársele al hacendado, ni en frutos ni en dinero, por el uso de la tierra.  El movimiento que fue una especie de resistencia civil no llegó a desembocar en hechos de violencia porque se cortó de raíz en sus comienzos y no pasó de protestas y de actos  de desobediencia, que sin embargo llegaron a sembrar el temor entre los hacendados, que buscaron el amparo de la autoridad política y de la autoridad judicial.

 

            El movimiento se inició en 1824 y tuvo un líder en el comunero Isidoro Palomino que llegó a tener adeptos en las haciendas de Huápalas, Ñomala, Morropón, Chapica, Yécala y Sancor en el Alto Piura.

 

            Wilfredo Kapsoli Escudero en “Los Movimientos Populares en el Perú” hace un amplio y detallado relato de este movimiento, que terminó en octubre de 1825 con la prisión del líder Palomino y de sus principales seguidores.

 

            Reducidos a prisión los campesinos, confesaron en Piura su participación en la agitación campesina, quedando de manifiesto que se trataba de un movimiento agrarista, sin duda el primero por su naturaleza en la costa norte.  La mayoría de los comprometidos eran de la hacienda  Huápalas y todos los hombres de edad madura, y salvo un comerciante de  Sancor de 61 años llamado Pedro Sotomayor, los demás eran todos campesinos.

 

            Son interesantes las declaraciones que presentaron los campesinos capturados.

 

            José Castro, cobrador de 50 años de la hacienda Huápalas, expresó que le habían dicho que no debía pagar las faenas y se le pidió aportara dos pesos parar los gastos del movimiento, pero no pudo aportar nada porque no tenía.

 

            Mariano Huamán, de 60 años, labrador de Huápalas, dijo que se le invitó a participar en el movimiento pero que no se le pidió dinero.

 

            Nicolás Timaná, de 70 años, labrador, confesó una participación más activa.  Dijo que Palomino había traído de Ciudad Bolívar (Trujillo) una Providencia del prefecto a favor de los campesinos y se preparaba a darla a conocer dentro de pocos días por medio de un bando, también había sido invitado para una reunión en la hacienda Yapatera en donde les iba a decir a los colonos que no pagasen las faenas.

 

            Pablo Sotomayor dijo estar enterado por varios campesinos, de la Providencia que disponía no se pagasen las faenas a los hacendados.  Pablo Sotomayor había sido invitado a asistir a la parroquia de Yapatera un domingo en donde se iba a publicar un bando, dando a conocer que las tierras eran comunes y no se debía pagar faenas a los hacendados.

 

            Juan Neyra confesó que Palomino se preparaba a efectuar viaje a Ciudad Bolívar (Trujillo) para hablar con el prefecto y defender a los colonos; y que le había solicitado ayuda para sostenerse y le entregó como aporte una mula.

 

            Cipriano Valladolid confesó que Palomino le pidió que convocara a los vecinos para que contribuyesen con dinero para viajar a Ciudad Bolívar, habiendo entregado como  contribución cuatro reales.

 

            Matías Flores, dijo que Palomino no le habló sobre el bando del general Santa Cruz y le ordenó que saliese a solicitar una erogación de los colonos.

 

            Mariano Masa, también se refirió al bando que se iba a dar a conocer en la parroquia de Yapatera. Su hermano Gaspar expresó que no llegó a conversar con Palomino pero que le envió cuatro reales.

 

            Fermín Chiroque admitió haber dado una cuota y que sabía lo del bando para no pagar las faenas.

 

            Manuel de La Cruz, relató que Palomino le había contado que el general Santa Cruz había publicado un bando con relación a la libertad de los pobres y admitió que había cooperado con cuatro reales.

 

            Agustín Masa dio una cuota de cuatro pesos, para que Palomino pudiese viajar a Ciudad Bolívar a defender a los colonos.

 

            José María Valverde, confesó que fue citado a la casa de Palomino y que concurrió pero no lo encontró, dejándole dos reales como ayuda.

 

            Pedro Romero, reconoció haber estado recogiendo y haciendo colecta con José María Huerta y que había reunido 12 pesos, para atender a los gastos de defensa de los colonos, los que eran dueños de las tierras pues un bando había dicho que eran comunes y que no debía hacerse pagos a los hacendados.

 

            José María Huerta, fue seguramente otro líder del movimiento pues había sido facultado por Palomino para hacer labor proselitista en la hacienda Morropón de donde era labrador.

            Tenía 30 años.  Recogió 24 pesos en parte en compañía de Romero, presentó un poder de Palomino que decía:  “Don Isidro Palomino del distrito de Campanas, Partido de Santa Ana, apoderado inscriptis de los colonos que militan en la Hacienda de Morropón, hago saber que por la presente transcribo mi poder en la persona de José María Huerta, para que haciéndoles ver a todos aquellos que coadyuven de colonos en dicha Hacienda, no coadyuven con sus fuerzas a sostener el abuso tan pesado que sufren de los dueños, para cuyo efecto hay Decreto Superior a favor y para ello y el de hacerlo público, se necesita de algunos reales y que cada uno se dedique con aquello que pueden, dándoseles para ello recibo en forma para su constancia, atendiendo que un personero en estos casos les hace beneficio.  Dicho apoderado me dará cuenta de los resultados y es hecho en dicho sitio; enero treinta de mil ochocientos veintitrés años. Firmado Isidro Palomino”.

 

            Juan Morales, confesó haber acompañado a Palomino al viaje a Ciudad Bolívar y que siempre le conversaba que las tierras las iban a quitar a los hacendados para hacer las tierras de la comunidad.

 

            Como se puede apreciar, el movimiento lo había iniciado Palomino desde 1823 y de por sí y ante sí, se había convertido en líder con capacidad para transferir poder a otros.  Con todo se nota en esto, que había personas que empujaban a Palomino a la acción de rebeldía y posiblemente el párroco de Yapatera era uno de los comprometidos.  El documento de otorgamiento de poder indica que también estaban involucrados notarios o escribanos.

 

            Palomino llegó a viajar a Trujillo y allí dejó su queja por escrito, pero parece que     abocado el prefecto en los preparativos para la ofensiva contra los realistas, no llegó a prestar mayor interés.

 

            Palomino y sus compañeros reducidos a prisión en la cárcel del Carmen en Piura, fueron defendidos ardorosamente por el abogado Pedro Pablo Anteparas y si bien es cierto no se libraron de la carcelería, se logró que en la sentencia judicial se estipulase que los hacendados deberán de celebrar contratos con los colonos y que no se podía exigir más dinero, ni más  especies que las estipuladas libremente, ni más usos por parte del hacendado, ni más aprovechamientos que los pactados.

 

            Así se cortó un movimiento que de haber tomado vuelo pudo haber sido de mucha trascendencia.  Isidoro Palomino tras de algunos meses en la prisión del Carmen fue puesto en libertad.  Antes habían salido sus compañeros.

 

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OPOSICIÓN A BOLÍVAR – CREACIÓN DE BOLIVIA

 

            Bolívar dejó Lima y partió hacia el sur  el 10 de abril de 1825, dejando el mando a un Consejo de Gobierno, presidido primero por La Mar, luego por Unánue y al final por Santa Cruz. Retornó a Lima el 10 de febrero de 1826.

           

            El viaje de Bolívar al sur fue triunfal y apoteósico.  Visitó Arequipa, Cuzco y Puno, enviando desde esos sitios decretos para que el Consejo de Gobierno los hiciera cumplir.  Fue a La Paz y avanzó hasta Chuquisaca, ciudad que luego tomaría el nombre de ciudad Sucre en homenaje al creador de la república de Bolivia (antes se había llamado La Plata y Charcas).  Allí había reunido el mariscal de Ayacucho, la Asamblea que se pronunció por la conversión del Alto Perú en república independiente y también en ese  lugar, redactó Bolívar la famosa Constitución Vitalicia.

 

            Sucre no había querido que Bolivia quedara unida al Perú porque iba a hacerlo muy poderoso y convertirlo en un peligro para la Gran Colombia.

 

            En ausencia de Bolívar, empezó a germinar en el Perú el espíritu nacionalista.  Habiéndose terminado la guerra de la independencia, se consideraba en muchos que la presencia de Bolívar y de las tropas colombianas estaban de más y más bien eran un peligro para la naciente república.

 

            Fue entre los liberales y en la nobleza criolla en donde se hicieron más patentes estos sentimientos que también eran compartidos por la oficialidad peruana, cansada y ofendida por las postergaciones y marginaciones tanto de Bolívar como de Sucre.

 

            En Piura había un grupo importante que era contrario a Bolívar.  Los más destacados eran Miguel Jerónimo Seminario y Jaime, que ejercía mucha influencia en los círculos patriotas y el presbítero Tomás Diéguez.

 

            A nivel nacional, era el sacerdote Javier de Luna y Pizarro, el que comandaba el grupo liberal oposicionista.

 

            Contribuyó a disminuir los sentimientos de admiración de los piuranos hacia el  Libertador, la forma como fue conducido el Almirante Guillermo Guise, cuando prisionero pasó por Piura en febrero de 1825 en tránsito de Guayaquil a Lima.

 

            Guise, había sido muy amigo de Riva Agüero y había evitado que al depuesto presidente se le infiriesen más ultrajes de los que ya había padecido. Eso no fue bien visto por el bando de Bolívar.  Estando Guise con la escuadra en Guayaquil, solicitó al general Paz del Castillo que era gobernador, 30 000 pesos para pagar a la marinería. Paz lo invitó a bajar a tierra y lo apresó, sometiéndolo a una Junta de Guerra que revisó toda la actuación pasada del gran marino, y se le encontró desafecto a Bolívar.  De la forma más indigna, se le remitió por tierra a Lima y al pasar por Piura causó indignación el trato de criminal que se le daba.  Al llegar a Lambayeque llegó contraorden de que retornara a Cuenca, pero por su estado de salud continuó hasta Lima.  Un Consejo de Guerra lo juzgó allí en setiembre de 1826, cuando ya Bolívar se había ido del Perú, y lo repuso en sus grados y prerrogativas.

 

            Bolívar quiso hacer un escarmiento contra la nobleza criolla de Lima haciendo revivir el proceso, contra el ministro de Torre Tagle, el coronel Félix Berindoaga, vizconde de San Donás, al que se acusó de traidor, y tras largos meses de prisión, fue fusilado en la plaza de armas de Lima, el 15 de abril de 1826.  Su cadáver fue colgado en la horca, pero eso no detuvo el clima antibolivariano sino lo acentuó.

 

            El 6 de julio se sublevó en Huancayo el Glorioso  Regimiento Húsares de Junín, siendo reducidos por Santa Cruz.  El 28 de julio se descubrió en Lima una gran conspiración siendo apresados importantes personajes como el coronel de guerrillas Ninavilca, los generales Necochea y Correa, el coronel peruano Vidal, y el de mismo grado Prieto, los coroneles Raulet, Estomba, Pedernera.  Todos fueron deportados al igual que los generales argentinos Alvarado y Otero.

 

            En Ica se sublevó el alférez  Millán siendo fusilado con otros de sus camaradas.

 

            Estando preso el coronel Prieto, se sublevo  su regimiento en Lima al mando del teniente Manuel Aristizábal, pero el general Lara lo redujo y el 7 de agosto era fusilado en la plaza de armas, envuelto en la bandera bicolor peruana y dando vivas  al Perú.  La muerte de este valiente impactó en Lima y cuando Bolívar se fue, su memoria fue reivindicada en julio de 1827, y se dispuso  que se le pasara lista en su regimiento y todos contestaran: Murió por la Patria.

 

            Bolívar había impuesto un verdadero régimen de terror que generó muchos odios y comprendió que la oposición se iba generalizando,  por lo que  decidió abandonar el Perú.  Lo hizo el 4 de setiembre de 1826, por otra parte en Colombia también habían problemas

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CONVOCATORIA AL CONGRESO DE 1826

 

            El 25 de marzo de 1826, el ministro de gobierno Hipólito Unánue, convocaba a 65 diputados a reunirse en Lima el 29 de ese mes (miércoles), para los actos preparativos que debían proceder a la apertura de sesiones.

 

            Los diputados para entonces ya estaban en Lima, pues el decreto se refería a los “señores diputados residentes en esta capital, que han obtenido la aprobación de sus actas por la Corte Suprema de Justicia”.

 

            Entre los diputados piuranos, oleados y sacramentados por la mencionada Corte Suprema, estaban Juan  Antonio Távara, José Santos Vargas Machuca y José Antonio Sierra.- No había pasado Tomás Diéguez, por rivagüerista, aunque a última hora había abandonado al  presidente.

 

            La Corte había actuado como un cedazo para evitar que al congreso fueran enemigos de Bolívar, pero a pesar de todo, logró ingresar nada menos que Javier de Luna y Pizarro el acérrimo enemigo de la dictadura de Bolívar.   Luna se hizo jefe de una beligerante minoría. 

Se pretendió que los diputados jurasen ante el Consejo de Gobierno y la oposición rechazó ese planteamiento.  Se pidió también que las actas rechazadas por la Corte Suprema y que entre otros habían anulado la elección de Diéguez, fueran revisadas por Comisiones de la misma Cámara.

 

            Bolívar quiso presionar y dándose por ofendido amenazó con renunciar.  El  8 de abril  el Consejo de Gobierno hizo  saber que los diputados debían presentarles los poderes y credenciales que habían recibido de sus colegios electorales, para establecer si estaban conformes.  El 17 de abril, el Consejo de Gobierno declaró nulos los poderes de los colegios electorales de Lima, Arequipa, Condesuyos, Lambayeque; Bolívar (ex Prov. Trujillo) y Lambayeque.  Con eso se eliminaba a la oposición.

 

            El 21 de abril se reunieron los diputados que quedaban que eran 52, ya sin enemigos de Bolívar.  Con el fin de prorrogar la dictadura de Bolívar, los diputados expresaron que no llegaban a constituir el número de ley de 2/3 para reunirse y que por lo tanto y mientras se resolvía  el problema de las  provincias sin representación o con representación defectuosa, se postergaba la apertura del congreso hasta dentro de un año.   Sin embargo, antes  de hacerlo, planteaban a Bolívar que fueran los Colegios Electorales, los que como fuente del poder supremo y a manera de plebiscito, se pronunciaran sobre  la reforma de la Constitución Vitalicia.  El mismo  día Bolívar aprobó el pedido del mutilado Congreso, y el 1º de mayo éste se volvía a recesar por propia voluntad.

 

            El mismo 1º de mayo el Consejo de Gobierno, disponía que se levantase un censo en la  república, que sería la base para determinar con precisión el número de diputados.  También disponía que  se convocasen a los colegios electorales, para que decidieran sobre las reformas de la constitución y que sólo después de eso, se podía  convocar nuevamente al congreso.

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CATACAOS RECHAZA LA CONSTITUCIÓN VITALICIA

 

            Bolívar dejó Lima para siempre en la madrugada del 4 de setiembre, haciéndolo en forma muy reservada tal como antes lo hiciera San Martín.  Se embarcó en el bergantín “El Congreso” dejando una patética proclama al pueblo peruano.  Bolívar viajó precipitadamente porque la situación política en Colombia se había tornado grave.

           

            Al frente del poder siguió Santa Cruz como presidente del Consejo de Gobierno, que integraban también Pando, Heres y Larrea Loredo.

 

            Desde el 1º de julio, el ministro Pando había pasado a los prefectos una comunicación, para que se reunieran los colegios electorales y decidieran sobre la Constitución Vitalicia, elaborada por Bolívar para Bolivia, y que el Libertador quería que se adoptase también en el Perú.

 

            Los colegios electorales de Arequipa, Tarapacá y Catacaos, plantearon determinados condicionamientos unos y el franco rechazo otros.

 

            Arequipa planteaba un sistema federativo y que la  constitución estuviera inspirada en los principios liberales.  Eso era contrario al pensamiento bolivariano, y obedecía a las instigaciones y planteamiento del líder Luna y Pizarro.

 

            El Colegio Electoral de Tarapacá, se declaró incompetente para resolver o pronunciarse sobre un problema de tanta importancia y por tal motivo expresó que no la podía ni aprobar ni rechazar.  Eso demostraba incertidumbre y desorientación, que en realidad la había por muchas partes.

 

            El Colegio Electoral de Catacaos, se pronunció abiertamente contra la Constitución Vitalicia que iba a convertir a Bolívar en un monarca sin corona.

 

            En Piura, había un grueso sector de la opinión desafecto al Libertador, por haber sido los piuranos adictos a Rivagüero

 

            Tomás Diéguez, figura destacada en la proclamación de la  Independencia de Piura, y uno de los primeros convencionales que tuvo el Perú, estaba resentido con Bolívar, porque se le había cerrado el paso al segundo congreso, recientemente elegido.

 

            Fue Diéguez, el que creó opinión contraria entre los miembros del Colegio Electoral de Catacaos, en forma tal que este se pronunció contra la Constitución Vitalicia.  Como se sabe, Diéguez había desempeñado por muchos años el curato de esa localidad.

 

            De todos modos, la Constitución Vitalicia fue aceptada por la gran mayoría de los Colegio Electorales, con Bolívar –ausente- como presidente.

           

            El Consejo de Gobierno, dispuso en diciembre de 1826 que fuera solemnemente jurada por todas las autoridades y por el pueblo.  Faltando la presencia del Libertador, los festejos resultaron fríos y en un mero formulismo.

 

            La Constitución Vitalicia se juró en Piura en enero de 1827, cuando en esos momentos el pueblo de Lima sublevado, la había dejado sin efecto, tras sólo unos cuantos días de vigencia.  Lo que se había proyectado como vitalicio, terminó siendo lo más breve.

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ADJUDICAN MINA DE LA BREA A QUINTANA

 

            El congreso reunido en 1825 antes de cesar en sus funciones, aprobó una resolución con fecha 5 de marzo que Bolívar promulgó el 9 del mismo mes, con el fin de poder amortizar la deuda pública.

 

            Se tomó en ese entonces una decisión que ahora hubiera levantado tremenda polvareda.

 

            En  sus artículos decía entre otras cosas lo   siguiente:

 

            1.- Que toda clase de bienes, haciendas minas, casas, imposiciones, cualesquiera otros móviles e inmóviles que pertenezcan al Estado, y de que pueda   libremente disponer, se apliquen a la extinción de la deuda pública.

 

            2.- Que sean preferidos, en sus respectivos pagos, los acreedores que han contribuido con sus suplementos a la adquisición y sostén de la independencia y libertad del país.

 

            3.- Que los acreedores que pretendieran ser satisfechos con bienes del Estado, presenten los documentos que acrediten sus acciones por el Ministerio de Hacienda indicando el  lugar donde quieran se sustituya su crédito.

 

            Más adelante expresa:

            Que los Prefectos, Intendentes, Jueces de Secuestro, Administradores de Fondos Públicos y todos aquellos a quienes competa, remitan a la mayor brevedad posible, al Ministerio de Hacienda noticia circunstanciada de los bienes pertenecientes a  la República, que hubiere en su distrito.                                  

 

            Es en virtud de este dispositivo legal, que mediante escritura pública otorgada en Lima el 28 de setiembre de 1826, se cedió a don José Antonio de la Quintana, la mina de brea que por entonces se llamaba de Amotape.  De esta forma el  Estado se liberó de una deuda de 4 964 pesos y nació el germen, de lo que casi un siglo más tarde fue el secular litigio de la   Brea y Pariñas, que afectó a la soberanía nacional.

 

            La mina producía esa sustancia negra betuminosa llamada brea que servía para calafatear los barcos.  Durante la colonia, su explotación había  sido entregada a concesionarios, y hubo un corregidor que se benefició grandemente con ella.

 

            La mina estaba por lo tanto registrada desde hacía mucho tiempo como propiedad del Estado, de acuerdo a las Ordenanzas de 1711.  En la adjudicación no se señalaban ni linderos ni el  número de pertenencias, lo cual con el  tiempo favoreció una serie de inescrupulosas maniobras de los que se convirtieron en sus poseedores.

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CURAS VAGOS EN HUANCABAMBA

 

            Durante la colonia fue una costumbre muy arraigada, que muchos frailes que en lugar de estar en sus conventos, se dedicaban a recorrer y vagabundear por diversas localidades.  Mientras tanto los propios conventos quedaban en abandono.

 

            Esta tendencia se trato de cortar, y los Obispos de Trujillo en forma sucesiva dieron drásticas disposiciones para terminar con esa mala costumbre, pero todo fue inútil.

 

            El padre Miguel Justino Ramírez, anota que en 1826 cuando ya la república se había iniciado, seguía el vagabundeo de los religiosos, y como muestra, cita que el párroco de Huancabamba Fermín Seminario del Castillo, solicitaba el 23 de noviembre de 1826, al Vicario  General, Tomás Diéguez de la Florencia, que permitiera la permanencia en Huancabamba, como tenientes de cura, a fray José Ramón de Porras y  a fray José Coello, ambos de la Orden de Nuestra Señora de la Merced.  Para mejor convencer, decía que era preferible que esos religiosos estuvieran ejercitando su apostolado  en Huancabamba que tanto lo necesitaba por ser una parroquia muy extensa en lugar de permanecer enclaustrados, sólo rezando, en el coro o haciendo misa, y  que para eso y para confesiones en las  ciudades bastaba con los prelados ancianos y valetudinarios.  Al final  expresaba que si se le privaba  del auxilio de esos dos religiosos “la responsabilidad ya no es mía, no pudiendo extender mis fuerzas hasta lo  imposible...”

 

            El cura Fermín Seminario, fue hijo de don Fernando Torcuato Seminario y Jaime y de doña María Joaquina del Castillo y Talledo.  Fueron sus hermanos:  Mariana, Miguel, Manuela, Josefa, Pedro, Francisca, Juan Ignacio  y Luisa.    Esta  última fue la madre de Grau.  Don  Juan Ignacio Seminario se casó con doña Ignacia de Echandía y tuvieron 11 hijos, entre los que estuvo don Fernando Seminario y Echandía.

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LA PUNTA CAMBIA EL NOMBRE POR SULLANA

 

            Cuando el mariscal Santa Cruz estuvo en 1822 en Piura como gobernador, se quedó muy impresionado en su visita a La Punta, cuando en el curso de un banquete que le dio la familia Coloma Maldonado (en la calle Córdova), la dueña de casa ofreció a sus dos hijos para que ingresasen en la División Norte que organizaba Santa Cruz.

 

Uno de ellos fue el mas tarde general Ildefonso Coloma..-Otras 14 madres de la punta siguieron el ejemplo de la duela de casa.

 A Santa Cruz admiró  el fervor patriótico del pueblo de La Punta..  Como soldados de caballería, mas tarde   hizo la campaña de Pichincha que dio la libertad a Ecuador y posteriormente tomaron parte en la infortunada campaña de Intermedios y en las  gloriosas acciones de Junín, Ayacucho y el Alto Perú.

 

            Por eso, cuando en 1826 Santa Cruz era Presidente del Consejo de Gobierno, no olvidó a los habitantes de La Punta, y los honró,  elevando de categoría a su pueblo y dándole oficialmente el nombre de Sullana.

 

            El Decreto es el siguiente:

            Don Andrés Santa Cruz, Gran Mariscal de los Ejércitos  Nacionales, y Presidente del Consejo de Gobierno de la República del Perú, etc.

            Atendiendo a los servicios importante hechos a la sagrada causa de nuestra  independencia por el pueblo de La Punta, en la Provincia de Piura, del Departamento de La Libertad; y considerando que dicho pueblo, no obstante haber contribuido con muchos de sus hijos para sostenerla, reúne  todavía elementos de riqueza y civilización progresiva:

            Ha venido en  decretar  y decreto.

            Oído el Consejo de Gobierno.

            Artículo 1º.- El Pueblo de La Punta en la Provincia de Piura, del Departamento de La Libertad, es elevado   al rango de  villa bajo el nombre de Suyana. (sic)

            Artículo 2º.- El Ministro de Estado en el departamento del Interior, queda encargado de la ejecución del presente decreto.

            Imprímase, publíquese y circúlese.   Dado en Lima, a 13 de  octubre de 1826.- 7º y 5º --Andrés Santa Cruz.- P.S.E.- José María de Pando.

 

Al momento de expedirse el decreto se le puso Suyana en lugar de Sullana.

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VIDAURRE EN PAITA

 

            Manuel  Lorenzo Vidaurre, el famoso autor de “Cartas Americanas”, era uno de los peruanos notables que habían brindado gran colaboración al Libertador. Este lo envió como uno de los representantes del Perú ante el Congreso de Panamá.

 

            Cuando Vidaurre, regresaba de la fracasada cita en la que se  pretendió crear la Federación de los Andes, se encontró en Guayaquil   con Bolívar, que viajaba del Perú a Colombia.

 

            Vidaurre ya conocía la Constitución Vitalicia que se había aprobado para Bolivia y que se pretendía también imponer en el Perú, y estaba en completo desacuerdo con ella.

 

            El barco que lo conducía al Callao, estuvo anclado frente  a Paita varios días.  Desde allí escribió a su amigo Francisco Javier de Echague una extensa carta el 5 de octubre de 1826.  Se vio pues obligado a desembarcar.

 

            Narra Vidaurre que muchas personas se acercaron a visitarlo.  Uno de ellos fue el Provincial del Convento de la Merced, Padre Bustamante, que le dijo:  Vuelva Ud. al Perú a libertar a su patria cautiva.   Tal vez ya habrán sido pasados por las armas unos inocentes entre ellos nuestro fiel guerrero Ninavilca”.

            Vidaurre dice que tanto el Padre Bustamante como los demás religiosos del Convento de la Merced de Paita mostraban gran fervor patriótico.

 

            Relata que al segundo día llegó el  señor Antonio Távara, del que decía lo había dejado al partir,  en la Corte Superior de Trujillo y había sido promovido a Presidente de la  Corte Suprema.   De él dice es un joven moderado, de muy buen talento, fiel a su Patria y rico sin necesidad de empleos.  Por ser tímido tuvo que darle confianza para que pudiera expresarse en lo que a todas luces deseaba hablarle.

            Távara le contó como se habían disuelto las Juntas Preparatorias del Congreso (de las que formó parte) y la forma imprudente como había actuado Luna y Pizarro lo que hizo temer a Bolívar que todos sus proyectos iban a ser rechazados por el Congreso.  Trató de explicar por que motivo firmó con los 51  diputados el receso.

 

            Cuando Távara le contó como se habían reunido los Colegios Electorales para que aprobasen la Constitución Vitalicia, narra Vidaurre que gritó ¡Jesús, Jesús!  ¡Qué audacia, que frontería que abuso de la sencillez y mansedumbre de los peruanos.                                                                                                     ¡Patria mía, moriré sin trocar por una vida infame la libertad de mis conciudadanos!

            Távara contó que en Lima encerraron a los electores y no se les dejó salir, sino hasta que firmaran las actas, con centinelas en las puertas.  Que a un elector, Barbarán por sólo haber pedido que se modificase un punto, se le llamó afuera, se le insultó y se le amenazó.

 

            Con relación a Piura, Távara contó que un barbero preguntó a sus otros compañeros electores ¿Entienden ustedes lo que dice esta Constitución?  No, respondieron. A lo que replicó el barbero, entonces debemos firmar lo que manda el Gobierno.

 

            Siguió diciendo Távara que los pueblos no estaban contentos, pero que nadie se atrevía a resollar por la presencia de soldados colombianos y que al mando de ellos había quedado en Lima el feroz Lara.

 

            Vidaurre en su carta manifiesta que el día anterior había sido agasajado con un banquete que le ofreció el señor O’Connor, del que decía era un caballero irlandés de los más ilustrados.  El banquete también lo habían ofrecido los señores Távara.  En el curso del ágape, Vidaurre hizo uso de la palabra y refirió a los derechos del hombre, lanzando maldiciones a los que se declarasen por la tiranía.

 

            Vidaurre llegó a   Lima y asumió la Presidencia de la Corte Suprema, para que aprobara el pronunciamiento de los Colegios Electorales a favor de la Constitución Vitalicia, pero Vidaurre objetó que no estaban los Colegios facultados para eso.  Ante esa situación el Ministro Pando, envió las actas al Cabildo de Lima.

            Sin embargo, más tarde Vidaurre juró la Constitución Vitalicia  y pronunció un fogoso discurso con loas a Bolívar y al Ejército Colombiano.

 

            Este tornadizo político, bien pronto iba nuevamente a cambiar en su línea de conducta.  Por eso se ha hecho célebre la frase: Vidaurre contra Vidaurre.

 

            Con relación a O’Connor.  En diciembre tenía un problema con las autoridades de Paita y había hecho intervenir al Cónsul General Inglés  en Lima, C.M. Rickets, por cuanto las mencionadas autoridades se habían negado a aceptar una apelación contra el Capitán de Puerto.

 

            En diciembre también de 1826, el tranquilo puerto se vio conmovido por el crimen cometido por el Capitán del barco holandés “Hércules” lo que motivó una reclamación del Perú ante el Cónsul de los Países Bajos.

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INVESTIGAN DINERO RECIBIDO POR DIÉGUEZ

 

            Tomás Diéguez, no fue convocado para las Juntas Preparatorias de las  Cámaras y posteriormente fue uno de los que alentó a los electores de Catacaos para que se pronunciaran contra la Constitución Vitalicia.

 

            Por tales razones era mal visto por el Gobierno y se le seguían los pasos.  El 14 de diciembre de 1826, el Ministro Pando, le enviaba al Intendente del Departamento de Guayaquil, la siguiente comunicación:

           

            El abajo  firmado, Ministro de  Relaciones Exteriores del Perú, tiene la honra de acompañar al Señor Intendente del Departamento de Guayaquil, un expediente, promovido con motivo de haberse encontrado una carta que corre en él entre los papeles del confiscado y finado don Diego Aliaga, firmada por don Santiago de la Banda Ormachea, vecino de esa ciudad y dirigida a Piura a  don Tomás Diéguez en que  consta el recibo de cincuenta mil pesos, pertenecientes a Aliaga y  Espinosa, remitidos a Méjico, en la fragata “Presidente”.

            El infrascrito  ruega al  Señor Intendente, que se sirva pasar el expediente al Juzgado que corresponda, a fin de que D. Santiago de la Banda sea examinado al tenor de lo que resulta para aclarar el estado de este crédito y darle oportunamente aviso.

            El infrascrito saluda al Señor Intendente, reiterándole las seguridades de su distinguida consideración.- José María de Pando.

 

            Como se puede apreciar, Tomás Diéguez, se vio envuelto en la salida de una cuantiosa suma de dinero al exterior, perteneciente a personas cuyos bienes habían sido confiscados por el gobierno del Perú.

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EN PIURA JURAN LA CONSTITUCIÓN VITALICIA

 

            La lentitud con que se mueve la administración pública, y la distancia a Lima, hacía que en tiempos de la Revolución de la Independencia, las disposiciones dadas por el Gobierno, se cumplieran en Piura con mucha tardanza.

 

            Fue así como en momentos en que algunos pueblos piuranos recién estaban jurando la Constitución Vitalicia, en Lima ocurrían sucesos que daban al traste con ella.

 

            El Presidente del Consejo de Gobierno, General Santa Cruz,   había emitido el 30 de noviembre de 1826 un Decreto por el cual se disponía, que se jurase con toda solemnidad la nueva Constitución.

 

            Se encontraba de Vicario de Piura don Juan Ignacio Machado, el mismo que fue notificado el 22 de diciembre por el Intendente, para que organizara la parte religiosa del gran acontecimiento y a su vez tomar el juramento a todos los Párrocos y Curas.

 

            En Piura se dio a conocer por bandos y carteles el 31 de diciembre, las actividades que se realizarían como parte de la Jura de la Constitución.  El 1º de enero se llevaría a cabo el acto, por parte de las autoridades.

 

            El Intendente, los miembros del Cabildo, autoridades civiles y militares juraron la Constitución Vitalicia y como coincidía eso con el año nuevo, hubieron numerosos números festivos y las campanas de las iglesias se lanzaron al vuelo.

 

            El día 2 de enero de 1827 tocó el turno a los religiosos.  Al respecto hay una Acta que es la siguiente:

            En la ciudad de San Miguel de Piura, a dos de Enero de mil ochocientos veintisiete años, en conformidad con lo resuelto en el artículo 8º del Supremo Decreto del 30 de noviembre último, y de los mandados por esta vicaría, se reunieron en ella los señores Curas, Rector de la Iglesia Matriz de esta ciudad  D. Casimiro de la Sota; D. Francisco de la Sota, cura de Tumbes; D. José Mercedes Espinosa, cura de Morropón; Presbítero D. Fernando Salazar, Juez  Eclesiástico de la Provincia; Presbítero D. Carlos  Cáceres y D. Francisco Javier del Villar y los RR.PP. Prelados Fr. Juan Orna Guardián de San Francisco, Fr. Martín Cárdenas Presidente del Convento de la Merced y Fr. Francisco de la Natividad  Vice-presidente del convento-hospital de Belén, y habiéndoles el Señor Vicario hecho entender el motivo por que habían sido congregados, presentó el mismo Sr. Vicario el Juramento, que yo el presente Notario lo recibí, y lo hizo poniendo la mano derecha  sobre el libro de los Santos  Evangelios; en esta forma: ¿Juráis a Dios y por los Santos Evangelios, Guardar la Constitución Política de la República Peruana, que ha sancionado la nación; y obedecer al gobierno? –Sí juro- Si  así lo hiciereis, que Dios os premie, o si no os lo demande y seréis responsables, conforme a las leyes.

            En seguida, el dicho señor Vicario, lo recibió de los señores curas, prelados y demás   eclesiásticos  expresados en la propia forma.

            Concluido este acto, pasaron a la Iglesia  Matriz a la Misa de Gracias, firmando esta acta.   De que doy fe.

            Dr. Tomás Diéguez.- Casimiro de la Sota.-Francisco de la Sota.-José Mercedes Espinosa.- Fernando Salazar.-Fr. Juan Orna.-Fr. Martín Cárdenas.-Fr. Francisco de la Natividad.-Carlos Cáceres.-Francisco del   Villar.- Ante mí.- Manuel Rebolledo.- Escribano y Notario de la Provincia.

 

            Como se puede apreciar, Tomás Diéguez, se había reencargado en esos  días del Vicariato.

 

            Los Párrocos de las diversas circunscripciones de la Provincia, no concurrieron alegando como en  otras oportunidades los problemas de la distancia.   Por tal motivo y previa autorización de la Vicaría de Trujillo, se les  autorizó a que Jurasen en sus pueblos, ante el notario parroquial y de los Gobernadores políticos.

           

            El Superior de la Congregación Franciscana de Piura, hizo la ceremonia de la juramentación en su propio convento, siguiendo el ceremonial que se había empleado en la Iglesia Matriz.  El acto se realizó el 4  de enero cuando en Piura se cumplía un año más de la Declaración de la Independencia de la ciudad.

 

            El día anterior habían jurado en el  Convento–Hospital de Belén, levantándose igualmente Acta de la ceremonia  realizada.

 

            El día 7 de enero les tocó el turno a los frailes del Convento de la Merced.

 

            En Colán el Párroco, hizo un juramento público el 13 de enero, ante el Alcalde del lugar José Aniceto Nizama, habiendo levantado el Acta el Notario de Paita, Juan Alejos Leyton. Era Párroco de la  Iglesia-Convento del lugar D. José María Arrunátegui.

 

            El 20 de enero se congregaron en la Iglesia  Matriz de Piura, varios Párrocos.  Estaban D. Miguel Ángel Villarán, Párroco de Sechura; José Santos Vargas Machuca, de Sullana y Querecotillo; Manuel Vargas Machuca de Tambogrande y José Gálvez de La Huaca.  El cura de Sullana (recientemente elevada a Villa) era también diputado a Congreso. El juramento fue tomado por el Vicario Diéguez.

 

            El día 27  de enero llegan a Piura desde Ayabaca y Congoña, los Párrocos Manuel  Checa y Manuel Palomino, respectivamente y juran en la Iglesia Matriz ante el Vicario.

 

            El Párroco de Chalaco D. Eusebio  Carnero se juramentó el 20 de enero ante el Gobernador Político de su pueblo, Manuel de Córdova, con intervención del Notario  Andrés Domínguez.

 

            El 23 de enero, lo hizo en su pueblo de Cumbicus, el Párroco Crisanto Gabino de la Calle.  El acto se realizó ante el Gobernador Julián de Córdova y el Notario Ildefonso Aguila.

 

            El Párroco de Amotape, Miguel del Carpio, también hizo juramento en su propio pueblo.  Igual lo hizo el de Paita.

 

            Lo cierto es que el 27 de enero de 1827, cuando se juramentaba el Párroco de Ayabaca, y también lo hicieron después otros más, había ya terminado de existir el Consejo de Gobierno, a causa del levantamiento de las tropas colombianas que estaban en Lima y de la asonada del pueblo.  Si bien es cierto que a Santa Cruz se le permitió seguir en el mando, el Concejo Municipal de Lima tras de convocar a una Asamblea Popular, derogó la Constitución Vitalicia y volvió a imponer la de 1823 en medio del regocijo del voluble pueblo.

 

            Por lo tanto el juramento de las autoridades  piuranas y de sus religiosos quedó en el vacío y casi no tuvieron oportunidad de cumplirlo.  En realidad, para unos y para otros, no había mayor problema.  Tratándose de jurar, lo hacían cuantas veces fuera necesario, no obstante las profundas  convicciones católicas que decían tener.

 

            Con estos actos y juramentos de fugaz duración, se cierra el ciclo histórico de esa etapa de nuestra vida nacional que se conoce como Lucha por la Independencia o Gesta Emancipadora.

 

            Libre el Perú de ejércitos que tenían otras banderas y que obedecían a otros poderes, inicia propiamente su vida independiente.

 

            El Perú emergía mutilado y amenazado.  Por acción política de Bolívar y de Sucre, había perdido primero Guayaquil, y más tarde el Alto Perú o Bolivia.  Además Nueva Granada o la Gran Colombia reclamaba la zona de Maynas y Jaén.

 

            Nuestro paisano Santiago Távara, en “Historia de los Partidos”, decía que la lucha del Perú contra las aspiraciones de Bolívar es el tercer triunfo de la independencia nacional.

 

            Las otras dos fechas señeras para Távara fueron el 28 de julio de 1821,  cuando San Martín proclamó la independencia; y el 20 de setiembre de 1822, cuando el mismo Protector entregó el mando  al Congreso que recién se instalaba.

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